Por Decio Machado y Mauro Baquero
Pese a los esfuerzos realizados desde el Ejecutivo por enrumbar política y económicamente al país en estos últimos meses, múltiples indicadores hacen prever que Ecuador podría estar viviendo una fase preliminar a la inestabilidad política. Signos de esta situación se encuentran enmarcados en los impactos colaterales que tendrán las medidas económicas a las que el Gobierno Nacional se ha visto obligado debido a los graves desequilibrios existentes en la economía nacional, así como a factores externos que podrían desencadenarse durante la última fase de la actual legislatura.
Situación económica
Al cierre del primer semestre del 2018, Ecuador ha incrementado su deuda pública -pese de iniciar un proceso de reducción sobre volumen del Estado- e intenta estabilizar el riesgo país con un consenso público-privado enmarcado en la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, diferentes indicadores auguran una nueva recesión económica dentro de los próximos doce meses.
Fitch Ratings, prestigiosa agencia internacional de calificación crediticia con doble sede de Londres y Nueva York, ha calificado a la deuda publica ecuatoriana de largo plazo en B- (negativa), después de alrededor de 5 años con una calificación B (estable). Entender porqué Ecuador mantuvo una mejor calificación durante el período de estancamiento económico y recesión en los años 2015 y 2016 implica comprender que los indicadores macroeconómicos del sector fiscal se mantenían en aquel momento camuflados en rangos todavía aceptables para el FMI, principalmente una Deuda/PIB que oficialmente se declaraba inferior al 40% y el déficit global inferior a USD 10,000 millones con una tasa de riesgo país que no alcanzaba el 10%. Todo ello además de otros indicadores más subjetivos tales como los derivados de la alianza financiera con China y una supuesta estabilidad política e institucional en la cual no habían aflorado aún los notables escándalos de corrupción hoy destapados.
Con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que implicó el cambio de rumbo de la política económica nacional, la economía ecuatoriana ha logrado semi-estabilizar la tasa de riesgo país que se había disparado tras la investidura del actual Presidente de la República. Sin embargo, con la clarificación oficial de los datos económicos -algo que se había mantenido en penumbra durante el periodo anterior- las opciones de acceso al nuevo financiamiento que necesita el Estado se limitan y complejizan.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la deuda pública ecuatoriana se ubica en USD 48,409.70 millones, que representa el 46.5% del PIB 2018 al cierre de julio del presente año. A pesar de que desde el mes de mayo se están publicando boletines mensuales de deuda por parte del MEF, aún no se contabilizan rubros como los de preventa petrolera, préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por terremoto, pasivos contingentes, emisión nueva de Certificados de Tesorería (CETES) y garantías del Estado a gobiernos descentralizados y empresas públicas.
Según el Informe Prospectiva, uno de los análisis político-económicos más completos existentes en el país, se estima que en el mismo periodo de cierre -contabilizando los rubros excluidos por el MEF- la deuda publica asciende a USD 57,294.96 millones y representa el 55.08% del PIB. Todo ello pese a que entre abril y julio la estrategia del Estado haya logrado una reducción de USD 296 millones gestionando la deuda interna, lo cual no ha impedido que la deuda externa continúe al alza debido a los intereses generados mensualmente.
Otro de los parámetros que afecta negativamente a la calificación de riesgo es el déficit fiscal que Ecuador arrastra desde el cierre del ejercicio 2010. De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador (BCE), el Estado cerró el 2017 con un déficit fiscal primario -el cual no contabiliza intereses de deuda- de USD 2,243.90 millones. A esto hemos de agregar que para el presente ejercicio fiscal 2018 el Estado pronosticó un nuevo déficit global (déficit primario + intereses por deuda) de USD 9,515.45 millones, dando un acumulado (2017+2018) de USD 11,759.35 millones de brecha financiera hasta diciembre
El gobierno ya ha logrado disminuir esta brecha en USD 5,879.65 millones con deuda externa y operaciones locales que no se denominan deuda. En los mercados internacionales USD 3,000 millones en Bonos Soberanos (enero) y recibiendo USD 929.80 millones de fuentes bilaterales y multilaterales que comprenden: USD 368.8 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) -junio- y USD 561 millones con la renegociación de ventas anticipadas de petróleo con UNIPEC, Petrochina y PetroTailandia (mayo).
