El neopopulismo ecuatoriano, eso que se ha venido
propagandísticamente a llamar Revolución Ciudadana y cada vez en menor medida
Socialismo del siglo XXI, apareció en un momento de crisis sistémica –cuando el
neoliberalismo ya vivía un estado de deslegitimación social absoluta en el
país- como una “tercera vía” superadora del clásico conflicto existente entre
el capital dominante y los sectores populares en resistencia. No es casualidad
que haya sido el propio presidente Rafael Correa el que en sucesivas ocasiones
manifestase públicamente que se plantea este modelo como un sistema
“socialcapitalista” en el cual la lucha de clases esta superada y solo
defendida por sectores ideológicos que no se corresponde a la época o que el
ambientalismo militante responde a intereses extranjeros que buscan el no
desarrollo del país. Incluso los sectores más ilustrados del correísmo, los
legitimadores ideológicos del sistema coinciden con esa visión, definiendo de
forma bastante pueril la actual etapa como de una era de postresistencia.
La economía nacional se viene dinamizando fruto de la
intervención del Estado mediante la modernización de infraestructuras y el
incremento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Esto ha permitido el
crecimiento de la clase media –según el PNUD en 9 años esta pasó del 14% al 35%
de la población siendo la mitad categorizada como clase media baja- y mayor
capacidad de consumo por parte de la sociedad en general, lo que también ha
significado resultados históricos para determinados sectores del capital y
bonanza generalizada para su conjunto.
Pero este rescate del keynesianismo y el intento
acelerado por aproximarse a lo que podrían ser los primeros peldaños hacia un
Estado de bienestar, implica también un modelo sociopolítico donde el poder se
ejerce a través de un creciente autoritarismo y la estigmatización de la
crítica y el debate social. Esta estigmatización genera autocensura fruto del
miedo, y dicho miedo va desde su versión más blanda (ej: muchos artistas y
gestores culturales que aunque consideran pésima la política cultural no la
cuestionan públicamente porque viven de los fondos concursables del gobierno y
tienen miedo a ser excluidos de estos) hasta a dinámicas mucho más preocupantes
y atentatorias contra los derechos básicos (ej: recientemente se detiene a un
dirigente comunitario en el territorio del Intag volviendo a su localidad tras
una reunión con el mismísimo ministro del Interior, y tras ser públicamente
vilipendiado junto a los demás líderes locales en cadenas gubernamentales y
enlaces presidenciales sin derecho a replica, las fuerzas de seguridad ocupan
el territorio coartando la libre circulación de personas y dando cobertura a
una transnacional extranjera no bienvenida por los pobladores locales).
De forma paralela, el concepto de planificación del
Estado pretende llevarse incluso al terreno de la política. Para ello se
establecen mecanismos de parcelación generados en una lógica de complicidades
que aúnan ignorancia política y estrategias de silenciamiento sobre las
disidencias en los espacios donde mayor riesgo detecta el Estado, y los cuales
evidentemente no son la política institucional. Es desde esa visión desde donde
se normatiza como no admisible hacer “política” desde los ámbitos que no son
estrictamente partidistas (Decreto 16 que posibilita el cierre de
organizaciones sociales entre otros), entendiendo que la “política” es
estrictamente cosa de los políticos, cuestión que choca con el aranero discurso
oficialista sobre la necesidad de construir poder popular. Es de esta manera
simplista, porque la naturaleza del autoritarismo es simplista –desprecia el
análisis, la crítica, la organización social autónoma o el arte, entre otras
formas de cultura global-, como entre la ciudadanía y la política se van generando
brechas cada vez mayores, despreciándose e incluso criminalizando el actuar de
parte de la sociedad que expresa sus cuestionamientos a través de diferentes
formas de organización y expresión autónomas del oficialismo.
Esta situación se ve agravada coyunturalmente por dos
cuestiones sobre las que el régimen es perfectamente consciente: la primera es
que la región andina, y en este caso en Ecuador, las políticas públicas de
fuerte impacto ambiental –leasé extractivismo- tienen reacción en lo local y
estas generan además ciertas simpatías en los centros urbanos; lo segundo, es
que evidentemente tras siete años de gestión, el gobierno sufre un desgaste político
–circunstancia novedosa para este régimen y que genera miedos en el
establishment político y económico nacional-.
