Entrevista de Gabriel Brito a Decio Machado para el periódico brasileño Correio da Ciudadania
www.correiocidadania.com.br
(traducido al castellano)
Sin aún mucha repercusión regional, América Latina ve deteriorarse uno de sus más celebrados procesos políticos recientes, inclusive con escenas de represión a los movimientos sociales. Se trata del Ecuador y su llamada "Revolución Ciudadana", que en la actualidad parece pasar por el mismo fin de ciclo que otros países capitaneados por los llamados "gobiernos progresistas". Sobre esto y también sobre la coyuntura suramericana, conversamos con el analista político hispano-brasileño Decio Machado.
"Haciendo un rápido recorrido por la región, vemos como en Brasil el actual ministro de finanzas pasó a ser un discípulo de los Chicago Boys dentro de un gobierno que se dice de los trabajadores; en Argentina el próximo presidente será el representante de la derecha new age del actual partido de gobierno; en Chile el gobierno de Bachelet no ejecuta ni una sola de las medidas progresistas que prometió en campaña; en Perú no queda ya nada de izquierda dentro del gobierno de Humala; en Bolivia desde mediados del pasado año se estrecharon los lazos entre el sector privado y el gobierno; y, en Ecuador el gobierno está volviendo al redil del FMI eliminando subsidios sociales y a punto de comenzar un proceso de privatizaciones sobre distintos activos de empresas públicas", sintetizó.
Además de analizar el contexto económico regional, Decio expone la evolución del proceso ecuatoriano en los 9 años de correísmo -crítica constante en sus trabajos como coautor y a veces coordinador de obras como "La Restauración Conservadora del Correísmo", "Correismo al desnudo" o "El país que queríamos"- y la relación existente entre los detentores del poder y la sociedad ecuatoriana, en especial los sectores más contestatarios, sin olvidar por ello los avances obtenidos durante el proceso, entre estos la auditoría a la deuda externa.
"Al mismo tiempo que se construía este estereotipo de líder nacionalista y revolucionario enfrentado a los grandes poderes del capital mundial, al interior del país se ha desarrollado un modelo de Estado coercitivo y de control", afirma.
Y, ante la actual crisis económica que se prevé de larga duración, Decio Machado hace referencia a lo que ya se ve en otros lugares y dice que va siendo hora de renovar proyectos y protagonistas políticos. En líneas generales, un cuadro muy similar al que ya visualizamos en Brasil y otros países vecinos.
"Es fácil prever que la socialdemocracia latinoamericana cada vez se irá pareciendo más a las socialdemocracias liberales europeas. Esta realidad implica la necesidad de generar nuevas alternativas sociopolíticas que si sean capaces de transformarse en motores de cambios en nuestra región. Esto conlleva dos vertientes, la conformación de iniciativas políticas diferenciadas a esto que se ha llamado progresismo latinoamericano y sobre todo, una rearticulación de nuevos movimientos sociales, donde personalmente pienso que lo urbano y la incidência de lo juvenil tendrá más peso que lo campesino, indígena y rural."
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| Decio Machado |
Aquí la entrevista completa con Decio Machado:
¿Qué nos puedes contar sobre el momento actual en el Ecuador, sus aspectos políticos, sociales y económicos?
Ecuador ha vivido en estos últimos años un período de
estabilidad política importante –con anterioridad a Rafael Correa ninguno de
los tres últimos presidentes electos ha terminado su mandato-, obteniendo un
notable mejoramiento en sus indicadores sociales y un crecimiento económico
sostenido que le ha permitido al país ver como sus clases medias pasaron del
14% al 27% en durante los últimos 10 años.
El aparato de propaganda del régimen correísta llamó a esto
“milagro ecuatoriano”, intentando de manera forzada equipararse a procesos
económicos como los vividos por Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan
entre 1960 y 1990, motivo por el cual se autodefinió al Ecuador como el “jaguar
latinoamericano” en alusión a los llamados cuatro “tigres asiáticos”.
