miércoles, 26 de febrero de 2014

Ecuador: análisis de coyuntura y nuevos escenarios políticos en el horizonte


Por Decio Machado

Cabría comenzar por señalar lo evidente: tan solo un año después de que las últimas elecciones presidenciales y legislativas (17 de febrero de 2013) arrojaran una votación del 57,17% para el presidente Rafael Correa y del 52,30% para los asambleístas de Alianza PAIS  -lo que significa el control del 69,5% de los curules en la Asamblea Nacional-, el mapa político ecuatoriano se ha transformado.

Las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero permitió que el oficialismo se posicionara en diez gobiernos provinciales (cuatro de ellos con alianzas) de los veintitrés en disputa, mientras el Pachakutik obtiene cuatro (tres amazónicas y Cotopaxi), SUMA otros dos (Bolívar y Pastaza), quedando los demás repartidos entre CREO, MPD, Avanza, Partido Sociedad Patriótica y los movimientos locales Integración Democrática en el Carchi y Participa en Azuay –ambos derivados de la ya inexistente Izquierda Democrática-.

Respecto a las capitales provinciales cabe significar el importante sumatorio de derrotas electorales de Alianza PAIS en plazas que antes controlaba, como es el caso de Quito, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, Portoviejo, Santa Elena o una ciudad de envergadura estratégica como es el caso de Manta. Entre las 10 ciudades con mayor población del país, Alianza PAIS solo gana en Durán (Guayas).

Mauricio Rodas
Los grandes beneficiados de este proceso electoral son SUMA y Avanza, quienes en alianza se hacen con Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras el primero además gana en Quito, Portoviejo, Guaranda y Puyo, quedando en manos del segundo las alcaldías de Latacunga, Ibarra y Ambato. A parte de esto, el crecimiento de ambas organizaciones políticas en el conjunto del país es relevante, dejándole a CREO con tan solo con las alcaldías de Babahoyos, Riobamba y Azogues, de las ciudades relevantes.

Sin duda los recientes resultados electorales permiten lecturas diversas que pueden ser realizadas desde diversas vertientes. Destacaré las que considero más interesantes:

  •        Los resultados electorales evidencian un cambio en la correlación de fuerzas en el  área política de los conservadores. 
Si hace apenas un año CREO se pretendía consolidada como segunda fuerza electoral en el país tras obtener el 22,68% de los votos presidenciales, resultados muy por encima del Partido Sociedad Patriótica (6,73%) y SUMA (3,90%), en estos momentos pasa a ser  SUMA la organización referencial de la derecha.

El hecho de que SUMA, en tan corto plazo de tiempo, se haya convertido en el único partido capaz de posicionar un presidenciable con aspiraciones serías en el ámbito de una futura y más que posible plataforma política electoral que conlleve la unidad de la derecha, viene a indicar que también el ámbito conservador las cosas se transforman. La derecha ecuatoriana está asumiendo versiones modernas, más tecnocráticas, más socialmente presentables y más novedosas respecto a su vieja partidocracia y el posicionamiento del segundo banquero del país como líder de la oposición conservadora. Por otro lado, el desarrollo del último tramo de la irrisoriamente denominada “Batalla de Quito” significó un empujón para otras candidaturas de SUMA a nivel nacional, lo cual se dio a través de la triunfadora de Mauricio Rodas, fenómeno político que hasta el momento tan solo era capaz de irradiar en el país el presidente Correa.

CREO por su parte, pasa a ser el gran perdedor de estas elecciones, dada su incapacidad para posicionar a sus candidatos a las dignidades en los ciudades más importantes del país, quedando sus opciones en estos gobiernos provinciales muy lejos de significar alternativa alguna.

  •          Error estratégico de campaña y su lectura política.
La campaña electoral de Alianza PAIS se basó a nivel nacional en la figura del presidente Correa. Desde Augusto Barrera en Quito hasta el aspirante a vocal en la junta parroquial más pequeña del país, dispuso de una estrategia gráfica de campaña que se resumió en posicionarlo bajo el abrazo del Presidente de la República. Esto se plasmó bajo el discurso  estratégico de todos “somos un equipo” en el cual como líder indiscutible ejerce el mandatario ecuatoriano.

Argumentalmente los candidatos oficialistas incidían una y otra vez en que eran la representación en la tierra del “compañero presidente” y de la revolución ciudadana en sus respectivos territorios. El argumento político era precario y muy poco institucional: sería a través de los candidatos de Alianza PAIS por donde se canalice el desarrollo territorial y   sin el oficialismo en los diferentes estadios del poder local, no llegaría adecuadamente la inversión del gobierno central y por lo tanto no existiría una modernización acorde con la evolución a nivel nacional.

A lo largo y ancho del país, la imagen del presidente Correa se volvió a extender a través de propaganda gráfica por doquier. Las cadenas radiotelevisivas gubernamentales y los medios de comunicación al servicio del oficialismo también fueron herramientas eficaces para el desarrollo de este culto a la personalidad presidencial. Es por ello que sorprende la negación por parte de Alianza PAIS y del propio “compañero presidente” de entender que al igual que se busca un resultado positivo a través de dicha estrategia, si el resultado es negativo también debe ser interpretado bajo esos mismos parámetros.