En el mercado local el Gobierno ha logrado financiar con operaciones que no se consideran deuda USD 1,950 millones distribuidos en la colocación de CETES por USD 450 millones (junio) adquiridos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC- (USD 350 millones) y la Corporación Nacional de Electricidad -CNEL- (USD 100 millones), así como la reducción del déficit fiscal primario en USD 1,500 millones entre los meses julio del pasado año y el presente con el programa de optimización y reducción del Estado.
A pesar de estos esfuerzos, Ecuador aun requería financiar USD 5,879.70 millones a julio del presente ejercicio fiscal. Fitch Ratings considera que este saldo podría ser gestionado con operaciones en los mercados internacionales, emisión de deuda interna y acumulación de pagos atrasados a proveedores del Estado. Sin embargo, el Informe Prospectiva estima que el acceso a los bilaterales y multilaterales aún tiene un costo alto para la frágil economía ecuatoriana. La tasa de interés EMBI (Emerging Markets Bonds Index) gestionado por JP Morgan Chase -una de las empresas financieras más antiguas del mundo- se mantiene en 6.83% promedio desde el 1 mayo de 2018, mientras que la media de Latinoamérica se ubica en 4.12%, motivo por el cual Ecuador debe enfocarse en reducir su volatilidad en lo que resta del año para conseguir financiamiento externo apropiado ya que el mercado nacional es poco profundo y ofrece limitado financiamiento adicional.
La última operación financiera del Estado ha sido la firma de un acuerdo de financiamiento de corto plazo con Goldman Sachs, unos de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del planeta, el cual incluye un millonario colateral de especie de garantía. Este convenio provee al Estado de un crédito de USD 500 millones que se ingresaron el 31 de agosto a las reservas internacionales para libre disponibilidad. El préstamo tiene un plazo de cuatro años y una tasa de interés de 6.55%. La firma de este acuerdo implicó para Ecuador entregar como colateral de estos recursos líquidos USD 1,200 millones en bonos entre inversionistas, los cuales funcionan como una especie de “letra de cambio” que entrega el país a cambio del préstamo y que generan un interés a favor de Goldman Sachs pese a que no serán negociados en el mercado internacional y que serán devueltos cuando Ecuador termine de pagar el crédito (estos se encuadra en operaciones Repo, es decir, operaciones de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado).
Por otro lado, la reducción del aparato estatal, eliminación del subsidio de gasolina super y la recaudación por condonación de intereses, multas y recargos a deudores morosos con el fisco solo lograrán recaudar -en el mejor de los casos- alrededor de USD 1,342 millones en este año fiscal, lo cual es claramente insuficiente para el presente curso y en previsión de las estimaciones para el 2019. Fitch estima que para el 2019 se requiere financiar alrededor de USD 8,500 millones sin incluir CETES.
Pero existe a su vez otra deuda que podemos considerar como social. A este respecto el Gobierno ha planteado pagos a pensionistas hasta fin de año por un valor de USD 100 millones, lo que en principio beneficiará a unas 1.200 personas y para el próximo año se está pendiente de presupuestar una cifra no inferior a esta para ir reduciendo los saldos pendientes. En 2019 el Estado debe pagar el 40% de las pensiones jubilares, algo más de USD 1,500 millones en función de una sentencia de la Corte Constitucional por un artículo modificado en la Ley de Justicia Laboral, lo que hace que el Ejecutivo -debido a sus limitaciones en materia de liquidez financiera- trabaje en estos momentos en la articulación de un mecanismo de pago a través del bonos del Estado, buscando encontrar herramientas que generen menos castigo que en fechas pasadas fechas para los jubilados a la hora de negociar el papel del Estado y convertirlo en dinero efectivo.