Desde el punto de vista político, el correísmo implementó
como base de su estrategia de legitimación el culto a la personalidad del
líder, lo que vino a significar una agresiva campaña de propaganda donde la figura
presidente Correa ha sido diariamente omnipresente durante nueve años y a
través de la cual también se ha querido construir cierto nivel de devoción al
Estado al más fiel estilo norcoreano. En paralelo, el alto precio del petróleo
en los mercados internacionales y una efectiva política de recaudación de
impuestos, entre 2007 y 2014 se duplicó el número de contribuyentes activos en
el país a pesar de que el índice de evasión fiscal sigue siendo alto, le
permitió al correísmo implementar una profunda modernización del Estado y sus
infraestructuras.
El aumento de la capacidad adquisitiva de la población hizo también aumentar el consumo, desarrollándose en paralelo una fuerte cultura de
endeudamiento familiar que más temprano que tarde pasará su factura, mientras
que las empresas privadas monopólicas y semi-monopólicas existentes en los
diferentes sectores de la economía nacional han obtenido un nivel de beneficios
muy superior a los que obtuvieron durante el período neoliberal. Cabe destacar
que estas empresas se han visto agraciadas por una política fiscal que ejerce
su presión sobre las capas medias y pequeños comerciantes en lugar de sobre los grandes capitales.
Sin embargo, la estructura económica real del país apenas ha
sufrido cambios respecto a la matriz de acumulación heredada del
neoliberalismo, condición que está conllevando a un rápido deterioro de la
economía nacional al momento en que el país entró en su actual crisis fruto de
la ralentización de la economía china y la caída del precios del crudo.
Terminado el período de bonanza económica, terminó también
la magia de enamoramiento que el correísmo ejerció sobre la sociedad
ecuatoriana. En la actualidad el régimen y la figura del presidente Correa
sufre un fuerte desgaste político, mientras comienzan recortes presupuestarios,
despidos en la Administración Pública y privatizaciones.
¿Estamos ante el agotamiento de un ciclo político en Ecuador, de igual manera a lo que está sucediendo en otros países golpeados por esta nueva crisis internacional del capitalismo?
Todos los países de la región han obtenido notables logros
en materia de combate contra la pobreza durante la década dorada de los
commodities. A pesar del discurso revolucionario, la reducción de la pobreza no
es solo un logro de los gobiernos progresistas. Colombia por ejemplo, un país
que ha mantenido gobiernos neoliberales
durante todos estos años, redujo su pobreza monetaria –cuando los ingresos no
alcanzan para una canasta básica- del 49,4% en 2002 al 28,5% en 2014. Sin
embargo, la reducción de pobreza en América Latina lleva estancada en un 28% de
la población, es decir 167 millones de personas, desde el 2012, lo que demuestra el fin del ciclo de bonanza
económica regional.
Con el fin de la década dorada de los precios de los
commodities llegó también el fin del ciclo político progresista, lo que no
quiere decir necesariamente que esto implique la caída de estos regímenes
políticos actuales, sino la transformación de sus políticas públicas. Haciendo
un rápido recorrido por la región, vemos como en Brasil el actual ministro de
finanzas pasó a ser un discípulo de los Chicago Boys dentro de un gobierno que
se dice de los trabajadores; en Argentina el próximo presidente será el
representante de la derecha new age
del actual partido de gobierno; en Chile el gobierno de Bachelet no ejecuta ni
una sola de las medidas progresistas que prometió en campaña; en Perú no queda
ya nada de izquierda dentro del gobierno de Humala; en Bolivia desde mediados
del pasado año se estrecharon los lazos entre el sector privado y el gobierno;
y, en Ecuador el gobierno está volviendo al redil del FMI eliminando subsidios
sociales y a punto de comenzar un proceso de privatizaciones sobre distintos activos
de empresas públicas.
Que nuestros actuales gobiernos descubran ahora que el
capitalismo se retro-alimenta de sus propias crisis cíclicas, no demuestra más que
una enorme incapacidad por parte de las nuevas elites tecno-burocráticas
“progresistas”. Llevamos una década escuchando discursos sobre las virtudes de
la planificación, pero a la hora de verdad vemos que poco se planificaron los
Estados para afrontar el cambio de ciclo económico impuesto por el capitalismo
global en estos momentos. La consecuencia es clara: existe el severo riesgo de
perder en los próximos años gran parte de las conquistas sociales adquiridas
por la clase trabajadora y los sectores históricamente olvidados en nuestras
respectivas sociedades latinoamericanas. No hay que olvidar que el porcentaje
más alto de población latinoamericana, un 38% que equivale a 200 millones
de personas, es población vulnerable según la CEPAL.