El voto no oficialista en unos comicios presidenciables pone en cuestión la continuidad del proyecto político y los múltiples indicadores positivos que se han desarrollado a través del actual gobierno, sin embargo dicho voto a nivel local manda un mensaje claro que va más allá de lo que respecta al candidato votado y a la política local. El mensaje ciudadano expresado el 23 de febrero tiene mucho que ver con lecturas nacionales e incluso internacionales, en el sentido de que una gran parte de la población expresó su disconformidad con las políticas de confrontación actualmente impuestas desde el Palacio de Carondelet.

Rueda de Prensa tras derrota oficialista en Quito
El correísmo endosa la culpa de su pérdida más grande, la ciudad de Quito, a la falta de estrategia política y de carisma de la candidatura de Augusto Barrera. También responsabiliza acertadamente a una gestión municipal que, habiendo sido la que mayor inversión ha recibido desde el gobierno nacional, nunca fue capaz de rentabilizarla políticamente.

Sin embargo, es evidente que una parte del voto le estaba diciendo al gobierno nacional que esta forma de gobernar con excesos y demencia confrontativa no le gusta, y que no le gusta por lo tanto la injerencia en la justicia desde el Ejecutivo, al igual que no le gusta el estilo político reflejado en la resolución del tema del aborto por violación en el Código Penal, así como no a su vez tampoco le gusta la descalificación permanente y el escarnio sabatino al que son sometidos los oponentes políticos al gobierno. Pero posiblemente lo que menos le ha gustado a este importante sector de la ciudadanía es el ridículo internacional expresado en los medios de comunicación más importantes del planeta fruto de la persecución política sobre un caricaturista ecuatoriano con gran sentido del humor y alta calidad en sus trazos. Por último, otro factor a considerar como de incidencia negativa fue la demagogia política expresada por boca del presidente Correa cuando definió como traidores a la “revolución” y al proceso político a cualquier disidencia interna, entendiendo que cualquier voto que no fuese dado a su candidato en Quito y por extensión al resto del país era un voto para los agentes del imperialismo internacional. Este hecho que hizo que mucha gente reflexionase sobre las imágenes que de forma cotidiana se sucedían en sus pantallas de TV desde Venezuela, donde más allá de las tramas internacionales existentes, hay un sector de la población que está expresando su descontento con escasa audiencia por parte del presidente Nicolás Maduro. En todo caso, el comportamiento electoral referencia que la ciudadanía priorizó la capacidad de liderazgo local independiente de la gestión del gobierno nacional y del carisma algo tocado en esta ocasión del líder único de Alianza PAIS.

Por otro lado, el elector ecuatoriano tampoco ha encontrado grandes diferencias entre la gestión municipal de Alianza PAIS y la de sus opositores. El oficialismo ha sido incapaz de desarrollar un modelo de gestión y de ciudad diferente a la pretendida ciudad planificada de la cual se visualizan escasos resultados en sus barrios más populares y periféricos. En Quito el municipio llegó incluso a pensar que hacer parques en el Sur era mirar hacia el Sur y en Guayaquil la política del gobierno nacional a base de desplazamientos forzados y violentos contra la población marginal incluida la quema de sus viviendas pretendió contar con el apoyo de sus víctimas en aras a un modelo planificado de “guetto” construido sobre miles de viviendas impopulares que no superan los 39 metros cuadrados.  Los impuestos y sanciones desproporcionadas fueron elementos estratégicos que sirvieron como “arietes” para los partidos conservadores en las ciudades bajo gestión oficialista.

Por último, otro elemento a valorar fue la absolutista desconsideración y falta de respeto al sentir de las bases militantes de Alianza PAIS, lo que conllevo a la imposición de diversas candidaturas desde Quito hacia los territorios periféricos, situación que benefició a algunos familiares y amigos del poder pero profundizó el descontento y la decepción entre las filas verde flex.

  •         Los resultados electorales en territorios afectados ponen en cuestión la política extractivista del gobierno nacional.
De la lectura respecto a los resultados electorales en los gobiernos provinciales del Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, cabría deducir que en los territorios afectados por el “planificado” desarrollo de la minería se estaría reflejando el rechazo local a las formas y lógicas por las cuales pretenden ser implementadas las políticas nacionales de perfil extractivista.

El conflicto desde el gobierno nacional con Paul Carrasco, Marcelino Chumpi y Salvador Quishpe, parte de la base de que estos consideran sus provincias desde el ámbito de la diversificación de actividades productivas, donde la minería en todo caso no sería más que una de ellas, sobre la que habría que negociar como implementarla y no por ello ha de ser la más importante. Destaca por parte de los prefectos reelegidos la defensa de la minería artesanal, donde se reconoce la necesidad de políticas adecuadas para el sector pero no su ilegalización y criminalización, así como una apuesta por la producción limpia, teniendo en cuenta las particularidades hídricas y agropecuarias de sus respectivas provincias, así como su potencial turístico.

Pero más allá de la posición de los líderes anteriormente mencionados, se evidencia que sus respectivos movimientos políticos, especialmente en la región amazónica, están construidos por sectores sociales que se oponen claramente a los pretendidos megaproyectos mineros, lo que avizora un horizonte conflictivo a corto y medio plazo. De igual manera, quedó aplazado en el tiempo la obtención del “trofeo de caza” que para el oficialismo suponían las “cabezas políticas” de Salvador Quishpe y de Paul Carrasco en ese mismo orden.

