Autores:
Carolina Viola
Docente Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctoranda de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Miembro de la Universidad Nómada del Sur.
Decio Machado
Sociólogo y Magister en Innovación Tecnológica y Economía Digital. Director Ejecutivo de la Fundación Nómada y miembro de la Universidad Nómada del Sur.
La democracia está enferma, tal vez nunca estuvo sana; sin embargo, el cáncer que hoy la aqueja se expande rápidamente, contaminando todas sus dimensiones y vaciando de cualquier contenido originario al gobierno liberal democrático, usurpando al pueblo de todos sus atributos en cuanto sujeto soberano (Brown, 2017). Centrar el origen de esta enfermedad des-democratizante en la pandemia sería un error, sus raíces son más profundas y aquejan, en su propia versión y contexto, todos los rincones de América Latina. Las tendencias des-democratizantes operan desde mucho antes, mermando progresivamente la posibilidad de decidir y administrar el poder del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Estas prácticas hacen de la democracia un significante vacío, que ignora el necesario rol del sujeto democrático por excelencia en la repartición del poder político. La relación entre gobierno y pueblo es suplantada por un conjunto de interacciones políticas -más o menos legales y parcialmente secretas- que configuran lo que Javier Auyero denomina “zona gris de las interacciones políticas” (Auyero, 2007, pág. 26)
Según Brown (2010), el proceso de des-democractización es el resultado de la cristalización de un conjunto de fuerzas que operan destruyendo y mermando toda capacidad de participación popular. A lo largo de este texto, nos proponemos concentrarnos en cuatro tendencias principales. Primero, la tendencia a la ocupación o captura por parte de las elites económicas, nacionales y transnacionales, de espacios relevantes en los procesos de gobierno y toma de decisiones. Segundo, la delegación de la toma de decisiones en instancias que no han sido elegidas por el proceso democrático, y por lo tanto no son ni responsables ni responsivas, sino nombradas ad hoc para destrabar o esquivar discusiones y debates propios de las instancias democráticas. Tercero, el peso cada vez mayor de los centros de la planificación global del desarrollo – o subdesarrrollo – que conforman el aparato de saber poder de capitalismo de matriz occidental. Cuarto, el progresivo desgaste de la democracia ante los ojos del pueblo, que se traduce en un descrédito creciente de la política y un franco desinterés del pueblo por participar y ser parte activa de un deficiente sistema democrático.
De igual manera argumentamos que la zona gris de las interacciones políticas se expande con vigorosidad alimentada de las tres primeras tendencias, y, a su vez, es determinante en la desaparición del sujeto democrático interesado en la participación política. Ese desinterés es el resultado de la percepción generalizada de la prevalencia de relaciones políticas opacas, poco legales, poco éticas, poco claras y, en definitiva, poco democráticas.
Finalmente, este artículo se propone problematizar sobre las prácticas políticas que aportan al proceso de des-democratización en América Latina, a partir de la descripción del caso ecuatoriano, con énfasis en las decisiones que se han tomada a partir de la llegada de la pandemia. Desde ahí, reflexionar sobre las nuevas prácticas de control de los cuerpos que están dando forma a nuevos dispositivos para el manejo de las poblaciones, donde la tensión entre lo interno y lo externo, lo nacional y lo global se exacerban y se hacen más evidentes (Foucault, 2006). El Ecuador ha sido, en el último año y dos meses, el escenario de un levantamiento indígena, una pandemia con niveles de mortalidad que lideran tristemente los rankings mundiales, y, el laboratorio de aplicación de una receta neoliberal de crisis. Un escenario de excepción permanente, relevante para reflexionar sobre las tendencias que se vislumbran en la práctica política y el gobierno de poblaciones en la región.
- Progresismos del siglo XXI o el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas en Ecuador.
América Latina vivió entre 1989 y 2005 un apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que determinó, directa o indirectamente dependiendo de los casos, la caída de una decena de presidentes. Tres de ellos en Ecuador: Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005.
Tras esta década de convulsiones sociales cuyo actor principal en el ámbito de las resistencias fue el movimiento indígena y puntualmente sectores ciudadanos de carácter urbano que coincidieron con los primeros en lógicas de organización horizontal y un formato de toma de decisiones de perfil asambleario y radicalmente democrático en el ámbito de lo plebeyo, el campo de lo político quedó abierto para la construcción de nuevas herramientas electorales que canalizaron la salida a la crisis del sistema.
El acumulado de descontento social fue capitalizado por una nueva estructura política -Alianza PAIS- que reproducía la forma jerárquica clásica de toda estructura partido, agudizada en este caso por la relación líder – masa que caracterizó el modelo de liderazgo político durante el reciente ciclo progresista en el subcontinente y que terminó frustrando lógicas participativas en la toma de decisiones que se habían fraguado durante el período de resistencia.