Uno de los méritos más celebrados del gobierno Correa fue la auditoría de la deuda externa, reducida drásticamente y casi sin resistencia por parte de los acreedores. ¿Cuál es la importancia que esto supuso para el presupuesto y las políticas del Ecuador en esos años? ¿Esto significó una mejora visible de las condiciones de vida de la población y de los servicios públicos básicos?
En 2008, tras una auditoria independiente realizada sobre la
deuda externa, el presidente Correa declaró una parte de la deuda contraída por
Ecuador como una deuda ilegítima. A partir de ahí se declaró el cese de pagos
del 70% de la deuda ecuatoriana en bonos, situación que hizo que los acreedores
o tenedores de deuda sacaran al mercado sus bonos con valores más bajos
pretendiendo vender rápidamente.
Fue el mismo Estado ecuatoriano quien, a
través de una atrevida estrategia de ingeniería financiera, recompró con apenas
800 millones una deuda que tenía un valor original 3.000 millones de dólares.
Sumado los intereses, es posible que esta brillante operación pueda haber
ahorrado al Estado unos 7.000 millones de dólares en los años siguientes.
Sin duda, este ahorro por parte del Estado ecuatoriano permitió que el gobierno del presidente Correa incrementase la dotación presupuestaria destinada a programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables. Es un hecho que la declaración de deuda ilegítima de un tercio de la deuda externa del Ecuador, permitió a los sectores más empobrecidos mejorar sus condiciones de vida, aunque la calidad de los servicios públicos siga dejando mucho que desear.
Lamentablemente en los últimos años el gobierno correísta
desandó el camino recorrido. El país en la actualidad vive una agresiva
política de endeudamiento externo, condición que posiblemente exija al gobierno
modificar nuevamente la Constitución, pues estamos ya en una deuda cercana al
40% del PIB, equivalente al techo máximo de endeudamiento que se contempla en
nuestro texto constitucional.
Uno de sus libros sobre el proceso ecuatoriano, la denominada "Revolución Ciudadana", tiene el elocuente nombre de Restauración Conservadora del Correismo. ¿Puedes detallarnos al respecto y cómo eso se refleja en las prácticas más recientes del gobierno de Correa?
El libro es un
esfuerzo compartido con múltiples académicos y militantes sociales ecuatorianos,
de los cuales yo soy apenas uno más. En él se detalla como el régimen ha ido
evolucionando muy rápidamente a posiciones conservadoras en prácticamente todos
sus ejes de intervención.
La política pública de salud sexual ha sido puesta en manos
de siniestros personajes vinculados al Opus Dei y el aborto esta penalizado con
cárcel incluso en caso de violación; la política económica y productiva está en
manos de funcionarios públicos carentes de ideología política y lobbistas al
servicio del capital emergente ecuatoriano; el gobierno esta aprobando un Tratado de Libre Comercio con la UE y es de
esperar que firme otros con distintos países en el futuro inmediato; la mitad
de las reservas de oro nacional se pusieron el año pasado en manos de uno de
los mayores piratas de Wall Street, el grupo de banca de inversión Goldman
Sachs, uno de los responsables impunes del colapso de la burbuja inmobiliaria
del 2008 en EEUU; la economía nacional ha vuelto a ser monitoreada por el FMI y
ante el agotamiento de su capacidad de endeudamiento en fuentes alternativas,
es fácil suponer que en breve vuelva a ser receptor de sus créditos bajo las
condiciones históricamente impuestas por las instituciones de Bretton Woods;
varios líderes sociales, por oponerse a las políticas extractivas, tienen
expedientes abiertos por sabotaje y terrorismo en un país donde el terrorismo
no existe; y, la política fiscal exonera mediante diversos mecanismos a los
grandes capitales.
En resumen, lo que queda de los sectores progresistas al
interior del gobierno tienen un rol meramente testimonial, sirven tan solo como
fachada legitimadora de un discurso pretendidamente revolucionario, pero las
prácticas políticas emanadas desde el Ejecutivo y el Legislativo –controlado
mayoritariamente por el partido de gobierno- son claramente reaccionarias.
