En 1995 se abrió la discusión sobre privatización del agua potable y saneamiento en Honduras, consecuencia de una propuesta lanzada desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta proponía la descentralización y la creación de una Ley Marco del servicio de agua potable, y a definido el modelo hondureño de privatización.
En el año 2000 el FMI otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua, entre ellos estaba Honduras. Similar condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 millones de dólares para proyectos de agua.
Desde esos momentos Honduras forma parte de los países han vivido procesos y niveles profundos de privatización del agua.
Pero los procesos de privatización de agua no vienen solos. A estos se han asociado: la financiación de represas, la cual supera los 4 mil millones de dólares anuales a escala global, y el negocio del agua embotellada y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido, destacando: el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la explotación, entre otros.
La famosa “municipalización” en Honduras dejó a los municipios la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo.
La “muniprivatización” en marcha.
En octubre de 2003, a pesar de las importantes movilizaciones populares en contra, se aprobó la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Con ella se sentaron las bases jurídicas del cuestionado proceso de municipalización del servicio.
La municipalización se planteó como un paso previo a la privatización del servicio, con un esquema diseñado desde organismos internacionales.
Sin embargo, sólo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan más de un millón de personas, manifestó en su momento que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera de administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.
A través de la “municipalización” este proceso ya esta siendo aplicado en varias ciudades del país entre las que destacan: Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés; y Catacamas en Olancho.
Puerto Cortés. Donde el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) otorga a la municipalidad los activos del sistema de agua potable. Todo este proceso es avalado y financiado con un préstamo del BID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo (ACDI).
San Pedro Sula. Segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de Honduras, desde el año 1999, cuando la Corporación Municipal convocó la participación de empresas internacionales a una licitación para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene privatizada el agua.
En 1998, con el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones y el BID se desarrollo un programa de modernización cuyo objetivo era el de destinar los servicios a un operador privado. Este programa se dirigió exclusivamente a promover la participación de empresas internacionales, no así las nacionales, ya que los requisitos que exigían eran imposibles para un país como Honduras, donde las empresas no contaban con un capital tan alto y no tenían experiencia en el manejo del servicio.
En el año 2001 finalizó el proceso y se le otorgó la explotación del servicio a la empresa italiana ACEA, a través de un contrato otorgado por la municipalidad por un período de 30 años, prorrogable a 10 años más. Esta concesión del servicio es un claro ejemplo de la mala gestión privada del agua, ya que el servicio no ha mejorado, la calidad del agua ha empeorado y las tarifas han aumentado en mas del 100%.
Consecuencias de la privatización en Honduras.
La privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras que tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población, que siempre es la más pobre, de la que no se obtiene beneficios.
La tendencia principal de las potencias y los países industrializados es el control y la monopolización de las fuentes de agua. Lo justifican aludiendo a la gestión pública ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Con capital privado es más eficiente el servicio.
Los pobladores de las zonas más pobres de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y otras ciudades, están pagando por el agua que consumen, se abastecen de vendedores de agua en carros cisternas y envasada que han hecho de esta actividad un negocio. Los aguateros se abastecen en las pilas del operador principal del servicio de la ciudad, SANAA, que les vende el galón de 2.5 centavos de lempira (un centavo de dólar cada 7 galones de agua). Los aguateros suministran a unas 100 colonias marginales que no cuentan con el servicio de agua domiciliaria ni popular por varias razones, entre ellas, el difícil acceso de la red a sus comunidades, sus chozas están en las faldas de los cerros que bordean la capital. Así viven mas de 500.000 personas, los que menos tienen, invirtiendo una gran parte de sus ingresos diarios a la compra de al menos un galón de agua.
Resistencias.
Uno de los casos emblemáticos en todo el proceso de defensa del agua, ha sido las movilizaciones de resistencia a la privatización de Aguas de San Pedro Sula. Pero no es el único, en decenas de municipios (La Esperanza, Intubucá, Concepción,...) existe movimiento en contra del concesionamiento o privatización del agua. En muchos casos, en cabildos abiertos y por unanimidad, se ha acordado prohibir la privatización o concesionamiento e incluso se ha prohibido que se aplique la ley de agua potable.
Honduras lleva sufriendo ya cerca de 20 años los ajustes estructurales, trasnacionalización, privatización de recursos y bienes públicos, represión e impunidad, corrupción gubernamental, imposición de leyes según la conveniencia trasnacional y las recetas del FMI, BID y BM, que ha traído el aumento de la deuda externa y un incremento de la población sumida en la pobreza.
Cuadro de Pobreza:
Clasificación
En pobreza (datos globales)
64.5 % pobreza nacional general
56.3 % pobreza población urbana
73.8 % pobreza población rural
Pobres
17.0 % datos nacional general
20.3 % datos población urbana
13.3 % datos población rural
Muy pobres
47.4 % datos nacional general
36.1 % datos población urbana
60.5 % datos población rural
No pobres
35.5 % datos nacional general
43.7 % datos población urbana
26.2 % datos población rural
Total hogares pobres a nivel nacional 1,258,299
Total hogares pobres área urbana 630,735
Total hogares pobres área rural 627,564
En Honduras, el 64.5 de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares Pobres y No Pobres) y un 35.5% son clasificados como no Pobres. Se destaca en el área rural los hogares En Pobreza con 73.8%, siendo muy pobres el 60.5%.
Publicado en Revista Pueblos en junio del 2007
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