Introducción
Esta célebre consigna que se hizo universal tras ser graffiteada en los muros de las universidades parisinas en mayo de 1968, ha recobrado su actualidad de la mano de los gobiernos de centro izquierda en América Latina.
La desmovilización en la que se encuentran los movimientos sociales en Latinoamérica está permitiendo que gobiernos teóricamente afines estén imponiendo agendas político-económicas de perfil “pragmático”, basadas en el inmediatismo y un caduco concepto del desarrollo. Los giros programáticos sufridos por los gobiernos “progresistas” del subcontinente son una alerta que recuerda como en Europa la socialdemocracia ejecutó las reformas más agresivas contra los derechos de las y los trabajadores[2].
Si tenemos en cuenta que incluso en los países que fueron definidos como del “socialismo real” lo que se reprodujo fue el rol del Estado como herramienta de dominación y control social, llegaremos a la conclusión que en la historia de la Humanidad encontraremos muy pocas, por no decir ninguna, experiencias de transformación del Estado desde dentro del propio Estado.
En América Latina los actuales gobiernos progresistas llegan tras dos décadas y media de aplicación de políticas neoliberales, las cuales dejaron su herencia: brutal incremento de los niveles de pobreza, concentración de la riqueza en manos de las corruptas élites oligárquicas, desmantelamiento del Estado, estancamiento y dependencia de las economías nacionales, abandono de políticas sociales, privatizaciones del sector público, flexibilización laboral, desempleo y salarios de miseria, incremento de la deuda externa y apertura indiscriminada al capital extranjero y especulativo.Con estos antecedentes, el reposicionamiento de los gobiernos nacionales y la reconstrucción del Estado no es cuestión baladí, pero hay que entenderlos en la actual correlación de fuerzas a nivel mundial. Esta situación hace que también estos gobiernos estén siendo cooptados por el lobismo en decremento de las alternativas de desarrollo y la democracia real.
Sin la transformación del Estado -Estado Liberal que provee las circunstancias para que los individuos por sus propios medios adquirieran los bienes y servicios que necesiten-, se mantienen sus lógicas estructurales: proteger las relaciones de propiedad y el sistema representativo social burgués.
Estos llamados gobiernos “revolucionarios” están canalizando de tal manera sus contradicciones que estas dejan de ser contradicciones sistémicas, generándose procesos de asimilación que fijan los techos para las reformas políticas en cada una de las experiencias en marcha. Este proceso de asimilación también actúa de forma individualizada sobre las dirigencias “revolucionarias”, generando deslumbramiento personal y clientelismo.
Así las cosas, un criterio importante para la construcción de políticas alternativas debería basarse en la vinculación de coherentes prácticas económicas con la construcción de un poder alternativo. No se trata tan solo de que los intereses populares estén debidamente representados en la estructura estatal, el objetivo debe ser construir contrapoder.
Sin ignorar los logros en materias diversas protagonizados por los gobiernos de centro izquierda en la región, sus reacomodos hacen necesario reorientar su intervención en aras a desarrollar, desde las bases, nuevas formas de poder popular con apropiación y empoderamiento democrático.
Se trata entonces de un cambio de orientación de las políticas generadas desde lo institucional, dado que redefine la vía del cambio: este deja de ser únicamente desde el Estado (vertical), para posicionar un espacio de interlocución y complicidad entre Estado y ciudadanía. Transformar el Estado a partir de los procesos ciudadanos.
Para ello, la izquierda debe entender que encuentra su rol cuando se convierte en garante de las demandas sociales y los procesos democráticos. Reenfocar las hojas de ruta gubernamentales de los procesos en curso, de tal manera que estas contengan de forma transversal criterios de construcción social y la visión que desde lo social se deriva.
Lejos de lo anterior, la redefinición de estos procesos se desarrolla bajo la perspectiva de políticas “pragmáticas” que no transforman los sistemas de acumulación ni la estructura del poder heredada. Esta redefinición se acompaña también con la redefinición de contradictores y antagonistas.
En este sentido, el caso ecuatoriano es emblemático. En el gobierno del presidente Correa cerca de 200 dirigentes indígenas son acusados injustamente de “sabotaje y terrorismo”, viéndose varios de ellos obligados a la clandestinidad. De igual manera, varios de los fundadores del oficialista Alianza PAIS, así como los principales ideólogos del proyecto original son descalificados por el mandatario de forma pública y acusados “traidores a la revolución” y copartners de derecha. El presidente Rafael Correa ha manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones que sus principales enemigos del proceso son los ecologistas, “la izquierda infantil” y la CONAIE[3].
