El gobierno se comprometió durante la visita de la CIDH a Sarayaku a consultar a la comunidad antes de una explotación petrolera
La sentencia del Caso Sarayaku despierta un interés especial que supera
los límites territoriales ecuatorianos, dado que establecerá un precedente
obligatorio para los países implicados respecto al derecho a la consulta y al
consentimiento libre, previo e informado. Consciente de esta realidad, el
gobierno de la Revolución Ciudadana desplazó a la zona a una comitiva de alto
nivel encabezada por el abogado de la Presidencia Alexis Mera, quien fue
acompañado de la ministra de Justicia Johana Pesantez, el secretario ejecutivo
de la Ecorae Carlos Viteri y el recién nombrado vicecanciller Marco Albuja.
Según Mera, la posición del Gobierno es de franco diálogo, “es disposición del
Presidente de la República proceder con toda reparación que haya que realizar
en la comunidad de Sarayaku, no vamos a realizar ninguna explotación petrolera
sin consultar a las comunidades afectadas”. Para los representantes de
Carondelet las reparaciones a la comunidad estarían basadas sobre dos ejes:
reparaciones económicas y retiro de la pentolita existente en el territorio.
Sin embargo, para la abogada Viviana Krsticevic
–del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- “en el sistema
interamericano las reparaciones no deben hacerse necesariamente con
compensaciones económicas”. De igual
manera piensa Mario Melo, abogado de los demandantes y asesor de la Fundación
Pachamama, “para Sarayaku su territorio es vida, ellos dependen de él y las
petroleras aquí no han sembrado vida, sino dinamita y muerte. Es por ello que
la comunidad demanda la aprobación de la declaración de Selva Viviente (Kawsak
Sacha) de su territorio. Esa sería la verdadera reparación del Estado con el
Pueblo de Sarayaku”.
Al tiempo mismo tiempo que el asesor jurídico de la Presidencia
planteaba públicamente la necesidad de llegar a un acuerdo entre la comunidad
de Sarayaku y el Estado ecuatoriano al margen del CIDH, a 280 kilómetros de
distancia en su Enlace Ciudadano realizado en el barrio de la Vicentina en
Quito, el presidente Correa acusaba a las ONG Parole de Nature, World Wildlife
Found WWF, Movement D´actions à travers le monde y Alter Voyages de estar en
una campaña internacional contra el Ecuador. Según Correa, “estos gringitos con
su panza bien llena que vayan a impedir
a Francia que refine petróleo que haga armas nucleares pero que no vengan a imponer sus caprichos e instigaciones aquí en nuestro país
condenándonos a la miseria”.
En la misma línea Wilson Pastor, titular de la cartera de Recursos
Naturales no Renovables, indicaba sorprendentemente y sin dar explicación de
porqué, que el objetivo de las ONG es impedir la extracción de petróleo en el
Ecuador. Según Pastor la consulta previa se desarrollará en todas las regiones
afectadas –incluida Sarayaku- por la Onceaba Ronda Petrolera entre mayo y
diciembre del presente año, si bien matizó que si no existe consenso o
aprobación de un proyecto en esta instancia será la autoridad superior quien
decida o no la consecución de un proyecto. Para los dirigentes de Sarayaku,
dicha declaración no deja de ser un claro aviso sobre la voluntad del Gobierno
de ignorar resoluciones que libremente sus comunidades determinen.El pasado 21 de abril una comisión compuesta por dos de los siete miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la comunidad de Sarayaku en la provincia de Paztaza, último paso antes de dictaminar sentencia sobre un litigio que dura ya nueve años y enfrenta a la pequeña población amazónica, apenas 1.200 habitantes, contra el Estado.
Presentes en ese acto histórico de la CIDH, dado que es la primera vez
que miembros de la Corte Interamericana se desplazan a una población indígena para
hacer una diligencia in situ, no solo
se hallaba el conjunto de los habitantes de Sarayaku, sino también estudiantes
de la Universidad de San Francisco de Quito, diversos medios radiales
comunitarios, abogados de prestigio en el ámbito de los derechos humanos,
representación de varias nacionalidades indígenas, ONG locales que expresaban
así su solidaridad con los afectados y periodistas de múltiples medios
nacionales y corresponsables extranjeros.
Según José Gualinga, presidente de la comunidad demandante, el acto
jurídico realizado a puerta abierta por la CIDH en Sarayaku es el
reconocimiento de una lucha que enfrenta a “David contra Goliat”. Para el
dirigente kichwa, “el objetivo principal de nuestra demanda es establecer el
Sumak Kawsay en nuestro territorio, respetándose así nuestro sistema de
organización propio, nuestros ríos sanos, nuestro aire puro, nuestra identidad
y nuestras formas de vida en armonía y equilibrio con la naturaleza”.