Los progresismos latinoamericanos, concepto utilizado para definir a la izquierda hegemónica continental del momento, llegaron a los gobiernos de sus respectivos países por la vía electoral y con el aval de grandes mayorías que les permitieron gobernar siempre en solitario. Su rol una vez en el poder fue reinstaurar la estabilidad política sin cuestionar la esencia del sistema mediante el fortalecimiento del aparato estatal, convencidos de que el Estado es la herramienta adecuada para impulsar las reformas políticas que consideraron oportunas. En Ecuador la situación no fue diferente, una potente articulación social convertida en contrapoder terminó reconducida a la gestión institucional, pasando a entenderse lo público como desde una perspectiva meramente estatal (Machado y Zibechi, 2017) bajo la égida de una estructura política nueva pero que reproducía formas organizativas clásicas que se presentó bajo el sello del anti-neoliberalismo.
Los diez años de gobierno de Rafael Correa en Ecuador que siguieron a ese momento podrían sintéticamente resumirse de la siguiente manera: reposicionamiento y fortalecimiento de un Estado que había quedado muy debilitado por la etapa neoliberal anterior; puesta en marcha de políticas sociales compensatorias -transferencias monetarias provenientes del excedente estatal hacía los sectores históricamente olvidados- como eje de la nueva gobernabilidad; aplicación de un modelo hiper-extractivista para la exportación de commodities como base de la economía nacional; modernización del Estado y realización de grandes obras de infraestructura; construcción político-simbólica de mitos relacionados a una lógica de culto a la personalidad del líder; así como la implantación de un evolutivo modelo de disciplinamiento y control social tanto desde su vertiente represiva como desde la cultural. En referencia a esto último, asistimos a una combinación de las dos formas básicas de poder trabajadas en ciencias políticas desde Maquiavelo hasta Max Weber: el poder como capacidad de intimidación -capacidad de violencia-, pero el poder también como capacidad de influencia y persuasión -organización de las mentes-. Sobre esto último, se construiría estratégicamente el concepto de hegemonía desarrollado por Gramsci.
En 2008 en Ecuador se ponía en marcha una nueva Constitución, la cual lejos de representar una ruptura insurgente que rompiera de manera drástica y definitiva con el sistema jurídico preexistente, terminó facilitando la disolución de diferencias entre poder y gobierno.
El hecho de que este ciclo progresista se encuadrase en la llamada “década dorada” o “boom de los commodities” hace que se hayan construido axiomas que no se ajustan a la realidad, lo resulta a su vez un indicador respecto al estado de salud en el que se encuentra el pensamiento crítico latinoamericano en este momento.
El eufemísticamente llamado gobierno de la revolución ciudadana convirtió a gran parte de los actores antes de oposición en parte del aparato de poder. Esto implicó el debilitamiento del tejido social activista, conduciendo a una potente y autónoma energía popular forjada desde la multitud hacia estructuras inmóviles y carentes de capacidad para evolucionar como son las derivadas del sistema de representación -la política institucional-. De lo anti-estatal y anti-partidos, por ejemplo la articulación de parlamentos indígenas-populares en el año 2000, se pasó la recomposición estatista desde una visión instrumental del Estado.
Los nuevos gestores estatales reposicionaron el rol del Estado en la economía, recuperaron la planificación central y gestionaron grandes empresas estatales hidrocarburíferas al igual que millonarias inversiones en infraestructura. A la innegable mejora general de los niveles de vida de población, el incremento de la inversión social en salud y educación, el reconocimiento institucional de la diversidad étnica y determinados avances en materia de género, le acompañó una lógica de convivencia cotidiana entre la nueva burocracia estatal progresista y el poder de las élites económicas -tanto con grupos económicos tradicionales como con los emergentes-. Todo ello se hizo sin afectar a los agentes del mercado y a la matriz de acumulación económica heredada del anterior periodo neoliberal.
En la práctica histórica, la construcción de estados fuertes se ha mostrado como la mejor opción para resolver el conflicto inter-élites a favor de los grupos emergentes (Wallerstein, 1998), es así que pese a la desconfianza y resistencias instaladas de las élites tradicionales se generó una nueva casta gestora del Estado que ocupó su espacio sin por ello comprometer la lealtad a la ortodoxia neoliberal de los mercados internacionales y el sistema tradicional instalado en el sistema democrático liberal para la toma de decisiones.
Sin embargo, el progresismo ecuatoriano tuvo más de político que de económico. Es por ello, que el liderazgo populista de Rafael Correa se estableció bajo una modelo que terminó adoptando la lógica de autoritarismo basado en el consenso. En definitiva, lo que se estableció fue una relación de poder marcadamente asimétrica entre un líder/guía muy inspirado y una masa de seguidores que reconocían en él y en su mensaje neodesarrollista la promesa de articulación de un nuevo orden más justo y equitativo para el país.
