Por Decio Machado
Ecuador se encuentra en campaña ante la consulta popular impulsada por el presidente Correa, la cual se resolverá en las votaciones del próximo 7 de mayo. Dicha consulta contempla la posibilidad de importantes reformas constitucionales, entre las cuales la más notable es el cambio al sistema de justicia.
La consulta popular está conformada por diez preguntas, las cuales algunas de ellas tuvieron correcciones por la Corte Constitucional. La intencionalidad del gobierno con este proceso es aplicar reformas en el sistema de justicia, regular a la prensa, restringir los negocios de los banqueros y accionistas de medios de comunicación, así como promover la afiliación obligatoria de todos trabajadores al sistema de la seguridad social.
Entre el amplio abanico de temáticas vinculadas a la consulta, la reestructuración de la justicia es sin duda el tema más polémico e importante por su implicación. El presidente Rafael Correa y su gobierno pretenden controlar durante un período transitorio el Consejo de la Judicatura (el gobierno de la justicia) y reestructurar su formato, con criterios antagónicos a los contemplados en la Constitución de Montecristi.
Alberto Acosta, uno de los fundadores originarios de Alianza PAIS y ex presidente de la Asamblea Constituyente, forma parte en la actualidad del Frente Montecristi Vive, agrupación ciudadana que defiende el No en la consulta.
Entrevista
P.- ¿Considera inconstitucional el procedimiento emprendido por el presidente Correa para reformar nuestra Carta Magna a través de esta consulta?
R.- Una consulta popular o un referéndum, si se los convoca en el marco de lo dispuesto en la Constitución, siempre serán positivos. De allí se desprende, además, que las preguntas deben ser formuladas respetando las formas establecidas en la Constitución. Basta leer el segundo inciso de su primer artículo: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.
La ciudadanía ecuatoriana aprobó de forma mayoritaria en el referéndum que tuvo lugar el 28 de septiembre del 2008 la Constitución de Montecristi. En nuestra “ley de máximo rango”, reconocida internacionalmente como una de las constituciones más progresistas del planeta, se establecieron los mecanismos para introducir enmiendas o reformas sobre sus textos. En la Constitución se dispone también que en el caso de de que se produzca una regresión de derechos, el procedimiento debe ser otra asamblea constituyente, en la medida que dicha regresión representa en sí misma un acto inconstitucional.
Nadie ni nada puede restringir el derecho del pueblo a participar directamente en la resolución de los problemas nacionales. De todas formas, reconociendo que el propio pueblo estableció las reglas del juego, la pregunta de fondo es: ¿qué y cómo se le consulta al pueblo?
P.- ¿Consideras que las preguntas planteadas en la consulta popular van a solucionar los graves problemas que afectan a la justicia en el país?
R.- A pesar de que consideramos algunas preguntas de la consulta como inconstitucionales, debemos aceptar la decisión del Tribunal Constitucional como inapelable. Lo que si deberíamos averiguar es sobre el espíritu de las propuestas de cambios constitucionales propuestas por el presidente de la República para contrastarlo con el espíritu de la Constitución. Y, sobre todo, preguntémonos sobre la eficacia de las preguntas formuladas.
Las preguntas uno y dos, las cuales hacen referencia a la prisión preventiva y sanción sobre jueces, en la versión original formulada por el presidente Correa eran definitivamente inconstitucionales. Tras la intervención del Tribunal Constitucional, lo cual supuso correcciones en dichas preguntas, se eliminó la inconstitucionalidad inicial, pero dejó la primera pregunta como innecesaria. Quiero aclarar esto, en el Código de Procedimiento Penal ya está estipulado lo que se indica en la pregunta uno, es decir, que ningún procesado puede beneficiarse de su propio dolo para provocar la caducidad de la prisión preventiva. De igual manera, la sanción a los jueces está contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Con respecto a la segunda pregunta, la intervención del Tribunal Constitucional corrigió algunos de sus aspectos, pero dejó abierta la puerta a la discrecionalidad para que los jueces opten por medidas cautelares. Esta cuestión es muy preocupante dado que podría implicar la restricción derechos contemplados en nuestra Constitución. Todo queda en función en último caso del criterio del juez o jueza, a no ser que en las leyes secundarias se especifiquen los casos en los que no se puedan aplicar medidas sustitutivas, como ya es el caso de crímenes graves.
P.- Gran parte de las preguntas contempladas en la consulta son justificadas por el presidente Correa desde la perspectiva de las políticas de seguridad. ¿Cómo evalúas la política de seguridad gubernamental?
