Por Decio Machado / Miembro del Consejo Editorial de Ecuador Today y Director Ejecutivo de la Fundación Nómada
Con más de dieciséis puntos de diferencia el Movimiento al Socialismo (MAS) recuperó su hegemonía política en Bolivia tras la jornada electoral del pasado 18 de octubre. La votación alcanzada por el binomio Lucho Arce y David Choquehuanca se sitúa ocho puntos por encima del cuestionado resultado obtenido por Evo Morales un año antes y que desencadenó la instalación de un gobierno de facto.
El resultado electoral del MAS pondría en cuestión la tesis del fraude electoral posicionada un año atrás desde la Organización de Estados Americanos (OEA), al igual que lleva al traste la estrategia diseñada entre élites económicas nacionales y el Departamento de Estado norteamericano de instaurar un período de cuatro años de estabilidad política postmasista con el ex presidente Carlos Mesa a la cabeza.
Queda por ver si realmente el nuevo Ejecutivo, que será encabezado por Arce y Choquehanca, serácapaz de implementar lógicas de renovación al interior del Gabinete tal y como se comprometieron con el pueblo boliviano, así como sacar al país de la crisis en la que se hundió tras la breve instancia del gobierno transitorio en el poder. Ni David Choquehuanca es Evo Morales, de hecho cuestionó la repostulación de este en 2019, ni Luis Arce tiene la intención de someterse al líder carismático de su movimiento. El MAS actual es un espacio en disputa y habrá que ver como se reparten las nuevas posiciones de poder para entender el pulso interno de estas nuevas corrientes.
De igual manera, el actual triunfo del MAS se da en condiciones distintas a las del 2005. Hay múltiples errores durante las gestiones gubernamentales anteriores que deben ser subsanados. De hecho, han sido múltiples los voceros de organizaciones sociales y campesinas, indígenas y no indígenas, que han manifestado profundas críticas respecto al accionar de la izquierda tradicional en el gobierno y a sus lógicas de cooptación del poder. Según muchas organizaciones del tejido social que han apoyado con el voto la candidatura de Arce y Choquehuanca, la clave de la revitalización para un nuevo proceso de cambio viene de la mano de lograr reimpulsar la capacidad de autogestión y autonomía perdida desde el frente popular durante los últimos años bajo lógicas clientelares, retomando viejas propuestas alternativas y articulando otras nuevas tanto en el ámbito político participativo como productivo, organizativo y cultural.
Pero hagamos memoria…
El 20 de octubre de 2019 se habían realizado los anteriores comicios presidenciales y legislativos en Bolivia. Aquel proceso venía cuestionado desde que Evo Morales perdiera dos años y medio antes el referéndum por una modificación constitucional mediante la cual pretendía aspirar a una nueva reelección, siendo posteriormente habilitado -bajo una lectura sumamente forzada del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos- como candidato presidencial por el Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2018.
El proceso electoral del año pasado fue cuestionado bajo acusaciones de fraude electoral tanto por partidos de oposición como por diversas organizaciones del tejido social boliviano. Este hecho tiene su origen en la interrupción abrupta por casi 24 horas de la transmisión de resultados rápidos cuando el recuento alcanzaba ya el 83,76 pro ciento de los votos y Morales, pese a liderar la votación, no alcanzaba la diferencia porcentual necesaria para ganar en primera vuelta. Cuatro días después, el mismo Tribunal Supremo Electoral que había validado la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera como binomio presidencial, pese a los resultados del referéndum de 2016, anunciaba con el total de votos escrutados que el MAS se imponía sin necesidad de segunda vuelta con el 47,08 por ciento de los votos frente al 36,51 por ciento de su principal opositor (en Bolivia se gana en primera vuelta si se alcanza el 40 por ciento de los votos con una diferencia del 10 por ciento sobre el segundo más votado). En paralelo, grupos opositores liderados por el líder ultraconservador santacruceño Luis Fernando Camacho se tomaban las calles y protagonizaban choques con simpatizantes del MAS que pretendían defender la legitimidad del proceso. A primeros de noviembre, ya sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Evo Morales se veía obligado a renunciar y abandonaba el país.