Ante todo esto el escenario para el último cuatrimestre del 2018 genera que exista una gran posibilidad de que el país enfrente un nuevo periodo de recesión económica, ya que los niveles de formación bruta de capital se encuentran estancados. De acuerdo con las cuentas nacionales por industria del primer trimestre del BCE, solo 6 de 19 sectores presentan un crecimiento positivo liderado por suministro de electricidad y agua con 2.35%. Pese a ello, las cinco industrias que más contribuyen al PIB (manufactura, comercio, servicios de enseñanza y salud, construcción, petróleo y minas) han crecido menos del 1% o decrecido, siendo el peor desempeño el del sector de petróleo y minas (-2.04%).
Fuente: BCE; Elaboración propia
Comparando trimestres, entre el último del 2017 y el primer trimestre del 2018 la formación bruta de capital fijo (FBK) ha crecido en 1.99%, correspondiendo USD 5,185.56 millones al sector privado y USD 1,317.60 millones al sector público. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar la anunciada recesión económica en los próximos meses, dado que la contracción del sector público y el bajo dinamismo de la inversión privada corroboran que la economía ecuatoriana es todavía muy volátil y se prevé que Ecuador solo crezca en 1.1% en este 2018 y 0.8% en 2019 según Fitch Ratings.
El Informe Prospectiva ha estimado -de acuerdo con información del BCE- que la FBKF se ha reducido en -9.04% de forma acumulada desde el último trimestre del 2014 que se ubicó en USD 7,149.70 millones. Adicionalmente la inversión pública y privada tuvo los mismos niveles de inversión en el último trimestre de 2017, punto de inflexión positivo macroeconómicamente hablando para establecer cambios estructurales profundos para el largo plazo, aunque es un efecto no fruto de la incipiente política económica del actual régimen, sino una causa natural por la reducción de la capacidad del Estado a la espera de la tan augurada dinamización del sector privado. Económicamente este punto de inflexión ya existió en el último trimestre del 2015, con una deuda pública de USD 32,771 millones (32.71% deuda/PIB) y un déficit fiscal de USD 5,000 millones. Sin embargo, dicha condición no fue aprovechada por parte del Estado y la economía ecuatoriana.
Ahora con un escenario de deuda y déficit más adverso, el actual Gobierno debe enfrentar -bajo fuerte presión del sector privado y posiblemente un costo social y político mucho mas alto al que existía a finales del 2015- un escenario donde apenas la Ley de Fomento Productivo ejerce como cuerpo legal “salvador” para la atracción de inversiones y generación de empleo. Todo ello dentro de una estrategia de política económica que incluye cierta flexibilización del mercado laboral y ampliación indiscriminada de tratados de libre comercio.
El Gobierno pretende cerrar el año 2018 con USD 4,000 millones de déficit global y unos USD 1,200 millones de déficit primario, contemplando como objetivo final llegar al año 2021 con un déficit del 1% del PIB en términos globales y en superávit en términos primarios, a la par de tener unas necesidades de financiamiento de 3.5% del PIB. Esto implica seguir disminuyendo el tamaño del Estado, mantener el proceso disciplinado de reducción de gastos -eufemismo con el que se trata de redefinir las políticas económicas de austeridad- y tener abierto de forma solvente el financiamiento internacional.
Situación política
En este contexto, diferentes actores políticos y sociales de oposición comienzan una campaña de movilizaciones que busca calentar el escenario progresivamente de aquí a finales de año. La consigna para dicha movilización consiste en posicionar la narrativa de que la eliminación de subsidios a la gasolina super es un “paquetazo”, término acuñado en la anterior era neoliberal en América Latina cuando los gobiernos dictaban medidas ajuste económico que afectan al conjunto de sus habitantes.
