Decio Machado / Sociólogo y periodista
Con fecha del pasado 17 de enero, el Presidente Rafael Correa presentaba a la Corte Constitucional un pliego de 10 preguntas con el fin de ser evaluadas, dado que cinco de ellas pretenden transformar la Constitución, por dicha institución para con posterioridad someterlas a consulta popular.
Las temáticas abordas en esta decena de preguntas abarcan los siguientes temas:
- Incrementar los plazos y endurecer el criterio de la prisión preventiva, e intervenir en Consejo de la Judicatura (gobierno de la Justicia) por parte del Estado.
- Imposibilitar que tanto el sector financiero como el de las empresas de comunicación intervengan o participen en empresas de otros sectores empresariales; y normar los contenidos en los medios de comunicación con el fin de responsabilizar a comunicadores y medios sobre las informaciones emitidas.
- Considerar como delito el enriquecimiento no justificado; prohibir los negocios dedicados a los juegos de azar; y prohibir los espectáculos donde se maten animales.
- Obligar a que los trabajadores en relación de dependencia sean afiliados a la Seguridad Social.
Estas diez preguntas seleccionadas por el Presidente Correa formaban parte de un conjunto de dieciocho que inicialmente pretendían ser presentadas ante la ciudadanía ecuatoriana, y donde se abordaban cuestiones tan delicadas como la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní-ITT, uno de los proyectos bandera de este Gobierno, o la eliminación de la consulta previa a las comunidades afectadas de toda decisión que pueda afectar a su medio ambiente, en relación a la explotación de sus recursos naturales. Sin duda, la decisión de sacar dichas preguntas del pliego final tuvo que ver con que el bloque de oposición a la consulta promovida desde el Gobierno no se viera incrementado por el movimiento indígena y los sectores juveniles de todo el país, los cuales apoyan mayoritariamente la Iniciativa Yasuní-ITT..
Aun así, la decisión de intervenir (preguntas 4 y 5) desde el Ejecutivo al Consejo de la Judicatura, ha significado un cisma al interior de la bancada legislativa del Alianza PAIS, partido de Gobierno, e incluso a dentro del gabinete ministerial. De la coalición de corrientes políticas que conformó el apoyo electoral a la candidatura de Rafael Correa, se ha desgajado Ruptura de los 25, lo que significó la renuncia de dos ministros y varios militantes de dicha organización de órganos del Ejecutivo y la disciplina partidista en el Legislativo y otros espacios de poder.
Paralelamente a esto, sectores progresistas vinculados a los derechos humanos también manifiestan su rechazo a que se incrementen plazos y se modifiquen los criterios de a quien aplicar la caducidad de la prisión preventiva, entendiendo con ello que se vulneran de esta manera principios tan básicos como el “derecho a la presunción de inocencia”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Consulta Sí o consulta No
Sin entrar en debates constitucionalistas sobre si las preguntas del plebiscito violan o no el marco constitucional, esta aún por ver el posicionamiento de la Corte Constitucional en este sentido, es evidente que el Gobierno de la Revolución Ciudadana no midió bien estratégicamente el costo político que le está significando la consulta popular: ruptura en el Gobierno, pérdida de algunos asambleístas en el Legislativo, conformación de un bloque social progresista en defensa de la Constitución de 2008 (considerada como una de las más avanzadas del planeta junto con la boliviana), rearticulación de un frente político común por parte de la derecha (los partidos de la oposición que llamaron al No cuando el pueblo ecuatoriano votó la Constitución se manifiestan “caricaturescamente” hoy por los mayores defensores del texto constitucional), y amplios sectores de militancia decepcionados dentro de la oficialista Alianza PAIS.
Por otro lado, el Presidente Correa tiene todo el derecho a plantear, si así lo considera oportuno, una consulta popular al pueblo ecuatoriano, y será decisión del conjunto de la ciudadanía el reformar o no el texto constitucional, elemento que a veces olvidan los opositores al régimen. La consulta popular es una herramienta de democracia directa, más legítima que la encarnada por la democracia representativa de elegidos durante cuatro años, los cuales en muchas ocasiones olvidan o traicionan las promesas y programas con los que fueron nominados. En este sentido, sorprende ver algunas argumentaciones emanadas desde el bloque de izquierda anticorreísta cuestionando incluso que se haga la consulta popular, y demostrando una enorme incapacidad como para haber planteado iniciativas populares legislativas de carácter progresista, dejando en manos de los partidos y líderes conservadores la promoción de este tipo de iniciativas, como la actual recogida de firmas para el revocatorio del Presidente Correa.
La derecha se queda sin agenda política
Actores externos al Gobierno (líderes de opinión, medios de comunicación,…) posicionaron como elemento principal del debate nacional la temática vinculada a la inseguridad ciudadana. Las argumentaciones sobre las que se apoya el Presidente Correa para plantear la consulta popular, y de hecho las preguntas más conflictivas en dicha consulta, están enmarcadas en la reforma de la Justicia “corrupta y gansteril” mayoritariamente socialcristiana existente en el país, con el fin de combatir el problema de la inseguridad.
El único argumento que ha tenido la oposición conservadora para articular su agenda anticorreísta se ha basado en los incrementos del delito común, sicariato y violencia que se han dado en el país en los últimos cuatros años. La mala gestión de los ministros que se han encargado de la cartera de Gobierno, ministerio llamado ahora del Interior, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana no solo se expresan en el incremento de la inseguridad, sino también en su ineficacia para detectar el intento de golpe de Estado del pasado 30 de septiembre o incluso en haber sido incapaces de emprender la reforma policial necesaria para depurar un cuerpo que es considerado por la ciudadanía como uno de los más corruptos del Ecuador. Es manifiesta la simbiosis de las fuerzas de orden público con los grupos de delincuencia organizada.
Con la consulta, Correa deja “sin piso” a la derecha opositora, quitándoles su agenda y posicionándola en el centro del “tablero del juego” político nacional. Ganará la consulta, al día de hoy, sin haber todavía empezado su campaña por el Sí, la pregunta menos apoyada por el pueblo ecuatoriano goza de un 53% de apoyo y la que más de un 75%; además carece de rivales con entidad política para aguantarle el “cuerpo a cuerpo” electoral.
En todo caso queda para la reflexión algunas cuestiones básicas: se demuestra un importante nivel de ineficacia en la gestión de las políticas públicas de manera especial en los ámbitos de la seguridad; la derecha se quedó sin agenda política pero a costa de que el Gobierno de la Revolución Ciudadana convierta como eje central de su política la seguridad con todo lo que ello implica; la intromisión del Gobierno en los ámbitos de la Justicia es una vieja reivindicación de la derecha ecuatoriana que al final se plasmará en un hecho real con un gobierno progresista; y se han manifestado las disidencias en el interior del mismo Gobierno, a lo que hay que sumar la salida de varios asambleístas del partido oficialista en la Asamblea Nacional, con las consiguientes dificultades para conformar mayorías en el Legislativo, hecho que podría llevarnos a un proceso electoral anticipado. Dejo para el final una cuestión capital: ¿Desde las políticas progresistas se combate la inseguridad con retrocesos jurídicos en materia de derechos humanos?
Publicado en la revista boliviana La Época
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