Sin embargo, el neodesarrollismo ecuatoriano, al igual que el latinoamericano, se mostró notablemente menos transformador que los viejos desarrollismos populistas de mediados del pasado siglo. Mientras los regímenes populistas del siglo XX generaron ciertos niveles de industrialización, la consolidación de las relaciones capitalistas en el ámbito rural y “modernización” del mercado laboral, el neopopulismo del siglo XXI agudizó la dependencia económica de la región respecto a los especulativos mercados de commodities, reprimarizándose las respectivas economías nacionales en busca de mayor renta extractiva y fiscalidad. El método supuso un impacto positivo para Ecuador, lo que se evidenció en sus indicadores socioeconómicos, sin embargo dicho proceso resultó efímero dado que quedó atado a los incontrolables ciclos económicos globales.
El modelo de gestión correista fue exponente del cuestionable papel que juega el control de las instituciones estatales y empresas públicas en la formación de nuevos grupos de poder que posteriormente buscan su reposicionamiento entre las élites.
A su vez, el correísmo entendió la democracia de forma minimalista, vaciando de contenidos mediante políticas clientelares a las hasta entonces vigorosas organizaciones populares, a la par que establecía una lógica de gubernamentalidad foucaultiana basada en relaciones asimétricas del Ejecutivo respecto al resto de poderes del Estado.
La legitimación social del sistema entró en crisis cuando la caída de los precios de los commodities afectó a la economía ecuatoriana y la pérdida de la soberanía monetaria, por efecto de la dolarización (1), no permitió medidas de devaluación para aumentar la competitivas. En estas condiciones llegaron las elecciones del 2017, donde el régimen se vio obligado a presentar una propuesta de relevo presidencial dada la prohibición constitucional de reelección.
El actual mandatario, Lenín Moreno, se presentó inicialmente en continuidad del régimen. Hicieron falta dos vueltas electorales para consolidar su triunfo, evidenciando la pérdida de apoyo popular respecto a los indicadores que había obtenido el progresismo ecuatoriano en elecciones anteriores.
La carencia de homogenización ideológica al interior de Alianza PAIS y la conformación de un programa electoral débil y de perfil interpretativo, hizo que sin el liderazgo carismático de Rafael Correa en el poder el partido de gobierno implosionase. La ruptura política entre el ex presidente Correa y su sucesor en la poltrona presidencial se consolidó de forma muy rápida. El nuevo equipo de gestor del Estado pasaba a experimentar alternativas políticas de perfil más liberal en la búsqueda de encontrar soluciones económicas para la crisis.
En realidad, desde que terminara la época de bonanza económica y el excedente estatal-extractivo en 2014 -última etapa de gestión gubernamental correísta- hasta la actualidad, la economía nacional se encuentra semiestancada. El ingreso promedio existente en 2014, USD 6.347 anuales incluso se ha contraído, el “empleo informal” ha crecido exponencialmente descendiendo el “empleo formal” a cuotas anteriores a la llegada de Rafael Correa al poder. Las actividades productivas están estancadas y el desempleo aumenta, siendo los grupos más afectados los asalariados privados y los trabajadores por cuenta propia. Los procesos de circulación de la economía ecuatoriana reflejan un grave deterioro debido tanto a la caída de los ingresos generados por las actividades al por mayor y menor como en la caída de los precios o deflación, fruto de una demanda interna mermada que se agudiza ahora fruto de la pandemia. En paralelo, al nivel externo la circulación de dólares se ha debilitado por la caída de las exportaciones petroleras y el estancamiento de las no petroleras, complicándose notablemente la capacidad del país para responder a sus compromisos respecto al servicio de deuda.
Sin embargo y como contraste a todo lo anterior, sectores económicos como la banca y otros grandes capitales han mantenido utilidades millonarias pese al estancamiento, mientras la situación general hace que se agudice la elevada desigualdad existente tanto en el ámbito de la relación de ingresos como en la propiedad de la tierra y de los activos empresariales.
- El estallido de octubre: re-significaciones populares de la democracia
El 2019 será un año difícil, donde la crisis económica pero también política y social se sentirá con fuerza, convirtiéndose en una constante en la cotidianidad de la población. En nombre de la crisis el gobierno de Moreno defenderá la adopción de medidas durísimas contra los trabajadores, urbanos y rurales, amenazando de forma concreta sus posibilidades de reproducción material y supervivencia cotidiana. Estas decisiones, tomadas en un contexto de secretismo y opacidad, pondrán en evidencia la compleja red de interacciones políticas que se habían establecido entre las élites y el gobierno.
La austeridad del Estado implicó recortes sistemáticos en los presupuestos y personal de todos los sectores, traduciéndose automáticamente en la reducción dramática de la cantidad y calidad de los servicios sociales. Los planes de austeridad y equilibrio fiscal defendidos por el gobierno respondían a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que bajo el eufemismo de organización de las finanzas públicas demandaba recortes en el gasto público como paso previo a la asignación de un importante rescate económico (2).
Las decisiones se tomarán a puerta cerrada y sin discusión pública previa por parte de un comité técnico ad hoc, compuesto por los representantes del gobierno, de los sectores empresariales y la banca nacional y multilateral. Una práctica que recuerda las negociaciones con las instituciones de Bretton Woods de los años ’90 que, siguiendo las indicaciones del autodenominado Consenso de Washington, sumieron al país en una catastrófica crisis económica, política y social.