Cabe indicar en este sentido, que la subida de la gasolina super no es en sí misma estrictamente un paquetazo, siendo un hecho que desde los espacios de la izquierda ecuatoriana y la Academia ha existido históricamente una crítica a la aplicación indiscriminada de este tipo de medidas sin focalización alguna. La utilización de esta terminología al momento actual es por lo tanto sobredimensionada, motivo por el cual dicho mensaje no termina de calar sobre el conjunto de la población. La siguiente fase de este capítulo, enmarcada en un debate nacional sobre focalización generalizada del resto de subsidios debe contemplar como actores principales a los sectores de la economía popular y solidaria, es decir, cooperativas de transportistas, pescadores, pequeños productores… además de los sectores empresariales, dejando de lado a los ególatras economistas de tendencia neoliberal que hoy copan por doquier los programas de opinión pública.
Sin embargo, es evidente que la eliminación de este subsidio al combustible es el arranque de una serie de medidas de austeridad macroeconómica que tendrá su impacto sobre el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Entre ellas destacan la paulatina reducción del número de funcionarios públicos mediante la no renovación de contratos ocasionales -los cuales se estiman en entorno de 70.000 al año-, los cuales difícilmente serán absorbidos por el sector privado y con lo cual se busca optimizar en unos USD 1.000 millones la masa salarial del Estado; la aplicación de una previsible política de flexibilización laboral que entiende -de forma muy miope- que el problema fundamental de la baja competitividad del sector productivo nacional es fundamentalmente fruto de la actual legislación laboral, olvidándose de factores tales como la falta de desarrollo financiero, tecnológico y la carencia de una estrategia inteligente de inserción en el sistema mundo, buscándose elevar el ranking en el que se sitúa Ecuador en el Índice de Competitividad Global, donde el país se sitúa en el puesto 97 siendo la única economía de América Latina que ha empeorado de manera consecutiva durante 3 años (ocupaba el puesto 71 en 2014) a falta de datos oficiales sobre la economía venezolana-; un plan de venta de empresas públicas y monetización de activos que presumiblemente deteriorará la calidad de los servicios públicos y encarecerá el uso de tarifas y bienes comunes, lo cual les llevará un cierto tiempo por necesidades de adecuación del actual ordenamiento jurídico; y el incremento de la producción petrolera, pasando de 520 mil barriles diarios hasta 700 mil barriles diarios en 2021 -para ello se está modificando el marco normativo por parte del Ministerio de Hidrocarburos-, lo que implicará un incremento de la conflictividad social en los territorios sujetos a la presión extractivista.
En paralelo, el Estado ha cometido un error al atentar -mediante la política de remisión de intereses y multas a los grandes grupos de capital deudores al fisco- contra los avances en materia de cultural fiscal que se implementaron durante la última época en el país. Sobre los USD 3,300 millones de deuda nominal que registra el Servicio de Rentas Internas (SRI), el objetivo de recaudación establecido por el propio Gobierno no supera los USD 600 millones, es decir, no supera su 20%. En este sentido, ha sido un error también combinar en el tiempo la condonación de intereses y sanciones a empresarios morosos con la eliminación del subsidio a la gasolina super, lo que hace sentir a un amplio target de la sociedad que con un esfuerzo fiscal se pretende cubrir al otro. Lo anterior implica que desde el Ejecutivo se haya diseñado una nueva campaña publicitaria que se pondrá en marcha en breve pretendiendo convencer a la sociedad ecuatoriana de la bondades de dicha remisión fiscal.
