En su visita del pasado 11 de mayo a Cutuglagua en el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió las instalaciones de la estación Santa Catalina, propiedad del Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).
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Para Ana Lucía Bravo, vocera de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), las declaraciones del mandatario generan preocupación. "Nuestra Constitución es el resultado de un proceso participativo y democrático. Es también un ejemplo para el mundo, por eso sus mandatos deben ser respetados y garantizados por el Estado y la sociedad en conjunto", indica la ambientalista, añadiendo que el modelo agrícola del Ecuador debe apuntar a un nuevo paradigma que enfrente los retos actuales del cambio climático, la dependencia petrolera y los incrementos continuos sobre el precio de los alimentos.
En esa línea de pensamiento, desde hace más de una década, múltiples organizaciones sociales, indígenas, campesinas han rechazado la introducción de cultivos y semillas transgénicas al país. Según Bravo, "en los últimos doce años se ha dado una presión muy fuerte y permanente sobre los diferentes gobiernos ecuatorianos para liberalizar el uso de transgénicos. Hubo múltiples visitas de especialistas norteamericanos en esta materia al Ecuador, se desarrolló un cuestionado reglamento de Agro-Bioseguridad, así como la propuesta de Ley del 2002 sobre Biodiversidad". El conflicto reabierto por el presidente Correa parecía haber culminado en el 2008, con la elaboración del Artículo 401 de la Constitución, según el cual se declara al país "libre de cultivos y semillas transgénicas". A escala internacional son muy pocas las empresas transnacionales que monopolizan la producción de semillas transgénicas, desplazando la agricultura orgánica, controlando los precios de los alimentos y eliminando a los campesinos e indígenas de la producción agropecuaria tradicional.
El poder de dichas transnacionales se demuestra en el cable, cuya referencia es 10QUITO54, emitido el 15 de enero de 2010 por la embajada de los Estados Unidos en Quito, y filtrado a los medios por Wikileaks. En él se indica que la excepción a la prohibición incorporada en el Artículo 401 de la Constitución, en el cual se dice que "excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados", es el "resultado de las presiones en Ecuador de influyentes agronegocios".
El wikicable revela a su vez la voluntad por parte de la embajada estadounidense de financiar el viaje de un "grupo clave" de periodistas a los Estados Unidos con el fin de influir en "el debate nacional sobre la biotecnología", indicándose que "Ecuador es un mercado comercial para estos productos, (en el 2008, Estados Unidos exportó al Ecuador más de USD 33 millones en harina de soja y más de USD 44 millones en los cereales secundarios), está en el interés del gobierno de Estados Unidos obtener apoyo público para la biotecnología".
A finales del 2010 apareció en la página web del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), un documento denominado "Armonización de la propuesta de Reglamentación sobre la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con la Nueva Constitución". Este era una nueva versión del proyecto presentado años atrás dentro del Marco Nacional de Bioseguridad, el cual pretendía que la excepción constitucional se convierta en la norma. Esta situación derivó en que decenas de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de todo el país manifestaran su repulsa a dicho reglamento mediante una carta dirigida a la ministra Marcela Aguiñaga, paralizándose así, ante el inminente conflicto, las pretensiones ministeriales.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, Confederación Kichwa del Ecuador, dijo en este sentido: "Cuando nos enteramos de que las semillas transgénicas podrían afectar nuestra propia semilla, hicimos un análisis y un debate profundo sobre lo que son las semillas para los pueblos indígenas. Entonces encontramos que se estaban perdiendo semillas y muchos tipos de maíz, papa y otros productos, así que nos pusimos a trabajar para recuperarlos". Según el dirigente indígena, "existe un rechazo total y rotundo a los cultivos y semillas transgénicas en el campo y la alimentación; estas semillas son solamente un proyecto de destrucción de la madre naturaleza, y de la identidad cósmica y armónica de los pueblos".
La revista Gestión Economía y Sociedad, en su número 214 del pasado mes de abril, dedicó 15 páginas al tema de los transgénicos y los agrocombustibles, indicando que según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobioctecnológicas (Isaaa) -organización financiada por empresas transnacionales como Monsanto, CropScience y CropLife International, entre otras-, en el 2011 se sembraron en el planeta 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, y que "el Ecuador debe dejarse de mirar solo al ombligo para evitar caídas mortales".
En la actualidad el MAE vuelve a retomar su intención de normativizar la producción de semillas y cultivos transgénicos a través de la elaboración de una nueva Ley de Bioseguridad.