En ambos casos las decisiones se demostraron coherentes con la dinámica des-democratizadora que amenaza desde siempre a las democracias latinoamericanas. Lejos de los ojos del pueblo, la decisión del ajuste económico se tomó a puerta cerrada en la cartera de finanzas (3), con la participación de las cámaras empresariales, los representantes de la banca privada nacional y la banca multilateral. Las decisiones serán el resultado de las interacciones políticas grises y poco transparentes que se establecieron entre las élites y el poder político.
De ahí que, los sucesos de octubre ocurrirán en medio de en un clima enrarecido por los sentimientos de engaño, sumados a las preocupaciones sobre las posibilidades reales de reproducción cotidiana de los más pobres y excluidos, en un ambiente de incertidumbre generalizado en la población. Las instituciones democráticas se verán interpeladas, con un gobierno de discursos agotados y un desempeño económico profundamente cuestionado. Debilitado por su incapacidad y limitado por el contexto económico post- boom de los commodities, el gobierno abrió las ventanas para el estallido de las protestas sociales.
El anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles, así como la introducción de otras medidas que se ensañaban particularmente con los salarios de los trabajadores públicos, se enfrentará con la respuesta del movimiento indígena, los sindicatos y el gremio del transporte. Este último llamará a una paralización total el día 3 de octubre. El paro encontró el respaldo de estudiantes universitarios, sindicatos y otros sectores sociales que se sumarán a las protestas. La acumulación de descontentos respecto a la corrupción imperante, la política económica gubernamental y la ausencia de cualquier gestión política autónoma respecto a las élites sirvieron de combustible para la movilización.
La negociación de prebendas corporativas con los gremios de transportistas se superó rápidamente; la multitud asumió el protagonismo de la revuelta con las movilizaciones en las calles. El movimiento indígena, apoyado por sus bases de la Sierra Centro y la Amazonía, se ubicó a la cabeza, convirtiendo la revuelta en un levantamiento indígena y popular. Amplias zonas del centro de Quito adquirieron nueva vida durante los días de las protestas, resignificando estos espacios urbanos como símbolo de la resistencia y la lucha popular.
De las montañas y los cerros que pueblan la Sierra Central del Ecuador bajaron mujeres y hombres, jóvenes y niños a protagonizar el primer levantamiento indígena y popular del siglo XXI. El histórico parque El Arbolito, ubicado en las puertas del casco colonial, adquirió una nueva vida a lo largo de los días de las protestas. El centro de la ciudad será resignificado una vez más como espacio de la lucha popular y lugar de las nuevas resistencias; indígenas, ecologistas, feministas, estudiantes, proletarios, informales cuestionando la esencia de ese poder político elitista y colonial.
El gobierno, incapaz de comprender y ponerle freno a la ira popular, decretaría el estado de excepción en todo el territorio nacional. Los poderes fácticos que controlan la comunicación observarían horrorizados a las multitudes ejercer sus atributos, construyendo –de forma ficticia– un relato de los hechos cercanos al poder. La manipulación de la comunicación y de los relatos no pasarán desapercibidos en la población; según la encuestadora CEDATOS en un estudio publicado en noviembre de 2019, durante las protestas la aprobación a la gestión del presidente llegó a caer al 12% y, los medios de comunicación obtuvieron una valoración negativa por parte del 47.8% de la población (4). Esta tendencia ha ido recrudeciéndose, en septiembre de 2020 la aprobación de la gestión del presidente será tan sólo del 6,2% según la misma fuente (5).
La territorialización de las protestas dotó de característica particulares a estas movilizaciones. El perfil territorial que caracteriza las reivindicaciones de autonomía que llegan desde los territorios indígenas, se plasmó en la territorialización de un Quito incendiado por las protestas. Durante nueve días la geografía de la capital se transformó, la centralidad política dejó el palacio de Gobierno y se trasladó a las zonas de movilización y acampada del movimiento indígena, generándose nuevos escenarios para la conformación de continuas asambleas populares. De igual manera, las universidades mutaron en centros de acopio, descanso, atención y refugio a los movilizados. Se resignificaron y redefinieron los límites y las rutas de la circulación cotidiana teniendo como centralidad el espacio y los tiempos de la protesta. Con el pasar de los días se extendió en los barrios de la capital poniendo en jaque al gobierno nacional.
La respuesta fue violenta, desplegándose el aparato represivo del Estado y dotando a la capital de un paisaje bélico. La estrategia de aislamiento de la capital, mediante toques de queda y despliegue de dispositivos militares, resultó poco exitosa (6); las movilizaciones seguirían escalando en intensidad y radicalidad, obligando al gobierno a una negociación pública retransmitida en tiempo real por TV en la tarde del 13 de octubre de 2020. Una exigencia que buscaba sacar las negociaciones de la zona gris, mostrando que son posibles las interacciones políticas a la luz del día. Tras un debate demoledor en favor de los movilizados, se derogará el decreto 883 (7) y se establecería un acuerdo para iniciar un dialogo nacional. La dirigencia indígena daría por terminado el levantamiento y llamaría al retorno a sus comunidades.