La estrategia de la derecha

Mauricio Rodas (SUMA) y Juan Carlos Solines (CREO)
La condición de fuerza mostrada por Mauricio Rodas (SUMA) en Quito frente a su rival en el espacio político conservador, Juan Carlos Solines (CREO), momentos antes del comienzo de la campaña electoral era el síntoma de que SUMA había ganado la posición entre los conservadores. No había mucho que discutir, Rodas era el hombre a disputar el segundo cargo político más importante en el país, mientras a CREO se le dejaba únicamente la disputa por una más que perdida candidatura a la Prefectura de Pichincha. El caso de CREO en Guayaquil es similar con respecto a Jaime Nebot y Madera de Guerrero.

Ante esta situación el discurso de CREO fue claro. Conscientes de sus escasas posibilidades electorales -Solines no vendía ni una cacerola en Quito y los resultados de César Monje en Guayas hablan por si solos- ponían por encima del coyuntural conflicto de intereses la capacidad de entendimiento para las presidenciales y legislativas del 2017. El discurso de Rodas durante el proceso electoral también evidencia su apertura al debate y acuerdos con otras fuerzas políticas, con lo cual ahora este joven neoliberal debe sortear el obstáculo de que significa el que su gestión como burgomaestre pudiera ser entendida por los quiteños como un mero instrumento dirigido hacia un salto político más importante: el sillón presidencial de Carondelet.

Si Mauricio Rodas, a pesar de todos los problemas con los que se enfrentará, es capaz de vender una gestión positiva en Quito durante los próximos años, el bloque opositor al actual gobierno podría engrosar sus filas incluso con partidos que hoy, confusamente, se consideran como aliados del correísmo tal y como es el caso de Avanza. Esta organización política, sorprendentemente construida al calor y color del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), ha demostrado manejar un buen caudal de fondos así como tener la sagacidad de reclutar sus candidatos locales entre distintos líderes territoriales descolocados de la partidocracia y también del oficialismo. Avanza, una especie de centro político que se autodefine como “socialdemócrata”, perfectamente podría reapuntar sus orientaciones estratégicas en función de hacia donde “sople el viento”, tal y como lo ha demostrado en distintas alianzas electorales locales en estos recientes comicios.  

La referencia anterior tendría que ver con una nueva coyuntura para el Ecuador en el plano económico. Al respecto, cabe señalar que las divisas emergentes están en “caída libre”, y que la desaceleración de la economía china, de sostenerse, podría golpear a las “economías abastecedoras” –países suministradores a China de productos primarios-, lo cual sumado a la burbuja crediticia de algunos países estratégicos –en Wall Street definen a Brasil, India, Sudáfrica, Turquía e Indonesia como los “cinco frágiles”- podríamos encontrarnos en el breve plazo en una renovada recesión global. En resumen, a lo que asistimos, aunque no sea expresado de esta manera, es a un problema que tiene que ver con la demanda global efectiva y la lógica del “crecimiento” como orientación ideológica. Las crisis cíclicas del capitalismo no son más que el método normalmente utilizado para eliminar periódicamente la disensión existente entre la ilimitada capacidad extensiva de la producción y los límites intrínsecos de los que dispone el mercado, convirtiéndose en los mecanismos a través del cual el capital reafirma su autoridad como precondición para todo lo demás.

Si como anuncian los analistas más agoreros y parece ser verdad, se avecinan nuevas tormentas, el gobierno de llamada revolución ciudadana afrontaría durante este período de gestión problemas que hasta ahora no ha tenido que confrontar en sus más de siete años de gobierno. 

Efecto de los resultados electorales al interior de Alianza PAIS

El impacto de los resultados electorales, principalmente en Quito, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas e Ibarra, así como la pérdida del Gobierno Provincial de Imbabura, ha  desatado cierto “revoltijo” al interior del oficialismo.

Cierre de campaña APAIS
Dejando claro de antemano que la figura de Rafael Correa no está ni mucho menos en cuestión, se están levantando voces que inciden en la necesidad de limpiar Alianza PAIS de oportunistas políticos con agendas propias, burócratas de despacho desconocedores de la realidad en las calles, y de allegados a la cúpula de poder –ministros, asesores, colaboradores y altos funcionarios de diversa índole- más comprometidos con sus intereses personales que con el proyecto "revolucionario”.

Ante esto en el sector oficialista se está desatando un contra-discurso que hace referencia a una “supuesta” trama internacional que entre otros objetivos, tiene la finalidad de debilitar al oficialismo a través de luchas intestinas, y que en momentos como este la unidad y disciplina orgánica es fundamental, intentándose limitar así el debate interno y la autocrítica democrática. A estas alturas del viaje en la historia universal de la lucha de clases, resulta que las tramoyas del imperialismo y los intereses extranjeros son el elemento por los cuales se debe censurar la crítica y la autocrítica en los movimientos que se llaman a si mismos emancipadores, algo patético que recuerda a socialismos que no son precisamente del siglo XXI.

Parecería el momento adecuado para que al interior de Alianza PAIS se desarrollara un debate orgánicamente estructurado en el cual se analice su modelo organizativo, la necesidad del debate interno, así como la expresión de tendencias que más allá de avalar las políticas gubernamentales en materia de inversión social y obra pública, se centre en el ámbito del programa político, el proyecto, la fórmula de liderazgos y los modelos de toma de decisiones al interior del partido oficialista.

