martes, 27 de mayo de 2014

Reflexiones sobre la coyuntura política actual en el Ecuador

Por Decio Machado


El neopopulismo ecuatoriano, eso que se ha venido propagandísticamente a llamar Revolución Ciudadana y cada vez en menor medida Socialismo del siglo XXI, apareció en un momento de crisis sistémica –cuando el neoliberalismo ya vivía un estado de deslegitimación social absoluta en el país- como una “tercera vía” superadora del clásico conflicto existente entre el capital dominante y los sectores populares en resistencia. No es casualidad que haya sido el propio presidente Rafael Correa el que en sucesivas ocasiones manifestase públicamente que se plantea este modelo como un sistema “socialcapitalista” en el cual la lucha de clases esta superada y solo defendida por sectores ideológicos que no se corresponde a la época o que el ambientalismo militante responde a intereses extranjeros que buscan el no desarrollo del país. Incluso los sectores más ilustrados del correísmo, los legitimadores ideológicos del sistema coinciden con esa visión, definiendo de forma bastante pueril la actual etapa como de una era de postresistencia.

La economía nacional se viene dinamizando fruto de la intervención del Estado mediante la modernización de infraestructuras y el incremento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Esto ha permitido el crecimiento de la clase media –según el PNUD en 9 años esta pasó del 14% al 35% de la población siendo la mitad categorizada como clase media baja- y mayor capacidad de consumo por parte de la sociedad en general, lo que también ha significado resultados históricos para determinados sectores del capital y bonanza generalizada para su conjunto.

Pero este rescate del keynesianismo y el intento acelerado por aproximarse a lo que podrían ser los primeros peldaños hacia un Estado de bienestar, implica también un modelo sociopolítico donde el poder se ejerce a través de un creciente autoritarismo y la estigmatización de la crítica y el debate social. Esta estigmatización genera autocensura fruto del miedo, y dicho miedo va desde su versión más blanda (ej: muchos artistas y gestores culturales que aunque consideran pésima la política cultural no la cuestionan públicamente porque viven de los fondos concursables del gobierno y tienen miedo a ser excluidos de estos) hasta a dinámicas mucho más preocupantes y atentatorias contra los derechos básicos (ej: recientemente se detiene a un dirigente comunitario en el territorio del Intag volviendo a su localidad tras una reunión con el mismísimo ministro del Interior, y tras ser públicamente vilipendiado junto a los demás líderes locales en cadenas gubernamentales y enlaces presidenciales sin derecho a replica, las fuerzas de seguridad ocupan el territorio coartando la libre circulación de personas y dando cobertura a una transnacional extranjera no bienvenida por los pobladores locales).

De forma paralela, el concepto de planificación del Estado pretende llevarse incluso al terreno de la política. Para ello se establecen mecanismos de parcelación generados en una lógica de complicidades que aúnan ignorancia política y estrategias de silenciamiento sobre las disidencias en los espacios donde mayor riesgo detecta el Estado, y los cuales evidentemente no son la política institucional. Es desde esa visión desde donde se normatiza como no admisible hacer “política” desde los ámbitos que no son estrictamente partidistas (Decreto 16 que posibilita el cierre de organizaciones sociales entre otros), entendiendo que la “política” es estrictamente cosa de los políticos, cuestión que choca con el aranero discurso oficialista sobre la necesidad de construir poder popular. Es de esta manera simplista, porque la naturaleza del autoritarismo es simplista –desprecia el análisis, la crítica, la organización social autónoma o el arte, entre otras formas de cultura global-, como entre la ciudadanía y la política se van generando brechas cada vez mayores, despreciándose e incluso criminalizando el actuar de parte de la sociedad que expresa sus cuestionamientos a través de diferentes formas de organización y expresión autónomas del oficialismo.

Esta situación se ve agravada coyunturalmente por dos cuestiones sobre las que el régimen es perfectamente consciente: la primera es que la región andina, y en este caso en Ecuador, las políticas públicas de fuerte impacto ambiental –leasé extractivismo- tienen reacción en lo local y estas generan además ciertas simpatías en los centros urbanos; lo segundo, es que evidentemente tras siete años de gestión, el gobierno sufre un desgaste político –circunstancia novedosa para este régimen y que genera miedos en el establishment político y económico nacional-.

