La detención del primo de Álvaro Uribe o el inicio de una causa contra el propio presidente son sólo dos muestras del gigantesco escándalo de la parapolítica.
Colombia vive una parálisis política sin precedentes en la era Uribe. El 20% de los 268 integrantes del Congreso está en la cárcel y otros 27, entre los que se encuentra la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, están bajo proceso de investigación. Son indagados por la colaboración en sus candidaturas de grupos paramilitares de la extrema derecha. En varios casos, incluso, estos políticos están acusados de planear asesinatos junto a los ‘paras’.
El mes pasado, el primo de Uribe, el ex senador Mario Uribe y líder del partido Colombia Democrática, fue encarcelado por este motivo. En una entrevista divulgada el pasado 23 de abril en RCN radio, el encarcelado ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, denunció que más del 50% del Congreso podría estar involucrado en la “parapolítica”.
El Ejército, también tocado
La fiscalía dictó medidas de control contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón La Popa de Valledupar los que están siendo investigados por vinculación con el paramilitarismo.
La investigación sobre estos oficiales comenzó en enero de 2007, cuando se relevó de su cargo al coronel Mejía Gutiérrez por denuncias que le implican en la conformación de un grupo especial con 14 militares al que se le conoció como el grupo Zarpazo, de acción rápida y que cada vez que operaba causaba bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo al frente del batallón, aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos (sólo en el primer semestre de 2003 fueron asesinados 53 indígenas). Los kankuamos denunciaron a dicho Batallón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsables de varios de estos asesinatos.
Bloqueado el TLC con EE UU
La crisis política de Uribe puede acentuarse aún más si el Partido Demócrata en el Congreso de los EE UU sigue bloqueando la aprobación del TLC con Colombia.
La desesperación del mandatario colombiano es tal que a primeros de mayo contrató a una nueva firma, The Fratelli Group, como lobbista en EE UU con el costo de 300.000 dólares anuales. Aparte de esta empresa de relaciones públicas, la Embajada de Colombia recibe en Washington el apoyo de otras empresas lobbistas : Jonson, Madigan, Pech, Boland & Stewart Inc, y el Glover Park Group.
El presidente Bush había presentado al Congreso estadounidense la propuesta a mediados de abril, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, consiguió que los congresistas aplazaran la votación sobre el tratado hasta nueva orden. No se sabe cuándo se fijará la nueva fecha, aunque los candidatos demócratas en sus campañas han declarado estar en contra del TLC dado que traerá como consecuencia la pérdida de empleo en EE UU.
Compra de congresistas
La ex congresista de Barranca, Yidis Medina, ha acusado a altos funcionarios públicos de haberle “comprado” con puestos su voto para que diera el sí a la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial inmediata. Esta reforma permitiría a Uribe presentarse para su tercer mandato.
El pasado 30 de abril, Yidis entregó lo que se podría considerar la prueba reina : diez resguardos de consignaciones de dinero, por 200 millones de pesos, en una cuenta del ex representante Teodolindo Avendaño, para que se ausentase de la sesión en que sería votada la reelección.
Este artículo ha sido publicado en el número 78 del periódico Diagonal, en la segunda quincena de mayo/2008
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