Semana caliente en la crisis venezolana

Por Decio Machado / Semanario Brecha

El pasado sábado 23 de febrero, Juan Guaidó -reconocido ya por medio centenar de países- cumplía un mes como presidente interino de Venezuela. Este aniversario se dió entre dos conciertos ideológicamente enfrentados a pocos metros de distancia de un lado y otro de la frontera colombo-venezolana, manifestaciones de uno y otro bando en disputa en distintas ciudades de la república bolivariana y el bloqueo de cuatro puentes en frontera, lo que no permitió la entrada de la ayuda humanitaria almacenada en Colombia hacia el interior de Venezuela. De esta manera la aseveración de Guaidó, “la ayuda humanitaria entrará sí o sí, por mar o por tierra”, quedó en nada para desprestigio del nuevo líder de la oposición antichavista.

Nicolás Maduro, el “otro” presidente venezolano, había calificado la caravana humanitaria que pretendía ser encabezada por Guaidó como un “show barato”. Hay que reconocer que algo de razón tuvo debido a que su gobierno había ordenado bloquear los puentes fronterizos con contenedores de camiones, suspender los zarpes y arribos en todos sus puertos y el cese de tráfico aéreo privado y comerciales con Curazao, donde también se acopia ayuda humanitaria. 

Tras el bloqueo de los puentes y el llamado a la deserción al ejército bolivariano por parte de Juan Guaidó, la respuesta del régimen se puede resumir en una socarrona frase de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y segundo en la estructura de poder del régimen chavista: “para un ejército de más de 280.000 efectivos, que se lleven a 12 no es importante…”. En todo caso y pese a que Maduro mantiene el control sobre sus fuerzas armadas, se estima que a la fecha de hoy son más de 300 efectivos militares venezolanos los que han cruzado las fronteras de Colombia y Brasil -la mayoría de ellos de rangos bajos y medios- desde el pasado sábado. 

El mes de mandato de Juan Guaidó se ha caracterizado básicamente por acciones simbólicas, no le queda otra dado la carencia de estructura de poder gubernamental de la oposición venezolana. A finales de enero nombró representantes diplomáticos en varios países que han reconocido su presidencia interina -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos o Paraguay entre otros-. A través de estos y con apoyo estadounidense, Guaidó lanzó una ofensiva diplomática con el fin de presionar a Maduro para que se convoquen elecciones lo antes posible. Otro objetivo hasta ahora también fracasado.

Tras sus peripecias del pasado día 23 en la ciudad colombiana de San José de Cúcuta, Juan Guaidó quedó fuera de Venezuela tras haber sido cerradas las fronteras de su país. El momento y la forma de su vuelta a Caracas, al momento de elaborarse este artículo, es aún una incógnita.

El lunes 25 de febrero, tras el fracasado reto al chavismo de la oposición venezolana, se reuniría en Bogotá el Grupo de Lima. Pese a las beligerantes declaraciones de Trump momentos antes de la cumbre, no se dio el ultimátum militar que los sectores políticos más conservadores esperaban. El fantasma de la intervención, aireado -entre otros- por dirigentes opositores venezolanos como Julio Borges o el mismo Guaidó, de momento ha quedado en el limbo. La presión internacional a Maduro queda enmarcada en el estricto ámbito diplomático y económico.

Al día siguiente, tras la reunión del Grupo de Lima, se procedería con una nueva reunión -la segunda ya desde la autoproclamación presidencial de Guaidó- del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta se denunció, por parte de la embajadora estadounidense Rosemary DiCarlo, al gobierno de Maduro por “bloquear” el ingreso de “ayuda humanitaria” al país. En su alocución DiCarlo manifestó, amenazadoramente, “es hora de reformar nuestro compromiso con el bravo pueblo venezolano”.

Sin embargo el Grupo de Lima se muestra resistente. En dicha sesión, el representante de Perú, Gustavo Meza-Cuadra, encabezaría la posición mayoritaria del Grupo de Lima. Según Meza-Cuadra, un cambio de gobierno en Venezuela “debe ser conducido por los propios venezolanos de manera pacífica (…) sin el uso de la fuerza”. La voz europea fue protagonizada por el representante francés, François Delattre, quien de igual manera manifestó la necesidad de “promover una salida negociada a la crisis (…) hay que evitar un recurso a la fuerza o a la violencia en Venezuela, no puede haber más que una solución política”.

Con el plan B de Guaidó y Borges desestimado, ni siquiera los aliados más cercanos a Estados Unidos visualizan la intervención militar como la opción más adecuada. Este escenario político apunta a que el deterioro del régimen de Maduro será lento aunque sostenido. Ni siquiera el mandatario colombiano Iván Duque tiene clara la opción militar. Duque es consciente que una acción militar de Estados Unidos, apoyada simbólicamente por otros países, podría desatar un conflicto regional de fuerzas regulares e irregulares que incluiría a los grupos guerrilleros colombianos. Algunos analistas hablan incluso de la posibilidad de que un desenlace militar conllevaría un largo conflicto protagonizado por fuerzas insurgentes con atentados terroristas en diferentes países de América Latina, algo parecido a lo que sucede en Medio Oriente pero con perfil guevarista.

Pese al coyuntural triunfo internacional de Nicolás Maduro, al interior del país el líder chavista sigue apareciendo como un personaje altamente cuestionado por la mayoría de la sociedad venezolana. Maduro es identificado como el principal responsable de una crisis que tiene su origen a partir del 2013, cuando para sostener los pagos de la deuda externa el gobierno recurrió a un corte drástico en la importación de productos esenciales tales como alimentos y medicinas. 

Después de perder el 66 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015, el gobierno de Maduro entró en una fase marcadamente autoritaria anulando todas las funciones parlamentarias y suspendiendo las garantías constitucionales, pasando a reprimir brutalmente las protestas populares de 2017 y aplicando juicios militares a civiles por protestar o por participar en los saqueos de alimentos. Su respuesta al triunfo electoral de la oposición en dichas elecciones fue la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente con el 100 por ciento de diputados miembros del partido oficialista PSUV. Todo ello enmarcado en una coyuntura donde la mayoría de la población sufre hambre y miseria, con salarios inferiores a los 10 dólares mensuales, mientras la llamada “boliburguesía” -de la que aparece como líder- vive en una opulencia impúdica. Barrios faveleros como Cotiza o Petare, antaño bastiones chavistas, hoy protagonizan rebeliones contra el régimen. 

En la actualidad el gobierno de Nicolás Maduro se sustenta sobre el poder militar. Los altos mandos militares dirigen gran parte de los ministerios, controlan la estatal PDVSA, tienen un canal de televisión, manejan una quincena de empresas inútiles y controlan la distribución de alimentos.

En la actualidad el chavismo está dividido. Muchos de ellos, como la organización Marea Socialista cuestiona al régimen de Maduro y varios de los ministros emblemáticos de Hugo Chávez son claros opositores a su sucesor, estando incluso algunos de ellos -caso de Miguel Rodríguez Torres- detenidos.