R.- La política de seguridad fracasó. Palabras más o menos, es lo que dijo el presidente Correa a finales del año pasado y los hechos cotidianos demuestran esa aseveración. Más allá de esto, lo que nos debe preocupar es que el presidente haya buscado las soluciones en la agenda política del partido socialcristiano. Reflexionemos por ejemplo sobre las dos primeras preguntas, su contenido se enmarca en un lógica reaccionaria la cual conceptúa que para enfrentar la inseguridad lo que hace falta en mayor represión, dejando la prevención, es decir el desarrollo real de justicia social, educación, inserción social, redistribución del ingreso y riqueza, y sobre todo empleo, en segundo término.
Fue el propio presidente Correa quien en pasado 24 de marzo en un acto público en la Universidad Central de Quito, manifestó que “esta consulta fue propuesta por el socialcristianismo quien reclamó que esta Constitución garantiza los derechos de los delincuentes”. Quiero decir con esto que es evidente que el presidente Correa cayó en la trampa de las propuestas del Partido Social Cristiano, incorporando en su agenda, propuestas en materia de seguridad provenientes de la partidocracia más reaccionaria.
Lo que cuenta, entonces, es que, en cualquier caso, con estas preguntas represivas en su esencia no se podrá enfrentar y reducir la inseguridad y la violencia que azotan al país.
P.- ¿Cuál es su opinión respecto a que banqueros y empresas de comunicación tengan participación accionaria en otros ámbitos o sectores productivos?
R.- Con la tercera pregunta del referéndum estamos de acuerdo parcialmente. Los banqueros deben ser banqueros y nada más que banqueros. Sin embargo, no está claro por qué se incorporó el tema de los medios de comunicación con carácter nacional en esta pregunta.
P.- ¿Con la pregunta cuatro, donde se propone un Consejo de la Judicatura de Transición que reestructure la Función Judicial?
R.- Si es aprobara la pregunta cuatro se afectaría de manera directa el principio de autonomía e independencia de las funciones, particularmente de la función judicial. Ese Consejo de la Judicatura de Transición, que se conformaría de manera diferente a la que está prevista en nuestra Constitución, se dotaría de amplios poderes y quedaría conformado por apenas tres personas, las cuales serían designada por el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Ciudadano, controlando por 18 meses la Función Judicial. Hablando claro, esas tres personas designarán a los próximos jueces y juezas.
La aprobación de esta pregunta conllevaría una gravísima afectación a lo dispuesto por el régimen de transición sobre los procedimientos para designar al Consejo de la Judicatura, porque significaría ignorar el rol que la Constitución designó para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sustituyéndolo por un todopoderoso triunvirato que restringirá los derechos de participación ciudadana, una de las apuestas las firmas y contundentes de nuestro proceso constitucional y modelo de país a desarrollar.
No solo se afecta a la independencia de la justicia, sino que se la vuelve a politizar y de muy mala manera.
P.- ¿Qué opinas sobre modificar la composición del Consejo de la Judicatura según indica la quinta pregunta?
R.- Al configurarse un Consejo de la Judicatura armado con representantes de las otras funciones del Estado, que es lo que se pretende en la pregunta cinco, se estaría afectando a la estructura estatal en su conjunto. Siendo así, esta pregunta debió ser tratada como una reforma y no como una enmienda. Debió por lo tanto pasar primero por la Asamblea Nacional y después al pueblo como indica el artículo 442 de la Constitución.
Pero quiero además referirme a una cuestión previa a lo anterior, la pregunta cinco es inconstitucional en la medida que restringe derechos a la ciudadanía, la cual no podrá concursar directamente para estar representada en dicho Consejo ya que solo podrán hacerlo los designados a dedo por las otras funciones del Estado. Además reduce las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, poniendo en grave peligro de desaparición a esta naciente función del Estado.
P.- ¿Consideras entonces que hay serios retrocesos en materia de participación ciudadana?
R.- El gobierno parece no haber comprendido que una “revolución ciudadana” se hace con una amplia y efectiva participación de una ciudadanía que debate, que cuestiona, que discute, que se involucra y participa colectivamente en la construcción de un escenario de expectativas compartidas.
Compartimos la necesidad de reformar la justicia, pero estamos en desacuerdo y no justificamos meterle mano como pretende el presidente Correa.
Además, es importante aclarar que el politizar la justicia traiciona principios fundamentales de la misma “revolución ciudadana”. Recordemos que el Plan de Gobierno de Alianza PAIS 2007-2011, es decir, el programa de gobierno que mayoritariamente secundó el pueblo ecuatoriano, lo que significó que el Ec. Rafael Correa llegase a la Presidencia de la República, en su página 21 indica que la justicia debe ser autónoma e independiente de los poderes políticos y económicos. La contradicción es grave, porque el propio Rafael Correa participó entre otros muchos compañeros y compañeras a la elaboración del plan de gobierno, el cual fue construido y consensuado participativamente.