El dialogo prometido con los sectores sociales para la revisión de las medidas económicas se vio empañado por una campaña de represión y desprestigio del Estado contra las figuras más visibles del levantamiento, así como contra organizaciones sociales que manifestaron su apoyo. Arrestos, detenciones y allanamientos serán parte fundamental de los dispositivos represivos desplegados por el gobierno. Ha esto se sumará una importante inversión –en un contexto de crisis– destinado a la compra de equipamiento policial y militar antimotines. El discurso oficial (8) identificará como enemigo a la ciudadanía bajo el ambiguo concepto de subversión, lo que se agudizará con la llegada de la pandemia COVID–19 a finales del mes de febrero de 2020.
- Pandemia y desigualdad: Guayaquil
El gobierno demoraría hasta el 16 de marzo de 2020 en decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional para hacer frente al COVID-19. El virus, importado desde Europa por las clases altas de la ciudad de Guayaquil que allá vacacionaban, se expandió de forma incontenible en los barrios donde habitan los trabajadores que brindan servicios en las casas de la burguesía.
Guayas es una provincia de 3’645.483 habitantes, más de tres cuartos de la población se concentra en la ciudad de Guayaquil (INEC, 2020). Los datos socioeconómicos de la ciudad la ubican en el extremo de la desigualdad; en un país profundamente desigual Guayaquil lidera la lista: el segundo lugar por ingresos a nivel nacional -solo detrás de Quito, y el primer lugar en niveles de desigualdad. Una desigualdad grosera, donde enormes villas con piscinas y canchas de tenis se alzan frente a las chabolas que pueblan la otra orilla del estero que atraviesa toda la ciudad, dividiéndola geográficamente y, sobre todo, socialmente.
Las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades pusieron en evidencia las brechas que afectan a la población en todo el país. Masas de población vulnerable, con economías precarias ligadas al comercio informal y sin capacidad alguna de ahorro se han visto acorraladas hacia los límites de la indigencia como consecuencia de la pandemia (9).
El resultado de esta combinación no podía ser más dramático. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo con cadáveres abandonados en las calles y morgues hospitalarias saturadas. Guayaquil sería rebautizado como el Wuhan latinoamericano. A todo esto, se sumaría el debilitamiento de lo institucional plagado de prácticas políticas corruptas, que se evidencio en los escándalos de tráfico de influencias y sobreprecios en procesos de compras públicas de insumos hospitalarios destinados a enfrentar la pandemia (10). Este constituirá otro golpe más a la institucionalidad, agudizándose la desconfianza y rechazo de la población respecto a su clase política y autoridades.
Uno de los desaciertos más grandes del gobierno a lo largo de la pandemia ha sido el manejo de los datos y las cifras de forma poco transparente y, por decir lo menos, presentando un escenario distante respecto a la realidad observada y vivida por la población. Por un lado, la incapacidad o falta de voluntad de mostrar las cifras reales del impacto de la pandemia contribuyeron a mermar la legitimidad de las vocerías gubernamentales: el subregistro de fallecidos y contagiados de las cifras oficiales se evidenciaba en las pilas de muertos abandonados en los hospitales de Guayaquil. Por otro lado, los datos que recitaban los voceros gubernamentales eran un insulto para las familias que aun buscaban sus muertos entre cadáveres apilados (11) y en proceso de descomposición (12).
Por su parte, las autoridades gubernamentales transferían la culpa de su deficiente gestión a la indisciplina y la falta de compromiso cívico de la ciudadanía. Desde ese relato el Estado intentaría legitimar el uso desproporcionado de la fuerza contra la población, clasificada sobre la base de perjuicios étnicos y de clase. Es así como el Estado profundizará aún más el proceso de normalización del disciplinamiento social y el uso de la violencia, dando tintes autoritarios y antidemocráticos a modelo de gubernamentalidad imperante. La demografía post-pandemia se vuelve clave en la administración y despliegue de estos dispositivos legales, de disciplinamiento y de seguridad para la administración de las poblaciones.
- La nueva normalidad: un pueblo sin atributos
El 4 de mayo de 2020 las autoridades en el gobierno proclamaron el inicio de una “nueva normalidad en el Ecuador”. Las declaraciones de la ministra de gobierno justificaron la reactivación económica aduciendo que “no podemos permanecer encerrados en casa (…) ahora la responsabilidad es de los ciudadanos” (13). Esta nueva normalidad implicó el retorno de miles de trabajadores a sus fábricas y oficinas, sin embargo, no implicó el fin del estado de excepción que se renovó reiteradamente hasta la última caducidad permitida por la Constitución, el 15 de septiembre de 2020. En la nueva normalidad, sustentada en la presión de las cámaras empresariales y no en las recomendaciones de las mesas técnicas de médicos conformadas en diversos gobiernos locales, la curva de contagios y mortandad se mantiene alta, no ha disminuido y presenta repuntes periódicos principalmente en los centros urbanos y, particularmente, en las ciudades de Quito y Guayaquil.