En paralelo, la oposición conservadora tampoco goza de las simpatías mayoritarias de la población. Pese a percibir la necesidad de un cambio, la sociedad venezolana es consciente de que el llamado “Plan País” auspiciado por Guaidó no es más que una amalgama de medidas privatizadoras y planes de ajuste económico que harán que el peso de la hoja de ruta para la salida de la crisis recaiga sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. El entreguismo de la oposición a los intereses extranjeros ahondan aun más su cuestionamiento social entre los sectores populares, si bien gozan de la condición de aparecer como la única salida posible frente a un régimen absolutamente desgastado y ante la falta de una tercera vía con identificación políticas entre los estratos populares.

Pero más allá de la permanente espectáculo protagonizado por la oposición antichavista, el control social y la represión desarrollada por el régimen de Maduro y las provocaciones constantes de los Estados Unidos, es un hecho que de los recientes daños a la economía de Venezuela -debido a las sanciones de Estados Unidos- nadie habla en los foros internacionales. Dicho impacto económico asciende aproximadamente a unos 345.000 millones de dólares y afecta de forma directa a la población venezolana, condición que agudizará su penuria. 

Mediante estas sanciones se impide al gobierno de Nicolás Maduro beneficiarse de las ventas de petróleo a los Estados Unidos y por extensión a una larga lista de países aliados que buscan alternativas a su suministro de crudo. Dichas sanciones afectan también al acceso a los químicos requeridos para procesar dicho petróleo, condición necesaria para el país caribeño dado que su crudo es casi sólido cuando sale del subsuelo y no puede fluir a través de tuberías sin químicos disolventes como, por ejemplo, la nafta.

Es así que Venezuela se está quedando sin espacio para almacenar su petróleo bloqueado por las sanciones internacionales impuestas y que en la actualidad pocos se atreven a comprar. Decenas de buques cisterna con 8,36 millones de barriles de crudo venezolano por valor de más de US$500 millones esperan varados en los puertos más importantes del país, mientras el gobierno intenta encontrar otros compradores a su petróleo más allá de India y China, a quienes se les suministra petróleo estrictamente como pago de deuda.

La crise au Venezuela au-delà des lieux communs

Il y a longtemps qu’il n’est plus question d’idéologie ou de classe. Le Venezuela est devenu un État mafieux dans lequel ses dirigeants sont confrontés à une opposition qui répond aussi à des intérêts manifestement peu avouables, soutenus par des puissances interventionnistes reproduisant une histoire de siècles de dépendance.

Decio Machado

15 février 2019

 

Le 23 janvier, le député Juan Guaidó s’est auto-proclamé président en exercice de la République bolivarienne du Venezuela. Ce jeune député de l’État de Vargas, encore inconnu quelques jours auparavant de la majorité des Vénézuéliens et surtout de la communauté internationale, est membre du parti Voluntad Popular - une organisation politique fondée en décembre 2009 sous la direction de Leopoldo López - et a été désigné président de l’Assemblée nationale 18 jours seulement avant son auto-proclamation.

Guaidó, âgé d’à peine 35 ans, a commencé à s’engager en politique pendant ses années universitaires. Il fut l’un des leaders étudiants de ladite « génération 2007 », un mouvement d’opposition au président de l’époque, Hugo Chávez. De là, il est passé à la politique institutionnelle, remportant un siège aux élections législatives de 2010 et étant réélu en 2015.

Le rôle qu’il joue aujourd’hui représente un changement dans les stratégies d’une opposition qui, malgré les faiblesses du régime, s’est distinguée par sa fragmentation interne et la lutte entre ses différents dirigeants. Une situation qui a permis à Nicolás Maduro de survivre au pouvoir malgré sa faible légitimité politique et sociale. Avec la plupart des leaders de l’opposition en exil ou privés de leurs droits politiques par la « justice » bolivarienne - Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges ou Henrique Capriles, entre autres - Guaidó, un personnage de second plan il y a encore peu de temps est aujourd’hui sur le devant de la scène et joue probablement un rôle décisif dans la situation politique actuelle du pays.

Il n’a fallu que quelques secondes après avoir prononcé son serment - « Je jure d’assumer officiellement les compétences de l’exécutif national en tant que président en exercice » - pour que le président américain, Donald Trump, et le secrétaire général de l’OEA, Luís Almagro, entrent en scène, dans un rôle stratégique déterminé à l’avance. La liste des pays et organisations internationales reconnaissant le nouveau chef de l’opposition comme président au détriment de Nicolás Maduro s’est ensuite allongée progressivement.

Analyser le résultat du récent mouvement de pièces d’un secteur de l’opposition sur l’échiquier politique vénézuélien nécessite une objectivité dont malheureusement la majorité des chroniqueurs et leaders d’opinion manquent. Dans ce sens, nous ferons un effort appliqué sur les quatre axes suivants de cette crise : l’auto-proclamation en tant que président de Guaidó est-elle légitime ? Quelle est la réalité derrière l’ingérence étrangère ? Quelles sont les stratégies des acteurs en conflit et les scénarios les plus probables qui pourraient en découler ? Et enfin, quelle serait la meilleure sortie de crise pour la population ?

L’illégitimité démocratique des camps en présence

Le processus électoral du 20 mai 2018, au cours duquel Nicolás Maduro a été élu pour la deuxième fois président du Venezuela pour la période 2019-2025 - avec 67,84% des suffrages exprimés -, a été marqué d’importantes irrégularités tant dans sa convocation que pendant le processus électoral. Il s’agit notamment de l’exclusion de divers candidats, de l’entrave à la participation de plusieurs partis d’opposition, de l’absence de compétences constitutionnelles de l’Assemblée constituante pour convoquer des élections, du non respect des échéances prévues dans le règlement électoral et de multiples accusations d’achats des votes. 
Plusieurs organisations internationales ont dénoncé l’absence de garanties démocratiques et de transparence dans le processus électoral, ce qui a même conduit les Nations Unies à refuser d’y participer avec des observateurs électoraux.

A l’intérieur du Venezuela aussi, le scrutin n’a pas suscité la confiance avec la plus forte abstention dans l’histoire des élections présidentielles depuis l’arrivée de la démocratie dans le pays en 1958. Alors qu’en 2006, la participation était de 74,7 % ; en 2012, de 80,5 % et en 2013, de 79,6 % ; en 2018, elle a à peine atteint 46 % de l’électorat, c’est-à-dire moins de la moitié de la population convoquée. Sur un registre électoral de 20,5 millions de citoyens, seuls 9,4 millions se sont rendus aux urnes, et 6,2 millions ont soutenu le régime de Nicolas Maduro.

Toutefois, au-delà de ce qui précède, l’application de l’article 233 de la Constitution - sur laquelle se base l’auto-proclamation de Guaido et qui prévoit que si un président élu ne peut prêter serment pour commencer son mandat, la présidence doit être confiée au président de l’Assemblée nationale jusqu’à la nomination d’un nouveau président - n’est pas applicable dans les circonstances actuelles.

Cet article a été conçu en tenant compte de la possibilité qu’un président élu ne soit pas en mesure d’assumer la direction du pays, une situation très éloignée de la réalité que vit actuellement le Venezuela. Ce qui existe actuellement n’est pas un vide de pouvoir mais un président qui n’a pas été reconnu par la majorité de la société. En fait, l’auto-proclamation et la reconnaissance internationale de Guaidó suivent une logique politique nationale et internationale, mais manque de base juridique.