En el corto plazo el Gobierno Nacional enfrenta un cronograma complejo. A las movilizaciones hoy en marcha y que se irán paulatinamente incrementando, hay que sumar que en breve tendrá lugar la negociación del salario básico unificado -donde es de esperar que su incremento sea meramente simbólico-, el incremento del endeudamiento familiar fruto de la fiestas navideñas y la correspondiente “cuesta de enero” para las familias ecuatorianas, lo que sumado a los contratos no renovados en la Administración Pública de aquí a finales de año conllevará a incrementar la sensación de que las políticas públicas en materia económica no benefician a las grandes mayorías. Esa es la estrategia de erosión social al Gobierno que contemplan las fuerzas políticas hoy opositoras, situando en este ámbito a un conglomerado de actores políticos que van desde el partido conservador CREO hasta los residuos políticos del correísmo, pasando por organizaciones sindicales, el movimiento indígena o sectores anterior vinculados a la izquierda radical y que desde las últimas elecciones trabajan en comunión con organizaciones de la derecha (léase sectores adscritos al viejo Movimiento Popular Democrático).
Sin duda este contexto también está transversalizado por las futuras seccionales que tendrán lugar el próximo 24 de marzo, donde es de esperar que Alianza PAIS pierda definitivamente la hegemonía que hasta las últimos comicios presidenciales mantuvo en las urnas. Se prevé una gran desconcentración de poder a lo largo y ancho del país, donde presumiblemente accederán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales y municipales un conjunto importante de organizaciones políticas más identificadas con liderazgos locales que con el Gobierno Nacional.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las políticas de austeridad significarán recortes paulatinos también para los GADs, probablemente implicará agendas distintas y tensiones territoriales y nacionales entre el Gobierno Nacional y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) e incluso el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE).
Previsiones para el año 2019 y 2020
Un escenario de estas características implicaría para el Gobierno Nacional un incremento del deterioro de su legitimación social para la segunda mitad del año 2019 y especialmente en 2020, siempre y cuando no se sea capaz de dinamizar la economía nacional durante este período a través de la inversión privada.
Aquí aparece un factor de carácter exógeno poco contemplado hasta ahora por los analistas nacionales. No ha habido tantos signos de problemas para la economía global desde los momentos previos a la crisis financiera del año 2008, la llamada crisis de las hipotecas subprime.
La deuda total mundial es de cerca de USD 200 billones de dólares, 2.2 veces mayor que el PIB mundial, siendo la República Popular China la que más ha contribuido (75% del incremento de la deuda privada mundial) a este suceso. Pero lo más preocupante es que la calidad del crédito financiero se ha deteriorado ostensiblemente, cayendo el rating mediano de los bonos desde A en 1980, hasta BBB- en 2018, media que está acercándose hacia el bono basura.
Los analistas financieros de Wall Street están comenzando a hacer sonar las alarmas sobre los bonos basura, el dinero inteligente está saliendo de las acciones a un ritmo acelerado y según Moody´s Corporation, una agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y análisis de las entidades comerciales y gubernamentales, está llegando una fuerte oleada de bonos indeseables. La FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), una agencia federal independiente de los Estados Unidos que se formó a raíz de la Gran Depresión, indica que los activos de bancos problemáticos se han triplicado con creces durante el primer trimestre de 2018, lo que implicó que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos hayan tenido el peor comienzo desde el crack de 1929.
La economía estadounidense acumula 34 trimestres consecutivos de expansión, uno de los ciclos de crecimiento más largos de su historia. Sin embargo, los incumplimientos de la deuda de su industria minorista alcanzaron un máximo histórico el presente año, y estamos en camino del peor cierre de los comercios minoristas de Estados Unidos en años. Firmas de asesoramiento financiero y patrimonial como MdF Family Partners anuncian que la próxima recesión ocurrirá antes del fin de 2020.
Se debe contemplar también que las reducciones de impuestos de Donald Trump en Estados Unidos están aumentando mucho el déficit fiscal de dicho país, lo que es muy negativo para los inversores, ya que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, del 3%, excede el del dividendo del mercado. El plan trazado por la Reserva Federal (FED) pretende ir aumentando tipos llegando a superar el 2% en 2018 -se han anunciado cuatro alzas para este año- y el 3% en 2019, normalizando así la política monetaria. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos supondrá incrementar la deuda de muchos países emergentes que en la actualidad se encuentran sumamente endeudados.
