¿Se pueden cuantificar los daños de Texaco en la Amazonía?

Decio Machado (Ecuador)

Según Jonathan Shefftz, un economista financiero formado en el Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, quien elaboró un informe sobre el enriquecimiento injustificado de la Chevron-Texaco, “el dinero que no gastó en una tecnología adecuada para evitar el impacto ambiental, lo invirtió, llegando a obtener ganancias de alrededor de 37.860 millones de dólares”.

De igual manera se manifiesta Pablo Fajardo, denunciando que “si Chevron hubiese realizado una operación responsable en la Amazonía ecuatoriana no hubiesen muerto miles de personas con cáncer, ya que la petrolera estaba obligada a reinyectar el agua tóxica y no arrojar desechos contaminantes en el suelo y el agua. Chevron ahorro mucho dinero a costa de la vida de miles de ecuatorianos y hoy no quiere reconocer el crimen cometido ni su ganancia ilegitimo por eso trata de corromper el proceso judicial”.

“El juicio contra la Texaco Chevron nos demuestra que es posible cuantificar parte de los daños, y que además se los puede judicializar, pese a las presiones de las empresas transnacionales”, indica el académico de la FLACSO y ex Canciller del Ecuador, Fander Falconí, y prosigue, “pero otros daños ambientales no son cuantificables. La desaparición de biodiversidad no se puede contar en dinero, no hay reconstrucción ni reparación posible. Hay valores que no tienen precio”.

De igual manera opina Alberto Acosta, otro académico de la FLACSO que ejerció como presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, cuando señala otra vertiente del conflicto, “en el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de operadores de la compañía en contra de mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social”.

Para Joan Martínez Alier, catedrático de la Universitat Autónoma de Barcelona y uno de los padres de la escuela de economía ecológica, manifiesta que existe un claro trato discriminatorio en este tipo de actuaciones. “Es notorio que a British Petroleum se le ha obligado a depositar una fianza de 20,000 millones de dólares para hacer frente a una parte de las responsabilidades que deberá afrontar. Nada parecido se hizo con la Texaco cuando abandonó Ecuador hacia 1990”. Según el notable académico catalán, “el desastre del golfo de México, que costó la vida a 11 trabajadores de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en mayo del 2010, ha sido y es noticia en todo el mundo porque afectó las costas de un país rico y poderoso. En cambio, en muchos países empobrecidos ocurren casos de contaminación parecidos desde hace decenios sin merecer tanta atención de los medios de difusión, por lo menos hasta que algún juez dicta sentencia”.

Por su parte, Acción Ecológica, una de las organizaciones ambientales mayormente reconocida en Ecuador, considera, “los montos establecidos equivalen a algo más de 5 dólares por barril de petróleo extraído. Las ganancias para el Estado ecuatoriano por la explotación petrolera, en promedio no llega a 5 dólares por barril, pues el Estado paga los servicios de extracción dado que lo que se asegura en este negocio es la ganancia de las empresas. Si a esto le añadimos todos los costos ambientales y sociales que no están considerados y el valor de la reparación de las zonas afectadas. Obviamente, el sacar petróleo significa, por donde se lo mire, un mal negocio para el país”.

La Iniciativa Yasuní ITT como alternativa

Para los sectores indígenas y ambientalistas ecuatorianos, la Iniciativa Yasuní ITT ha vuelto a tomar fuerza tras la sentencia contra Chevron Texaco, dado que se convierte en una alternativa factible frente a las lógicas extractivas en el continente.

La propuesta ecuatoriana pretende mantener en el subsuelo unas reservas de 846 millones de barriles de petrolero en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), , equivalentes al 20% de las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. A cambio, el Ecuador propone que la comunidad internacional contribuya financieramente con al menos 3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera.

Para Fernando Valdivia, técnico ambiental que ha desarrollado estudios en la zona, “sacar crudo del ITT conlleva un riesgo grande; la zona es una inmensa laguna, donde cualquier derrame podría tener graves consecuencias. El crudo es pesado, su explotación supondría más desechos, podríamos estimar que por cada barril de crudo, serían necesarios entre 8 y 9 barriles de aguas tóxicas”.

Y es en ese sentido, en el que Fander Falconí afirma, “no existen tecnologías proteicas que evitarían cualquier daño social y ambiental, en particular en zonas ricas en biodiversidad y sensibles en términos ecosistémicos. Por ello, es mejor aplicar el principio de precaución: ante el desconocimiento de los riesgos, es mejor no emprender proyectos que podrían generar una enorme destrucción. En este contexto, la iniciativa Yasuní- ITT cobra nuevas fuerzas y resulta más relevante. Al dejar el petróleo en tierra, el Ecuador renuncia a un ingreso económico grande, pero, a cambio, proporciona bienes para toda la humanidad. Esta es la esencia de la corresponsabilidad internacional”.

A esto debemos añadir que la Iniciativa ecuatoriana Yasuní-ITT pretende evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, que supondría el uso de los combustibles fósiles obtenidos de la explotación del crudo.