L’auto-proclamation et la reconnaissance internationale de Guaidó suivent une logique politique nationale et internationale, mais manque de base juridique

Au niveau régional, et au-delà de l’action honteuse de l’OEA, ces événements ont lieu en l’absence de l’UNASUR après la mise en place d’une nouvelle hégémonie néolibérale en Amérique du Sud. On a malheureusement oublié l’action de cet organisme face à la crise politique en Bolivie en 2008, au coup d’État contre le président Zelaya au Honduras en juin 2009, à l’installation de bases militaires américaines en Colombie en août 2009, aux tensions frontalières et géopolitiques résultant de la rupture des relations entre la Colombie et le Venezuela en août 2010 , à la crise en Équateur après la mutinerie de la police en septembre 2010, au renversement du président Fernando Lugo au Paraguay en juin 2012 ou aux tentatives de déstabilisation au Venezuela entre avril 2013 et mars 2015, date à laquelle les dirigeants sud-américains s’étaient réunis en sommet présidentiel pour reconnaître le président Maduro et la légitimité du processus électoral d’avril 2013 [sa première élection après la mort de Hugo Chávez, ndlr].

Ingérence étrangère 

Malgré deux décennies de règne des chavistes au Venezuela, les États-Unis demeurent le principal importateur du pétrole vénézuélien et le premier fournisseur de devises étrangères du pays. Cependant, malgré tout l’encre que font couler les analystes de la gauche traditionnelle, l’intérêt des États-Unis pour le pétrole vénézuélien est strictement limité aux activités de ses sociétés transnationales.

La dépendance des États-Unis à l’égard du pétrole étranger s’est considérablement réduite ces dernières années. Ils sont devenus presque autosuffisants à la suite du brutal développement de son industrie du fracking. Mais, comme l’a déjà annoncé John Bolton, conseiller de Trump à la Maison-Blanche, les compagnies pétrolières américaines souhaitent investir et produire du pétrole au Venezuela, à condition que Nicolas Maduro quitte le palais de Miraflores.

Les États-Unis ont systématiquement négligé le Venezuela et le reste du sous-continent depuis 2001, lorsque l’administration Bush a lancé ses guerres dans le golfe persique et en Afghanistan. Depuis l’arrivée de Donald Trump dans le Bureau ovale, on constate à Washington un fort désintérêt à concevoir une politique bien pensée stratégiquement, ambitieuse, systématique et axée sur la défense des intérêts des États-Unis et de leurs alliés.

Début février, même le Sénat américain a voté - avec le soutien majoritaire des démocrates et des républicains - contre ce qu’il a qualifié de « retrait précipité » des troupes en Syrie et la réduction de leur nombre en Afghanistan. En ce sens, il semblerait que les discours belliqueux de Trump et les pressions diplomatiques américaines auraient pour objectif réel de reconquérir l’électorat républicain le plus radical sur le plan idéologique, une nécessité après le blocage de la proposition présidentielle sur la construction du gigantesque mur [anti-migrants, ndlr] à la frontière avec le Mexique.

De l’autre côté de la barricade se trouvent la Russie et la Chine, qui sont les principaux fournisseurs d’armes du Venezuela. Le soutien politique de la Russie à Maduro est surtout pécuniaire, car au-delà des intérêts politiques - le Venezuela a exprimé son soutien à la Russie sur des questions telles que la reconnaissance de l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et la situation en Ukraine - elle est créancière d’environ 5% de la dette publique extérieure du pays, qui a servi à financer l’achat d’avions de combat et quelques sous-marins. Dans l’hypothèse d’un changement de régime, Vladimir Poutine court le risque de perdre plus de 17 milliards de dollars investis dans ce pays des Caraïbes au cours des deux dernières décennies. La plupart d’entre eux ont été attribués par l’establishment bolivarien à la compagnie pétrolière d’Etat russe Rosneft.

Dans le cas de la Chine, ses relations avec le Venezuela découlent du projet du président Xi Jinping d’étendre l’influence de Pékin à l’échelle internationale. Alors que plusieurs pays ont cessé de faire des affaires avec Caracas ces dernières années, la République populaire de Chine a doublé son soutien. Au cours de la dernière décennie, le Venezuela a reçu plus de 62 milliards de dollars de la Chine, principalement sous forme de prêts, ce qui représente 53 % des montants totaux prêtés par le géant asiatique en Amérique latine.

La Chine « possède » actuellement pour 23 milliards de dollars de la dette extérieure du Venezuela, ce qui en fait le plus grand créancier du pays et un acteur clé -grâce à son portefeuille- pour le maintien au pouvoir de Nicolas Maduro . Un changement de gouvernement à tendance pro-américaine pourrait compliquer le remboursement de la dette extérieure vénézuélienne [qui dans le cas de la Chine se fait surtout par l’envoi de barils de pétrole, ndlr]
 

Stratégie des actions et scénarios prévisibles

 
La scénario politique initié par l’auto-proclamation présidentielle de Juan Guaidó a des objectifs clairs et concrets : accroitre l’usure et la délégitimation politique actuelle de Nicolás Maduro et sa clique ; mettre en avant une nouvelle direction politique dans le pays en cherchant à unifier les partis de l’opposition dans une même stratégie ; accroître l’isolement mondial du régime bolivarien par le recours aux sanctions internationales et, dans la conjoncture actuelle, saper le soutien des Forces armées à Nicolás Maduro. 
 
Donald Trump a déjà adopté des mesures qui vont dans ce sens. En sanctionnant la compagnie pétrolière publique PDVSA, en s’emparant de ses actifs et en gelant ses comptes aux États-Unis, il s’attaque directement au talon d’Achille de l’économie vénézuélienne. Citgo, sa filiale qui opère aux États-Unis avec des milliers de stations-services et des raffineries , sera remise à l’opposition politique. Désormais, les fonds que les États-Unis doivent verser au gouvernement vénézuélien seront versés au « gouvernement » de Juan Guaidó. L’objectif est de précipiter l’effondrement économique du régime de Maduro - le FMI prévoit une hyperinflation de 10.000.000 % pour cette année - indépendamment de l’impact que de telles actions ont sur une société vénézuélienne, qui souffre de pénuries de nourriture et de médicaments.

Ces actions sont entreprises alors que PDVSA est en défaut de paiement sur sa dette et que - fruit de l’inefficacité du gouvernement et de la corruption institutionnelle - sa production atteint aujourd’hui le niveau le plus bas des trois dernières décennies, à savoir 1,3 million de barils par jour. 
 
Une nouvelle équipe dirigeante est en train de se mettre en place afin de surmonter les frustrations d’une partie de la population vénézuélienne après les quatre mois de protestations en 2017, qui ont fait 125 morts. Actuellement, des chefs traditionnels de l’opposition comme Henrique Capriles ou Henry Ramos Allup ne font pas trop parler d’eux et ne remettent pas non plus en question la nouvelle stratégie de l’opposition, ce qui semble indiquer l’existence d’un « pacte » transitoire malgré le fait que le soutien explicite des États-Unis à la stratégie conçue par le parti Voluntad Popular [de Juan Guaidó, ndlr] crée du mécontentement. 
 
De leur côté, Nicolás Maduro et la « bolibourgeoisie » installée au pouvoir ne semblent pas avoir une stratégie qui va au-delà de la logique de pourrissement du conflit. Par conséquent, il est possible qu’ils optent pour un dialogue avec l’opposition dans le but de gagner du temps. 
 