El caso ecuatoriano evidencia el debate real de fondo: ¿El objetivo de la lucha se materializa con llegar al Estado o el elemento fundamental y más complejo es como se transforma el Estado?
Los gobiernos progresistas instaurados en la región, significativamente en el caso ecuatoriano, siguen bajo la misma arquitectura del Estado heredado, lo que hace que cada día sean más parecidos a las viejas élites que por ellos fueron desplazadas. Sobre esta realidad se define el actual proceso de asimilación que sufren estos gobiernos, los cuales olvidan con facilidad que fueron posicionados en sus respectivos palacios presidenciales por poblaciones que demandaban alternativas radicales ante las continuas agresiones neoliberales.
Algunos de estos gobiernos, como el caso ecuatoriano, ni siquiera ya están en disputa. Su propia conformación y los anillos de poder generados entorno al despacho presidencial evidencian que sectores políticos y económicos han tomado posiciones en Carondelet, y lo lejanos que están de los intereses y luchas populares.
La necesidad de reconducción de estos procesos políticos no debe darse tan solo desde la matriz gubernamental. En los procesos de recuperación programática deben tener un rol determinante la sociedad civil a través de la recomposición de sus organizaciones sociales. Este modelo de participación social está reconocido en las diferentes constituciones post-neoliberales del continente, si bien su implementación está siendo intencionadamente débil.
Economía: logros y falencias del gobierno correísta
Las lógicas caudillistas y paternalistas del gobierno, expresadas de forma permanente en su accionar cotidiano generan desmotivación entre la ciudadanía.
Según el Barómetro de las Américas, en Ecuador la participación en reuniones de una asociación profesional se estima en un 7,4% en el año 2010, muy por debajo del 10,7% existente en el 2001 e incluso por debajo también 7,5% considerado en el año 2006, inmediatamente antes de que Rafael Correa fuera investido como presidente. De igual manera computa la participación en reuniones de un comité o junta de mejoras, siendo del 12,9% el dato de 2010, ante el 19,4% existente en 2001 o el 17,0% del 2006.
La lectura no deja lugar a malas interpretaciones: existe una caída de participación en los espacios de la sociedad civil. Dicho de otro modo, el actual gobierno ha desincentivado la participación social a pesar de que este sea uno de los mandatos fundamentales de la Constitución de Montecristi.
Si trasladamos el ámbito al plano económico, según datos oficiales (INEC, septiembre de 2009), la situación en el mundo laboral ecuatoriano es la siguiente:
Fuente: INEC, 2011
Actualmente, la Población Económicamente Activa (PEA) en Ecuador es de más de 4,4 millones de personas y se considera que están en este grupo las personas de diez años o más con capacidad de trabajar.
Tan solo el 45,59% tiene ocupación, y en este porcentaje se incluyen a las personas económicamente activas que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal, o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas.
La tasa de subempleo esta en 46,74%, incluye a las personas que están ocupadas pero que desean trabajar más horas, están disponibles para trabajar más horas, trabajan menos de 40 horas a la semana, ganan el salario mínimo legal o menos de él.
Quedando la tasa de desempleados en 6,39%.
Los gráficos recogen una disminución por debajo de 4 puntos en el subempleo entre diciembre de 2009 (año de mayor afectación de la crisis financiera internacional) y el cierre del primer semestre del presente año. En este ámbito ha de computarse también una significativa reducción de menores en el mundo laboral –cerca de 150.000 niños han pasado del mercado laboral al estudio-, aunque se mantienen cifras muy altas, 612 mil, de explotación infantil.
El empleo no es de calidad para la mayoría de la población, a lo que hay que agregar que en el ámbito laboral hay desprotección de las y los trabajadores, el derecho a huelga en la práctica es inexistente, se ha eliminado en la práctica también el contrato colectivo y minimizando el papel de las organizaciones sindicales existentes, que pretende ser sustituido en su cotidianidad por tecnócratas gubernamentales sin experiencia en el movimiento obrero y con una visión técnico-profesional en su intervención.
A esta situación se debe añadir que el costo de la canasta básica familiar se sitúa en 559,41 dólares (datos INEC, julio 2011), mientras el salario nominal promedio se encuentra en 307,83 dólares y el ingreso familiar medio mensual en 448 dólares.
