Por Decio Machado y Benito Bonilla / Revista Vanguardia semana 11 al 17 de junio de 2012
A raíz de la sesión del pasado 30 de mayo de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, se hizo público el articulado del convenio firmado 31 meses antes entre los gobiernos de la República del Ecuador y la Federación Rusa para la cooperación en materia de “energía atómica para fines pacíficos”. Dicho texto ha generado convulsión entre los asambleístas, organizaciones sociales y sectores especializados del mundo académico.
Según el presidente de dicha Comisión, el oficialista Fernando Bustamante, “al momento lo que se ha hecho es conocer el Convenio por parte de la Comisión e iniciar los procesos pertinentes dentro de la Asamblea para la redacción de un informe que puede ser favorable o no, el cual pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde será votado para su posterior aprobación o archivo. A partir de aquí, tenemos 45 días para emitir un informe favorable o no antes de que éste pase al Pleno de la Asamblea”.
Para la asambleísta Betty Amores, quien se posiciona crítica respecto al acuerdo, “el uso de energía nuclear, así sea para fines pacíficos, sería riesgosa para la población. Además no se entiende como siendo el propio presidente Correa quien nos dice que a través de los megaproyectos en construcción, en 2016 el Ecuador exportará de energía hidroeléctrica, sector en el que se ha invertido 1600 millones de dólares, se pretenda ahora instalar una energía infinitamente más costosa y peligrosa de reactores nucleares”.
La historia de dicho convenio se remonta a febrero de 2009, cuando el entonces ministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, se reunió con Raúl Ramírez, representante del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para conversar sobre la adopción de tecnología nuclear por parte de Ecuador.
De hecho, el 25 de marzo de 2009, era el director general del OIEA, Mohamed ElBaradei, quien declaraba: "El Ecuador está participando en un proyecto regional de exploración de uranio de cara a su posible explotación y su uso en el futuro como alternativa para cambiar su matriz energética".
En agosto de ese mismo año, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable suscribía un memorando de entendimiento con la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, con el fin de trabajar en conjunto actividades de investigación en materia nuclear. En aquel momento, la agencia de noticias del gobierno ruso, Novosti, informaba de forma telegráfica que el acuerdo incluía: formación de expertos en las áreas de física y energía nuclear, cooperación en investigación geológica y en el desarrollo de campos de uranio.
La estrategia gubernamental de desarrollo en energía nuclear fue diseñada a largo plazo, pero se destaca en ella el interés de explotar uranio en el país cuanto antes. Según declaraba entonces el ministro Albornoz, “la cooperación con Rusia no se puede medir en términos monetarios, sino a partir del beneficio que esta transferencia de tecnología y ciencia significa para los países como el nuestro, que están en vías de desarrollo”.
El 28 de octubre de 2009 el presidente Correa llegaba a Moscú, su visita tenía como objetivo “fortalecer las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales, y crear mecanismos de cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología, así como en el ámbito financiero”, según manifestaron fuentes de la Cancillería rusa. Un día después, el ministro Esteban Albornoz, en presencia del mandatario, firmaba junto al vicedirector general de Rosatom, el convenio de cooperación en energía atómica entre ambos países.
Con anterioridad a dicha firma, delegados de la Rosatom habían visitado el Ecuador por tres oportunidades: la primera fue en mayo de 2008, reuniéndose con el entonces ministro Alecksey Mosquera; la segunda en abril de 2009; y, la tercera, en julio de 2009, cuando tuvieron un encuentro con el ya ministro Albornoz.
Así lo confirmaban portavoces de la subsecretaria de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares (SCIAN), cuando indicaban que en Ecuador, al igual que en Brasil, Argentina, México y otros países, la llamada energía nucleoeléctrica existe hace 50 años lo que pasa es que aquí “nos quedamos dormidos”.
Ecuador retomaba su sueño nuclear en los albores el gobierno del presidente Correa, y en noviembre de 2008 se hacía público el proyecto RLA 3006 durante el encuentro ‘Desarrollo de actividades sobre el ciclo de producción de uranio’ celebrado en Brasil. En dicho documento se plantea el desarrollo de energía nuclear o nucleoenergética para el país en los próximos 15 años, indicándose la necesidad de poner en marcha un “programa intenso de exploración de minerales radioactivos”, así como impulsar la minería, procesamiento de minerales, metalurgia, seguridad para explotar los recursos uraníferos y obtener “uranio enriquecido”.
A dicho informe se adjuntaron mapas donde destacan cinco sitios como potenciales depósitos de minerales radioactivos catalogadas como “con favorabilidad uranífera”: El Limo-Catamayo (Loja) con un zona uranífera de 6.000 km2, Cuenca con 4.000 km2, Tena-La Barquilla (Napo-Pastaza) con 9.000 km2, Macas (Morona Chinchipe) con 4.000 km2, y Zamora con otros 6.000 km2 de área de interés.
Según Ivonne Yánez , vocera de la organización ambientalista Acción Ecológica, “la extracción de uranio libera gas Radon, un gas altamente cancerígeno que se traslada según la dirección del viento; se generaría también riesgos de contaminación de acuíferos y la grave exposición al uranio, podría desembocar en enfermedades cancerígenas para los trabajadores de las minas”.