Une fois la stratégie misant sur le culte de Hugo Chávez épuisée, il ne reste plus au régime de Maduro que de fournir une instruction militaire aux secteurs les plus inconditionnels de la population. Avec l’objectif annoncé d’atteindre deux millions de miliciens recrutés et armés pour défendre son gouvernement, le régime cherche à faire une démonstration de force pour effrayer l’opposition et freiner, selon la stratégie de la peur, les présumées et permanentes mobilisations de rue envisageables. En fait, une étude de la firme Torino Capital - une banque d’investissement et courtier en valeurs mobilières ayant son siège social à New York et des investissements importants en Amérique latine - n’attribue que 40 % des probabilités et 30 % des possibilités à un scénario où le gouvernement de Maduro se verrait forcé à organiser une élection présidentielle anticipée. 
 
Parallèlement, Maduro cherche à diminuer l’impact des sanctions américaines sur PVDSA en augmentant la vente de pétrole à des intermédiaires qui revendraient ensuite les barils aux États-Unis ou dans d’autres pays, ainsi qu’en augmentant les exportations de pétrole brut en Chine et en Inde. Dans le même temps, une initiative a été lancée pour rechercher de nouveaux fournisseurs afin d’acquérir les diluants qui permettent la commercialisation du pétrole lourd de la ceinture de l’Orénoque et du carburant qu’il achète à l’étranger en raison des défaillances permanentes des raffineries du pays. 
 
On s’attend à ce que l’approvisionnement alimentaire diminue, qu’il y ait des problèmes d’approvisionnement en essence et il est fort probable que les pannes de courant et autres types de dysfonctionnements augmentent.
 
A court terme, le gouvernement de Maduro doit dépenser environ 3 milliards de dollars pour répondre aux besoins d’importation de produits de base - dont beaucoup viennent désormais du Mexique, de Russie et de Turquie - comme la farine, le riz, les pâtes et le lait en poudre qu’il vend à des prix subventionnés aux populations à bas revenus et l’achat de carburant pour éviter des pénuries et des interruptions du service électrique. 
 
Enfin, compte tenu de la baisse imminente des recettes en devises, la Banque centrale du Venezuela met en œuvre des mesures d’urgence pour prévenir l’escalade du dollar et une nouvelle dévaluation du bolivar. En ce sens, elle vise à réduire considérablement le crédit et à augmenter substantiellement la part de l’argent que les institutions financières doivent garder au titre de garantie. En tout état de cause, il est prévisible que l’hyperinflation ne s’arrêtera pas, étant donné que sa cause fondamentale est l’émission par le gouvernement d’argent inorganique en grandes quantités pour couvrir ses dépenses . Même le resserrement du crédit risque d’aggraver la récession économique actuelle, qui a commencé en 2013 et s’est aggravée à partir de 2015. 
 
Si l’opposition politique vénézuélienne ne parvient pas à saper le soutien militaire à Maduro, qui est une condition préalable pour le faire quitter le pouvoir, la réduction des revenus en devises étrangères devrait entraîner une forte diminution des importations de matières premières et d’intrants dans le pays. Selon une récente analyse du Crédit Suisse, les sanctions américaines à l’encontre du Venezuela, en raison des restrictions de change, feront augmenter le taux de change et l’inflation, ce qui aggravera la récession.
 
Quoi qu’il en soit, il se peut que la stratégie des États-Unis et de l’opposition transforme le gouvernement de Nicolás Maduro en une sorte de Big Brother avec un pays encore plus appauvri où il reste le seul ayant quelque chose à répartir grâce à ses négociations avec la Chine, la Russie, la Turquie et le Mexique.

La meilleure solution possible

La première chose à comprendre est qu’il ne s’agit plus d’un différend idéologique ou de classe. Les pratiques du gouvernement actuel au Venezuela sont plus proches de celles de Fujimori [Pérou, 1990-2000, ndlr] que de celles mises en œuvre par le chavisme dans ses moments de plus grande légitimité sociopolitique. Être chaviste aujourd’hui au Venezuela n’implique pas nécessairement un soutien au régime de Nicolás Maduro. C’est d’ailleurs dans les quartiers populaires de Caracas qu’ont eu lieu les mobilisations populaires de nuit autour du 23 janvier, précisément ceux qui étaient auparavant sous le contrôle du régime. 
 
Le Venezuela est devenu un État mafieux dans lequel ses dirigeants font face à une opposition qui répond aussi à des intérêts manifestement peu avouables. L’idéal, bien que peu probable, serait qu’une troisième force, sociale, issue du moins en partie de la société civile, émerge dans ce contexte, afin d’imposer la volonté de la majorité pour une solution politique sans effusions de sang et interventions étrangères. 
 
Dans la pratique, la solution politique la plus appropriée consisterait à organiser des élections libres, ce qui impliquerait la mise en place immédiate d’un nouveau Conseil national électoral - l’organisme en charge des élections contrôlé actuellement par le parti au pouvoir - qui serait composé de personnalités issues du monde académique, reconnues au niveau national et autonomes des forces en présence. 
 
Il ne fait aucun doute que Nicolás Maduro doit quitter le pays, peut-être pour un pays allié qui lui offrirait - du moins au début - une protection. En même temps, la troupe doit comprendre que, malgré les privilèges dont jouissent actuellement leurs commandants, ils ne doivent pas réprimer la majorité dissidente de la société, ni être complices de la répression exercée actuellement par les groupes paramilitaires proches du régime [les colectivos, ndlr]. Selon des données compilés par Provea, une organisation sociale dédiée à la défense des droits de l’homme au Venezuela, les Forces d’action spéciales (FAES) de la Police nationale bolivarienne sont responsables du meurtre de 205 citoyens entre janvier et décembre 2018. 
 
Un scénario de guerre au Venezuela résultant d’une hypothétique invasion étrangère du pays, un scénario improbable, mais sur lequel le régime tente de se légitimer depuis des années, ne donnerait pas la moindre chance de victoire aux Forces armées nationales bolivariennes (FANB) malgré les importants investissements en armements réalisés ces dernières années.
 
Au-delà des discours enflammés prétendument héroïques et patriotiques de Nicolás Maduro, les États-Unis continuent d’être la première puissance militaire de la planète et disposent d’une capacité suffisante pour mener des opérations chirurgicales militaires sans trop s’exposer, tandis que le Venezuela occupe la 45e place du classement militaire sur 131 pays. Une guerre au Venezuela ressemblerait davantage à ce qui s’est passé en Irak et en Libye qu’à l’exemple tant cité du Vietnam. 
 
Le plus probable, c’est que les dirigeants de l’armée bolivarienne chercheront des mécanismes pour négocier des amnisties et des acquittements dans les enquêtes ouvertes contre eux pour des cas de corruption et de répression de la population civile, c’est à ce moment là qu’ils pourraient laisser tomber Maduro s’ils le voient en train de perdre le bras de fer.

Venezuela y la geopolítica mundial más allá de homilías

Por Decio Machado / Revista La Brecha Uruguay

La autoproclamación presidencial de Juan Guaidó -el pasado 23 de enero- inauguró un ciclo nuevo político en Venezuela. Se puede afirmar que es la primera vez, desde que el 2 de febrero de 1999 Hugo Chávez fuese investido presidente, el gobierno venezolano realmente siente la presión internacional a la que esta siendo sometido. Hoy, gran parte del establishment bolivariano teme que los impactos de su actual aislamiento internacional supongan un mayor deterioro de la economía nacional y el comienzo de una primavera venezolana que liquide definitivamente un régimen desde hace años sin legitimidad social.