Por su parte, cabe indicar que el diseño de la democracia representativa en las instituciones es una falacia, tanto en el Ecuador como en el conjunto del planeta. En todas partes existe una ciudadanía que es activa y otra que es pasiva y globalmente mayoritaria. Por lo tanto, existe una minoría ciudadana ejerciente y desalienada y una mayoría ciudadana que no ejerce como ciudadanía política más que cuando son puntualmente requeridos por el sistema para asistir a las urnas y legitimarlo a través del sufragio universal. En Ecuador este desbalance ciudadano se ve agudizado por la obligatoriedad legal del voto, lo cual desvirtúa una realidad social que según estudios realizados por la encuestadora CEDATOS para las presidenciales del 2013, significaría una abstención del 46% de electores si dicha condición no conllevase sanciones administrativas contra los “no creyentes” en el sistema. Pero además es obvio que la parte más molesta de la expresión social activa de la ciudadanía se expresa a través de los movimientos sociales contestatarios, entendiendo como parte de ellos las organizaciones locales que ejercen resistencia ante la aplicación de determinadas políticas nacionales en sus territorios. Las falencias sistémicas de la democracia representativa explican que aunque existan movimientos sociales que pueden ser puntualmente muy potentes y que expresan disconformidad social, protesta o rebeldía, sus lógicas antisistémicas en términos de magnitud social sean minoritarias y tenga escasa incidencia social. Es la mayoría de la ciudadanía, esa que se mantiene manipulada por los mecanismos de alienación de los cuales se dota el sistema a través de la mercadotecnia política y el control de la información, la que define como mayoría democrática el estado de situación que vive el país. Si bien es cierto que esto convierte al sistema electoral en algo cada vez más distante de la realidad y de lo que la sociedad reivindica a través de sus segmentos mas activos en términos críticos, también es cierto que no hemos sido capaz de inventarnos nada que tenga mayor justicia social que la ecuación matemática de una persona un voto. Como sector minoritario y con notables carencias instrumentales, estos movimientos sociales de resistencia y protesta suelen tener poco éxito a la hora de impregnar a la mayoría de sus reivindicaciones y sensibilidades. La sociedad no traduce las movilizaciones de sus sectores más activos o críticos en un comportamiento mayoritario cuando puntualmente ejerce como ciudadanía, es decir, a través del voto. Es por ello que los cambios políticos, tanto en el Ecuador como en el conjunto del planeta, rara vez se dan a través de los procesos electorales.

Aquello que el “holograma” Subcomandante insurgente Marcos nos dejase recientemente dicho en su última misiva, “es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes ni caudillos ni mesías ni salvadores”, para el conjunto de la ciudadanía ecuatoriana en este momento no sirve.

Pero el proyecto político ecuatoriano en construcción, como todo proyecto político, jurídico, social o científico está integrado bajo un contexto y en un espacio-tiempo determinado, y sujeto a una ideología dominante que impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder. Es de esta manera que el Derecho –orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad- se convierte en un campo social en el cual sus operadores configuran realidades sociales de acuerdo con sus propios términos y racionalidades, siempre simplificando dicha realidad social a simplistas lógicas binarias (legal/ilegal). De esta manera, los conflictos en los que interviene el poder y que de forma abrumadora son resueltos a su favor, pretenden adquirir un aura de legitimidad y neutralidad bajo criterios jurídicos que pretenden ser visualizados por la ciudadanía como soluciones no arbitrarias. Es el Derecho el que encubre y difumina al poder, es quien lo justifica y lo convierte en orden social.

Las Leyes y el Derecho se han reconfigurando en base al sistema político del que forman parte, generando mecanismos de poder adaptados a la ideología dominante, en función del actual momento histórico y sus circunstancias. El Derecho, como cualquier otra disciplina social, es el fruto de un conflicto donde unos ganan e imponen y otros pierden y le es impuesto.