Un punto de inflexión de estas características, lo que significaría una verdadera catarsis interna para el partido de gobierno, aparece como un horizonte más que lejano ante las realidades actualmente existentes, aunque no por ello debería ser dejado de lado por los sectores que todavía consideran a Alianza PAIS como una herramienta de transformación social. En todo caso, nos hace arrugar el ceño que el propio presidente Correa, lejos de arrogarse autocrítica personal alguna, posicione este fracaso electoral en la falta de una política de alianzas adecuada y en el  supuesto sectarismo existente al interior en su frente político. Ambas condiciones, sumadas a puntuales errores estratégicos y falta de reacción rápida en la campaña, son suficientes para el mandatario como explicación de los resultados electorales del pasado 23 de febrero.

Entre lo poco que queda al interior de Alianza PAIS de sectores a los que podríamos definir como “progresistas”, el sector “barrerista” es posiblemente el baluarte más importante. Estos resultados negativos presuponen la caída de los responsables del frente político, lo que señala a la actual titular de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Betty Tola, y con ella, un amplio espectro de burócratas que se referencian como sector ideologizado al interior del mundo verde. De igual manera, el bloque “barrerista” que se había consolidado en el municipio quiteño pagará sus errores al interior del organigrama de pesos políticos de Alianza PAIS, como lo ha de pagar también con su debilitamiento los entornos de Virgilio Hernández en la Asamblea Nacional. Por regla de tres inversa, se hace más que evidente que los beneficiarios de un proceso de estas características es el sector más conservador al interior del Ejecutivo y del partido oficialista.

Otro de los sectores debilitados en esta contienda es el grupo que pretende autodefinirse como “intelectual”, los llamados “príncipes" del pensamiento correísta. Situados estratégicamente en sectores que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, la investigación y la ciencia, este grupo y su entorno se manifestaron prolíferos en la redacción de cartas y posicionamientos públicos que más respondían a sus egos personales y pedanteria que a cualquier estrategia electoral efectiva para frenar el avance de la derecha. Sin duda pocos de ellos, por no decir ninguno, ha militado en las barricadas políticas que históricamente han protagonizado los movimientos sociales en el Ecuador, lo que les lleva a entender la política desde la lectura de concienzudos análisis sociológicos y nobles metodologías académicas, que se expresan en exuberantes documentos escritos publicados por sus correspondientes ministerios y el IAEN, pero que se mostraron como poco útiles a la hora de comprender las estrategias conservadoras y organizar a los sectores de resistencia anti-neoliberal, precisamente esos a los que los susodichos ahora definen en un alegado a la "modé" progresista como de pos-resistencia.

En estas condiciones y teniendo en cuenta que ante las presidenciales del 2017 estaría abierto –salvo que el presidente Correa revisase su decisión de no reelegirse-  la pelea por el “delfinazgo”, todo apunta a que el candidato mejor posicionado es el actual Vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien ya cuenta con una importante partida presupuestaria en posicionamiento público a través de sus propias cadenas gubernamentales y el apoyo del ala más conservador del Ejecutivo.

Presidente Rafael Correa
La lectura del presidente Correa sobre la carencia de una política de alianzas adecuada, conlleva un mensaje soterrado pero claro: entenderse con Avanza antes de lo que haga la derecha, así como con algunas fuerzas políticas locales que poco tienen que ver con lógicas políticas que apuestan por la transformación social en el país. Quedaría entonces como escenario inmediato, la conformación de un amplio bloque político que incorpore aun más y diversas sensibilidades del espectro centro y de la centro-derecha. Dicha situación cerraría la brecha para un debate político interno posicionado desde las visiones de los sectores más progresistas del oficialismo y su orla social, lo que constatará en la práctica que el partido de gobierno se mantenga lejos de buscar opciones económicas alternativas al capitalismo, manteniéndose como objetivo la simple reforma de dicho orden: aminoración de los excesos del capitalismo y una búsqueda por insertar al Ecuador entre los países “privilegiados” de la periferia más cercana al centro del sistema mundo. En todo caso, queda para el debate esta peculiar estrategia de emanciparse del mercado internacional de commodities a través de profundizar el extractivismo o educarse para el Sumak Kawsay a través de académicos extranjeros que poco o nada han oído hablar sobre tal concepto andino. Más allá de lo anterior, parece poco discutible que esta posición sustenta las relaciones de dominio capitalista, bajo el criterio de estas podrán ser transformadas por medio de reformas legales al interior del sistema –nuevo revival de la tan inmortal como absurda idea de la revolución por fases-, olvidando que dichas relaciones no son la consecuencia de leyes burguesas, sino del fruto del propio desenvolvimiento económico.

Sin duda olvidan los “príncipes" del pensamiento correísta que cuando el keynesianismo quebró en Europa, no fue porque los Estados destruyeran las organizaciones obreras con las que se había concertado el sistema durante más de cuatro décadas, sino porque el capital vio como inviable mantener un modelo económico donde su tasa de ganancia había menguado ya de forma ostensible.

La situación de la izquierda social y política fuera de Alianza PAIS y su entorno.

La izquierda desde hace más de un siglo comete a nivel planetario el error de pensar que el marxismo tiene el monopolio de la emancipación, ignorando que dicho pensamiento no es más que un meeting point, y no un sistema acabado ni un dogma de fe religioso a transmitir  a cada vez menor número de feligreses.