A nivel global el mundo se ha dividido en torno a Venezuela: por un lado, apoyando a Guaidó están los Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina junto al Parlamento Europeo y los países más importantes del viejo continente; mientras las diplomacias de la República Popular China y de Rusia, así como gran parte de la izquierda regional y global intentan aún sostener al régimen de Nicolás Maduro.

Para la mayoría de analistas, especialmente los que se identifican con el lado progresista, asistimos a un nuevo orden geopolítico donde tantos los intereses humanitarios como los derechos democráticos y políticos están en disputa en Venezuela. Con base en esto se hacen grandilocuentes alegatos respecto a la libre autodeterminación de los pueblos y el derecho a la no injerencia extranjera en conflictos internos.

De igual manera, desde estas sensibilidades se considera que el elemento fundamental que motiva la presión política de Estados Unidos sobre Venezuela es su interés por controlar las reservas petrolíferas en la extensa Faja del Orinoco. De hecho, Estados Unidos a la fecha de hoy es el principal importador de petróleo venezolano.

Sin embargo y sin restar valor a lo anterior, un análisis serio sobre la crisis a lo interno de Venezuela requiere de un nivel de profundidad que no suele recogerse bajo parámetros estrictamente ideológicos y de barricada.

Autoproclamación de Juan Guaidó 

La concatenación de hechos segundos después de que Juan Guaidó se autoproclamase presidente encargado refleja claramente que había un concierto internacional armado entre el joven legislador, su partido Voluntad Popular y varios actores internacionales. La inmediatez de los reconocimientos de Donald Trump y Luís Almagro -Estados Unidos y OEA respectivamente- así lo demuestran. De igual manera, la rápida puesta en escena del Grupo de Lima y de forma más tibia de determinados países de la Unión Europea son el fruto de como se calentaron las líneas de comunicación diplomática auspiciadas desde Washington.

El drama venezolano radica en que el gobierno de Maduro y el supuesto de Guaidó carecen de legitimidad democrática. Gran parte de la comunidad internacional no reconoció nunca el último proceso electoral venezolano, tampoco las Naciones Unidas y menos aún los propios venezolanos. Tras indicadores de participación por encima del 75% en los comicios electorales anteriores, en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo en Venezuela apenas participaron el 46% de los electores y solo respaldaron a Nicolás Maduro 6,2 millones de electores de un censo electoral de 20,5 millones, todo ello inmerso en una lógica de coerción, fraude e irregularidades que distan mucho del debido proceso democrático. Es así que Venezuela registró la abstención más alta de su historia desde la llegada de la democracia al país en 1958.

Sin embargo, lo anterior no legitima a Guaidó. Los gobiernos internacionales que le han reconocido como presidente encargado argumentan su posición con base en un artículo constitucional -el 233- que tiene su fundamento sobre un posible vacío de poder en la poltrona presidencial. Hablemos claro, en el Palacio de Miraflores no existe vacío de poder alguno, sino un poder ilegítimo en la medida en que no está avalado por la mayoría de la población.

Injerencia extranjera en el país

Pese al interés desde Washington en el derrocamiento de Maduro, cabe señalar que Estados Unidos lejos está de necesitar el petróleo venezolano. El desarrollo del shale oil estadounidense le ha permitido al gigante del norte ser un país casi autosuficiente en materia de crudo, tal y como lo fue antaño la Unión Soviética. En este sentido, el interés sobre la explotación y comercialización del crudo en el subsuelo de la Franja del Orinoco responde a intereses corporativos privados, no solo de las transnacionales extractivas norteamericanas, sino del mundo entero.

Más allá de las amenazantes declaraciones de Donald Trump, en Washington existe escaso interés en plantearse cualquier tipo de intervención militar masiva en territorio venezolano. En el Pentágono son conscientes que un guerra civil en Venezuela donde los Estados Unidos estén implicados sería un caos generalizado y con un fuerte riesgo de aparición de grupos paramilitares incontrolados dado el reparto de armas realizado por el régimen. Más que una guerra de perfil binario, los Estados Unidos podrían estarían enfrentando un proliferación de frentes locales más al estilo de lo que sucedió en Irak que el tan recurrido argumento izquierdista de Vietnam. 

Pero además, Washington es consciente también de que la mayoría de la población norteamericana está lejos de avalar la participación de su país en un conflicto armado de estas características. En paralelo, si algo está caracterizando al gobierno de Trump es su escaso interés en articular una política internacional inteligente y posicionada con eje en la defensa de los intereses estadounidenses y el de sus aliados en el mundo. Ahí está la retirada de tropas de Siria y la reducción de unidades militares en Afganistán, ambos hechos cuestionados mayoritariamente por demócratas y republicanos en el Capitolio.

Hablemos claro. Desde los sucesos del 11S de 2001 la política exterior estadounidense se ha despreocupado de América Latina. Su injerencia en asuntos como el golpe de Estado en Honduras y el intento de compartir el uso de bases colombianas por parte de tropas estadounidenses -ambas cuestiones en el año 2009- ha sido puntual. Quizás por ello fue posible un ciclo políticamente progresista en el subcontinente sin derramamiento de sangre.

Así las cosas, las declaraciones de Donald Trump y la presión estadounidense sobre Venezuela -más allá de buscar ir liquidando elementos residuales del ciclo progresista- podría responder a rearticular las bases más ultraconservadoras del Partido Republicano. Esas que ya no encuentran hoy una Bahía de Cochinos por invadir y siente decepción respecto a un hipotético y gigantesco muro imaginario que no se plasma en realidad y que Trump instaló en sus subconscientes durante la campaña electoral bajo una lógica de guerra contra el supuesto enemigo de la migración.

Por otro lado, entender el alineamiento de posiciones geopolíticas en torno a la crisis venezolana bajo una lógica de “bad cops” (Trump, Almagro, Grupo de Lima…) versus “good cops” (Rusia, China, Turquía, México, Uruguay…) es una simplicidad. 

Pero existe un reverso de la geopolítica que apoya a Maduro y donde aparecen potencias mundiales como la Federación Rusa y la República Popular China. Ambos, cabe decirlo, rentabilizando jugosos contratos de ventas de armamento durante los últimos quince años.

En el caso ruso la cosa es sencilla. Soportan el 5% de la deuda pública externa del país, llevan dos décadas invirtiendo más de 17.000 millones en el país principalmente mediante la petrolero estatal rusa Rosneft y ahora corren el riesgo de que un nuevo gobierno más amigo de Washington que de Moscú les generé problemas de cobro.

Por su parte, la República Popular de China vive una situación similar. En los últimos diez años Beijing ha inyectado en la economía china más de 62.000 millones de dólares, es decir, el 53% del monto total invertido o prestado en formato de créditos en América Latina. Los actuales 23.000 millones de dólares de deuda externa venezolana en manos chinas correrían peligro en el caso hipotético de que un régimen pro-estadounidense le pasase factura a Xi Jinping por haber sido el balón de oxigeno bolivariano durante la última década.