De igual manera, cabe reseñar que la economía ecuatoriana es esencialmente rentista (el 56% Comercio), la cual se limita en muchas ocasiones a importar e intermediar. Bajo esta realidad se evidencia las políticas clientelares del gobierno, las cuales siguen siendo funcionales al modelo de acumulación heredado del neoliberalismo. Apenas un 9% de la economía ecuatoriana es industria.
Para más gravedad, en el reciente censo económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se visualiza una enorme concentración en ventas, siendo en 95,81% desarrolladas a través de los establecimientos de mayores ventas (decil 10). De igual manera, dentro del decil 10 el 90% de las ventas se concentran en el grupo de establecimientos de mayores ventas (percentil 99).
Contradictoriamente, son los establecimientos pequeños los que generan mayor porcentaje de empleo aunque los establecimientos grandes generen ostensible mayor ingreso.
La lectura es evidente: a mayor concentración de mercado mayor nivel de pobreza.
Analizando la composición de la distribución del ingreso entre los períodos 2006 – 2010, encontraremos según datos del INEC-ENEMDU, que si bien es cierto que el 10% más rico del país pasó del 42,72% al 36,93%, los sectores más pobres (decil 1 al 4) apenas prosperaron dos puntos en cuatro años de “revolución” (10,67% en 2006 al 12,78% en 2010).
Se visualizamos la distribución del ingreso per cápita del hogar ecuatoriano segmentado por deciles, veremos que la situación apenas ha sufrido transformaciones desde el 2006 hasta el cierre del ejercicio 2010.
Distribución del ingreso per cápita del hogar por deciles
1990 | 1993 | 1996 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 | |
Decil más pobre | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
2 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
3 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 |
4 | 4.9 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
5 | 6.2 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 6.1 | 5.8 |
6 | 8.0 | 8.2 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 7.2 |
7 | 9.1 | 6.0 | 9.2 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.2 |
8 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 10.3 | 11.0 | 11.2 | 11.2 |
9 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 16.4 |
Decil más rico | 35.0 | 40.0 | 36.2 | 45.2 | 42.1 | 38.7 | 37.8 |
Fuente: Juan Ponce, FLACSO
También son notables los escasos logros del gobierno en el Plan Tierras, sobre el cual se pretende redistribuir las tierras baldías y las que están en manos del Estado. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se había planteado como meta para el ejercicio 2010 que cien mil familias fueran beneficiadas con la titulación de tierras, sin embargo los resultados apenas superaron la cantidad de mil. Las hectáreas propiedad del Estado redistribuidas a productores familiares no llegaron a tres mil; y las hectáreas de tierras legalizadas con títulos de propiedad estuvieron en torno a 83 mil, cuando el objetivo gubernamental se declaraba en 350.000 hectáreas.
De igual manera, sectores considerados de futuro por el gobierno ecuatoriano desarrollan una progresión muy lenta. El sector turístico por ejemplo, experimentó un crecimiento de apenas doscientas mil personas los últimos cuatro años (de 840.600 turistas en 2006 a 1.044.600 al cierre del 2010), lo cual cuestiona la capacidad de transformación en las líneas estratégicas del planteadas por el gobierno del presidente Correa.
Todo ello enmarcado en un gobierno que ha obtenido entre enero de 2007 y mayo de 2011 ingresos petroleros por valor 22.529,2 millones de dólares y que ha sido capaz de incrementar sus ingresos tributarios (construcción de cultura fiscal) de 4.686 millones en 2006 a 7.396 millones al cierre del 2010.
Teniendo en cuenta la incidencia (por porcentaje) de la pobreza y la extrema pobreza en Ecuador por ingresos (datos INEC), obtenemos que:
Nivel de pobreza | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Pobreza | 49,9 | 44,6 | 42,2 | 37,6 | 36,7 | 35,1 | 36,0 | 32,8 |
Extrema pobreza | 26,6 | 22,7 | 21,6 | 16,5 | 16,5 | 15,7 | 15,4 | 13,1 |
Durante el gobierno de Alfredo Palacios (anterior inquilino del Palacio Presidencial de Carondelet), entre el año 2005 a 2006 la pobreza se redujo en 4,6% y la pobreza extrema pobreza en 4,7%.
Si extrapolamos estas cifras al período comprendido entre 2003 y 2006 (4 años), veremos que la pobreza se reduce un 12,3%, mientras que la extrema pobreza lo hace en 10,1%.
En el gobierno del presidente Correa, entre sus períodos 2007 a 2010, la pobreza se redujo en 3,9%, mientras que la extrema pobreza en 3,4% (la tercera parte respecto al mismo período de análisis anterior).