La reactivación implicó también la activación de los procesos de despidos, liquidación de empresas y cierre de negocios en todos los puntos de la ciudad. Uno de los sectores más afectados será el sector turístico y de servicios de hostelería. Ante la difícil tarea de establecer un equilibrio que repartiese de forma justa – a cada uno según su capacidad de resistencia – los costos de la pandemia, el Estado actuará con su acostumbrada coherencia inclinando la balanza de forma más que proporcional en beneficio de las élites. La profunda desigualdad económica y social que caracteriza al Ecuador se vio exacerbada con la pandemia, determinando de esta manera las posibilidades reales de superar o soportar esta compleja situación en el largo plazo. De ahí que la aprobación de la paradójicamente denominado Ley de Apoyo Humanitario ocurra en el marco de una intensa discusión entre los sectores sociales, y una escasa voluntad de escucha por parte de las autoridades.
La negociación política que determinó las decisiones ocurre, una vez más como lo muestran los resultados, en la zona gris de interacciones políticas entre el gobierno y las élites. De igual manera, con la opacidad acostumbrada, el aparato negociador del ejecutivo comprará las conciencias en saldo de los deslegitimados representantes que aún sentaban – o dormían – en la Asamblea Nacional. El costo político de esta decisión antipopular no se hará esperar; en septiembre de 2020 la encuestadora CEDATOS ubicaba la aceptación de la gestión presidencial en el 6% y la de los asambleístas en el 2%. Estas cifras indican de forma contundente la escasa aceptación y legitimidad de las autoridades políticas al mando. Estos niveles de deslegitimación del sistema político en el contexto de la pandemia bordean de forma peligrosa el margen crítico que puede poner en crisis la estabilidad del sistema político.
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario legisló sobre las siguientes cuestiones: reducción de la jornada laboral y acuerdos entre empleado y empleador, regulación del tele trabajo y el establecimiento del derecho a la desconexión, regulación de los despidos de fuerza mayor, facilidades para el establecimiento de nuevos emprendimientos, extensión en la cobertura de la seguridad social hasta 60 días después de la ultima aportación, prorrogas en el pago de deudas, congelamiento y reducción de pensiones educativas, acuerdos de pago para empresas, negocios y personas, prelación de créditos de pensiones alimenticias y, suspensión del desahucio en arriendo.
En la práctica la ley establece una serie de facilidades para el despido y la precarización de condiciones laborales y derechos adquiridos de larga data. Incluso cuando plantea la protección de derechos, como podría ser el caso de la regulación del teletrabajo, la facilidad de los empleadores de ejecutar los despidos y establecer unilateralmente reducciones de jornada laboral ponen al trabajador en una posición muy vulnerable para exigir el respeto de sus derechos; la libre negociación entre las partes, en un contexto de profunda asimetría, inclina la balanza en favor del empleador. Sin embargo, en esta feria libre de los derechos de los ciudadanos, los bancos serán los principales beneficiarios; la ley establece la libre renegociación de las deudas de la banca privada con sus deudores, está aprovechará la urgencia por ampliar loa plazos de pago calculando reajustes con intereses draconianos. Los resultados de esta libertad pesarán, una vez más como era de esperarse, sobre los desgatados bolsillos de los ciudadanos y los restos de su violentada subjetividad democrática.
Finalmente, el rechazo a esta democracia que expropia al pueblo de sus atributos, imposibilitando el ejercicio pleno de su soberanía, se pone en evidencia en la apatía generalizada ante el proceso electoral convocado para el domingo 7 de febrero de 2021, donde se elegirán las cabezas del gobierno: presidente y vicepresidente, y los representantes que ocuparán los curules nacionales y provinciales en el Legislativo. Inversamente proporcional a la relevancia de la elección es el interés que manifiestan los ciudadanos; según el informe de encuestadora CEDATOS (2020), sólo el 20% de la población está muy interesada en el proceso electoral y 49,7% declaraban, a sólo 4 meses del día de las elecciones, no tener ningún interés en el proceso.
- En qué estado está la democracia en Ecuador (14)
La evolución de las prácticas de gobierno en los últimos meses ha puesto en evidencia la necesidad de las élites de establecer cambios en la gubernamentalidad que normalicen la estructura de desigualdades, a través de una reactualización de los dispositivos legales, de seguridad y disciplinamiento de la población. Si bien este proceso no inicia con la pandemia, en el contexto de la crisis sanitaria se acelera la formación de un Estado de seguridad cada vez más distante de la idea del gobierno del pueblo.
En definitiva, podemos afirmar que las democracias latinoamericanas post-pandemia se presentan débiles en prácticas democráticas y populares, e intensas en prácticas des–democratizantes controladas desde las élites. Nos encontraríamos frente a la normalización de un modelo de gubernamentalidad autoritario, que mina las bases de la gubernamentalidad democrática. Una democracia que han venido persiguiendo, con mucha fatiga y de forma nada lineal, desde la década de 1980.