Sería a mediados de ese mismo mes cuando la vicepresidenta segunda del Senado, la abogada Jeanine Añez, asumiría -biblia en mano- la poltrona presidencial tras la renuncia de los masistas Evo Morales como presidente de la República, de Álvaro García Linera como vicepresidente, de Adriana Salvatierra como presidenta del Senado y de Victor Borda como presidente de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios del MAS, bloque legislativo mayoritario, no participarían de aquella votación significando su rechazo a esta sucesión. Quince días después quedaban restablecidas las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia, suspendidas por once años tras la expulsión -en septiembre de 2008- del embajador estadounidense en La Paz, Philip Golberg, por conspirar junto a la oposición política nacional contra Evo Morales.
La resistencia desde sectores populares a la investidura de Añez no se mantuvo por mucho tiempo, lo que fue interpretado como un debilitamiento del músculo movilizador del MAS tras catorce años de gobierno ininterrumpido. Sin embargo, en la algarabía inicial se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata (15 y 19 de noviembre respectivamente) protagonizadas por efectivos policiales y militares sobre la población civil y respecto a las cuales Jeanine Añez tiene responsabilidad por delitos de lesa humanidad según reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Durante su gestión, el gobierno dirigido por la conservadora Añez no pudo conducir el país de forma más desastrosa durante estos once meses de mandato. Si bien es cierto que la pandemia agravó una crisis económica que ya estaba en curso debido a la inestabilidad política generada en el país, el gobierno transitorio fue incapaz de impulsar políticas que amortiguasen el impacto de dicha crisis sobre los sectores más humildes de la población. En ese contexto, las grandes mayorías de la sociedad boliviana llegaron a las recientes elecciones añorando el crecimiento y bonanza económica que tuvo lugar durante los catorce años consecutivos de gobierno masista y especificamente bajo la gestión de Luis Arce en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Durante este período el PIB nacional pasó de 11.520 millones de dólares a 41.196 millones de dólares, habiéndose conseguido reducir la pobreza del 60 al 34 por ciento según datos del Banco Mundial.
En paralelo, durante los actuales once meses de gestión del gobierno de facto estallaron múltiples casos de corrupción y nepotismo en medio de la crisis sanitaria derivada por la Covid-19, lo que hizo que las denuncias de corrupción que se habían vuelto permanentes en la prensa y los juzgados contra el gobierno del MAS perdiesen valor negativo ante la ciudadanía boliviana. Tanto la gestión de la pandemia como la gestión económica del gobierno transitorio fueron en extremo deficientes. En medio del sufrimiento de la gente, con oficialmente cerca de nueve mil fallecidos por la pandemia en una población de 11.6 millones de habitantes, la vieja política retornada al poder no escatimó en escándalos de corrupción, siendo el entorno inicialmente más cercano a Jeanine Añez destituido y estando en la actualidad investigado Arturo Murillo, ministro del Interior y hombre duro del gobierno.
De igual manera, la persecución política emprendida desde el gobierno transitorio sobre altos funcionarios del gobierno de Evo Morales, líderes populares y cuadros dirigenciales del MAS convirtieron al hasta entonces partido hegemónico boliviano en víctimas y generaron inquietud y solidaridad entre el sector fundamental indígena y las clases más empobrecidas. La vuelta a las políticas neoliberales, a la inestabilidad económica y a gobiernos de corte racista existente en Bolivia antes de la llegada de Evo Morales al Palacio Quemado determinó que un amplio voto indeciso y oculto, todavía existente días antes de la jornada electoral, se inclinara definitivamente por el MAS.
Aciertos estratégicos de campaña
Frente a los analistas políticos de los grandes medios hegemónicos, quienes teorizaban un triunfo insuficiente del MAS en primera vuelta para posteriormente ser derrotados en la segunda frente a toda la oposición unida bajo el clivaje anti-Evo vs MAS, la campaña de Arce-Choquehuanca apostó por consolidar su voto fidelizado y rural. Esto implicó un modelo de campaña muy vinculado a organizaciones sociales y sindicales y con claro corte movilizador y popular. Algo que no había hecho Evo Morales en 2019 y mucho menos las oligarquías conservadoras bolivianas desde su histórica posición de desprecio a todo aquello que les pareciese indígena y/o plebeyo.