Según Silvia Sevilla, especialista jurídica del Proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad, "la Constitución declara al país libre de semillas y cultivos trasngénicos pero no se indica expresamente cuáles son esas semillas y cultivos transgénicos que no están permitidos. Compete al MAE definir mediante una Ley cuáles son exactamente esos cultivos, dado que la Constitución define una norma muy general". Para la funcionaria del MAE, es rol del Estado definir cuales son los productos transgénicos que atentan contra nuestro patrimonio, el ambiente y la salud, de esta manera, mientras no exista una certeza científica comprobada de qué es lo que causa daño, difícilmente se podrán prohibir determinados transgénicos.
De acuerdo al criterio de Sevilla, se debe probar y determinar que una tecnología es riesgosa para prohibir su uso; criterio discutido por distintas organizaciones sociales, las cuales consideran que con esto se estaría violando el principio de precaución establecido en la Constitución en su Artículo 396, el cual indica que "en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas eficaces y oportunas". Respecto a los riesgos derivados de los transgénicos, la investigadora María Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que según estudios realizados en los Estado del norte de México, donde se siembra un programa piloto para organismos genéticamente modificados, se demuestra que "existe un riesgo de flujo génico o intercambio de genes modificados con las especies convencionales, que no se puede controlar y no se conocen aún las consecuencias a la salud ni a la biodiversidad que podrían causar. Lo que sí se sabe es que cuando se instalen serán irreversibles".
Con respecto a los postulados constitucionales, según varios especialistas en la materia consultados, la regulación del cultivo de semillas transgénicas en el país iría en contra de la Constitución, dado que en su Artículo 424 se indica que "las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica", a la par que el Artículo 427 recalca que "las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad". En este sentido, en ningún caso se indica en el Artículo 401 de la Constitución que el Ecuador es libre solo de algunos cultivos y semillas transgénicas.
En esa línea se manifiesta la abogada y analista constitucional colombiana, Diana Murcia, quien indica que "no se puede regular el uso de tecnología y biotecnología, dado que la Constitución del Ecuador lo prohíbe en su Art. 401, cuando dice textualmente que se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales". Para Murcia, se estaría violando la Constitución en la medida en que "el Estado no puede regular sobre algo que está prohibido constitucionalmente; no puede haber una ley que regule lo que el Estado no puede hacer".
De igual manera piensa Tenesaca, quien indica: "Nosotros decimos que las leyes tienen que regular, pero también nos queda claro que dichas leyes no pueden regular algo que está prohibido. Estamos pensando que lo que se pretende es atentar contra la vida de los pueblos y de la naturaleza".
Para el dirigente indígena existe la sospecha de que pudiera haber una maniobra combinada entre los lineamientos fundamentales del gobierno en esta materia y los intereses de las transnacionales del sector. "Los funcionarios que están trabajando en esa Ley [Bioseguridad] y ese reglamento, son personas que quizás están trabajando en función de los intereses de las empresas multinacionales que tienen gran capital".
Los transgénicos crean dependencia hacia las empresas multinacionales, que son las dueñas de las patentes tanto de las semillas transgénicas, como del paquete tecnológico con el cual se venden. Los agricultores que adoptan esta tecnología, se ven obligados a firmar convenios que los atan a estas empresas, y pueden enfrentar juicios millonarios en caso de incumplimiento. Para Elizabeth Bravo, vocera de Acción Ecológica en esta materia, el uso de transgénicos genera riesgo de que "los campesinos terminen sometidos al uso intensivo de agroquímicos en las fumigaciones de las plantaciones como el glifosato que en caso de Argentina y el emblemático barrio de Ituzaingó Anexo ha producido impactos nefastos sobre la salud de los pobladores, generando cáncer, leucemia, alergias y enfermedades autoinmunes".
Según un informe presentado en Río+20 por Greenpeace, entidad internacional de defensa del ambiente, la cual rechaza el uso de cultivos y semillas modificadas genéticamente, "tan solo diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas, lo cual significa que los países que entran en este tipo de producción quedan con muy poco margen de elección en el mercado".
En dicho informe se sostiene que "la agricultura industrial utiliza fertilizantes sintéticos y agroquímicos que contaminan suelos y aguas, recursos necesarios para producir alimentos sanos ahora y en el futuro", y sostiene además que el "excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la agricultura industrial contribuye al agravamiento del cambio climático".
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