Por su parte, cabe indicar que el diseño de la
democracia representativa en las instituciones es una falacia, tanto en el
Ecuador como en el conjunto del planeta. En todas partes existe una ciudadanía
que es activa y otra que es pasiva y globalmente mayoritaria. Por lo tanto,
existe una minoría ciudadana ejerciente y desalienada y una mayoría ciudadana
que no ejerce como ciudadanía política más que cuando son puntualmente
requeridos por el sistema para asistir a las urnas y legitimarlo a través del
sufragio universal. En Ecuador este desbalance ciudadano se ve agudizado por la
obligatoriedad legal del voto, lo cual desvirtúa una realidad social que según
estudios realizados por la encuestadora CEDATOS para las presidenciales del
2013, significaría una abstención del 46% de electores si dicha condición no conllevase
sanciones administrativas contra los “no creyentes” en el sistema. Pero además
es obvio que la parte más molesta de la expresión social activa de la
ciudadanía se expresa a través de los movimientos sociales contestatarios,
entendiendo como parte de ellos las organizaciones locales que ejercen
resistencia ante la aplicación de determinadas políticas nacionales en sus
territorios. Las falencias sistémicas de la democracia representativa explican
que aunque existan movimientos sociales que pueden ser puntualmente muy
potentes y que expresan disconformidad social, protesta o rebeldía, sus lógicas
antisistémicas en términos de magnitud social sean minoritarias y tenga escasa
incidencia social. Es la mayoría de la ciudadanía, esa que se mantiene
manipulada por los mecanismos de alienación de los cuales se dota el sistema a
través de la mercadotecnia política y el control de la información, la que
define como mayoría democrática el estado de situación que vive el país. Si
bien es cierto que esto convierte al sistema electoral en algo cada vez más
distante de la realidad y de lo que la sociedad reivindica a través de sus
segmentos mas activos en términos críticos, también es cierto que no hemos sido
capaz de inventarnos nada que tenga mayor justicia social que la ecuación
matemática de una persona un voto. Como sector minoritario y con notables carencias
instrumentales, estos movimientos sociales de resistencia y protesta suelen
tener poco éxito a la hora de impregnar a la mayoría de sus reivindicaciones y
sensibilidades. La sociedad no traduce las movilizaciones de sus sectores más
activos o críticos en un comportamiento mayoritario cuando puntualmente ejerce
como ciudadanía, es decir, a través del voto. Es por ello que los cambios
políticos, tanto en el Ecuador como en el conjunto del planeta, rara vez se dan
a través de los procesos electorales.
Aquello que el “holograma” Subcomandante insurgente
Marcos nos dejase recientemente dicho en su última misiva, “es nuestra
convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni
líderes ni caudillos ni mesías ni salvadores”, para el conjunto de la
ciudadanía ecuatoriana en este momento no sirve.
Pero el proyecto político ecuatoriano en construcción,
como todo proyecto político, jurídico, social o científico está integrado bajo
un contexto y en un espacio-tiempo determinado, y sujeto a una ideología
dominante que impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder. Es de esta
manera que el Derecho –orden normativo e institucional de la conducta humana en
sociedad- se convierte en un campo social en el cual sus operadores configuran
realidades sociales de acuerdo con sus propios términos y racionalidades,
siempre simplificando dicha realidad social a simplistas lógicas binarias
(legal/ilegal). De esta manera, los conflictos en los que interviene el poder y
que de forma abrumadora son resueltos a su favor, pretenden adquirir un aura de
legitimidad y neutralidad bajo criterios jurídicos que pretenden ser
visualizados por la ciudadanía como soluciones no arbitrarias. Es el Derecho el
que encubre y difumina al poder, es quien lo justifica y lo convierte en orden
social.
Las Leyes y el Derecho se han reconfigurando en base
al sistema político del que forman parte, generando mecanismos de poder
adaptados a la ideología dominante, en función del actual momento histórico y
sus circunstancias. El Derecho, como cualquier otra disciplina social, es el
fruto de un conflicto donde unos ganan e imponen y otros pierden y le es
impuesto.
La construcción de Estados control, es decir, de
Estado con perfil autoritario, busca unificar al conjunto de la sociedad anteriormente
dividida –el autoritarismo históricamente se justifica como alternativa a un
caos y desorden anteriormente imperante- bajo el criterio de lograr un objetivo
primordial: la construcción de un futuro en donde se logre superar las causas
que generaron la crisis anterior. A partir de esa premisa, se justifica el
recorte de libertades y derechos con la finalidad de combatir a cualquier “mal”
que pretenda obstaculizar dicho camino, dado que por encima de los que se
resisten al “progreso” siempre estará la Patria, el orden, la majestad del
poder, el reconocimiento de la autoridad y la disciplina colectiva en aras a un
fin de “interés” nacional.
Este tipo de políticas se ven obligadas a dotarse de
un fuerte aparato de comunicación, entendiendo claro está por comunicación
controlada desde un espacio de poder –sea este del tipo que sea- a la desinformación.
Los regímenes con perfil autoritario han tenido siempre una gran necesidad de
altas dosis de polítización, dado que se ven obligados a convencer de forma
permanente a la opinión pública de que son únicos e insustituibles con el fin
de legitimar sus métodos. Esto les hace mantenerse en tensión preelectoral
cotidiana con altas dosis de propaganda que combinan el exhibicionismo de los
logros alcanzados, el culto a la personalidad del líder y la intimidación
disimulada o manifiesta, dependiendo de los casos, contra la disidencia.
La combinación Derecho y propaganda política genera
un cóctel de tal magnitud que lleva a no solo a criminalizar a los jóvenes o a
las comunidades en resistencia por movilizarse contra determinadas políticas
nacionales en curso, sino también a identificarlos como “ignorantes” e “idiotas”,
pues el discurso oficial sistemáticamente reproduce la lógica descalificativa
de considerarlos manipulados por estigmatizados líderes políticos provenientes
de una vieja partidocracia socialmente deslegitimada.