Posteriormente, en la Asamblea Constituyente se ratificó de forma mayoritaria esta decisión, y es por ello que nuestra Carta Magna establece en su artículo 168, numeral 1, que: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa”, lo cual es un principio fundamental en un Estado democrático. La cosa no queda ahí, pues este principio fundamental de la independencia política de la justicia volvió a ser ratificado nuevamente y de forma solemne en la Convención de Alianza PAIS el pasado mes de diciembre, tal y como se puede leer en la página 40 de los “Principios y Programa”.
Estas contradicciones tan graves del presidente Correa nos hace pensar… ¿por qué ahora el gobierno está en contra de un eje básico de la Constitución? ¿Por qué el partido de gobierno reniega de sus principios? En definitiva, ¿por qué quiere el presidente Correa meterle mano a la justicia?
P.- Buena pregunta, te la voy a repetir. ¿Por qué el presidente Correa quiere meterle mano a la justicia?
R.- Hablamos sobre la cuestión fundamental sobre la que el pueblo ecuatoriano decidirá el próximo 7 de mayo. En este sentido, hay que reconocer que en nuestro país la independencia de la justicia no ha funcionado en los hechos. Esta circunstancia ha motivado que la lucha constante por conseguir la independencia interna y externa de nuestra justicia. Fruto de esa luchas son la “rebelión de los forajidos” en el 2005 cuando el coronel Lucio Gutiérrez pretendió meter la mano en la justicia, tal y como lo hizo el socialcristiano León Febres Cordero en su época, rodeando con tanquetas la Corte Suprema de Justicia.
Por eso nos parece tan grave que ahora por otros métodos, sea el presidente Correa quien persiga los mismos objetivos. El control de la justicia por parte del gobierno, sea directo o indirecto, se produzca a través de tanques y amenazas o confundiendo a la gente mediante el argumento de que así se va a terminar con la delincuencia, significa en la práctica una preocupante restricción de los espacios democráticos por los que tanto hemos peleado el pueblo ecuatoriano. Justificar eso nos resulta imposible, y a mucha gente nos queda la duda sobre lo que realmente se pretende cubrir con esta intervención del gobierno en la justicia, ¿Serán sus espaldas para el futuro…?
P.- Sobre este período transitorio de 18 meses para cambiar la justicia según propone el presidente Correa, ¿te parece que la justicia de este país se puede cambiar en 18 meses?
R.- Quiero insistir en que las preguntas cuatro y cinco del referéndum, las preguntas con las que el presidente Correa quiere meter la mano en la justicia, son las preguntas medulares de esta consulta. Esas dos preguntas deben ser rechazadas de plano por la ciudadanía, porque además no servirán para resolver la injusticia que impera desde hace años en los tribunales de justicia de nuestro país.
Respondiendo a tu pregunta, será imposible cambiar la justicia en 18 meses y, me atrevo asegurar, que concluido el actual gobierno, vendrá otro empeñado en cambiar “las cortes de Correa”. Y así seguiremos…, y seguirá presente la inseguridad jurídica, base por cierto, de la inseguridad ciudadana.
P.- ¿Cuál en tu opinión la alternativa a todo esto?
R.- La alternativa es simple y eficaz: cumplir con lo que dispone la Constitución, empezando por los artículos 22 y 23 del régimen de transición, así como con lo que está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial.
P.- Hablando con la gente es fácil ver el nivel de confusión y desconocimiento sobre lo que realmente se va a votar el día 7 de mayo. Entre otras, existe mucha confusión con la pregunta seis, que hace referencia a establecer como delito el enriquecimiento no justificado. ¿Cuál tu opinión sobre esta pregunta?
R.- Es grave tipificar como delito el enriquecimiento privado no justificado y existe una distorsión intencionada desde el discurso del presidente Correa en lo concerniente a esta pregunta.
De aprobarse la sexta pregunta, todos los habitantes podríamos quedar bajo sospecha, teniendo que demostrar “nuestra inocencia”. Es decir, se invertiría la carga de la prueba. Aquello de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario pasaría a la historia. Dejaría de existir la presunción de inocencia y esto es muy grave, dado que se pondrá en vigencia un nuevo principio jurídico muy peligroso que debe ser categóricamente rechazado, el principio de la presunción de culpabilidad. Uno debe demostrar su inocencia y no el fiscal o los denunciantes tu culpabilidad.
Una situación así, deja en extrema discrecionalidad la aplicación de la justicia para un delito autónomo, con todas las consecuencias que esto implica. Además, seamos serios, las formas ilícitas de enriquecimiento ya están penadas en la ley. Recordemos también que quienes acumulan fortuna de manera ilícita o no lo hacen con el respaldo de su poder manifestado en abogados, jueces, notarios…
El hecho de tener que demostrar tu inocencia conlleva una lógica muy grave y puede generar serias consecuencias. En caso de aprobarse esta pregunta, esta herramienta inconstitucional podría poner en jaque a los luchadores y luchadoras populares, defensores de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, a quienes ahora el gobierno del presidente Correa los persigue acusándoles de terroristas y saboteadores.