En el marco ecuatoriano, la implementación en los primeros peldaños de un pretendido “Estado de Bienestar” que es confundido conceptualmente con el término ancestral kichwa Sumak Kawsay, ha restado urgencia a las luchas anticapitalistas existentes antaño, generando una crisis existencial en las organizaciones populares que en años anteriores destacaron en sus resistencias contra las políticas de la tan manoseada “larga noche neoliberal”. Esta situación deriva en la condición de que desde la autodefinida “izquierda real”, se haya tenido muy poco que aportar en el debate sobre intervencionismo estatal en la economía; el desarrollo de la sociedad de consumo; el cada vez mayor desarrollo tecnológico; la nueva organización del trabajo; o la reactualización del colonialismo económico, cultural y académico, entre otras cuestiones. Es así, sin querer queriendo, que en Ecuador, los movimientos populares y las organizaciones políticas a la izquierda del correísmo se han ido convirtiendo en algo inútil para aportar políticamente hacia algo nuevo. Tanto es así, que el debate político se desplazó a la Academia, quedándose en el marco de un frustrante juego semi-intelectual que en la mayoría de los casos carece de realidad política.

El resumen de esta cuestión es que la mayoría de las organizaciones populares hacen sus esfuerzos por encajar de forma adecuada con el nuevo capitalismo posneoliberal reformado y puesto en marcha por la revolución ciudadana, mientras dicho planteamiento es defendido discursivamente por los cortesanos de la "intelectualidad oficialista" bajo el criterio gramsciano de bloque popular-nacional en aras a un lógica de alianza interclasista que busca la consolidación de una supuesta nueva forma de hegemonía. Por parte de la izquierda a la izquierda del correísmo, la realidad no es mucho mejor: no se ha sido capaz de generar contra-modelos, y los discursos en defensa de la Constitución de Montecristi, los derechos de la naturaleza, el discurso anti-extractivista o sobre la esencia misma del Buen Vivir, quedan cortos e inadecuados para dar respuestas a una sociedad que demanda cosas concretas en el día a día de la realidad política vigente y no atisba a distinguir conceptos tal discutibles como: “revolucionarios buenos vs revolucionarios malos” o el “proyecto traicionado” de la revolución ciudadana.

En lo concreto, esta cuestión significa seguir viendo a los partidos de la vieja izquierda ecuatoriana luchando por su supervivencia electoral con base en programas centristas eclécticos que no parecen inspirar sentimientos muy fuertes entre la población. Sus consignas, compiten en el discurso con el oficialismo neokeynesiano, planteando que los principios de la “revolución ciudadana” han sido traicionados, pero carentes de alternativas ideológicas y propuestas concretas ante el programa de “desarrollo nacional” impulsado desde el gobierno.

Movilización antiminera
En paralelo, vemos un movimiento indígena que tras casi diez años de constituida su crisis se muestra incapaz de superarla, haciendo hincapié en su imposibilidad para  reconstituirse como un actor político de cambio. El movimiento indígena combina en la actualidad su expresión de rechazo a la política gubernamental en algunos territorios, mientras en otros su dirección política es empujada por gran parte de sus bases hacia un reconocimiento de las políticas públicas neodesarrollistas impulsadas por el gobierno en el sector del agro.

Por último, queda hacer referencia a un cada vez menos amplio abanico de organizaciones populares en situación de estancamiento que son herederos ideológicos diluidos del conato revolucionario de 1968: movimientos ambientales, feministas, de las llamadas minorías oprimidas y comunitarios de base. Estos movimientos antisistémicos, incluido el indígena, inspirados en la superación del estricto conflicto capital vs trabajo, tuvieron bastante éxito en su día al cuestionar las premisas básicas de la vieja izquierda, pero desde entonces fracasaron en consolidar una estrategia alternativa. En la actualidad, diversas organizaciones sociales y ONGs pretenden ser representativas en este aspecto, pero la mayorías de ellas demuestra sus debilidades asfixiadas por una cooperación internacional cada vez más menor que amenaza en transformar a este tercer sector en una especie en extinción dentro de un país ya considerado como de rentas medias.

Lo anteriormente descrito condiciona a una izquierda en general muy golpeada por las estrategias gubernamentales de desacreditación a la oposición política y social, lo que se visualiza en la falta de capacidad de articulación de fuerzas “antagónicas” en los escenarios políticos actualmente existente.

Conclusiones

A pesar de que la factura política que hoy sufre el oficialismo no sobrepase el severo “tirón de orejas” a las formas de hacer desarrolladas desde el gobierno nacional y un Legislativo enteramente controlado por el partido de gobierno, Ecuador se enmarca en un modelo de “autoritarismo benigno” sostenido por un sofisticado control político sobre la libertad de expresión y la disidencia. El gobierno de Alianza PAIS todavía no está en riesgo, teniendo aún bastante margen para rectificar políticamente, más allá de que sea afectado por el impacto de crisis económicas exógenas a una realidad nacional permeable por un mundo globalizado.

Respecto al presidente Correa, la población ya ha demostrado hace apenas un año aceptar de buena gana un contrato social que limita ciertas libertades y derechos constitucionales a cambio de disfrutar en el país de una condición económica no existente con anterioridad. 

Con respecto a la izquierda social y política, inmersos en la falta de propuestas y carencia de proyecto alternativo de sociedad, sonroja ver como al menos a una parte de esta su  anticorreísmo le ha llevado a aplaudir por debajo de la mesa el reciente triunfo de la derecha. Esta situación evidencia la condición febril de su actual estado de salud política, dispuestos a quedarse tuertos con tal que el oficialismo quede ciego en esta contienda.