La construcción de Estados control, es decir, de Estado con perfil autoritario, busca unificar al conjunto de la sociedad anteriormente dividida –el autoritarismo históricamente se justifica como alternativa a un caos y desorden anteriormente imperante- bajo el criterio de lograr un objetivo primordial: la construcción de un futuro en donde se logre superar las causas que generaron la crisis anterior. A partir de esa premisa, se justifica el recorte de libertades y derechos con la finalidad de combatir a cualquier “mal” que pretenda obstaculizar dicho camino, dado que por encima de los que se resisten al “progreso” siempre estará la Patria, el orden, la majestad del poder, el reconocimiento de la autoridad y la disciplina colectiva en aras a un fin de “interés” nacional.

Este tipo de políticas se ven obligadas a dotarse de un fuerte aparato de comunicación, entendiendo claro está por comunicación controlada desde un espacio de poder –sea este del tipo que sea- a la desinformación. Los regímenes con perfil autoritario han tenido siempre una gran necesidad de altas dosis de polítización, dado que se ven obligados a convencer de forma permanente a la opinión pública de que son únicos e insustituibles con el fin de legitimar sus métodos. Esto les hace mantenerse en tensión preelectoral cotidiana con altas dosis de propaganda que combinan el exhibicionismo de los logros alcanzados, el culto a la personalidad del líder y la intimidación disimulada o manifiesta, dependiendo de los casos, contra la disidencia.

La combinación Derecho y propaganda política genera un cóctel de tal magnitud que lleva a no solo a criminalizar a los jóvenes o a las comunidades en resistencia por movilizarse contra determinadas políticas nacionales en curso, sino también a identificarlos como “ignorantes” e “idiotas”, pues el discurso oficial sistemáticamente reproduce la lógica descalificativa de considerarlos manipulados por estigmatizados líderes políticos provenientes de una vieja partidocracia socialmente deslegitimada.

En este contexto el término democracia radical, otra de esas tantas virtudes que recogió el texto constitucional de Montecristi pero cuya única utilidad práctica se ha limitado a engrosar artículos hasta el número 444, debería ser rescatado. En una “revolución ciudadana” en la que cada vez participan menos las y los ciudadanos –la negación del CNE a que la sociedad ecuatoriana participe en la decisión sobre el futuro del Yasuní es su ejemplo más reciente- se hace necesario reivindicar dicha democracia radical como modelo de participación social y diseño para cualquier alternativa política, venga esta tanto fuera como de los pequeños sectores críticos integrados aun hoy al interior del oficialismo.

Reivindicar la democracia radical como opción política significa reivindicar que el poder legítimo no puede ejercerse más que a través de la participación activa y de calidad del conjunto de la población en cada ámbito de decisión; y que para ello se debe contar con los canales, las estructuras, la información y el modelo de sociedad que posibilite dicha participación. Esta participación no debe circunscribirse únicamente al ámbito político, sino que debe extenderse al conjunto de dinámicas económicas, sociales o culturales.  El objetivo es entonces que las grandes mayorías, de esta manera ya menos alienadas, dirijan su propio modelo de sociedad, incluidos por supuesto sus aspectos más estratégicos e importantes. Pero la democracia no sólo se refiere a la generación de estructuras para la participación; ésta debe también ser de calidad, para lo cual hay que construir mecanismo de acceso equitativo, transparente y objetivo a la información por parte de toda la ciudadanía, situación que conllevaría un cambio radical respecto a la mediocridad y manipulación actualmente existente en este ámbito.

En este sentido, el derecho a la protesta no es tan solo un derecho más, sino el derecho estratégicamente fundamental para mantener activos todos los demás derechos existentes. Esto significa entender que ningún Estado o líder político nos regala nada, que vivimos un modelo social basado en el conflicto de intereses, donde el movilizarse y protestar forma parte del derecho a la crítica política y a la construcción de ciudadanía autónoma. Es a través de ese derecho por el cual podemos adquirir otros derechos que en este momento no tenemos o hacer cumplir aquellos que son ignorados desde la dinámica del poder. La pérdida del miedo por parte de los actores más activos de nuestra sociedad a través la eliminación de la lámina guillotinante del sabotaje y el terrorismo como herramienta coercitiva en la resolución de los conflictos sociales, así como el mero hecho de que la ciudadanía tenga el derecho a levantar el dedo que te de la gana ante una caravana presidencial es un signo de libertad que permite la construcción de una sociedad más dinámica, crítica y empoderada de su futuro.