Mantenido con sigilo por las autoridades ecuatorianas, tuvo que pasar un año desde su aprobación para que el convenio fuese enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la Corte Constitucional con el fin de que ésta emita su dictamen de constitucionalidad. La Corte entendió como constitucional el texto, aunque amparado en la curiosa figura de “constitucionalidad condicionada”, es decir, siempre y cuando se adecue su contenido a la Constitución. Para varios constitucionalistas consultados, cuesta entender la aplicación de dicha figura legal en este tipo de acuerdos, “en convenios bilaterales no deberían existir reservas sobre su constitucionalidad”. En este marco, la Constitución de Montecristi aclara en su Artículo 15.- “(…) Se prohíbe la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”
Ignorando lo anterior y ante la inquietud de la congresista republicana estadounidense, Ileana Ros-Lethinen, ante posibles acuerdos entre Ecuador e Irán en materia de uranio, la delegación diplomática ecuatoriana en los EEUU emitía un comunicado el 12 de enero del presente año indicando: “En el Ecuador no se han descubierto indicios de yacimientos de uranio que atraigan interés comercial para su explotación. Por lo mismo el Ecuador no ha iniciado ningún tipo de acción de búsqueda o prospección para explotar uranio en su territorio y tampoco podría celebrar convenios alrededor de la explotación de ese mineral con ningún país del mundo”. Ese mismo día en Quito, en rueda de prensa realizada con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, el mandatario ecuatoriano declaraba entre risas: “Primera vez en mi vida que me entero que Ecuador tiene uranio (…). Así que lamento si ha venido a buscar eso presidente. No le vamos a poder dar ni un gramo”.
Para Betty Amores, esta es una demostración palpable de como “el presidente Correa le mintió al conjunto de los ecuatorianos manifestando su desconocimiento sobre los proyectos que el mismo propugna en materia de extracción de uranio”.
El Artículo 2 del convenio con la Federación Rusa, firmado en presencia del mandatario ecuatoriano más de dos años, antes indica en otras cuestiones: “Las Partes llevarán a cabo la cooperación (…) para exploración y explotación de yacimientos de uranio”.
Los riesgos de la energía nuclear
Yánez alerta sobre la “posible existencia de uranio en el bosque de Puyango y en la cordillera del Cóndor”. De hecho en el lado peruano, la empresa canadiense Dorato realizó actividades de prospección hasta que se vio obligada a abandonarlas por la oposición de los moradores de la zona.
Uno de los elementos más conflictos del convenio está en el punto 4 del Artículo 2 donde se indica que se procederá al “suministro de servicios en la esfera del ciclo de combustible nuclear, específicamente suministro de combustible nuclear para los reactores energéticos y de investigación, la evacuación del combustible nuclear utilizado de producción rusa, tratamiento de residuos radioactivos”. Para Yánez: “el
Ecuador se convertirá en un basurero nuclear”.
Interrogada por esta cuestión, Nancy Edith Mantilla Samaniego, subsecretaría del SCIAN, dijo que “existe una mala interpretación del acápite relacionado a desechos nucleares”, y ofreció que en el futuro se emitirá, de parte del ministro Esteban Albornoz una posición oficial en representación del Ejecutivo.
Según el experto académico español en Energía Nuclear, José María Novoa, “los países que han utilizado esta tecnología buscan ubicar los desechos en lugares distantes de su país y uno de ellos y a un menor costo es América del Sur, pues está comprobado que no existe lugar seguro y en algún momento esta contaminación se liberará y causará muerte”.
Los residuos radiactivos se pueden clasificar en función de su peligrosidad en residuos de baja, media y alta actividad. Haciendo referencia tan solo a los de baja y media actividad, los más “inocuos”, estos emiten radiactividad durante periodos que pueden alcanzar centenares de años. Un gramo de Plutonio-239, elemento metálico radioactivo que se utiliza en reactores nucleares, es capaz de causar cáncer a un millón de personas y emite radioactividad por aproximadamente 2.5 millones de años, lo cual indica que muchas generaciones aun por venir tendrían que soportar el riesgo.
Novoa afirma en su tesis académica ‘Dos visiones de la energía nuclear’ que “los sitios donde se construyen los reactores nucleares resultan contaminados en forma permanente, y los desechos radioactivos que producen contaminan cualquier lugar donde se depositen, liberen o almacenen”.
El convenio firmado con los rusos indica lineamientos para la “producción de isótopos radioactivos y su utilización en la industria, medicina y agricultura”. Sin embargo fuentes especializadas alertan sobre el hecho de que muchos de los radio isótopos contenidos en los desechos nucleares tienen tan larga vida, que se hace imposible asegurar que contenedores artificiales o formaciones geológicas naturales puedan evitar su paso al ambiente habitado durante cientos de años.
Todos los reactores de energía nuclear y los sitios de almacenamiento de material radioactivo podrían ser a la larga tan peligrosos como la explosión de armas nucleares. En la actualidad la opción preferida por la mayoría de países nucleares es enterrar bajo tierra los desechos. Sin embargo en un país como el Ecuador, con cambiantes capas freáticas, permanente riesgo sísmico y otros factores geológicos de riesgo, podrían perturbarse fácilmente los desechos enterrados, generándose alto riesgo de contaminación del suelo, el agua y el aire. En un país de alta tecnología como son los EEUU, se constata que al menos tres cementerios para estos residuos de baja actividad han sufrido fugas en los últimos años.
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