En el Ecuador, esta inclinación hacia prácticas autoritarias y antipopulares han acelerado exponencialmente las tendencias des-democratizantes, retrocediendo rápidamente logros y derechos alcanzados en las últimas décadas en el ejercicio del poder desde el pueblo. En este artículo hemos planteado la existencia de cuatro tendencias que consideramos necesarias para la aceleración, y llevadas en sentido inverso también la reversión, del proceso des-democratizador.
En primer lugar, vemos como se multiplican en número y relevancia las instancias técnicas de toma de decisiones creadas ad hoc, sin el peso de la responsabilidad y responsividad que deben al pueblo las instituciones democráticas. La re-localización de los espacios de toma de decisión en instituciones que puedan ser controladas por la población, sea de forma indirecta – a través de organismos de control – como directa – ejerciendo de forma directa del control social sobre las acciones de los gobiernos e instituciones públicas es vital si queremos devolver el poder al pueblo. De igual manera es importante cuestionar y exigir retirar el velo técnico de las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Esto implica un cuestionamiento de las jerarquías poder sobre las que se asienta el acceso y la posibilidad de producción del saber en la sociedad.
En segundo lugar, las demandas de la banca multilateral -FMI, pero también otros acreedores y tenedores de bonos- se pondrán por encima de la población, acelerando el pago del servicio de la deuda sin reparar en las necesidades de salud, educación y alimentación básica de su ciudadanía. La banca global suplanta al pueblo mermando sus atributos, ignorando las demandas de las movilizaciones de octubre. Se revierten los logros obtenidos en las luchas populares traicionando, una vez más, al pueblo por quien dicen gobernar. De igual manera la legitimidad de esta decisiones se verá empañada por la migración del ministro de economía y finanzas a un alto cargo en la banca internacional de desarrollo ignorando, la prohibición constitucional; estas acciones, que huelen a puertas giratorias, llevan a la población a cuestionarse sobre la prioridad del servicio anticipado de tramos de deuda – que después fueron aplazados como medida de apoyo a los deudores en el marco del COVID-19 – por encima de sueldos de profesores, personal de salud y otros funcionarios públicos imprescindibles en el contexto actual.
Tercero, las prácticas de represión y violencia contra la población más vulnerable se normalizan; la perdida de derechos y condiciones para su garantía es incluso más veloz, infectando a la población de forma más eficiente que la pandemia. De ahí que, los aparatos represivos del Estado devengan objetivo prioritario de los esfuerzos de inversión pública, aun en un momento de crisis del sistema sanitario y de seguridad social. La normalización de la violencia estatal se refleja, a su vez, en la normalización de la violencia social, alterando el delgado equilibrio que permite la seguridad.
Finalmente, a las puertas de un nuevo proceso electoral, la población no tiene ninguna expectativa respecto a la política y las instituciones democráticas formales. La zona gris de las interacciones políticas ha dejado los márgenes del Estado y ocupa el centro de la política, afectando de forma profunda la legitimidad de las instituciones democráticas, transformándolas en un contenedor vacío. Queda solo esperar a ver si esta ausencia de democracia institucional podrá ser paliada por las multitudes en las calles.
NOTAS:
- La economía ecuatoriana fue dolarizada el 9 de enero de 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad, luego de una gran crisis económica e inflacionaria. El impacto de la dolarización implicó la pérdida de soberanía monetaria, así como un aumento exponencial de los niveles de migración ecuatoriana a otros países, estimada en unos dos millones de personas, y el colapso de las clases medias por pérdida del valor de sus ahorros y salarios.
- En ese momento el FMI se encontraba negociando préstamos con el gobierno del Ecuador por un valor de $4.200 millones bajo la condición de un ajuste estructural enfocado en la reducción del déficit público.
- Es importante señalar que la Cartera de Finanzas se encontraba ocupada por un el ex presidente de la Cámara de Industrial y Producción del Ecuador, y del Comité Empresarial Ecuatoriano. El economista Richard Martínez ocupó el cargo de ministro de finanzas hasta octubre de 2020. Días después de abandonar su cargo fue nombrado por el Banco Interamericano de Desarrollo como Vicepresidente de países miembros, a pesar de que el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente este tránsito de altos funcionarios del ministerio de finanzas hacia altos cargos de la Banca Internacional. Ante el cuestionamiento suscitado en la opinión pública por el nombramiento, el exfuncionario declarará no estar violando la Constitución pues a su criterio el BID “no es un organismo que capta y presta recursos como un banco comercial”, además “no califica como acreedor del país porque no tiene fines de lucro y no persigue intereses de accionistas particulares”. Más allá de las elaboradas justificaciones de técnica jurídica utilizadas para esconder una violación evidente de la Constitución, nos encontramos en la compleja zona gris donde ocurren los procesos de captura del Estado, a partir de la ocupación directa de las elites de altos cargos públicos y, el accionar de las puertas giratorias que acercan el gobierno a los intereses empresariales nacionales y globales, y lo alejan, cada vez más, de las demandas del pueblo.