Recientemente vimos importantes movilizaciones de resistencia a algunas políticas públicas del gobierno con el protagonismo de los movimientos sociales, especialmente el indígena, con importantes protesta en las calles. ¿Qué opinión le merece esta confrontación?
El idílio inicial existente entre el gobierno de Rafael
Correa y los movimentos sociales independientes quebró a partir del segundo año
de gestión. La aprobación de la actual Ley de Minería y la negación por parte
del gobierno a desarrollar una reforma agraria en un país que ostenta uno de
los más altos índices de América Latina respecto a concentración de tierra fueron
los primeros detonantes. A partir de entonces y sorprendentemente, el
presidente Correa ha manifestado en múltiples alocuciones públicas que el mayor
enemigo del proceso autodenominado revolución ciudadana son las organizaciones
ambientalistas, los sectores izquierdistas y el movimento indígena.
Desde entonces, las movilizaciones contra las políticas
gubernamentales auspiciadas por la izquierda social y política independiente
del gobierno han ido en aumento. Las movilizaciones masivas de estos últimos meses
no son más que la continuidad y profundización de este desencuentro político.
¿Pero como es qué se dio una reacción represiva por parte de un gobierno que internacionalmente aparece como bastante vinculado a estos grupos?
La imagen exterior del presidente Rafael Correa es el fruto
de una construcción mediática estratégicamente planificada desde el gobierno a
través de la colaboración de reconocidos profesionales internacionales del
marketing político contratados para tal fin. Al mismo tiempo que se construía
este estereotipo de líder nacionalista y revolucionario enfrentado a los
grandes poderes del capital mundial, al interior del país se ha desarrollado un
modelo de Estado coercitivo y de control.
La represión ejercida sobre los sectores populares movilizados
al interior del país en el levantamiento nacional del pasado 13 de agosto,
donde fueron detenidos un centenar de personas –gran parte de ellas con
procesos judiciales abiertos-, no es más que la plasmación práctica de un tipo
de política que tiene serias dificultades para aceptar el pensamiento crítico y
la disidencia.
Es curioso observar como el gobierno no ha desarrollado
ningún tipo de acción represiva sobre las movilizaciones callejeras organizadas
por la derecha política a medidos del presente año como oposición a la Ley de
Herencias y de Plusvalías –proyectos legislativos que pretendían gravar la
transmisión patrimonial de grandes fortunas y la especulación inmobiliaria, los
cuales fueron inmediatamente archivados por el Ejecutivo-. Sin embargo, lo que
le inquieta al gobierno son las movilizaciones auspiciadas desde sectores de la
izquierda, sobre las que si ha ejercido represión a través de los cuerpos de
seguridad del Estado.
Para entender esta contradicción, hay que entender que son
las movilizaciones desarrolladas desde los sectores populares las que ponen en
cuestión la estrategia populista del presidente Correa de reivindicarse como la
voz del pueblo.
Aquí en Brasil, tenemos un momento de extremo recrudecimiento de la represión a los pueblos indígenas en varias regiones, tal vez porque hasta la fecha nuestros pueblos originarios no han adquirido la misma influencia política que poseen estos actores en otros países. En Ecuador, cual es el nivel de fuerza política de estos pueblos y su relación con los gobiernos?
El movimiento indígena a través de su organización mas
importante, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), ha
protagonizado la política reivindicativa nacional desde los años noventa hasta
hoy. Han sido los errores de sus propios dirigentes los que han ido
paulatinamente debilitando dicha organización, la cual en la actualidad -a
pesar de su crisis interna y falta de cohesión- sigue siendo el movimiento
social más importante del país.
Las principales reivindicaciones históricas de la CONAIE y
del movimiento indígena en general siguen vigentes y no han sido atendidas por
el actual gobierno. El presidente Correa se negó a emprender la reforma agraria
y la declaración constitucional de que el Ecuador es un Estado Plurinacional no
es más que pura retórica.