En paralelo, las dos economías más grandes del planeta han entrado en una lógica de guerra comercial internacional que de seguir así conllevará posiblemente un fuerte impacto en la economía global. Pese a que para algunas instituciones de análisis financiero -como Goldman Sachs entre otras- dichas medidas emanadas inicialmente desde la Casa Blanca bajo los parámetros del discurso electoral de “America first”, no pasan de ser una estrategia de toma de posiciones para una futura negociación entre las partes, lo cierto es que se han incrementado notablemente las probabilidades de una situación que implicaría un golpe significativo al comercio mundial y al crecimiento global. En la última Cumbre del G20 realizada en Buenos Aires (Argentina) el Fondo Monetario Internacional advirtió que la disputa arancelaria entre China y Estados Unidos podría contraer la economía global hasta en medio punto, unos USD 430.000 millones.
Cruzando el Océano Atlántico y pese a que Europa vive su mejor momento de crecimiento económico desde la última burbuja financiera, la novena economía más grande del mundo (Italia) se encuentra en medio de una nueva crisis financiera, existiendo temores de que pueda extenderse a otras áreas de la Eurozona. Las acciones bancarias italianas están colapsando y los rendimientos de los bonos italianos a dos años son los más altos desde la crisis de 2014, siendo calificada la deuda italiana como BBB con perspectiva estable sin llegar a convertirse en negativa.
La semana pasado el gobierno italiano se vio obligado a emitir 6.000 millones de euros de deuda, la tasa de los bonos con vencimiento a cinco años alcanzó 2.44%, su nivel más alto desde finales de 2013 y 3.25% a los de diez años, superando el umbral del 3% por primera vez desde mayo del 2014. Según TS Lombard, agencia global de investigación de inversiones y estrategias de mercado, Italia podría estar generando un “círculo vicioso” que podrá terminar afectando a los bancos nacionales. En todo caso y más allá de especulaciones, es un hecho que la economía italiana se ve afectada por una abultada deuda que no mengua y que la desconfíanza se ha apoderado de los inversores extranjeros, quienes dejaron al gobierno italiano contabilizando la retirada récord de casi 40 mil millones de euros en bonos de este país.
Por su parte, el gigante bancario alemán Deutsche Bank ha anunciado que recortará otros 7.000 puestos de trabajo , ya que “busca pasar la página de años de pérdidas”. Una posible quiebra de Deutsche Bank significaría un momento similar al de Lehman Brothers -quien quebró el 15 de septiembre de 2008- para todo el planeta. Es por ello que las autoridades alemanas de Supervisión Financiera (BaFin) analizan, sin publicitarlo, una posible fusión de dicha entidad bancaria con el Commerzbank -segundo banco comercial privado de Alemania y que está parcialmente nacionalizado-. En todo caso, lo más grave de esta situación deviene de las recientes declaraciones de Christian Sewing, presidente de Deutsche Bank, quien ante el silencio de sus aludidos se ha preguntado públicamente cuántas de las 5.500 instituciones financieras existentes en la zona euro pueden gestionar de verdad riesgos en una economía mundial cada vez menos previsible y cuántos están en buena forma.
Diferentes analistas indican que el ciclo económico se está agotando, siendo el indicador más representativo de esto el “output gap” (brecha de producción). Pese a que existen excepciones, el diferencial de producción es negativo en muchas economías y a nivel global próximo a cero. Esto implica que las principales economías desarrolladas están creciendo por encima de su equilibrio, un escenario que es insostenible a largo plazo.
Pese a que el crecimiento se está produciendo con un escenario sin inflación, algo históricamente anómalo, diversos indicadores apuntan a que este crecimiento sin inflación es tan solo un espejismo y acabará en breve. Este crecimiento artificial logrado a base de deuda conllevará a que más allá de retrasarse la próxima recesión esta, cuando estalle, sea más profunda.