La pobreza y la extrema pobreza en Ecuador se concentra de forma aguda en áreas rurales, su composición es mayoritariamente indígena seguida por población afrodescenciente. Esta realidad implica signos de racismo, elemento sobre el cual se ha avanzado poco, siendo el Plan Plurinacional contra la Discriminación Racial un documento que ni siquiera se cumple en las cuotas de funcionarios públicos.
La lectura triunfalista sobre la reducción de la pobreza realizada con bombo y platillo desde las vocerías del oficialismo queda en cuestión cuando desarrollamos el anterior análisis comparativo o si este lo realizamos respecto a otros países latinoamericanos durante períodos de gobiernos progresistas[4]. Para muchos analistas económicos, la reducción de la pobreza a través de planes sociales (aplicables en Ecuador y Brasil de igual manera que en Colombia o Perú), se basa en pilares débiles, dado que los gobiernos recurren a políticas asistencialistas que no sirven para eliminar la pobreza de manera definitiva si no van acompañadas con políticas de cambio estructural.
Visto lo anterior, y comparando el nivel de esfuerzo en inversión social con los resultados obtenidos, la conclusión es innata: mucha mediocridad e incapacidad política en el llamado gobierno de los PhD.
Comercio minorista: un ejemplo de redefinición de la agenda gubernamental
En el caso ecuatoriano, el comercio minorista ha sido y sigue siendo la válvula de escape para un sector muy importante de la sociedad (cerca de tres millones de personas) que no tienen en la actualidad espacio en el mercado laboral formal.
Sin embargo, los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos dedicados al comercio, se encuentran desprotegidos y olvidados por un gobierno con el que se sintieron, al principio de su singladura, fuertemente identificados y sobre el que depositaron incontables esperanzas.
Por el comercio minorista y la economía informal, más allá de la agobiante propaganda gubernamental, no ha llegado la mal llamada “revolución ciudadana”. El sector se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad en el que se encontraba antes de la llegada de Rafael Correa al sillón presidencial. Las organizaciones que representan a comerciantes minoristas, antes alineadas al oficialismo y en el caso de Guayaquil, incluso se convirtieron en frente de choque y resistencia a las expresiones políticas de la oligarquía costeña, hoy se manifiestan decepcionadas y críticas con el gobierno del presidente Correa.
Con la práctica de determinados municipios, especialmente el de Guayaquil, y el cómplice silencio del Gobierno Central, se está vulnerando el artículo 329 de la Constitución de Montecristi en el cual se indica que:
“(…) Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.
Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas.
El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo (…)”
Un sector de subsistencia tan importante como el comercio minorista ha sido olvidado en la agenda política ecuatoriana. La regularización de las condiciones laborales de estos y estas trabajadoras supone un gasto de 500 dólares por la vía legal, si por desconocimiento o falta de entendimiento de los procesos a seguir interviene un tramitador, el costo puede elevarse hasta los 2.000 dólares.
Aun así, los derechos recogidos en el artículo 329 de la Constitución son letra muerta dado que para que estos tengan efecto debe desarrollarse una ley específica para el sector. Conscientes de esta situación, las y los comerciantes minoristas llevan peleando por una Ley del Minorista desde hace 40 años.
Fruto de esta situación la Asamblea Nacional aprobaba el pasado mes de marzo de forma mayoritaria un proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista. El 22 de ese mismo mes, el presidente Correa en su ejercicio como colegislador, veta en su totalidad el proyecto de Ley, imposibilitando que el tema pueda ser tratado por el pleno de la Legislatura durante al menos un año.
La propuesta vetada desde el despacho presidencial establecía que son derechos de las y los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas el trabajo, utilizando espacios adecuados en conformidad con las normativas procedentes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), la capacitación gratuita en los diversos sectores ocupacionales con la finalidad de propiciar el desarrollo individual y mejorar las condiciones de vida de los implicados, el acceso a la seguridad social y la obtención de líneas preferenciales de financiamiento en las entidades financieras del sector público para el fomento y desarrollo de sus actividades.
De igual manera, este proyecto definía el acceso a planes y programas preferenciales para vivienda[5] a través de la banca pública, del sector financiero popular y solidario y de los ministerios involucrados. También determinada el constitucional acceso a la silla vacía cuando se tratasen temas, directa o indirectamente, que pudiera afectar al sector y otros derechos derivados de la Constitución y normativas de rango inferior.
