Con más de cien detenidos, entre los que destacan 12 congresistas de la coalición que apoya a Uribe en la presidencia de Colombia, el país afronta una crisis de legitimidad institucional sin precedentes.
El escándalo de la parapolítica en Colombia no para de crecer. Muchas organizaciones humanitarias ya habían denunciado desde hace años esta situación, sin embargo es ahora cuando están saliendo a relucir nombres, datos y hechos que salpican de manera permanente al presidente Uribe.
La impunidad con la que ha actuado el paramilitarismo ha permitido que sus líderes no hayan tenido pelos en la lengua. Carlos Castaño, el antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -responsable de matanzas, masacres y asesinatos selectivos a lo largo y ancho del país-, se vanaglorió públicamente tras las elecciones parlamentarias de 2002, las que llevaron a Álvaro Uribe a la presidencia, de que un tercio de los diputados elegidos apoyaba a los ‘paras’.
El escándalo continúa, y el pasado 14 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de cuatro nuevos senadores: Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. También ordenó la captura del representante de la Cámara de Córdoba, José de los Santos Negrete y de Luis Carlos Ordesgoitia, hasta hace poco uno de los más altos funcionarios de Uribe, ex presidente del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). La acusación sobre todos es contundente: “concierto para delinquir agravado”.
También la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General ha ordenado la detención de 15 personas -todas de la órbita política- entre quienes destaca la ex parlamentaria Eleonora Pineda, muy cercana a Uribe y gran defensora del proceso Justicia y Paz que otorga beneficios judiciales a los miembros desmovilizados de las AUC.
La Sala Penal de la Corte concluyó que todas estas personas trabaron una estrecha relación con los ‘paras’ para obtener beneficio político. La prueba de ello está escrita en el documento llamado Acuerdo de Ralito, firmado por 32 personas, donde aparecen, además de los líderes más temidos de las AUC (Salvatore Mancuso, Don Berga, Diego Vecino y Jorge 40), los senadores detenidos, representantes en la Cámara, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, dirigentes políticos, ganaderos y hasta un periodista. Según Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), “una buena parte de la clase política tradicional del país ha estado haciendo un acuerdo con el ‘paranarcotráfico’ para construir conjuntamente lo que ellos denominan una nueva Colombia”.
Ejército y paras, la misma cosa Con estas nuevas órdenes de captura, los detenidos pertenecientes al entramado político colombiano superan el centenar. Entre ellos hay ya 12 congresistas encarcelados y dos más están fugados. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar detenido, confesó en Medellín el pasado 15 de mayo ante los jueces de Justicia y Paz haber sido entrenado por los militares, así como la existencia de acuerdos firmados por las AUC con varios ex comandantes del Ejército. Todos estos comandantes forman parte hoy del generalato de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Mancuso se definió a sí mismo como “una prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado”. Explicó cómo desde la década de los ‘60 hasta los ‘90 todos los manuales de contraguerrilla de las Fuerzas Armadas justificaban e invocaban el pensamiento de las AUC. Las lista de altos mandos militares implicados es larga, pero entre ellas destacan por su alta graduación los generales Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño e Iván Ramírez. Según Mancuso, con ellos se planeó la extensión de las AUC por todo el país. “Los generales nos indicaban a los escuadrones paramilitares qué terrenos podíamos tomar y qué zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados”, indica el ‘para’ detenido. Y prosiguió diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. El caso del general Del Río es sin duda el más escandaloso. Todas las denuncias que se interpusieron contra él fueron rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares y por los funcionarios de alto nivel. Las pruebas sobre la actuación de este mando militar son tan evidentes que llevó a un juez a proferir una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001.
La detención se realizó en base a pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200 personas durante los años 1996 y 1997, cuando desempeñó el cargo de comandante de la Brigada XVII.No obstante, fue excarcelado el 6 de agosto del mismo año y el 9 de marzo de 2004 el Fiscal General archivó la investigación. Pasión y muerte de un informante es uno de los documentos más interesantes sobre las actividades de Del Río. Está escrito por el sacerdote Javier Girado, y en él se hace un recuento del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por describir las relaciones entre los militares en Antioquia y las AUC.
Según este soldado, “el general Rito Alejo del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el ‘Mono Mancuso’, líder paramilitar. La oficina de dicho general era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el general Del Río les daba confianza; dicho general más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.
Giraldo Yepes denunciaba que Del Río era habitualmente escoltado por paramilitares, y decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser ‘A-1’ (máxima prioridad).
El senador Gustavo Petro le reclamó al presidente Álvaro Uribe, el pasado mes de abril, una explicación de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al general Del Río cuando la embajada de los EE UU había anunciado el retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país publicaban detallados informes de su actividades. Sobre Del Río recaen denuncias de haber actuado en unidad de acción con las AUC, de ser el responsable de desplazamientos violentos de muchas poblaciones campesinas e indígenas, así como de centenares de muertes. Sin embargo, Del Río apenas ha sido investigado.
Publicado en el periódico Diagonal el 23 de mayo de 2007
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