Además, Arce marcó diferencias y llegó a cuestionar en sus discursos de campaña determinadas decisiones tomadas en el gobierno de Evo Morales. Prometió un gobierno de renovación y no mantenerse en el poder por más de una legislatura, lo que a la postre implica una hoja de ruta marcadamente diferente a la de su predecesor. Lucho Arce, quien tiene más de tecnócrata que de líder caudillista, habló de conciliación nacional y desterró cualquier posibilidad de revanchismo -incluso contra quienes diseñaron el supuesto golpe de estado- durante su gestión de gobierno.
Su discurso estuvo dirigido a los fuertemente golpeados actores de la economía informal y a las clases medias bajas en riesgo de volver a caer en la pobreza, fruto del impacto económico de la pandemia. De igual manera, se azuzó en redes sociales el conflicto existente entre las tres principales candidaturas antagonistas encabezadas por Carlos Mesa, Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, agudizándose la división del voto conservador. La tardía retirada de la candidatura de Añez no implicó un crecimiento del voto de Mesa, el principal opositor, sino que más bien fue rentabilizado por Camacho. El Departamento de Santa Cruz, segundo bolsón más importante de votos en Bolivia y de perfil político claramente antimasista, nunca apoyó la candidatura de Carlos Mesa.
Retos inmediatos
El retroceso económico de Bolivia durante este último año, sumado al impacto en materia de salud y economía de la pandemia, el desmantelamiento de las empresas estatales, la paralización de las plantas industriales creadas por el MAS, así como la disminución de las reservas internacionales implican la necesidad de medidas inmediatas en materia económica que permitan rearticular la senda de crecimiento estable en la que estaba anteriormente el país. Bolivia está obligada a dotar de recursos al erario público para atender las múltiples demandas incumplidas en los últimos meses provenientes desde la sociedad. Se desfondaron las arcas públicas durante la gestión del gobierno transitorio y está por ver la capacidad de atracción de recursos externos por parte del nuevo gobierno masista en la próxima etapa. Replantear una política de corte neokeynesiano, sin por ello caer en las viejas lógicas hiperextractivistas que generan conflicto social propias del pasado ciclo progresista, implica medidas creativas con ciertas dosis de pragmatismo que han de ser diseñadas por el nuevo gobierno.
A diferencia de los gobiernos de Evo y de Añez, ambos aliados tácticamente al sector del agronegocio, el Ejecutivo que encabecerá Luis Arce debe dar fin a los repetidos ecocidios de 2019 y 2020 que significaron la quema de millones de hectáreas de bosque en Bolivia. Esto implica control sobre las plantaciones comerciales destinadas a la exportación y el control sobre el cultivo de transgénicos, pese a que Arce ha planteado como pilar estratégico de su economía la producción masiva de biocombustibles.
El respeto a la autonomía de las organizaciones sociales mediante la no cooptación clientelar de estas implica una dinámica social popular democrática no existente durante la pasada gestión del poder por parte del MAS. En paralelo, desde el ámbito de la democracia formal, la independencia y separación de poderes del Estado debe ser respetada, siendo su incumplimiento uno de los pilares sobre los que armó la oposición su estrategia de desestabilización política.
Por último, es un deber de las izquierdas recuperar el discurso de la ética y la lucha contra la corrupción. Durante el ciclo progresista estas banderas se perdieron y fueron captadas de forma mentirosa por una derecha sin trayectoria histórica en este sentido. Los nuevos gobiernos progresistas en el subcontinente, Bolivia no es una excepción, deben gestionar de forma transparente y estar prestos a no caer en nuevos idilios tanto con grupos de capital nacional como internacional.
En definitiva, el progresismo latinoamericano tiene una segunda oportunidad en Bolivia. Si bien es cierto que lo que más ayudó al MAS a recuperar el poder fue la desastrosa gestión del Estado implementada durante casi once meses de gobierno transitorio, hecho que hizo que la sociedad boliviana perdonara antiguos errores en la gestión de Evo, hoy la izquierda boliviana tiene una segunda oportunidad. Dependerá de sus aprendizajes y de la capacidad de presión que se ejerza desde el tejido social organizado que esta segunda etapa de gestión masista del poder vaya a buen fin.
Fuente: https://vientosur.info/una-nueva-oportunidad-para-el-progresismo-latinoamericano/