Por su parte, los comerciantes y autónomos se comprometían a desarrollar sus actividades respetuosos con el ordenamiento de espacio público, comercializar preferentemente bienes y servicios generados por la producción nacional con el fin de potenciarla, sujetarse a los procesos de control establecidos por la Ley, y el respeto a las normas de calidad, pesos, medidas y precios de los bienes que se comercialicen.
Entre sus objetivos, el proyecto de Ley pretendía que los GADs, mediante normas jurídicas, reconocieran y protegieran el trabajo autónomo y el comercio minorista, determinando y regulando espacios públicos adecuados para el sector.
El veto de la ley de los comerciantes minoristas y autónomos realizado por el presidente Correa les dejó a merced de los alcaldes, policías y funcionarios metropolitanos abusivos.
Según los contrariados representantes del sector, el presidente Correa pactó con la banca privada para no entregarles créditos y con alcaldes autoritarios como Jaime Nebot que los persigue, decomisando sus productos y herramientas de trabajo de forma cotidiana. De igual manera, denuncian que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), el ministro Ramiro González, los persigue a través de sus fedatarios, obligándolos a filiarse con el pago que oscila entre 45 y 55 USD mensuales.
Para comprender este drama se hace necesario conocer que muchos de estos minoristas, como los vendedores de agua por poner un ejemplo, apenas consiguen levantar tras toda la jornada laboral (por lo general superiores a las 8 horas establecidas por ley) ingresos que oscilan entre 5 y 8 dólares diarios.
En municipios como el de Guayaquil, bastión del conservadurismo más rancio, ni siquiera se les proporciona espacios públicos dignos para desarrollar su trabajo. Esta situación vulnera sus derechos como ciudadanos, al tiempo que son apaleados por la Policía Metropolitana y decomisadas sus mercancías[6].Mientras las y los comerciantes minoristas son presa fácil de los chulqueros[7] dadas sus dificultades para acceder al sistema de créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF)[8]. La situación de informalidad de un elevado sector de los comerciantes minoristas impide su acceso a créditos públicos al no ser considerados por la banca pública como “sujetos de crédito”[9].
Paralelamente a esta situación, los beneficios acumulados por los grupos económicos durante el período 2007-2009 se ha cuantificado en un 54% más que en el período 2004-2006 (gobiernos conservadores). Según datos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), el beneficio de los grupos económicos ecuatorianos en 2006 se elevaba a 529 millones de dólares, mientras en 2009 dicho beneficio alcanzó los 701 millones de dólares.
En el sector de la banca privada los datos son aún más preocupantes, siendo sus utilidades durante el período 2007-2009 un 70% superior a las percibidas en el período 2004-2006.
La proliferación de la meritocracia[10] y la tecnocracia en las instituciones públicas ecuatorianas tienen como resultado un abismal distanciamiento entre la política pública y la ciudadanía. En el caso de las y los comerciantes minoristas, su sector queda en manos de funcionarios miopes, técnicos y toda una suerte de jóvenes provenientes de familias aniñadas[11] que han gozado de la posibilidad económica para desarrollar sus maestrías en el exterior, pero que poco o nada conocen sobre la realidad que les compete.
El desarrollo de nuevos centros comerciales está obligando a los comerciantes minoristas a desplazarse en un radio de dos a tres kilómetros de los sitios donde han estado tradicionalmente ubicados. Un centro comercial, shopping o mall es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado para reducir espacio y tener mayor cantidad de clientes potenciales.
Si bien los comerciantes minoristas no reclaman la eliminación de estas grandes superficies, si demandan que la competencia sea de igual a igual. Este tipo de monopolios llevan años siendo apoyados por los distintos gobiernos centrales[12] y los municipios donde se ubican, evidenciándose así una notable falta de criterio social y humano por parte de los ejecutores de la política pública.
Cabe destacar que en América del Sur, sólo Ecuador, Paraguay y Bolivia carecen de leyes antimonopolio, aunque en los dos últimos se aplican normas comunitarias que regulan la concentración económica. Aunque el gobierno ecuatoriano lleva más de un año anunciando que prepara una ley para regular los monopolios en el país, la percepción de los actores sociales es que esta dejará mucho que desear dado el rumbo que ha tomado el gobierno.
Las grandes superficies comerciales en Ecuador han alcanzado un importante nivel de desarrollo en los últimos años. Desde que se ubicara el primero de ellos en la ciudad de Guayaquil en 1976, han alcanzado un grado de penetración superior al 40%, situándose en el séptimo puesto en Sudamérica.