- Estos datos fueron publicados por la empresa CEDATOS en 15 de noviembre de 2019. También se incluyeron en un artículo de la revista digital Primicias del 18 de noviembre de 2019: https://www.primicias.ec/noticias/politica/ffaa-policia-instituciones-mejor-evaluadas-tras-protestas-octubre/?fbclid=IwAR1-b2XIZvU7zqtSIBrAKcWbiM9etdTxTplmbhLppdpnD_lYav7jK3hXBfc
- En septiembre de 2020 CEDATOS publica un nuevo informe con un balance sobre la opinión pública del periodo septiembre 2019 – septiembre 2020.
- Según Human Right Watch: “Durante las protestas de octubre, agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas (…) De las 11 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, al menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad”.
- El decreto ejecutivo número 883 fue publicado el 1 de octubre de 2019 y eliminaba el subsidio al combustible.
- Al respecto, Oswaldo Jarrín, ministro de defensa del Ecuador declaraba el 7 de diciembre de 2019 “(…) las protestas se dieron con la presencia de la insurgencia. No solo sacamos una lección, sino que aplicamos una reacción. La directiva del Ministerio de Defensa es para enfrentar ese tipo de conflicto interno que está como insurgencia y no es otra cosa que grupos sociales de diverso tipo que se organizan, se valen del conflicto interno, de la rebelión, de violencia criminal, de actos de terrorismo para quebrantar el orden constitucional y democrático y sacar al Gobierno; eso se llama insubordinación e insurgencia”.
- El empobrecimiento de la población es el escenario que se avizora para el Ecuador. Según un informe publicado por la CEPAL en el mes de abril, se espera que el país cierre con un PIB negativo de -6,5%; uno de los peores desempeños económicos de la región. (CEPAL, 2020). Un informe posterior del FMI elevaría la contracción al -9.5%.
- El periódico español El País publicó el 4 de junio de 2020: “Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia”.
- La respuesta de las autoridades locales y las elites fue la donación ataúdes de cartón para enterrar a los más pobres, condenados a vivir y morir en cajas de cartón.
- El 4 de mayo de 2020, Diario El Comercio publicaba la siguiente nota: “237 cadáveres en descomposición se hallaron en contenedores cerca de hospital en Guayaquil; 131 de ellos sin identificar”.
- Declaraciones de la Ministra de Gobierno María Paula Romo a los medios de comunicación. Romo es la principal responsable política de los excesos de la violencia policial en octubre 2019.
- Hacemos referencia los textos escritos por Agamben, Brown, Rancier, Luc Nancy entre otros, y recopilados en el texto Democracia ¿en qué estado? .
Bibliografía
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Agamben, Giorgio, Et. al. (2010) Democracia ¿En qué Estado? . Prometeo Libros. Buenos Aires.
Auyero, Javier (2007). La zona Gris. Violencia colectiva y política en la Argentina contemporánea. Siglo XXI editores, Buenos Aires, Argentina.
Brown, Wendy. (2010). «Hoy en día, somo todos demócratas». En: Giorgio Agamben et. Al. Democracia ¿En qué Estado? Prometeo Libros. Buenos Aires.
Brown, Wendy, (2017). «La destrucción de la democracia y la reconstrucción neoliberal del Estado y del sujeto». En: El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Malpaso. México.
CEDATOS. (2020). Opinión de la población entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. Disponible en: https://cedatos.com.ec/blog/2020/09/19/cedatos-opinion-de-la-poblacion-entre-diciembre-2019-y-septiembre-2020/
CEPAL. (2020) Informe Especial N. 2, COVID-19. Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Abril.
Diario El País. (2020). “Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/una-oleada-de-casos-de-corrupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html . Consultado el: 09/06/2020
Diario Expreso (2019). Oswaldo Jarrín: “Las protestas de octubre llegaron a nivel de insurgencia”. Disponible en: https://www.expreso.ec/actualidad/oswaldo-jarrin-protestas-octubre-insurgencia-980.html . Consultado el: 09/06/2020
Diario El Comercio (2020). “237 cadáveres en descomposición se hallaron en contenedores cerca de hospital en Guayaquil; 131 de ellos sin identificar”. https://www.elcomercio.com/actualidad/cadaveres-descomposicion-guayaquil-covid19-contenedores.html
Foucault, Michel (2006) Seguridad, Territorio, Población. Curso del Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica. México D.F
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Orwell, George. (1945). Rebelión en la granja. Edición Digital. Disponible en: https://books.google.com.ec/books/about/Rebeli%C3%B3n_en_la_granja.html?id=BP7JBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Primicias. (2019). “FF.AA. y Policía son las mejor evaluadas tras las protestas de octubre”. Consultado el 10/11/2020. Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/politica/ffaa-policia-instituciones-mejor-evaluadas-tras-protestas-octubre/?fbclid=IwAR1-b2XIZvU7zqtSIBrAKcWbiM9etdTxTplmbhLppdpnD_lYav7jK3hXBfc
Registro Oficial del Ecuador. Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 22 de junio, 2020. Disponible en: https://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2020/a2_41.pdf
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