Decio Machado (Ecuador)
La decisión del Gobierno de Ecuador de auditar la deuda externa del país, identificando sus orígenes “ilegítimos, inmorales e ilegales” abre la puerta a una renegociación de la deuda favorable a los intereses de Ecuador.
El 15 de enero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su informe a la Nación, anunciaba cuál sería la estrategia ecuatoriana con respecto a la deuda externa. Correa precisó, entre otros puntos, que Ecuador intentará recomprar un tercio de la deuda externa (3.210 millones de dólares), que dejó de pagar en noviembre al ser considerada ésta como “deuda ilegítima” por una auditoría independiente.
El presidente ecuatoriano lo decía de esta forma: “Vamos a hacer una propuesta de compra de esa deuda ilegítima, pero quitándole la mayor fuente de ilegitimidad, que fue el alto precio a la que se renegoció, y volviendo a los precios o estimando los precios a los cuales debió canjearse esa deuda”. Correa señaló que “la mayor fuente de ilegitimidad de esa deuda es que cuando el país estaba quebrado y los bonos vendiéndose a 20% de su valor nominal, agenciosamente, fueron nuestros negociadores para que se recuperen los precios y canjear la deuda, pero al 60% de su valor nominal”.
Consultado por DIAGONAL, Diego Borja, ministro coordinador de la política económica, nos indica que Ecuador planea recomprar los bonos con un descuento de al menos un 70% sobre su valor nominal.
La deuda ilegítima
El llamado Gobierno de la ‘revolución ciudadana’ declaró en diciembre el default (suspensión de pagos) para la deuda externa comercial que involucra a los bonos Global con vencimiento en 2012 (por 510 millones de dólares) y 2030 (2.700 millones), los cuales fueron canjeados por los Brady en 2000.
El cuestionamiento del Gobierno de Correa es sobre los tramos de deuda que se consideraron “ilegítimos, inmorales e ilegales” en el estudio realizado por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) y que se presentó oficialmente en el mes de noviembre. Esto ha significado que desde el 15 de noviembre no se esté cumpliendo con los pagos correspondiente a los bonos Global 2012 y 2030, aunque paralelamente se hayan desembolsado 30,5 millones de dólares por intereses de los Global 2015 (que ascienden a 650 millones de dólares), y que fueron emitidos por el propio Ecuador en 2005 para generar directamente recursos. El Gobierno no considera que formen parte de los tramos ilegítimos de deuda, dado que ésta no fue impuesta desde las instituciones financieras internacionales, sino por el propio Gobierno.
Al mismo tiempo que suspende estos pagos, el Gobierno de Ecuador prepara en estos momentos las acciones legales contra los acreedores, instituciones financieras internacionales y, en el plano interno, contra los responsables en gobiernos anteriores de haber generado esta crisis.
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, declaró a DIAGONAL que “el servicio de la deuda externa en nuestro Gobierno jamás estará por encima de la inversión social, que en el año 2008 superó en 940 millones de dólares el pago de la deuda”.
El total de la deuda ecuatoriana ascendía en noviembre de 2007 a 9.985 millones de dólares, el equivalente al 19% del PIB de Ecuador.
Ex presidentes en la mira
Gustavo Noboa, quien fue presidente de Ecuador entre 2000 y 2003, es el quinto jefe de Estado que se presenta ante el fiscal encargado de la indagación previa, Byron Granja, después de que la Fiscalía decidiera investigar el tratamiento que se dio a ciertos tramos de la deuda externa en los gobiernos de las últimas tres décadas. Noboa, quien fue amnistiado el pasado 4 de julio por la desaparecida Asamblea Constituyente del país, tuvo que presentarse ante la Fiscalía el 9 de enero por requerimiento de la justicia ecuatoriana.
La Fiscalía ha llamado a declarar a Noboa, después de haber requerido ya a Lucio Gutiérrez, quien gobernó el país entre 2003 y 2005. También han declarado Rodrigo Borja, presidente entre 1988 y 1992; Fabián Alarcón, presidente entre 1997 y 1998; y Alfredo Palacio, último mandatario ecuatoriano antes de la elección de Rafael Correa.
“El informe de auditoría sobre la deuda externa detecta una serie de problemas de eventuales responsabilidades e ilegalidades que tiene que ser sometido a las autoridades competentes en el tema interno de la Fiscalía General y en el tema externo eventualmente a demandas y juicios en el exterior bajo los tribunales de Nueva York”, declaró a DIAGONAL uno de los portavoces de la CAIC, el historiador argentino Alejandro Olmos.
La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público estableció responsabilidades en presidentes de la República, ministros de Finanzas, autoridades del Banco Central y Junta Monetaria, dictadura militar y procuradores que actuaron en el período que se investiga.
Este artículo fue publicado en el periódico DIAGONAL número 94, el 22 de enero de 2009
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