En el análisis del sector comercial nacional son identificables dos grupos económicos que dominan los espacios en los centros comerciales, así como en el negocio retail[13]. Ambos cuentan con empresas constructoras que desarrollan proyectos de centros comerciales y venden los espacios.
Así, la Corporación Favorita CA, cuya propietaria es la familia Wright, engloba el siguiente imperio empresarial: Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Kiwy, Megakiwy, Todohogar, Sukasa, Salón de Navidad, Radio Shack, TVentas, Mrs. Books, Juguetón, Bebemundo y Tatoo, en lo correspondiente a su ámbito comercial; Enermax, Maxipan, Agropesa y Pofasa, en el ámbito industrial; Village Plaza, Multiplaza Portoviejo, Mall El Jardín, Mall del Sol, Mall del Sur, Mall de los Andes, Multiplaza Esmeraldas, Centro Comercial La Pradera y Centro Comercial Miraflores, en lo correspondiente al sector inmobiliario.
En el caso de la Corporación El Rosado SA, propiedad de la familia Czarninski, la composición del holding se articula a través de supermercados, jugueterías, cines, tiendas departamentales y ferreterías, en las que se identifican: Mi Comisariato, Ferrisariato, Hiper Market, Mi Juguetería, Supercines, Rio Store, Rock and Roll y los centros comerciales El Paseo en Manta y Portoviejo y Rio Centro Shopping.
Estos grupos son los que manejan las condiciones del mercado y las entidades financieras del sector, y prueba de ello es el conocido caso de la empresa estadounidense PC Penny, la tienda por departamentos más grande de EEUU, que intentó ingresar al mercado ecuatoriano, pero estos grupos económicos se unieron para evitar la consolidación de esa cadena extranjera. Las empresas locales condicionaron los contratos con los proveedores para evitar que suministraran al competidor; por ello, dicha empresa no pudo establecerse en Ecuador[14].
De esta manera, mientras la Corporación Favorita C.A. declaraba en el año 2010 unos ingresos de 1.640 millones de dólares y un beneficio neto de 91,61 millones de dólares, los comerciantes minoristas de Guayaquil se preguntan: ¿qué pasó con la propuesta programática de la revolución ciudadana destinada a fortalecer la organización popular y las economías de los más débiles?
Las y los comerciantes minoristas de Ecuador disponen de organización, han desarrollado propuestas, sin embargo estas no han sido tomadas en cuenta por parte de este gobierno autodenominado “revolucionario”.
Sin minusvalorar las posibilidades que se abren para otro tipo de economía con la aprobación, el pasado 13 de abril, de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se hace necesario señalar que en lo que compete al comercio minorista, este sector apenas aparece referenciado en dos ocasiones (artículos 134 y 135). En ellos el nuevo texto legal se limita a indicar que “las municipalidades conformando regímenes de administración en condominio, con comerciantes minoristas, podrán construir mercados (…) de apoyo a la producción y comercialización de productos y servicios (…)” y que “las municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicios (…)”.[15]
Es por ello que Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE) declaraba en esas fechas: “ya basta, se le acabó la demagogia, la mentira y el doble discurso de Correa y Alianza País. La Ley de Economía Popular y Solidaria no defiende a los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos como en la estabilidad, créditos a bajo intereses, seguridad social con régimen especial, la silla vacía, políticas de apoyo al sistema de comercialización, centros de desarrollo infantil”[16] y añadía “(…) no recoge el tema de la estabilidad laboral en nuestros sitios de trabajo (plazas, parques, mercados...) y el de las políticas de comercialización dentro de los cantones y las parroquias del país”.[17]
Conclusión
Loable es esfuerzo en inversión social desarrollado por el gobierno, el cual triplica la inversión desarrollada durante el resto de la década. De igual manera, el incremento –proceso de universalización- en materia de acceso a los servicios públicos y sociales es un logro importante, aunque lamentablemente la calidad de estos apenas haya mejorado. Los procesos de rearticulación y modernización del Estado eran una necesidad del propio sistema independientemente de la sensibilidad política del gobierno, sin embargo fue este y no otro, el gobierno que lo está desarrollando. Sin embargo se evidencia la carencia de cambios estructurales en el sistema político, social y económico del país.