El hecho de que puntualmente la protesta pueda derivar en alguna algarabía con cierto grado de violencia, nunca podrá legitimar restricciones en el derecho a la protesta social. Como bien indicaba recientemente Roberto Gargarella en un artículo en el diario El País, “que un individuo cometa un acto de violencia durante una huelga no pone en duda al derecho de huelga, sino al individuo que cometió dicho acto de violencia”. Sin embargo para el poder, el conflicto de los derechos se resuelve habitualmente recortándolos y dificultando nuestra capacidad para deliberar y expresar nuestros disensos.

La limitación de protesta no protege como equivocadamente piensa el presidente Correa a la democracia, dado que es el respeto a la libertad de disentir y a la capacidad de intervención de la ciudadanía en esa “política” que no parece diseñada para ellos, lo que genera democracias reales, radicales y procesos políticos en movimiento y por lo tanto de transformación social.

Si existe un fuerte debate social en torno a la reelección presidencial indefinida, este no está basada realmente sobre los criterios que se exponen en los medios de comunicación y tertulianos al uso, es decir, sobre criterios de institucionalidad democrática o de legalidad jurídica. En realidad, detrás de todo esto, lo que se encubre es el miedo a que una vez más sin participación de la ciudadanía –la reforma constitucional que dicha decisión conlleva a pesar de su magnitud no pretende ser consensuada con la sociedad- se estructure la perpetuación de una lógica autoritaria basada en la permanencia a toda costa en el poder y en la aplicación de un tipo de política que desoye cualquier criterio alternativo, expresión de malestar o disenso, convirtiendo en enemigos del régimen a campesinos insatisfechos, indígenas que defienden sus territorios, jóvenes que plantean alternativas en el ámbito de las políticas de educación superior o en materia ambiental, mujeres que reclaman su derecho a abortar, sectores medios asediados por impuestos mientras visualizan un capital emergente con grandes beneficios y bonificados fiscalmente, o artistas, intelectuales y académicos que se manifiestan críticos al modelo social que progresivamente se impone sobre la sociedad ecuatoriana.

sábado, 24 de mayo de 2014

Irregularidades en el rechazo de la consulta del Yasuní

ECUADOR // 500.000 DE LAS 750.000 FIRMAS PRESENTADAS FUERON ANULADAS
La consulta popular sobre el futuro de los campos petroleros del Yasuní, auspiciada por el colectivo Yasunidos, no tendrá lugar en Ecuador.
Redacción (Quito, Ecuador)
www.diagonalperiodico.net


Foto: Edu León
El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el pasado 6 de mayo la posibilidad de que los ecuatorianos decidan, en una consulta popular, sobre el futuro de los campos petroleros ITT –Ishpingo, Tiputini y Tambococha– ubicados en la Reserva Biosfera Yasuní. La iniciativa del colectivo Yasunidos, que realizó la campaña nacional de recolección de firmas, quedó anulada una vez que el organismo electoral aceptó sólo 359.761 firmas de las más de 757.000 que se entregaron el pasado 12 de abril. Para dar paso a la consulta se necesita el 5% del padrón electoral, es decir, 583.324 firmas válidas.
En el proceso de depuración el CNE rechazó casi 240.000 firmas por inconsistencias como firmas repetidas, tachones o manchas en los impresos o porque las firmas sobresalían de sus correspondientes casillas; y otras 257.000 por razones de forma –gramaje del papel, diferencias en el tamaño, impresos firmados a dos caras, color de bolígrafos utilizados, falta o errores en fechas o porque no constaba la identificación del recolector–. De las 757.000 firmas presentadas, el CNE invalidó medio millón de firmas.