No habrá condiciones para la construcción de un proyecto alternativo mientras desde las izquierdas no se marquen las pautas para la construcción de algo nuevo, lo que significa la superación de los espacios construidos políticamente en la actualidad. Como llegar a eso pasa tanto por el conflicto de ideas y la posibilidad de debate interno en Alianza PAIS -con la consiguiente construcción democrática de corrientes de pensamiento a su interior- como por la necesidad de una redefinición en propositivo de la izquierda a la izquierda del correísmo. De lo contrario, y teniendo en cuenta las coyunturas políticas y económicas que se avecinan, existe amplio campo abonado para el desarrollo de plataformas unificadoras desde los sectores más conservadores de la sociedad, lo cual reforzado por los espacios de confluencia del capital ecuatoriano e incluso internacional, abrirían la puerta a un escenario nacional de características similares a lo visto recientemente en Quito, y que podría tener graves efectos colaterales para una sociedad como la ecuatoriana que estratégicamente ha sido polarizada en aras a disputas de poder partidista ajenos a modelos de transformación radical del sistema político vigente.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Políticas migratorias del Ecuador: inconsistencias entre la praxis y el discurso


Por Decio Machado (Sociólogo y periodista. Consultor internacional y miembro fundador del periódico Diagonal)

Para la Revista Libre Pensamiento Número 77
www.librepensamiento.org

Abstract

Con la llegada al gobierno del actual presidente Rafael Correa (enero 2007), Ecuador  desarrolló durante los dos primeros años de su mandato políticas migratorias vanguardistas respecto al reconocimiento del derecho a migrar, la ciudadanía universal, los derechos de los migrantes, el plan retorno o el reconocimiento de la libertad de movimiento para todos los ciudadanos del planeta. Sin embargo, en la práctica se evidencia una notable involución en sus políticas migratorias, así como escasos resultados de sus políticas de retorno.

Texto artículo:

Aunque este pequeño país andino ha mantenido un flujo migratorio constante desde la década de 1930, podríamos dividir sus migraciones en dos etapas básicas: una primera, que tiene a EEUU como país destino; mientras la segunda, se dirigió principalmente a Europa, siendo España e Italia sus principales receptores.

La crisis del “Panama hat” y la emigración hacia los EEUU

La historia del sombrero de paja toquilla en Ecuador está ligada a las zonas que produjeron gran número de migrantes ecuatorianos en el exterior.

En 1844 fueron llevados a la provincia del Azuay –región interandina sur- materia prima y un buen número de tejedores desde la ciudad costeña de Montecristi, con el fin de enseñar este oficio a los reclusos de los penales de Cuenca y Azogues. Esta actividad se propagó por la región, generando ingresos en las zonas rurales y fortuna entre familias de intermediarios del austro andino.

Los bajos costos de la materia prima para su elaboración, fueron aprovechados por un sector de comerciantes exportadores para difundir estos tejidos por diversas poblaciones rurales de las provincias del Azuay y El Cañar, convirtiéndolas en centros de producción del sombrero de paja toquilla. Este trabajo era realizado por familias rurales –con jornadas que podían llegar a las dieciséis horas diarias- que suministraban el producto a comisionistas de las grandes empresas exportadoras.

El sombrero tardaba dos días en elaborarse y su cotización se estimaba en unos 80 ctvs, siendo el costo de su materia prima de apenas 4 ctvs. Esta condición dejaba un aparente beneficio para los artesanos, reportando ingresos superiores a los que obtenidos por el campesino con un jornal diario –como peón de hacienda- de apenas 20 ctvs. Sin embargo estos ingresos siempre eran reducidos por las presiones de los llamados “perros” o comisionistas de las casas exportadoras, los cuales que buscaban pagar el menor precio posible a los artesanos.

En 1849 ya se vendían estos sombreros en Panamá –de ahí el nombre internacional de “Panama hats”- y en 1860 se produce su boom exportador, lo que generara una etapa de bonanza económica en la región. En 1863 se estima que su exportación alcanzaba medio millón de sombreros anuales.

El “Panama hat” se convirtió en una prenda obligada a partir de primeros del siglo XX, vinculado a la gran demanda derivada de la construcción del Canal de Panamá y las necesidades de sus obreros de protegerse del sol. Para esta misma época crece su demanda europea, convirtiéndose Nueva York en el principal centro de crédito y de redes de distribución de esta industria.

El boom duró hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando dejó de ser moda, lo que significó una dura caída de sus ventas (Gratton, 2005). Este factor económico generó el declive de las economías locales y la migración campo-ciudad por parte de las mujeres más jóvenes (Radcliffe, 1999), mientras los jóvenes varones buscaron su subsistencia más allá de las fronteras (Kyle, 2000). Esto viene a significar un auge migratorio de ecuatorianos a EEUU, el cual se mantuvo durante décadas.

Esta emigración estuvo compuesta por personas con poca formación cultural y escasa capacitación técnica, principalmente hombres provenientes de un sector rural en declive económico (Wyman, 1996).

Neoliberalismo y segundo ciclo migratorio

Entre 1980 y 1989, la tasa anual promedio de crecimiento en el Ecuador fue de -0,7%, una de las peores del promedio mundial (Acosta, 2012). La renta per cápita del país respecto al ingreso por habitante de los EEUU cayó del 22% al 17% en ese mismo período.