La motivación y desarrollo de la participación social, voluntaria o involuntariamente, es un fracaso. Incluso las herramientas con las que la Constitución de Montecristi dotó a la sociedad para tal fin han sido violentadas por una práctica política que poco se diferencia de lo se pretendía haber desterrado. La incapacidad para alterar las lógicas de poder generadas por el mercado se evidencian en el mantenimiento intacto del sistema de acumulación heredado del neoliberalismo, a través del cual las élites del Capital no solo han mantenido sus privilegios sino que incluso han incrementado sus beneficios económicos. La apuesta por el extractivismo es en sí una contradicción respecto al discurso de soberanía nacional desarrollado desde el gobierno, ya que convierte al país en un Estado de transferencia de recursos naturales –perverso mecanismo de transferencia de capital- hacia el capitalismo global (reafirmando la posición de Estado subalterno).
La reorientación política efectuada por el presidente Correa, especialmente a partir de su segunda investidura, ha venido acompañada con un discurso panfletario de profundización y radicalización de la revolución ciudadana.
Citando a Max Horkheimer y Theodor Adorno, ”la propaganda hace de la lengua un instrumento, una máquina (...).La propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos”.[18]
La propaganda convirtió incluso a la verdad en una herramienta cuyo valor se mide por su capacidad de captar más adeptos.
En esta situación se hace necesaria la legitimación de los actores que propugnan el reencuentro del proceso político con sus líneas programáticas fundacionales. Pero esa legitimación social tiene un costo, y obliga a dichos actores a ser consecuentes y diferenciables de las formas de intervención desarrolladas por la izquierda clásica, donde como se indicaba con anterioridad, incluso el valor de la verdad queda relativizado y se justifican las prácticas en función de los resultados obtenidos.
De hecho ha sido esta forma de intervención y valores las que han facilitado los procesos de asimilación de las dirigencias autodefinidas como revolucionarias y hoy instaladas en el poder.
[1] Atribuida erróneamente a Paul Valery y a Ghandi, en realidad “Il faut vivre comme on pense, sinon tot ou tard on finit par penser comme on a vecu” (hay que vivir como pensamos, sino tarde o temprano acabamos pensando cómo vivimos) apareció por primera vez en el capítulo final de Le demon de midi, una novela de Paul Bourget (Plon-Nourrit, 1914).
[2] Hacia el final de la década de 1950, los partidos socialistas de Europa occidental comienzan a aceptar la economía mixta, renunciando al marxismo, la lucha de clases y la idea de un sector nacionalizado en expansión. El desarrollo económico capitalista de postguerra pone fin a las tesis revolucionarias en la socialdemocracia y define sus nuevos objetivos: la redistribución de la riqueza con criterios de igualdad y justicia social. La socialdemocracia acepta que el crecimiento económico continuado desarrollaría un floreciente sector público, con pleno empleo y Estado de bienestar. La crisis de 1973 pone fin a esta hipotética edad de oro. Se piensa entonces que para restaurar el crecimiento económico, patronos y gobiernos deben generar entendimiento con los sindicatos (consenso social). Es entonces cuando la socialdemocracia llega a gobiernos en Portugal, Estado español, Grecia o Francia (países en los que rara vez habían gobernado). La crisis del desempleo debilitó a los sindicatos y lo que fue aprovechado para comenzar el desmantelamiento del Estado de bienestar (hacer retroceder al Estado). En 1980 el proletariado industrial ya era minoritario en toda Europa, y las nuevas tecnologías agravaban la división existente en sus filas (obreros de cuello blanco). A pesar de los aumentos de productividad, las nuevas tecnologías operaban en detrimento del empleo (reconversiones industriales): crecían los trabajadores temporales y no cualificados (precarios, migrantes y mujeres), así como los empleados a tiempo parcial. La creciente interdependencia económica puso en cuestión las políticas macroeconómicas del keynesianismo y la reflación interna generaba problemas con la balanza de pagos, así como medidas inflacionarias. En la década de los 70 y 80, la socialdemocracia comienza a protagonizar el desmantelamiento del Estado de bienestar, desarrollar privatizaciones en el sector público y toda una batería de políticas de flexibilización y ajuste, atentatorias contra los intereses de los y las trabajadoras en Europa.
[3] La Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) se constituyó en 1986, fruto de un proceso organizativo impulsado desde las comunidades de todas las nacionalidades indígenas del Ecuador. Actúa como su máxima representante (es la organización social e indígena más importante del país).