Es de prever entonces que la inflación repuntará con fuerza a partir de la segunda mitad del año 2019 como consecuencia del crecimiento por encima del nivel de equilibrio, posiblemente fruto de un chispa que devenga de factores como salarios, vivienda u otros activos.
En condiciones así, cuando la inflación comience a repuntar con fuerza, la FED se verá obligada a elevar los tipos de interés, lo que endurecerá las condiciones del mercado y terminará por provocar la siguiente crisis.
Coincide con este escenario el informe Perspectiva Seculares de Pimco, un grupo norteamericano de gestión de fondos que lo presentó hace apenas dos meses y medio, en el cual se indica que se incrementa notablemente el riesgo de recesión y la crisis comenzaría de nuevo en Estados Unidos alrededor de 2020. Según Pimco, nunca ha habido tanta liquidez inyectada por los bancos centrales y, sin embargo, tan poca liquidez en el mercado secundario (impactos derivados de la ley Dodd Franck del 2010 para el control de la estabilidad financiera en Estados Unidos).
Desde la visión de Pimco, los principales motivos sobre los que se sostienen sus predicciones económicas tienen que ver con que los bancos centrales ya han cambiado su tendencia, la expansión monetaria ya llegó a su fin y antes o después acometerán subidas de tipos de interés -previsiblemente más agudas en Estados Unidos- y la retirada de estímulos monetarios (quantitative easing) con especial efecto en Europa.
De igual manera, diversos analistas de The Economist ya comenzaron a especular también con este tipo de escenarios basándose en la excesiva deuda de las empresas. Cierto es que los beneficios han aumentado mucho para las empresas del S&P 500, quienes han obtenido gran rentabilidad y en especial las correspondientes al sector tecnológico. Sin embargo, las empresas medianas comienzan a registrar serias dificultades, registrando el mayor apalancamiento en su historia desde 1981. En términos de balance, su deuda alcanza el 34% de media sobre sus activos totales, el nivel más alto desde el año 2000.
Así las cosas, las corporaciones con mayor caja y liquidez buscan recomprar sus acciones en el mercado en aras a aumentar el precio de estas y el valor de las opciones sobre acciones de sus ejecutivos. Pero si estas firmas emiten bonos para recobrar sus propias acciones, esto derivará en el aumento del riesgo de una mayor inestabilidad financiera.
En resumidas cuentas, este período tan prolongado de tipos de interés bajos ha generado que muchas empresas se hayan endeudado de forma creciente. Según S&P Global, el 37% de las corporaciones transnacionales han aumentado su endeudamiento cinco puntos porcentuales más de la media existente en el año 2007. Lo mismo sucede con las operaciones de capital riesgo que hoy ostentan niveles de deuda mucho más altos que diez años atrás.
Una coyuntura internacional donde la economía global vuelva a contraerse impactaría negativamente sobre las previsiones de dinamización de la economía ecuatoriana que pretende poner en marcha el Gobierno Nacional, generando una lógica de inestabilidad política al interior del Ecuador que podría poner en serios apuros la última fase de gestión de la Administración Moreno. Todo ello con escasas posibilidades y voluntad desde el Ejecutivo para articular políticas contracíclicas destinadas a impedir, superar o minimizar los efectos de un ciclo económico en recesión.
Estas políticas contracíclicas son generalmente defendidas por quienes entienden que los ciclos económicos no tienden al equilibrio general, planteando que el déficit y la inversión púbica es el principal instrumento de la política económica para amortiguar los efectos del ciclo. Así las cosas, durante un período de recesión se debe invertir, reduciendo tributos, promoviendo la expansión del crédito y aumentando el gasto, realizándose desde el Estado inversiones -durante una recesión el capital privado no tiene expectativas de ganancia que fomenten su inversión- que sean capaces de estimular la economía... algo muy distante de lo que parece estar planteado como hoja de ruta económica en el actual Gobierno.