Grupo de contacto sobre Venezuela

Así las cosas, no es de sorprender que la reciente reunión del grupo de contacto sobre Venezuela en Montevideo haya sido un fracaso. Este hecho se visualiza en que su declaración final que no fue adoptada de forma unánime por el conjunto de países participantes.

No será la diplomacia internacional quienes ayuden al pueblo venezolano a resolver su problema interno. De hecho, las sanciones económicas y la intervención sobre Citgo y PDVSA que se realiza en el exterior incrementarán la penuria en la que se hayan los venezolanos, penuria a la que han sido sometidos por un gobierno sostenido económicamente también por billeteras extranjeras.

Una salida sin derramamiento de sangre y sin injerencia extranjera solo será posible en Venezuela si es que desde la sociedad se es capaz de articular una tercera vía que no responda a las lógicas hoy en conflicto.

Venezuela necesita su primavera!!!

Nuevo Orden Energético: la Volatilidad Incierta del Mercado Petrolero durante el 2019

Por Decio Machado y Mauro Baquero (investigadores de Prospectiva Ecuador)

Una constante en el mercado energético es el cambio. Las empresas y Estados constantemente tienen que adaptarse principalmente a las variaciones en los precios del petróleo, gas natural y sus derivados. 

Previo al 2008, las fluctuaciones del precio del crudo estaban asociadas a los eventos políticos de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -ultimo suceso 2011: Primavera Árabe y amenazas sobre el suministro-. Sin embargo, desde que el barril se ubicó por sobre USD 100 en abril del 2008, el precio del oro negro ha sufrido variaciones que para muchos expertos ya no son atribuibles exclusivamente a factores políticos que afecten a países del cartel. Desde entonces se ha buscado explicar –con mayor solidez– que las fluctuaciones y expectativas del crudo también tienen que ver con elementos de carácter geopolitico, pero también con los cambios en los niveles de inventarios reales de petróleo de las grandes empresas de la industria de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).

La burbuja especulativa

En mayo de 2008 el barril se ubicó en USD 135 debido a cuatro causas: a factores especulativos en los niveles de inventario de las refinerías estadunidenses en el golfo de México afectadas por el huracán Katrina, a la debilidad del dólar de EE.UU, al acelerado crecimiento de la demanda China e India, y la elevada oferta de petróleo de algunos países productores. 

De estas cuatro causas, la más influyente para la Agencia Internacional de Energía (AEI) fue el nivel de inventarios estadunidense; el cual se ubicó en 993 millones de barriles al día (mbd) el 30 de mayo de 2008, y representó una reducción del 3.3% respecto al 29 de junio de 2007 (1,027 mbd el máximo histórico entre 2004-2008). Esta importante reducción motivó a la AEI a iniciar una investigación ante la posibilidad de que el mundo comenzará a no tener suficiente petróleo a partir del año 2012. Dicha investigación tiene su origen en el viejo debate impulsado en 1956 por el geólogo estadounidense Martin King Hubbert, quien había pronosticado el “peak oil” global para el 2016.

Los miembros de la OPEP – mientras tanto – aseguraron en el mismo mes de mayo 2008 que “no había escasez de petróleo en el mercado”, recordando que los inventarios de los países de la OECD cuentan con niveles por encima de la media de los últimos cinco años. Además, los miembros del cartel poseen una capacidad de bombeo extraordinaria de 3 millones de barriles diarios (mb/d) para poner en circulación en caso de necesidad. Motivo de lo anterior, el grupo pronóstico para el 2008 un equilibrio entre la oferta y la demanda de petróleo, esperando que la demanda China e India compensara la desaceleración de la economía de EE.UU

Contrastando, la AEI alertaba una posible escasez mientras que la OPEP preveía un mercado estable con buenas expectativas; todo ello a pesar de las presiones de los países desarrollados por los altos precios en junio de 2008. El cartel no aumentó su producción de petróleo para estabilizar los precios, sosteniendo que el mercado estaba bien abastecido y segaron a los inventarios como la causa especulativa del incremento de precios. 

Mientras los inventarios estadunidenses continuaron reduciéndose hasta bordear los niveles mínimos históricos de 2004 (932 mbd), la producción mundial superó la demanda de crudo en 0.4 mb/d. Adicionalmente, la ratio de crecimiento de reservas probadas para producción (R/P), medida por la cual se cuantifica los años de petróleo que quedan a futuro se ubicaba en 45.3 años (3.7 años más que en 2007) de acuerdo con la empresa British Petroleum (BP).

Estas cifras desestimaban las preocupaciones de la AEI, y lo cierto es que se produjo una burbuja especulativa en torno al inventario estadunidense y la desaceleración de su economía debido a la crisis financiera 2008. De acuerdo con un estudio de Morgan Stanley (enero 2009) la burbuja fue causada porque el petróleo se consideró con un nuevo activo financiero debido a la interacción del mercado financiero y el de commodities. Tanto inventarios como reservas se consideraron inversiones a futuro con expectativas de mayores alzas en el precio. Esto viabilizó la especulación produciéndose un gran incremento de la demanda por petróleo – lo que sostenía la preocupación de la AEI –, y cuando esta demanda alcanzó su límite se produjo el proceso inverso, es decir estalla la burbuja y por consiguiente el descenso continuado de los precios hasta fines de diciembre 2008. 

Aunque la OPEP estuvo siempre preocupada por la especulación no fue hasta el desplome del mercado en el ultimo trimestre de 2008 que tomó la decisión de recortar en 2.2 mb/d la producción del petróleo. Esto permitió, juntamente con inventarios reales cerca de los mínimos históricos de 2004, apuntalar los precios del barril al alza y estabilizarlos entre los USD 70 – 80 durante el periodo de 2010 – 2014 de la mano de la reactivación de las economías postcrisis financiera de 2008 y el incesante aumento por parte de las economías emergentes lideradas por China.

La sobreoferta petrolera

Lo cierto es que los precios altos, desde el shock de 2008 hasta el 2014, permitió que se beneficiasen tanto productores convencionales de petróleo como de shale oil; y aunque existieron preocupaciones por parte de la OPEP en junio de 2011 de que el suministro mundial de crudo comenzará a escasear y que los inventarios se drenarían -momento en el que el consumo superó la producción con una cifra récord de 5.53 mb/d- la realidad fue distinta.

El R/P se ubicó en 54.2 años en 2011 frente a los 45.3 años del 2008. Las reservas de inventario estadunidense empezaron a crecer por sobre los 1,000 mbd, mientras Estados Unidos, la Federación Rusa y Arabia Saudita (quienes consolidan el 40% de la producción mundial) empezaban a incrementar sus niveles de producción.

Es importante mencionar que hasta el 2013 el shale oil estadunidense tenía costos de producción por sobre los USD 60 el barril. Sin embargo, el gobierno de EE.UU ha logrado paulatinamente reducir estos costos hasta bordear los USD 40 en 2016 dentro de un criterio de autoabastecimiento energético, reduciendo su demanda por petróleo extranjero. Esto llevó a los miembros de la OPEP –liderados por Arabia Saudita– a reestructurar al alza sus cuotas de producción (2014), buscando producir más y bajar el precio del barril, lo cual convertía en inviable las cuotas de producción alcanzadas por el mercado del shale oil.