La fuerza política del movimiento indígena es visible en los
territorios donde los indígenas tienen un peso social importante, determinadas
provincias de la Sierra Central y el conjunto de la Amazonía. Esto se plasma en
la representación político institucional del Pachakutik (partido político
surgido en el año 1995 que busca representar los intereses de los pueblos
indígenas y que a la postre fue utilizado por muchos oportunistas políticos hoy
en el partido de gobierno) en los gobiernos locales de estos territorios.
Sin embargo, es una realidad evidente que a pesar de que el
modelo organizativo de la CONAIE -con organizaciones internas de distinto
nível- es ejemplar, existe en la actualidad un cortocircuito entre sus bases y
la dirigencia.
En todo caso me atrevo a decir que, en un país donde la
población que se autodefine como indígena es tan solo del 7% cuando la realidad
es mucho mayor, se debería repensar la pertinencia de que el movimiento
indígena siga siendo el eje a través se articulen satelitalmente el resto de
movimientos sociales contestarios.
¿La derecha ha influenciado sobre el actual escenario de lucha política? ¿Cómo se ha organizado ese espectro político en Ecuador?
El escenario político ecuatoriano en este momento es
tremendamente complejo y se estructura a través de diferentes intereses y
estrategias transversales y en muchos casos enfrentadas.
Por un lado, la movilización en las calles ha sido mantenida
y sostenida durante todos estos años por la izquierda social y política
disidente del correísmo. Esta situación cambió a mediados del presente año,
cuando la derecha protagonizó también importantes movilizaciones de calle
encabezadas por sectores medios acomodados y parte del sector empresarial en
contra de las propuestas de ley auspiciadas por el gobierno en el ámbito de las
Herencias y las Plusvalías Patrimoniales.
En la actualidad estos sectores
conservadores se están incorporando a las movilizaciones auspiciadas por los
sectores populares, los cuales a pesar de que intentan distanciarse de los
intereses de la burguesía, no pueden evitar su presencia en las manifestaciones
que se realizan en las calles. En realidad, son los sectores más conservadores
son quienes controlan al aparato mediático privado nacional, lo que les permite
jugar a la estrategia de capitalizar el desgaste político que sufre el gobierno
nacional en estos momentos.
A la espera de que la situación económica nacional
se deteriore aún más, como es previsible, buscan unificarse bajo una solo
propuesta electoral y que tengas posibilidades de derrotar al correísmo
electoral febrero del 2017, fecha de los próximos comicios presidenciales. Que
tengan capacidad de unificarse y que la tendencia de voto les beneficie son dos
cosas que aún están verse.
En paralelo, y como ya indicaba con anterioridad, son los
sectores organizados de la izquierda social y política quienes protagonizan las
convocatorias de movilización en las calles, si bien esto no se plasma en
intención de voto por parte de la ciudadanía. El correísmo se encargó, durante
estos casi nueve años de gobierno, de debilitar enormemente a las
organizaciones políticas de la izquierda, las cuales con mediocres liderazgos
políticos tampoco son capaces de ofrecer un programa de gobierno alternativo,
sólido y convincente a la sociedad ecuatoriana.
Por último, en lo que se refiere al oficialismo, cabe
destacar que el presidente Correa pretende aprobar en breve una ley que le
permita presentarse a la reelección presidencial de manera indefinida. Sin
embargo, en función de que se agudice la crisis económica lo más seguro es que
deje un delfín político posicionado a la candidatura presidencial del 2017 –se
habla de Lenin Moreno, su ex vicepresidente durante la legislatura anterior-
con el fin de volver a candidatizarse en el 2021, articulando una estrategia
similar a la del lulismo en Brasil y buscando no deteriorar más su imagen en la
actual coyuntura económica de crisis exponencial que vive el país.
¿Qué otros grupos y colectivos sociales se han destacado en este escenario?
Los movimientos sociales ecuatorianos tienen la necesidad de
reinventarse durante este período. No creo que las izquierdas tengan ninguna
chance electoral en el 2017, lo que supondrá seguramente una fuerte crisis
entre sus actuales dirigencias. Pienso que según se agrave la crisis económica,
habrá mejores condiciones para el surgimiento de nuevos movimientos sociales de
perfil urbano juveniles y con características de indignación similares a lo que
vimos en Brasil en junio del 2013.