Una campaña conflictiva

El 15 de agosto del pasado año el presidente Rafael Correa anunciaba al país su decisión de dar por terminada la Iniciativa Yasuní-ITT, la cual consistía en dejar bajo tierra el crudo de los bloques ITT en el Yasuní a cambio de una compensación económica internacional de 3.600 millones de dólares.
Unos días después, jóvenes ambientalistas provenientes de diversos colectivos sociales se agrupan bajo el nombre Yasunidos reclamando que dicha decisión sea consultada al pueblo ecuatoriano. Bajo la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?”, recogieron durante seis meses las firmas que fueron entregadas en el CNE.
Durante la campaña, sobre este colectivo se desarrollaron permanentes descalificaciones e investigaciones policiales que el mismo mandatario presentó ante los medios comunicación intentando desprestigiarlos. De igual manera, se constituyeron dos grupos paralelos que con preguntas contrapuestas también se lanzaron a la campaña de recogida de firmas, imitando la propaganda y logos de Yasunidos y recogiendo firmas en los mismos días y lugares en los que estos lo hacían, generando confusión entre la ciudadanía.
El 3 de mayo, un día antes de que se acabará el proceso de revisión de firmas, el CNE emitía un boletín en el que se anunciaba que 50.000 registros estaban en “duda” y que pasarían a revisión de los grafotécnicos. Tres días después, se hacía público el rechazo de un número de firmas notablemente superior al anunciado. Cuantificando el número de grafotécnicos y verificadores contratados por el CNE, los cuales no eran peritos acreditados, y el tiempo que duró la revisión de firmas, se deduce que éstos evaluaron cada firma en una media de 20 segundos.
Según Ramiro Ávila, exviceministro de Justicia del actual Gobierno, el CNE suma un sinfín de irregularidades durante el proceso, incluida la ruptura de la cadena de custodia de las cajas que contenían la identificación de los recolectores de firmas, y sobre las cuales faltan acreditaciones según denuncian los afectados. “Es por todo ello que le exigimos al CNE que publique los nombres y números de cédula de quienes considera que su adhesión no es correcta, para que se acerquen a las oficinas del organismo a impugnar dichas rúbricas”, señala Ávila. Sin embargo, el organismo rector de la democracia ecuatoriana ha hecho caso omiso a dichas demandas, lo que supone para los ciudadanos firmantes desconocer si su firma ha sido o no considerada y carecen por lo tanto del derecho a reclamo.

Un CNE condicionado

El mandatario ecuatoriano había anunciado durante el proceso de verificación de firmas que “la consulta no está en mis planes”. Para Rosa María Torres, exministra de Educación y Culturas, las declaraciones del mandatario resultaron un claro mensaje para un CNE carente de autonomía. El propio presidente del CNE, Domingo Paredes, exministro correísta y miembro del partido oficialista, había confesado poco antes que “a veces Correa supera la autoridad electoral”, en relación a la cadena presidencial que se lanzó un día antes de las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero, violando el silencio electoral que se requiere durante la jornada de reflexión previa a los comicios electorales.
Según María Paula Romo, exconstituyente y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la UIDE, se vive “una debilidad democrática que hoy en día es peor que la que nos llevó a la Asamblea Constituyente”. De igual manera piensa la Comisión de Alto Nivel conformada por notorias personalidades académicas, quienes en su informe sobre el procedimiento emprendido por el CNE declaran: “En cuanto a lo observado, el procedimiento de verificación, si es que existe, es caótico, no existen normas claras ni protocolos, es arbitrario, contrario a la Constitución, que establece que los derechos no podrán ser restringidos, en la mayoría de los casos la verificación está sujeta a la subjetividad arbitraria de los funcionarios.”
Al respecto, los voceros de Yasunidos declaran que no descartan recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; mientras, por su parte, el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, otro exfuncionario del Gobierno de Correa, amenazó públicamente al colectivo ambientalista con denunciar a la Fiscalía un supuesto intento de engaño, lo que tendría repercusiones legales contra los promotores de la consulta.
Respecto al caso, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos piensa que el Yasuní será sacrificado, “no sólo porque la comunidad internacional no colaboró en la propuesta de no explotación, sino sobre todo porque los ingresos previstos derivados de la explotación están vinculados a inversiones en curso y su financiación por países extranjeros (China) tiene como garantía la explotación petrolera”. Para este académico portugués, en Ecuador “la participación ciudadana es bienvenida, pero sólo si es funcional y eso, de momento, sólo puede garantizarse si recibe una mayor orientación del Estado, es decir, del Gobierno”.
Consulta y movilizaciones por el Yasuní
17.08.2013: Correa dice en televisión: “Si quieren una consulta, de acuerdo, vamos a la consulta. Pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo. Estamos seguros que el pueblo ecuatoriano confiará en nuestra palabra y venceremos”.
27.08.2013: En un movilización en Quito por la defensa del Yasuní, la Policía reprime disparando pelotas de paintball, arma no reglamentaria. El ministro del Interior niega los sucesos. Más tarde, diversos ví­deos confirman los hechos.
05.12.2013: Por petición de Correa, el Ministerio de Ambiente disuelve la Fundación Pachamama, inmersa en la campaña por la defensa del Yasuní, por acusaciones de agresión a dos representantes de transnacionales petroleras en el país.
17.04.2014: Las Fuerzas Armadas trasladan las cajas de firmas a un recinto militar. Se producen incidentes entre fuerzas de orden y manifestantes convocados por Yasunidos para evitar el traslado. Hasta entonces, los procesos de verificación se realizaban en instalaciones civiles.