La crisis ecuatoriana permitió que a partir de 1992 –gobierno de Durán Ballén- se pusieran en marcha políticas draconianas de ajuste implementadas desde las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial), achicándose el Estado, inmerso en la privatización de sectores estratégicos (telecomunicaciones, hidrocarburos y sector eléctrico) y flexibilización del mercado laboral.

La estafa neoliberal llegaría a su “climax” con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), cuyo gabinete estaba controlado por la bancocracia. Durante su breve período de gobierno –fue derrocado en enero de 2000- se establecieron políticas de “salvataje bancario” que supusieron la entrega de ingentes partidas monetarias desde el erario público a la banca privada. El 8 de marzo de 1999 se declaraba el “feriado bancario”, quedando todas las operaciones financieras suspendidas -se congeló por un año todos los depósitos bancarios por un valor estimado de unos 3.800 millones de dólares (en aquel momento todavía en vigor la moneda nacional sucre)-. Aun así, los bancos que recibieron ayuda estatal quebraron (el 70% de las instituciones financieras del país) y el Estado los incautó, asumiendo en diversos casos sus operaciones deficitarias. Esto repercutió en el tipo de cambio, generando una notable depreciación del sucre y la fuga de capitales al exterior, lo que agravó la liquidez del sistema financiero. En 1999 el sucre había perdido el 195% de su valor y las pérdidas económicas ascendían a 8.000 millones de dólares, más que duplicándose el desempleo. En enero de 2000 el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por dólar. Esto significó que quienes tenían ahorros “congelados” en sucres, recuperaron tan sólo una quinta parte de sus depósitos, desconsiderándose además cualquier pago por intereses y menos aún por el lucro cesante.

Esta crisis provocó una fuerte emigración hacia el exterior, principalmente hacía España e Italia. Aunque los números son confusos, se estima que en el año 2000 más de medio millón de personas –un 4% de la población en ese momento existente- salieron del Ecuador en busca de su supervivencia. De forma paralela, Ecuador empezará a recibir migración procedente del exterior, principalmente colombianos desplazados por el conflicto interno y peruanos –migrantes económicos- atraídos por una economía dolarizada.

Alrededor del 70% de la población que abandonaría el país provenía de áreas urbanas –sectores con formación educativa y profesional-, estando compensados los porcentajes de hombres y mujeres, lo que significaría un drástico cambio respecto a la primera oleada de migrantes ecuatorianos hacia EEUU. Es a partir de entonces cuando la mujer empieza a emigrar como trabajadora independiente o encabezando proyectos migratorios de sus familias –feminización de las migraciones ecuatorianas- (Herrera, 2004).

El endurecimento de las políticas migratorias en EEUU, unido a la expansión de su frontera hacía los países del sur, significó que este nuevo flujo migratorio derivara hacia Europa –donde los ingresos de estos emigrantes eran sustancialmente inferiores que los que se obtenían en EEUU, pero donde la mayoría de los países de la UE no exigían visa para entrar en su territorio, situación que varió a mediados de 2003[1]-. Entre 2000 y 2008 se calcula que emigraron a Europa más de un millón de ecuatorianos.

Ecuador: las nuevas políticas migratorias

Ecuador ha evolucionado en materia migratoria bajo la particularidad de ser uno de los grandes emisores de Suramérica, siendo a su vez receptor de migrantes principalmente desde Colombia y Perú. El país, en la actualidad, es además un país de refugio y de tránsito de migrantes con destino a EEUU (Quiloango, 2011).

Ecuador, con su alto número de migrantes, las dificultades impuestas por las restrictivas políticas migratorias acompañadas por la explotación laboral y la creciente xenofobia en los países receptores, así como la desintegración familiar interna, desarrolló la definición de nuevas políticas migratorias enfocadas a la atención de sus migrantes y sus familias en Ecuador, intentando ordenar paralelamente los flujos migratorios direccionados hacia el país.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, el programa político del hoy partido de gobierno -Alianza PAIS- incorporó en la primera campaña política de Rafael Correa (2006)[2] elementos novedosos en materia de derechos para los migrantes.

En marzo de 2007 el presidente Correa creaba, con rango de ministerio, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), siendo su misión «”siendo su misión  y de forma andemanda sinoamericanosdos los ciudadanos del planetal d ilegalmente. ono acumulado y de forma anla definición y ejecución de políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo de la persona migrante, la cual actúa en dos procesos básicos: coordinar directamente con la Presidencia de la República en la definición y ejecución de las políticas migratorias ecuatorianas encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores; y, promover y coordinar de una manera oportuna con todos los actores e instituciones, públicos o privados, vinculados con el tema migratorio a nivel nacional e internacional»[3].

Durante sus primeros dos años de mandato se desarrollaron importantes avances normativos en materia migratoria. La entrada en vigor de la actual Constitución (octubre de 2008) significó, al menos sobre el papel, que se reconocieran derechos tanto para los ecuatorianos en el extranjero como para los extranjeros en el Ecuador. Entre ellos destaca el derecho a “migrar”, la no discriminación por condiciones migratorias, y una apuesta por la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el fin progresivo de la condición de extranjero entre los países.