Mas allá de esto, quienes en la actualidad ostentan el peso
de la movilización social en Ecuador es el movimiento indígena, específicamente
la CONAIE, con quienes todos los sectores de la izquierda social debemos ser
solidarios, dado que sobre ellos recae gran parte de la criminalización social
auspiciada desde el poder político del Estado en estos momentos.
El gobierno correísta implementó las mismas lógicas
políticas clientelares que con anterioridad habían desarrollado otros gobiernos
neoliberales en el país. A través de prebendas políticas y puestos públicos
compran dirigencias de organizaciones populares e intentan dividir a los
movimientos sociales en resistencia.
La solidez de este tipo de relaciones en el gobierno actual se
mantuvo mientras se mantuvo la bonanza económica. Ahora estamos en un período
de crisis donde posiblemente el país cierre el año con un crecimiento negativo
y nada apunta a que el 2016 sea un año de recuperación económica. En ese
contexto, hay que entender que Alianza PAIS -el partido de gobierno- es un
partido político construído desde el poder. Sus líderes territoriales en la
mayoría de los casos son caciques locales reciclados de la vieja partidocracia
existente en el período neoliberal. Es por ello que ni hay originalidad en las
políticas públicas desarrolladas por el correísmo en las instituciones locales
ni el modelo de relación clientelar con las organizaciones sociales o la
sociedad en general ha sufrido transformaciones radicales respecto a lo que ya
históricamente se vino desarrollando en el país.
En función de que el gobierno se vaya debilitando en la
actual coyuntura política nacional se debilitaran esos lazos clientelares y
gran parte de los funcionarios públicos con nombramientos políticos se
reacomodaran a la larga en las listas que consideren con mayores posibilidades
de ganar las próximas elecciones. Tal cual lo hicieron en las listas
correistas con anterioridad. Son un establishment carente de ideología que
buscará mantener sus privilegios de casta mande quien mande a partir del 2017
en este país.
Pienso que este proceso mal llamado “Revolución Ciudadana”,
aquí con las y los ciudadanos se ha contado muy poco a la hora de tomar
decisiones, ha servido para implementar una tardo-modernización capitalista en
el Ecuador. Para ello se han generado una suerte de alianzas público-privadas
con sectores emergentes del capital ecuatoriano, lo que implica a su vez la
superación del poder económico que ostentaban anteriormente los grandes
hacendados del agrobusiness hacía nuevos tipos de negocios más tecnificados y
con miras a la economía de consumo nacional.
Para esta nueva burguesia nacida
tras la crisis bancaria del 1999 y 2000 que pugnaba por el control político del
país frente a los viejos terratenientes del banano y las flores, el correísmo
tuvo sentido político, pues bajo consignas y banderas construídas durante la
resistencia al neoliberalismo se implementó una serie de políticas de perfil
desarrollista que eran necesarias para insertar al país en el marco del actual
sistema-mundo capitalistamente globalizado.
Terminado el período de bonanza económica, estos sectores le
plantean una clara disyuntiva al actual gobierno: o readecúa su actual política
social, eliminando subsidios, recortando el tamaño del Estado e instaurando una
política de privatizaciones sobre activos actualmente en manos de lo público; o
le hacen la guerra y el gobierno se va. Todo aparece indicar que el actual
gobierno, al igual que tantos otros en América Latina, ha optado por la primera
de las opciones planteadas por estos nuevos sectores del capital emergente.
Como ya dije antes, considero que los países llamados
progresistas han entrado en una fase de redefinición de sus políticas sociales.
Hago referencia a las sociales, porque es a través de ellas como marcaron la
diferencia respecto a gobiernos anteriores. Estos gobiernos, con excepción del
gobierno bolivariano de Venezuela nunca plantearon políticas que buscasen la
superación del capitalismo. Cristina Fernández de Kirchner habló de volver al
“capitalismo serio”, Correa habló del “capitalismo social”, y el mismo
vicepresidente boliviano García Linera ha reconocido que la diferencia de estos
gobiernos respecto a otros se limita tan solo a una debate sobre a donde va el
excedente.
En resumen, nunca se pretendió construir un modelo de sociedad y
producción alternativo, a pesar de que todos estos gobiernos contaron en su
momento con un apoyo popular que les hubiese legitimado democráticamente como
herramientas reales de transformación social.