[4] Durante el gobierno de Lula da Silva, 24 millones de brasileños dejaron la pobreza y otros 31 millones escalaron socialmente, lo que equivale a toda la población de Chile o al 40% de Argentina. La llamada Bolsa Familia, el principal proyecto del presidente Lula da Silva para combatir el hambre y la pobreza beneficiaba a más de 12 millones de familias (40 millones de brasileños). De igual forma, el resto de la región que se ha visto beneficiada por el crecimiento económico, la estabilidad financiera, la responsabilidad fiscal y un conjunto de políticas sociales que han permitido que 37 millones de latinoamericanos hayan salido de la pobreza, desde 2002.
[5] Durante el período de gobierno del presidente Correa se han desarrollado más de 200.000 viviendas sociales, multiplicando con creces la inversión desarrollada por gobiernos anteriores. Aun así, el déficit cuantitativo de vivienda estimado al cierre del ejercicio 2009 era de 738.201. Al iniciar su mandato presidencial el déficit en vivienda era estimado en 756.806 viviendas.
[6] El decomisado de mercancías a los comerciantes minoristas supone en la práctica decomisar lo poco y único que tienen para su sostén familiar.
[7] Son popularmente conocidos como chulqueros quienes se dedican a prestar dinero a otras personas cobrando altos intereses. Hay muchos casos de personas que les deben dinero y mantienen sus negocios gracias a los préstamos. Esta situación tiene genera graves consecuencias, ya que los intereses que cobran son tan altos que muchas veces las deudas se hacen impagables. Los prestamistas mueven la economía en el mercado chico. Los comerciantes hacen préstamos desde $50 hasta $2 000 todos los meses. El usurero se gana entre el 15% y el 30% de ese monto, los cobros son diarios y el deudor debe cumplir a cabalidad los pagos con riesgo de vida en caso de incumplimiento. Tan solo en la ciudad de Guayaquil se estima la existencia de aproximadamente 45 chulqueros en la zona de comercio minorista de la Bahía. Cada uno tiene de 25 a 30 clientes fijos todos los meses.
[8] El BNF es una institución financiera de carácter público destinada a fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país. Está enfocada a los pequeños y medianos productores a través de servicios y productos financieros que pretenden estar al alcance del conjunto de la población. En el presente año, la Secretaria Nacional de Transparencia y la propia entidad financiera suscribieron un convenio de cooperación institucional consecuencia de la detección de casos de corrupción dentro de dicha institución.
[9] En el ámbito del comercio formal, según el reciente Censo Económico elaborado por el INEC, se estima que tan solo el 21% de los establecimientos comerciales obtuvieron financiamiento, siendo su monto inferior al 5% de las ventas producidas. De igual manera, se considera que el 54% de los establecimientos comerciales formales requieren de créditos, estableciendo la brecha entre lo requerido, 10.826 millones de dólares, y lo recibido en 4.739 millones de dólares.
[10] Meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas con base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o espíritu competitivo tales como, por ejemplo, la excelencia en educación.
[11] Aniñado. Término popular que identifica a clases medias altas y clases altas.
[12] La Corporación Financiera Nacional (CFN), otra herramienta de la banca pública nacional, cuya función es ser una banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, destinada a apoyar el desarrollo económico y social del Ecuador, dispone créditos para la construcción de grandes superficies comerciales, careciendo de criterio a la hora de evaluar el impacto de estas iniciativas económico privadas.
[13] El detal o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final. En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, sin embargo su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales. El ejemplo más común del detal lo constituyen los supermercados; otros comercios tradicionalmente asociados al detal son las tiendas por departamentos, casas de artículos para el hogar, ferreterías, farmacias, venta de ropa, librerías, entre otras muchas.
[14] Extracto del estudio económico denominado “Factores de éxito en los centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao”, publicado por Universidad ESAN de Lima Perú. El documento puede ser encontrado en la siguiente dirección web:
http://www.esan.edu.pe/publicaciones/Descargue%20el%20documento%20completo_.pdf
[15] http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/wp-content/uploads/2011/05/ley-ecuador.pdf
[16] http://asambleanacional.gov.ec/blogs/jorge_escala/2011/04/18/correa-y-nebot-pactaron-para-vetar-ley-de-los-comerciantes-minoristas-y/
[17] http://www.elcomercio.com/negocios/retoques-Ley-Economia-Popular_0_458954147.html
[18] Horkheimer, Max y Adorno, Theodor. Sociedad de Masas y Comunicación. Textos publicados en el libro Dialéctica del Iluminismo. Editorial SUR, Buenos Aires, 1970.
Fantástico texto! Repoduzi no Filosomídia e mando um abraço para todos do Equador e aos amigos de Amawtay Wasi.
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