El terrorismo como excusa

Los atentados de Casablanca y el 11 M, han significado un enorme retroceso en los derechos humanos en Marruecos.

Marruecos es visto por los Estados Unidos y la UE como un modelo válido para el mundo árabe, tanto por la estabilidad de su sistema como por algunas medidas liberalizadoras que el régimen alauí ha adoptado en los últimos tiempos. Las reformas de gran calado prometidas por Mohammed VI en 1999, por las que se manifestaba un deseo del nuevo monarca por “otras formas de hacer”, distanciándose del legado de autoritarismo y abusos dejado por su padre, han quedado en nada siete años después. Los cinco atentados sincronizados en Casablanca el 16 de mayo de 2003, perpetrados por 14 suicidas, confirmaron que la “excepción marroquí” ha pasado ya a la historia. Pocos días después de los atentados, el Parlamento aprobó de forma precipitada una ley antiterrorista, la Ley 3/2003, que había estado en discusión desde el otoño de 2002, y que permite que incluso actividades políticas pacíficas puedan ser castigadas, definiendo el terrorismo a su vez de una forma amplia y vaga. La consecuencia de esto ha sido un notable aumento de la arbitrariedad con el que las autoridades proceden a las detenciones, condenas en prisión e incluso penas de muerte.

La libertad de prensa también se vio cercenada. En julio de 2003, Moustapha Alaoui, director del periódico en lengua árabe Al-Ousbou fue condenado a un año de cárcel y suspendida la edición de su periódico por tres meses, bajo la acusación de haber publicado una nota donde la organización as-Saiqa, hasta entonces desconocida, reivindicaba tres de los atentados. En agosto del 2003, también Mohamed el-Hourd y Abdemajid Bentaher, director y redactor jefe respectivamente del semanal ash-Sharq, junto con el director de la publicación al-Hayat al-Maghribiyya, Mustapha Kechnini, fueron condenados a penas hasta de tres años por publicar un texto firmado por el islamista Zakaria Boughrara, donde se supone que se “incitaba a la violencia”. Tanto Amnistía Internacional, como Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos han denunciado que desde los atentados ha habido un notable deterioro de los derechos civiles y políticos en Marruecos. En sus informes se denuncian múltiples casos de detenciones ilegales secretas, torturas, manipulación de testimonios, procedimientos arbitrarios, ausencia de testigos, falta de pruebas, negación de exámenes médicos a torturados y del derecho a la autodefensa. Todo ello bajo el discurso de la lucha contra el integrismo islámico. En agosto de 2003, la justicia marroquí dictó cuatro condenas a muerte, 39 cadenas perpetuas y otras 15 condenas a 30 años de cárcel por los atentados de Casablanca. Meses antes había muerto en la cárcel por “problemas de salud” Abdalhak Mul Sebbat, considerado el coordinador de los atentados.

El atentado del 11-M al año siguiente auspició una escalada de represión aún mayor, con el beneplácito occidental. Hace un año, cuando los juicios afectaban a más de 2.000 personas, Mohammed VI declaraba con cierta ironía: “No cabe duda de que hubo detenciones arbitrarias. Hemos detectado una veintena. Ahora estos casos están siendo examinados por los tribunales. Quiero aprovechar para alabar a las fuerzas de orden público y a la Policía marroquí”. Jordi Balta, coordinador para el Norte de África de Amnistía Internacional, nos indica: “Los casos que se investigan por parte de las autoridades marroquíes son una pequeña minoría comparado con el número de denuncias”. Según declara a DIAGONAL, Abdelhamid Amine, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH): “Han detenido a mucha gente con simpatías con Bin Laden, pero en su amplia mayoría no tenían nada que ver con el terrorismo”. Y prosigue: “Los procesos judiciales no han sido justos, ha habido secuestros, torturas, detenciones por encima del tiempo legal. No se ha permitido a la gente tener testigos de descargo para probar su inocencia, ha habido veredictos absolutamente exagerados, que van desde la pena de muerte hasta condenas a perpetuidad o a 30 y 20 años, por acusaciones que no merecían tales sentencias. Hemos pedido la revisión de los procesos y la libertad de los detenidos”.

La época de Hassan II registró graves violaciones de derechos humanos que fueron calificados de crímenes contra la humanidad por la AMDH. Sólo en diciembre pasado, fueron encontrados tres lugares secretos de enterramiento: tumbas de las víctimas que cayeron en las protestas sociales de los años ‘80, y también de los opositores militares y de la izquierda. Según denuncia Amine, “las detenciones todavía continúan. Hay mucha gente detenida, enjuiciada y pendiente de condena”. Desde que se produjeran los atentados de Casablanca hasta hoy, los servicios de seguridad han detenido a cerca de 10.000 presuntos integristas, y más de 1.200 han sido condenados a diferentes penas. Al menos tres de estas personas han perdido la vida en las comisarías.

TÉMARA: UN ABU GHRAIB EN MARRUECOS

Según el informe de Amnistía Internacional El caso del centro de detención de Témara, un número indefinido de personas han sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos en el contexto de las medidas “antiterroristas” puestas en práctica en Marruecos desde 2002. Las víctimas forman parte de los centenares de islamistas o presuntos islamistas detenidos y encarcelados por su supuesta pertenencia a “bandas delictivas” o su implicación en “actos violentos”. El centro de detención de Témara, dependiente de la Dirección de Vigilancia del Territorio, es uno de los lugares donde más casos de tortura se han denunciado. Decenas de personas detenidas en aplicación de medidas ‘antiterroristas’ han sufrido, al parecer, tortura o malos tratos mientras permanecían recluidas. Su detención en el centro se ha mantenido en secreto, habiéndose ocultado su paradero a familiares y llegándose a mantener detenciones de forma ilegal durante meses. Según estos informes, los detenidos han sido torturados para obligarles a firmar o suscribir con sus huellas dactilares declaraciones que ellos rechazan o niegan. En muchas ocasiones, estas declaraciones han sido utilizadas para condenarlos, a pesar de que en muchos de los casos los acusados se hayan retractado con posterioridad de su declaración ante el tribunal. Algunas de ellas han llegado a significar condenas a penas de muerte (aún por ejecutarse). El Comité de la ONU contra la Tortura ha señalado su preocupación en Marruecos, entre otras cosas, por el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos, especialmente las que implican a la Dirección de Vigilancia de Territorio. El Comité señaló específicamente la falta de información sobre las medidas adoptadas para la investigación de denuncias por parte de las víctimas.

Este artículo fue publicado en abril del 2006 por el periódico Diagonal