Sin embargo, esta inyección de crudo causó un desplome en los precios en diciembre del 2014 fruto de la desaceleración de la demanda por parte de economías emergentes asiáticas, y niveles de reservas e inventarios estables con un R/P de 52.5 años y 1,043 mbd (dentro de los máximos históricos). Lo anterior viene a demostrar que las preocupaciones respecto a un posible déficit mundial carecían de fundamento tanto en mayo de 2008 por parte de la AEI, como en junio de 2011 por parte de la OPEP. 

El año 2015 se inaugura con un precio de USD 50 barril, lo que sepulta el debate sobre el “peak oil” pasándolo a el ámbito de la sobreoferta de crudo dentro de un mercado marcado por dos elementos: la carrera de producción que tiene lugar desde el año 2009 entre Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita; y la desaceleración de la economía global, la cual vuelve a mostrar indicadores preocupantes ya en el marco de la actual guerra comercial entre EE.UU y China.

La carrera petrolera geopolítica de EE.UU y Rusia

Estados Unidos y Rusia mantienen una guerra abierta en la producción de crudo que ha ido escalando año a año, tanto en sus niveles de bombeo como en el ámbito de su influencia en materia de política exterior (Ucrania, Siria, Venezuela…). 

Estados Unidos, desde abril de 2015 bajo la administración de Obama, inició una estrategia política – petrolera en el Caribe que buscó quebrar el apoyo de determinados países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) hacia Venezuela y consolidar las sanciones estadounidenses al régimen de Nicolás Maduro. 

La estrategia impulsada desde la Casa Blanca a través de la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI) tenía como objetivo competir con Petrocaribe, organización puesta en marcha por los entonces mandatarios Hugo Chavez y Fidel Castro en 2005, y de esta manera reducir la dependencia que las pequeñas islas de la región caribeña tienen del crudo venezolano. 

Sin embargo, desde la llegada de la administración Trump y la agudización de la grave crisis económica y política venezolana, los países caribeños han visto menguar el apoyo tanto estadounidense como bolivariano. En el marco del actual recorte a programas de ayuda a países extranjeros, Washington redujo a 4.3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de energía en el Caribe. En paralelo, las cada vez más reducidas finanzas de PDVSA han obligado al régimen de Maduro a recortar los gastos de la diplomacia petrolera venezolana. 

En cualquier caso, el espacio energético que antes llenaba Venezuela está siendo ocupado desde 2015 por otros actores como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNUDI) y Rusia, quien ha realizado varios envíos de combustible a Cuba supliendo suministros que Venezuela no pudo cubrir.

De esta manera Rusia ha expandido su influencia por el mundo utilizando el petróleo como herramienta geopolítica y desafiando los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, es una estrategia que también pone en riesgo a la misma Rusia pues presta dinero y hace acuerdos en economías turbulentas y climas políticos inestables. Un ejemplo de esto es el caso de Venezuela, donde Rusia y sus empresas estatales de petróleo ya han prestado e inyectado, desde la llegada del Comandante Hugo Chávez al gobierno, más de 17.000 millones de dólares en los últimos 20 años. Gran parte de los préstamos e inversiones de Rusia se han canalizado a través de Rosneft, el gigante estatal de petróleo y gas dirigido por el aliado de Putin, Igor Sechin, muy conectado con el establishment bolivariano. 

Rosneft, además de en Venezuela, se ha involucrado en varios países con situaciones políticas algo delicadas a nivel internacional. Casos como Cuba, Egipto o Vietnam, entre otros países de importancia estratégica al este del Mediterráneo y en África, son claros ejemplo de sus lógicas de inversión. Sin ir más lejos, Rosneft está operando e influyendo económica y políticamente en el norte de Irak por medio de grandes transacciones de petróleo y gas natural en territorio kurdo. Además, busca competir por el control de los yacimientos petroleros de Irán mientras asistimos a nivel internacional a una escalada de tensiones entre Teherán y Washington.

Dentro de esta contienda geopolítica se suma la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán. El vacío de poder resultante con gobiernos claramente mantenidos con el apoyo externo estadounidense seguramente conducirá a una escala de tensión en la zona, incrementado por los intereses geopolíticos israelitas en Oriente Medio. Sin duda, los bloqueos económicos sobre Irán, las amenazas bélicas sionistas, el conflicto interno en Siria y las agresiones sobre territorio kurdo en distintos países podrían conllevar que los precios del petróleo se disparen, especialmente si Irán procediese con su amenaza de bloquear en algún momento el Estrecho de Ormuz.

Mientras que Rusia lleva mucho dependiendo de Rosneft y Gazprom para financiar sus programas gubernamentales y sociales, los Estados Unidos reestructuran su economía buscando impulsar el sector privado y su independencia energética del cartel de la OPEP y cualquier otra nación que afecte a sus intereses.

El “shale oil” estadounidense, el rival de la OPEP+

A esta carrera se suma el reimpulso a los proyectos de shale oil apoyados principalmente por el gobierno de Donald Trump, lo cual ha frenado las pretensiones de la OPEP de impulsar un alza de los precios. El shale oil estadounidense – en términos de producción – ha aplastado las expectativas del mercado, ubicando al gigante norteamericano en el primer lugar a nivel mundial en 2018 con casi 12 mb/d.

El shale oil estadounidense ya no es tan costoso como hace cinco años. En 2018 representó alrededor del 60% de la producción total de EE.UU con un costo de producción por barril entre USD 43 – 48 de acuerdo con la empresa noruega Rystad Energy. Esto ha permitido: mantener precios bajos en sus derivados de petróleo para el consumo impulsando la industria refinadora de EEUU, aunque los márgenes de ganancia en la venta del shale no poseen los mismos niveles de beneficio como hasta el 2014. Las empresas aun se benefician al incrementar sus niveles de inventarios con petróleo importado (como el venezolano) a bajo precio y posteriormente venderlo en el mercado de futuros.

Sin embargo, esta estrategia del gobierno de Trump ha llegado a su punto máximo. Según la empresa texana Anadarko y la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell, después de años de inversiones en shale es momento de congelar o recortar presupuestos y transferir las ganancias a los inversores. La razón principal es que recortar los costos de producción del shale requieren una nueva inversión que tomaría entre 12 a 18 meses ver a sus beneficios. Este periodo de tiempo para muchos inversores no es atractivo, pues implica esperar y genera dudas tomando en cuenta la guerra de precios entre la OPEP y productores de shale que sucedió entre 2014-2016.

Fruto de lo anterior, la OPEP y Rusia acordaron una reducción de la producción petrolera de 1.2 mb/d desde enero de 2019 por seis meses, buscando hacer sufrir a la industria del shale con un periodo de bajos ingresos, al reducir sus ganancias por ventas de petróleo importado en el mercado de futuros durante el primer semestre.

Aunque muchos analistas piensan que disminuir la producción de los países de la OPEP+ (incluye Rusia) es suficiente para aumentar los precios en el corto plazo; para otros como es el caso de Forbes en enero 2019, opinan que el shale va a crecer a un ritmo exorbitante beneficiándose del recorte de la OPEP+ en el corto plazo con precios altos como entre 2008-2014, lo que permitirá una nueva reducción de sus costos de producción en el mediano plazo. Lo anterior iniciaría nuevamente una guerra de precios entre el shale oil y la OPEP, que para Arabia Saudita y Rusia sería una ronda interminable de recortes en sus cuotas, mientras la producción crece fuera de su control a un ritmo mayor del que crece la demanda global por petróleo.