sábado, 3 de mayo de 2014

El imperialismo ‘blando’ de China conquista América Latina

LOS OTROS IMPERIOS


Nuevas potencias, como China o Brasil, han comenzado a competir en un terreno donde Estados Unidos y las empresas de la Unión Europea antes tenían exclusiva.
Redacción (Quito, Ecuador)
www.diagonalperiodico.net


Yasuní. Foto: Edu León

Ya en 1889 el prócer cubano José Martí decía que había llegado la hora de declarar la “segunda independencia” de América Latina. Tuvie­ron que pasar 120 años para que se rescatara esta idea entre patrióticos y acalorados discursos antiimperialistas de diversos jefes de Estado en el marco de la celebración de los bicen­tenarios de las independencias americanas.

Según Franck Gaudichaud, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stendhal-Greno­ble 3, “esta nueva autonomía soberana es producto de las luchas de los pueblos latinoamericanos, como también de la activa diplomacia integracionista y nacional-popular de algunos gobiernos, comen­zando por el de Hugo Chávez y la Admi­nistra­ción Lula, que permitieron derrotar el proyecto del ALCA en 2005 y la creación de Unasur, ALBA y Celac”. Estas transformaciones llevaron a que en noviembre pasado el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, declarara que la era de la doctrina Monroe había llegado a su fin. La relación de su país con Amé­rica Latina, dijo Kerry, debería ser de “socios en pie de igualdad”.

Cambios en la dependencia

Sin embargo, los niveles de emancipación comercial de los países de la región respecto a EE UU son más que matizables, señala el informe América Latina y el Ca­ribe y EE UU: la evolución reciente de las relaciones bilaterales, elaborado en octubre pasado en Caracas por el Sis­tema Econó­mico Latinoame­ricano y del Caribe. En este estudio se indica que los intercambios entre Lati­noamé­rica y EE UU aumentaron de 380.000 millones de dólares en 2000 a 849.000 millones en 2012. La región actualmente recibe el 25,8% de las exportaciones totales de EE UU.
Por poner tan sólo un ejemplo, América Latina duplicó en los últimos cinco años la compra de combustible de EE UU para mantener sus economías en marcha. Y la dependencia sigue creciendo a pesar de las enormes reservas petroleras existentes en la región.
Sin embargo, pese a la pervivencia de la dependencia con respecto al gran vecino del norte, las economías latinoamericanas y caribeñas reflejan una reorientación de su comercio regional hacia los países asiáticos, principalmente hacia China.