En este contexto el término democracia radical, otra
de esas tantas virtudes que recogió el texto constitucional de Montecristi pero
cuya única utilidad práctica se ha limitado a engrosar artículos hasta el
número 444, debería ser rescatado. En una “revolución ciudadana” en la que cada
vez participan menos las y los ciudadanos –la negación del CNE a que la
sociedad ecuatoriana participe en la decisión sobre el futuro del Yasuní es su
ejemplo más reciente- se hace necesario reivindicar dicha democracia radical
como modelo de participación social y diseño para cualquier alternativa
política, venga esta tanto fuera como de los pequeños sectores críticos
integrados aun hoy al interior del oficialismo.
Reivindicar la democracia radical como opción
política significa reivindicar que el poder legítimo no puede ejercerse más que
a través de la participación activa y de calidad del conjunto de la población
en cada ámbito de decisión; y que para ello se debe contar con los canales, las
estructuras, la información y el modelo de sociedad que posibilite dicha
participación. Esta participación no debe circunscribirse únicamente al ámbito
político, sino que debe extenderse al conjunto de dinámicas económicas,
sociales o culturales. El objetivo es entonces que las grandes mayorías,
de esta manera ya menos alienadas, dirijan su propio modelo de sociedad,
incluidos por supuesto sus aspectos más estratégicos e importantes. Pero la
democracia no sólo se refiere a la generación de estructuras para la participación;
ésta debe también ser de calidad, para lo cual hay que construir mecanismo de acceso
equitativo, transparente y objetivo a la información por parte de toda la
ciudadanía, situación que conllevaría un cambio radical respecto a la
mediocridad y manipulación actualmente existente en este ámbito.
En este sentido, el derecho a la protesta no es tan
solo un derecho más, sino el derecho estratégicamente fundamental para mantener
activos todos los demás derechos existentes. Esto significa entender que ningún
Estado o líder político nos regala nada, que vivimos un modelo social basado en
el conflicto de intereses, donde el movilizarse y protestar forma parte del
derecho a la crítica política y a la construcción de ciudadanía autónoma. Es a
través de ese derecho por el cual podemos adquirir otros derechos que en este
momento no tenemos o hacer cumplir aquellos que son ignorados desde la dinámica
del poder. La pérdida del miedo por parte de los actores más activos de nuestra
sociedad a través la eliminación de la lámina guillotinante del sabotaje y el
terrorismo como herramienta coercitiva en la resolución de los conflictos
sociales, así como el mero hecho de que la ciudadanía tenga el derecho a
levantar el dedo que te de la gana ante una caravana presidencial es un signo
de libertad que permite la construcción de una sociedad más dinámica, crítica y
empoderada de su futuro.
El hecho de que puntualmente la protesta pueda
derivar en alguna algarabía con cierto grado de violencia, nunca podrá
legitimar restricciones en el derecho a la protesta social. Como bien indicaba
recientemente Roberto Gargarella en un artículo en el diario El País, “que un
individuo cometa un acto de violencia durante una huelga no pone en duda al
derecho de huelga, sino al individuo que cometió dicho acto de violencia”.
Sin embargo para el poder, el conflicto
de los derechos se resuelve habitualmente recortándolos y dificultando nuestra
capacidad para deliberar y expresar nuestros disensos.
La limitación de protesta no protege como equivocadamente
piensa el presidente Correa a la democracia, dado que es el respeto a la
libertad de disentir y a la capacidad de intervención de la ciudadanía en esa
“política” que no parece diseñada para ellos, lo que genera democracias reales,
radicales y procesos políticos en movimiento y por lo tanto de transformación
social.
Si existe un fuerte debate social en torno a la
reelección presidencial indefinida, este no está basada realmente sobre los
criterios que se exponen en los medios de comunicación y tertulianos al uso, es
decir, sobre criterios de institucionalidad democrática o de legalidad
jurídica. En realidad, detrás de todo esto, lo que se encubre es el miedo a que
una vez más sin participación de la ciudadanía –la reforma constitucional que
dicha decisión conlleva a pesar de su magnitud no pretende ser consensuada con
la sociedad- se estructure la perpetuación de una lógica autoritaria basada en
la permanencia a toda costa en el poder y en la aplicación de un tipo de
política que desoye cualquier criterio alternativo, expresión de malestar o
disenso, convirtiendo en enemigos del régimen a campesinos insatisfechos,
indígenas que defienden sus territorios, jóvenes que plantean alternativas en
el ámbito de las políticas de educación superior o en materia ambiental,
mujeres que reclaman su derecho a abortar, sectores medios asediados por
impuestos mientras visualizan un capital emergente con grandes beneficios y
bonificados fiscalmente, o artistas, intelectuales y académicos que se
manifiestan críticos al modelo social que progresivamente se impone sobre la
sociedad ecuatoriana.