Morgan Stanley y Goldman Sachs (enero 2019) estiman que de mantenerse los niveles de producción de shale oil es poco probable que los precios en el 2019 lleguen a niveles de USD 70 por barril (escenario no deseado para los miembros de la OPEP). Aunque habrá que esperar a finales del primer semestre del año y ver si EEUU endurece las sanciones contra Irán, si la OPEP+ realiza una extensión a su acuerdo temporal o si los Estados Unidos excede la capacidad productiva saudí (infraestructura industrial de explotación petrolera).

La situación ideal para la mayoría de los miembros de la OPEP es un precio estable de mercado en el rango de USD 70 - USD 90 el barril. Esto implica la posibilidad cubrir las obligaciones fiscales nacionales, pero no tan alto como para estimular la inversión en fuentes de combustible y tecnologías que compiten entre sí, especialmente los renovables y los automóviles eléctricos de acuerdo con British Petroleum. Sin embargo, durante el año pasado las sanciones a Irán, la crisis económica de Venezuela y la repentina salida de Qatar de la OPEP han servido para socavar la capacidad de fijación de precios del cartel.

La OPEP+, que representa el 55% de la producción mundial de petróleo, ha tenido dificultades para cumplir con sus responsabilidades como "estabilizador de mercado". Arabia Saudita en particular, siendo el productor mundial de “swing”, es quien puede aumentar o disminuir el suministro con costos mínimos de producción, pero no ha logrado implementar los recortes necesarios para mantener el petróleo alrededor de USD 70 barril desde el 2015.

Si bien Arabia Saudita está decidida a proteger sus aspiraciones de precios al realizar recortes sustanciales de producción, no hay claridad respecto a sus aliados en el ámbito político y productivo. A nivel político, la OPEP eximió a Venezuela, Libia e Irán de realizar recortes de producción dentro del acuerdo de Viena en diciembre 2018. La decisión en el caso de Venezuela y Libia obedece a los problemas que ambos países atraviesan para mantener sus niveles de producción. En cuanto a Irán, la exclusión se da por el peso de las sanciones ya impuestas por Estados Unidos para obligarla a frenar sus supuestos programas nucleares y de misiles, así como su apoyo a determinadas facciones políticas en Yemen, Líbano y otros territorios del Medio Oriente. 

En el ámbito productivo los socios no OPEP –principalmente Rusia y México– muestran poca claridad respecto a su posición productiva. Los datos muestran que en el caso de Rusia se aumentó la producción de petróleo en diciembre a un récord cercano a los 11.5 mb / d, y no está claro ni cuándo ni cuánto se reducirá.

En este contexto, el 2019 arranca con tres macro productores (Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia) con una oferta que se reajustará de manera gradual debido a que la demanda está afectada por un esquema mixto: los consumidores esperan que se mantenga la caída de los precios del cuarto trimestre del 2018 y la economía global vuelve a mostrar claros signos de desaceleración.

Arrancamos el año 2019 con un mercado con exceso de oferta petrolífera. El 2018 cerró con una producción de 100.87 mb/d y los niveles de inventario mundial  se ubicaron en 3,948 mbd (segun la AEI) que se ve agravado por la desaceleración económica y el riesgo de una recesión mundial. Las importaciones de China e India no han sido suficientes para compensar la caída del consumo en otras economías emergentes, esto implica que aún más presión a la baja sobre los precios. Lo único que puede aliviar un poco estás tensiones es la firma de un acuerdo entre EEUU y China que ponga fin a la guerra de aranceles, lo que permitiría suavizar las alertas sobre el grado de desaceleración de la economía y, por extensión, sobre su impacto en las cifras de demanda de crudo. Se estima que en 2018 el consumo de petróleo cerró en 100 mb/d de acuerdo con la OPEP, y que el crecimiento de la demanda en el 2019 será – según la AEI – ligeramente mayor a 1.4 mb/d, principalmente debido a que se presume que los precios promedio estarán por debajo de los niveles del año anterior. 

Mientras tanto, los refinadores se enfrentan a un año difícil. La capacidad de procesamiento aumentará en 2.6 mb/d, el mayor crecimiento de las últimas cuatro décadas, mientras que los márgenes ya están presionados por este supuesto exceso de oferta ante una débil demanda. 

Los cambios en las regulaciones de combustibles marinos con los que procederá la Organización Marítima Internacional en 2020, el cual limitará a un 0.5% la presencia de azufre en los combustibles marinos (actualmente se limita a 4.5%) son otro gran problema para algunas compañías que refinan principalmente crudos pesados que tienen normalmente un alto contenido de azufre. Estas compañías refinadoras y productoras deberán encontrar puntos de venta para el combustible no deseado con alto contenido de azufre y para el crudo deseado.

Para todos los players de la industria -en sentido ascendente y descendente- se prevé un año 2019 duro y de reacoplamiento de la industria para el siguiente ejercicio. 

En conclusión, el mercado del crudo se consolida con tres eventos para el 2019:

• El primero es que el peak oil pronosticado en algún momento para el 2016 ha quedado desestimado principalmente por los hallazgos de nuevos yacimientos y la producción del shale oil. 
• El segundo es que las afectaciones al precio del petróleo por eventos políticos de países miembros de la OPEP no en todos los casos tienen efectos sostenidos de corto plazo, pero si en el mercado de futuros. Esto es debido a que no todos los países OPEP cuentan con la capacidad instalada para aumentar sus niveles de explotación de forma inmediata. Un ejemplo de esta realidad es Venezuela, quien posee el 17.9% de reservas probadas de crudo (las mayores del planeta) y explota actualmente alrededor de 1.3 mb/d (1% del suministro mundial) pese a contar con una capacidad instalada de 4 mb/d. Un cambio de gobierno en dicho país no implicará que se recupere la capacidad de producción de manera inmediata. Sin embargo, un cambio en la política de compra del crudo venezolano por parte de EEUU claramente afectará el mercado de futuros.
• El ultimo evento es el auge de la producción shale oil en EEUU, lo cual hará que los precios del petróleo continúen en una montaña rusa volátil como durante el 2018. Los precios futuros del barril WTI (mercado de futuros) probablemente se mantendrán por debajo de USD 45 el barril mientras que el Brent se cotizará en el rango de USD 50 – USD 60. En lo que va del 2019 los precios del petróleo fluctúan en un 5% día a día lo que refleja un nivel sin precedentes de volatilidad. 

Estos tres eventos serán fundamentales junto con las expectativas de oferta basada en proyectos financiados en años anteriores de los tres macro productores, además de la demanda basada en el desempeño económico y los factores geopolíticos definirán los precios del petróleo para el 2019. 

La pregunta que se abre a partir de aquí es si es probable que los fundamentos económicos, tecnológicos y geopolíticos detrás de estas tendencias de precios cambien dramáticamente en los próximos 12 meses. En todo caso lo que hasta ahora esta claro claro es el factor influyente de la agitación geopolítica entre EE.UU, Rusia y Arabia Saudita. En este sentido, los mercados petroleros de 2019 deberían parecerse mucho a los de 2018: volátiles, cíclicos e impredecibles, con una tendencia a la baja si la recesión mundial golpea.