Además, el propio presidente Correa reconoció en Radio FM Mundo, el pasado 28 de marzo, que la pregunta está equivocada. Allí dijo textualmente que lo que se quería es abordar el tema del enriquecimiento privado ilícito, algo totalmente diferente a la pregunta formulada. Es más, Correa dijo en dicha entrevista si gana la consulta, el se compromete a cambiar, en la reforma legal, la figura de enriquecimiento injustificado por ilícito. Entonces para qué se pregunta algo equivocado, a qué estamos jugando…. Por tanto a esta pregunta también se le debe contestar con un categórico No.
P.- Háblanos sobre la pregunta nueve en la cual se indica la necesidad de una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de mensajes en los medios.
R.- Una rápida lectura de la pregunta nueve, en la que se establece la prohibición de mensajes con contenido de violencia sexual y discriminatoria, nos remite a la Constitución. Allí en el artículo 19 ya se prohíben dichos mensajes. La existencia de un Consejo de Regulación no es la cuestión de fondo, lo importante es quienes conforman es consejo y cuáles son sus atribuciones, dado que no deja de preocuparnos la tendencia cada vez mayor del gobierno a ejercer control sobre los medios de comunicación, más allá de los estándares internacionales aceptados y de lo que dispone la misma Constitución.
De hecho, el propio Correa reconoció el 30 de marzo pasado en Atuntaqui, que esta pregunta es innecesaria.
P.- ¿No crees que el presidente Correa pretende con la pregunta diez forzar a los empresarios a que afilien a sus trabajadores al IESS?
R.- El tema relativo a la afiliación de los trabajadores y las trabajadoras al IESS, planteado en la décima pregunta, ya está contemplado en el artículo 327 de la Constitución y en las leyes laborales. Por lo tanto, vuelta al desconcierto. Aquí cabría preguntarse por qué el gobierno del presidente Correa no impulsó oportunamente la aprobación de la ley como manda la Constitución y por qué no presionó a quienes no cumplen este mandato constitucional, en las bananeras, por ejemplo.
Además, te invierto la pregunta, ¿qué pasaría si en esta pregunta ganara el No?, ¿dejaríamos sin seguridad social a los trabajadores y trabajadoras del país?
P.- ¿Cómo interpretas que en esta consulta aparezcan preguntas sobre juegos de azar o que referentes a corridas de toros o peleas de gallos?
R.- Con las preguntas relativas a los juegos de azar (pregunta séptima), las peleas de gallos y las corridas de toros (pregunta octava) no se resolverán los problemas de inseguridad, injusticia, pobreza e inequidad.
En realidad, si realmente estuviésemos viviendo un proceso “revolucionario”, se debió preguntar sobre cuestiones que el gobierno preocupantemente no ha abordado, como la redistribución de la tierra en el campo y las ciudades, la desprivatización del agua, la aceptación o no de la minería metálica a gran escala a cielo abierto o la derogación de las leyes de la época de la dictadura mediante las cuales se está criminalizando a las manifestaciones populares bajo la acusación de “terrorismo y sabotaje”.
P.- ¿Crees que si la ciudadanía vota Sí mayoritariamente en próximo 7 de mayo se estará haciendo renuncia de derechos fundamentales?
R.- En definitiva, con el referéndum y con la consulta se convoca al pueblo a renunciar a varios de sus derechos fundamentales. Se superarían los límites impuestos constitucionalmente para las diferentes funciones del Estado. Se concentraría aún más el poder en el ejecutivo. Con esto se configuraría un retroceso democrático usando una herramienta democrática.
La Constitución de Montecristi escribe con mayúscula y casi en todas sus páginas, la “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. Esto es algo que está severamente amenazado por en esta consulta. Las preguntas formuladas, en su mayoría, no se enmarcan dentro de los conceptos emancipadores de la Constitución de Montecristi, eso nos entristece, nos moviliza y por eso le explicamos a nuestros compatriotas porqué hay que votar No.
P.- ¿Algo más con respecto a la consulta?
R.- Existe mucho desconocimiento sobre lo que se va a decir el próximo 7 de mayo. Todas y todos debemos conocer y debatir las preguntas antes de asumir una posición definitiva. Es decir, hay que hacer todo lo contrario de lo que propuso el presidente Correa el 8 de febrero de este año, cuando, al visitar el cantón Molleturo en la provincia del Azuay, dijo “es momento de votar si por la consulta popular, después discutiremos las preguntas si quieren”.
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