Fruto de todo esto, asistimos en la actualidad como la
iniciativa del ALBA se debilita al mismo tiempo que se debilita el gobierno
bolivariano en Venezuela; vemos como en Brasil, el gigante regional y país
donde se decide el futuro de la región, el poder de sus transnacionales llenó
de podredumbre a toda la esfera política del Partido de los Trabajadores;
posiblemente asistamos el año que viene a la firma de un Tratado de Libre
Comercio entre Mercosur y la Unión Europea; o como el UNASUR pasó a ser
funcional a las necesidades del capital, por ejemplo a través de la Iniciativa
IIRSA entre otras tantas cuestiones. Incluso geopolíticamente, vemos en la
actualidad como la Alianza del Pacífico, una iniciativa orientada al mercado
capitalista, ha tomado la iniciativa frente a otros proyectos supranacionales
en la región.
El período de bonanza económica en América Latina permitió
que 6,5 millones de personas por año saliera de la pobreza. Sin embargo, todos
los gobierno latinoamericanos, sean del color que sean, están planteando
salidas a la crisis desde posiciones tremendamente conservadoras. En este
momento se articulan acuerdos en diversos países que buscan exoneran a las
empresas de obligaciones tributarias mientras se congela la capacidad
adquisitiva de los trabajadores.
En fin, el nuevo período de luchas por parte
de los movimientos sociales en América Latina conllevará no solo la resistencia
frente al modelo de extractivista y por la defensa de los derechos colectivos
de nuestros pueblos, sino también por la
defensa de los mejoras sociales adquiridas por los sectores históricamente
marginados en nuestras correspondientes
sociedades durante este período. Quienes deben financiar el período de crisis
deben ser los que más ganaron durante el período de vacas gordas, es decir:
sojeros, empresas de telecomunicaciones, agrobusiness en general, capitales
emergentes de variado y nuevas élites burguesas afines a estos regímenes
políticos.
Es fácil prever que la socialdemocracia latinoamericana cada
vez se irá pareciendo más a las socialdemocracias liberales europeas. Esta
realidad implica la necesidad de generar nuevas alternativas sociopolíticas que
si sean capaces de transformarse en motores de cambios en nuestra región. Esto
conlleva dos vertientes, la conformación de iniciativas políticas diferenciadas
a esto que se ha llamado progresismo latinoamericano y sobre todo, una
rearticulación de nuevos movimientos sociales, donde personalmente pienso que
lo urbano y la incidência de lo juvenil tendrá más peso que lo campesino,
indígena y rural.
La “Revolución Ciudadana” es una construcción
propagandística al servicio de un líder carismático, es decir, del presidente
Rafael Correa. Si te das cuenta, incluso las iniciales RC son coincidentes.
Esto quiere decir que la “Revolución Ciudadana” carece de programa o proyecto,
es tan solo una plataforma concebida para el posicionamiento de su líder, una
lógica por cierto muy neopopulista. La mediocridad de la intelectualidad al
servicio del régimen, ha permitido la construcción de imaginarios socialistas
que poco o nada tienen que ver con la realidad nacional y la hoja de ruta
realmente propuesta para el futuro del país.
Pero más allá de elocuentes
discursos y páginas de libros financiadas con erario público y generadas por
los mercenarios del poder, la realidad suele ser muy cruda: la “Revolución
Ciudadana” no es más que camuflar bajo un discurso nuevo, la reproducción de
elementos ya muy viejos, como son el caudillismo, el paternalismo, las
estructuras sociales jerárquicas y la subordinación del pueblo al poder
político de turno.
Pero los gobernantes son transitorios, unos duran y más
otros menos, todos tienen su momento de esplendor pero en algún momento todos se
van o son derrocados. El día que Correa no este, esto que se ha venido en
llamar propagandísticamente “Revolución Ciudadana” dejará de existir.
Donde no existe pensamiento crítico y construcción de
organizaciones sociales autónomas al poder, lo único que se genera es dependencia
y cercionamiento de la capacidad creativa de nuestros pueblos. Más allá de
cemento y hormigón, esa es la principal herencia que dejará la llamada
“Revolución Ciudadana” en el Ecuador.
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