El crecimiento económico de Chi­na ha convertido al gigante asiático en una potencia global con enorme necesidad de toda clase de recursos naturales en cualquier parte del planeta. Esta nueva situación ha generado que las relaciones de China con América La­tina se hayan complejizado y trasciendan lo puramente comercial. Tal es así que la consejera política de la embajada de este país en Ecuador, Zhang Tao, indica que China se ha convertido en un socio clave para la región latinoamericana gracias a los programas de inversión en el “nuevo continente”. Entre los años 2000 y 2012, el comercio entre estas dos regiones se ha multiplicado por 22.

Un crecimiento que, según las previsiones de la Comisión Econó­mica para Lati­no­américa y el Cari­be, no se detendrá: El próximo año, China reemplazará a la UE como el segundo inversor en América Lati­nael próximo año, China reemplazará a la UE como el segundo inversor en América Lati­na. Según datos del Ministerio de Comercio chino, Latinoamérica es el segundo destino de inversión del país, tras Asia, pasando de 10.000 millones de dólares en el año 2000 a 245.000 millones en 2011.

Manda­tarios latinoamericanos, como el ya fallecido Hugo Chávez, Ni­colás Maduro, Cristina Fernán­dez, Rafael Correa o Daniel Ortega, han manifestado públicamente y en diversas ocasiones que China ofrece una financiación a bajo costo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, para Liu Kang, director del Centro de Investigación sobre China de la Universidad de Duke, el éxito chino va más allá y está vinculado con una “diplomacia pragmática” que, a diferencia de EE UU y la UE, no es militar ni pretende entrometerse en los asuntos políticos internos.
Al respecto, Gaudichaud considera que la relación entre América Latina y China en términos macroeconómicos es claramente asimétrica. “Hoy, el gigante asiático es el principal receptor de las exportaciones de países como Brasil y el segundo –tras EE UU– de Chile, Argentina, Vene­zuela y Perú”, asevera el académico francés. “Si se analiza cualitativamente, se ve que los discursos de los oligarcas chinos o de los dirigentes latinoamericanos sobre la relación win-win (ganamos todos) son una ilusión; lo que se está generando es un nuevo mapa geopolítico en el cual China –uno de los primeros socios económicos de EE UU– es también un actor imperial en la región, conquistando tierras agrícolas, recursos y materias primas para alimentar una economía en permanente crecimiento a través de la soja de Brasil y Argentina, el cobre de Chile o el petróleo de Venezuela, además de vender sus productos manufacturados de bajo costo, a menudo de baja calidad y producidos por millones de explotados en China y Asia”, indica este investigador. El capitalismo chino genera así “una nueva dependencia, un neocolonialismo económico pero no militar y participa activamente del fenómeno neoextractivista, desindustrializador y reprimarizador de las economías de algunos países importantes de la región”, sentencia.

Consenso de las ‘commodities’

Maristella Svampa, profesora en la Universidad Nacio­nal de La Plata, señala que América Latina pasó del “Consenso de Wa­shington al Con­senso de las commodities”, basado en la exportación de materias primas. Según esta socióloga argentina, “en los últimos años se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendentes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado, enmarcada en el boom de los precios internacionales de las materias primas y de los bienes de consumo, lo que ha permitido el crecimiento económico y el aumento de reservas monetarias en la región, al tiempo que se producen nuevas asimetrías y profundas desigualdades en nuestras sociedades”.
Svampa considera que, vinculado al proceso de neoextractivismo de­sarrollista, con el que tiene mucho que ver tanto el capital como la demanda de recursos naturales por parte de China, Se ha profundizado una nueva dinámica de despojo de tierras, recursos y territoriosse ha profundizado una nueva dinámica de despojo de tierras, recursos y territorios, generándose nuevas formas de dependencia y contaminación a través de la megaminería, la expansión de la frontera petrolera y energética –incluida la extracción de gas no convencional bajo técnicas tan cuestionables como el fracking–, la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, así como la generación y reafirmación del modelo de agronegocios basado en la soja y el biocombustible.
Este conjunto de circunstancias ha generado rupturas entre diferentes sectores de la izquierda social y política en Amé­rica Latina. Amplias capas del tejido social organizado cuestionan el lugar que la región ocupa desde la época de la colonia española en la división global del trabajo. Dicha contradicción se da en los gobiernos que enarbolan discursos con retórica industrialista, reivindicando la soberanía nacional y la integración regional, a la vez que profundizan su dependencia del mercado internacional como suministradores de recursos naturales carentes de valor agregado para atender las necesidades del mercado capitalista global.