Desde inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la CIDH solicitando su
intervención urgente con el fin de salvaguardar sus derechos violados durante
la campaña de sísmica que intentó desarrollar la petrolera CGC. En mayo de 2006
la CIDH dictaba medidas Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de
la comunidad y de su relación especial con el territorio. El Estado ecuatoriano
desoyó sistemáticamente estas medidas hasta que en diciembre de 2007 se vio
obligado a enviar un retén militar con el fin de retirar la pentolita
(dinamita) del territorio y anular la concesión petrolera. La pentolita
enterrada en el subsuelo de la comunidad se cuantifica en una tonelada y media
de explosivos de los cuales apenas fueron retirados 14 kilogramos, es decir el
1%. Ante esta situación diversas autoridades del actual Gobierno han declarado
que el riesgo es menor dado que dichos explosivos a pesar de estar ubicados en
territorios de caza y tránsito de personas no están conectados a dispositivos
de detonación y son biodegradables, tesis cuestionada por los miembros de la
comunidad afectada.
En la actualidad esta pequeña población amazónica se ve amenazada ante
la Onceava Ronda Petrolera que compromete una extensión en el centro-sur de la
Amazonía de 3,8 millones de hectáreas de bosque primario que albergan a siete
nacionalidades indígenas, lo que acarreará, según el líder amazónico, “impactos
irreversibles en la naturaleza y la organización, tanto familiar como
colectiva”.
Una sentencia favorable puede cambiarlo todo. “Queremos
consolidar un gobierno autónomo con el fin de consolidar a su vez en Sumak Kawsay
en nuestro territorio. Tenemos asentamientos autónomos, justicia indígena que
funciona con respeto a los derechos humanos tal y como establece nuestra
Constitución. Hemos desarrollado planes de uso y administración eficaz de
nuestro territorio y articulamos programas de cuidado de bosques como el
‘Camino de las flores vivientes’, situación que nos permite contar con el crecimiento
de árboles de aquí a treinta años. La posibilidad de que todo esto se convierta
en una forma de vida sustentable para nuestra población depende del respeto que
el Gobierno ecuatoriano ejerza sobre nuestras decisiones”, dijo su presidente, José
Gualinga.ENTREVISTA
Diego García Sayán: Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Diego García-Sayán, es abogado y escritor peruano que participó en la
política de su país, asumiendo las carteras de Justicia, a finales del año
2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y de Relaciones
Exteriores, en 2001, luego de su nombramiento por Alejandro Toledo. Actualmente
tiene 61 años. Desde 2004, es juez miembro de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En dicha corte fue su Vicepresidente y, el 25 de noviembre de
2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un
período de dos años.
¿Cuál es su sensación tras visitar
la comunidad de Sarayaku?
Para nosotros esta ha sido una jornada histórica porque es la primera
vez que la Corte Interamericana visita una comunidad indígena para recoger
testimonios y oír sobre el terreno lo que esperan los afectados de nosotros.
¿Tras nueve años de proceso y con
todos los trámites agotados, por donde irá la resolución de
la CIDH?
El proceso está en curso, no
puedo anticipar un dictamen. Acá estamos apenas dos de los jueces que
componemos la Corte interamericana. Los testimonios levantados serán llevados
al conjunto de miembros de la CIDH y deben ser analizados por todos. Con respecto
a los tiempos, debo indicarle que aunque la demanda se interpuso hace nueve
años, la Corte empezó a conocer el proceso hace apenas dos años. Lo que sí le
puedo indicar es que nuestra intención es dictaminar cuanto antes, esperemos
que sea posible dentro de este mismo año y con ello generar tranquilidad a las
partes en conflicto.
¿Hay alguna novedad en los
testimonios recogidos en Sarayaku respecto a la última sesión de Costa Rica?
No puedo hablar en nombre de la CIDH, pero a título personal le puedo indicar que este ha sido un acto
fundamental para construir la sentencia. En Derecho las percepciones sobre la
tierra y los territorios que tiene la población de Sarayaku son importantes
como ingrediente de identidad más allá del concepto de propiedad. Nos
congratulamos de la representación de alto nivel que ha estado presente en
Sarayaku por parte del Gobierno ecuatoriano y agradecemos la hospitalidad con
la que nos ha tratado la comunidad. Los testimonios han sido de gran
importancia. Ha sido un proceso muy productivo, podríamos no haberlo realizado,
pero había acuerdo entre las partes en realizarlo y estamos muy satisfechos.
¿Hay antecedentes en sentencias
de la CIDH sobre consulta previa en materia de explotación de recursos
naturales?
En agosto de 2008 la Corte dictó sentencia en el Caso Saramaka vs
Surinam. Lo que la Corte dijo en este caso es que la consulta previa es un
requisito fundamental, que debe ser concatenada con el establecimiento de
beneficios tangibles para la comunidad afectada y que haya un proceso de
participación.
¿Es vinculante la sentencia de la
CIDH para el Estado ecuatoriano?
La CIDH fue creada por decisión de los Estados que integran la OEA en
1959. Los Estados que querían hacerse parte de la CIDH lo hicieron adhiriéndose
a este organismo, cuya función principal es la promoción y protección de los
derechos humanos en el continente americano. El tratado de la CIDH dice que las
sentencias son de obligado cumplimiento. Ecuador es uno de los Estados signatarios
de la CIDH, es decir, se adhirió voluntariamente a la Corte, en este sentido es
vinculante y no existen antecedentes de desobediencia en este sentido, ningún
país cuestiona esto.
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