750.000 firmas para frenar la explotación del parque Yasuní

Desde 2009, Ecuador realiza ventas anticipadas de petróleo a China. Las operaciones contables se registran en la estatal Petroecuador, ingeniería que permite al Estado no incrementar la deuda externa. Así, mientras Ecuador declara una deuda externa con China de 4.633 millones de dólares, otras fuentes la posicionan en torno a los 9.000 (11% del PIB). Parte de este petróleo comprometido con China a cambio de financiación provendría del Parque Nacional Yasuní, en plena selva amazónica. Un petróleo que tendría que haberse quedado bajo tierra si hubiera funcionado la iniciativa Yasuní-ITT, por la que la comunidad internacional compensaría a Ecuador por no explotar el petróleo del parque. Sin embargo, en agosto de 2013, Rafael Correa anunció el inicio de la explotación petrolera en una de las regiones con más biodiversidad del mundo. “El mundo nos ha fallado”, dijo. El pasado 12 de abril, organizaciones indígenas y ecologistas entregaron 756.291 firmas, suficientes para convocar un referéndum, tal como recoge la Constitución ecuatoriana, para que la población decida sobre el futuro de la reserva natural.

Pragmatismo chino

Explotación y contaminación  en Perú

La empresa minera china Shougang, hoy el quinto inversor minero en Perú, se hizo en 1992 con el control de la mina de hierro situada en el pueblo costero de San Juan de Marcona. Desde entonces, la localidad adquirió fama por las condiciones de explotación laboral en las que se encuentran sus trabajadores, la contaminación del entorno y los permanentes incumplimientos de la empresa respecto a sus compromisos de inversión social y tecnológica. Sus operarios son los peores pagados en la minería peruana, un 30% de estos sufren de neumoconiosis (enfermedad pulmonar por inhalación de polvo) y otro 30% de hipoacusia (pérdida auditiva). La población local descendió de 25.000 habitantes a menos de 14.000 durante la presencia china.

Canal interoceánico en Nicaragua

Se trata de un megaproyecto valorado en 40.000 millones de dólares, cuatro veces el PIB de Nicaragua, que pretende construir un canal similar al de Panamá, pero con capacidad para buques de mayor calado. Sería construido con capital chino, y su ruta, de 286 km, afectará selva húmeda y bosque seco, así como a las comunidades indígenas que allí viven. El canal afectaría a una franja de 90 km a través del lago Nicaragua, la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica. Para ello se moverán millones de toneladas de lodo en condiciones inciertas, con riesgo de sedimentación del lago, del que depende el abastecimiento de gran parte del país. Más allá de la pérdida de la fauna acuática, cualquier derrame de crudo en el lago supondría poner en peligro el abastecimiento de agua potable del país.

Acaparamiento de tierras en América Latina

Las primeras compras chinas de tierras tuvieron lugar en Cuba (1996) y México (1998), destinadas al cultivo de arroz. En la pasada década, las empresas chinas buscaron, cada vez con más fuerza, oportunidades de inversión en este ámbito, destacando casos como el de Pengxin Group, que en 2005 compró grandes extensiones de tierras en Bolivia para la producción de soja. Zhenjiang Fudi y Chongqing Grain Group se asociaron por el mismo motivo en Brasil. COFCO, el mayor productor de vino en China, también adquirió tierras chilenas en 2010. Estas compras de tierra han venido acompañadas de la expansión del monocultivo y el biocombustible. La situación adquirió tal nivel que gobiernos como los de Argentina, Brasil o Uruguay han aprobado leyes destinadas a evitar inversiones extranjeras masivas en este rubro.