En su artículo 9, esta carta magna indica que «las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas»; en el 40, «se reconoce a las personas el derecho a migrar» y que no se considerara «a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria»; y en el 392  se mandata que «el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana», señalando que «el Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con los de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional». En resumen, este texto constitucional –referente de normativa garantista- registra cincuenta y ocho artículos donde se reafirma el compromiso del Ecuador frente a la movilidad humana, desarrollando una concepción no discriminadora del hecho migratorio bajo un enfoque de derechos (Ramírez, 2013).

Elementos como el concepto de familia transnacional –reconocimiento de vínculos familiares, tanto económicos como emocionales-, institucionalizado en las políticas ecuatorianas, debería haber servido como el referente para enfrentar las lógicas de desintegración familiar imperantes en el mundo de las migraciones. Lamentablemente la cosa dejó mucho que desear, pero en todo caso, Ecuador tiene la virtud de haber priorizado la vuelta de sus migrantes al país por encima del factor ingresos vía remesas, lo que generó el llamado Plan Bienvenidos a Casa.

Plan Bienvenidos a Casa y las políticas de SENAMI

A primeros del 2008 se implementó el Plan Bienvenidos a Casa[4], lo que en la práctica significaba la puesta en marcha de la llamada “operación retorno”. De esta manera, la pequeña nación andina les decía a sus ciudadanos en el exterior que con la aplicación de políticas reformistas posneoliberales, volvía a haber espacio en territorio nacional para los desplazados forzosos del neoliberalismo. Se decía afablemente "estamos arreglando la casa para que ustedes vuelvan", quedando en segundo orden la crisis global y los intereses de países receptores como factores de retorno de las y los migrantes.

El plan articula una serie de programas destinados a facilitar el regreso de los migrantes, apoyando iniciativas empresariales en Ecuador, buscando generar empleo y promoviendo la formación de tejido productivo a través de nichos de negocios estratégicos. Todo ello bajo una lógica de planificación que permite conducir los ahorro de los retornados, aunque cometiendo el grave error de entender a todos estos migrantes como sujetos exitosos, emprendedores y capaces de autodesarrollarse y aportar al país (Moncayo, 2011).

Considerando que a mediados del 2011 el gobierno español declaraba la existencia de mas de 409.000 permisos de residencia de ecuatorianos[5] en el país, los resultados de la “operación retorno” han de considerarse como notablemente limitados. A mediados del 2012, un balance presentado por la Embajada de España en Quito y SENAMI[6] informaba que bajo la “operación retorno” el número de retornados era de 20.000, habiéndose acogido 11.000 de ellos al Plan Voluntario de Retorno[7] promovido por el gobierno español (los retornados gozan del cobro del bono acumulado de desempleo que se mueve en una media de entre 15.000 y 20.000 euros, además de obtener el pasaje de regreso, perdiendo el derecho a volver a España por los próximos tres años), mientras otros 9.000 pasaron directamente por el Plan Bienvenidos a Casa. Dos años después, la cifra de retornados alcanzaba los 37.000, habiéndoseles otorgado 3.400 créditos, con la conformación de apenas 401 emprendimientos productivos financiados y la exoneración de impuestos en menajes de casa a más de 10.000 personas.

Si tenemos en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 47.000 ciudadanos ecuatorianos habrían abandonado el país durante el año 2012,  los números de SENAMI y Ministerio de Asuntos Exteriores español no cuadran. Esto evidencia que la mayor parte de ecuatorianos que abandonan el país re-emigran a otros países de Europa, aprovechando la tenencia de un pasaporte comunitario, desconfiando del tan cacareado "milagro" económico ecuatoriano y las pequeñas pero no por ello despreciables ayudas que se les brinda en Ecuador para afrontar una nueva vida. En este sentido, cabe señalar que la Casa Ecuatoriana en Londres recibió durante ese mismo año –mediante cita previa, con tan solo tres operarios y carente de bolsa de trabajo- una media de 300 personas diarias, cuyo perfil común era ser ecuatorianos emigrados desde España en busca de trabajo y con necesidad de solicitar prestaciones sociales[8].

Esta Red de Casas Ecuatorianas distribuidas por los países donde existe presencia migratoria -otro de los programas fuerza de SENAMI- busca «un sistema de atención integral, especializada y de calidad a la familia ecuatoriana transnacional» (SENAMI, 2010). Aunque teóricamente estos espacios son concebidos como lugares de encuentro, atención y participación social de los migrantes ecuatorianos en el exterior,  su realidad es que han sido utilizados como espacios de proselitismo político por parte del partido de gobierno[9], condición que se ha puesto de relieve a través de múltiples denuncias de migrantes no adherentes al oficialismo.

Para finalizar, cabe señalar que si bien la diplomacia ecuatoriana pretende posicionar su política migratoria como un referente mundial de abordaje humanista y de derechos, su práctica deja mucho que desear en ese sentido. La política migratoria del Ecuador ha sido fluctuante y permanentemente tensionada por el eterno dilema existente entre inseguridad ciudadana y política de fronteras abiertas. Si inicialmente se promocionó la idea de apertura y libre circulación, teniendo como base legal el precepto constitucional de “ciudadanía universal”[10] y eliminando el requisito de visa a los extranjeros que ingresaban al país, el retroceso global de las políticas transformadoras en Ecuador ha tenido también su impacto en ámbito migratorio. Fruto del incremento de ciudadanos cubanos, haitianos, africanos, asiáticos y de Oriente Medio que llegaron al país, así como de los ya tradicionales flujos migratorios de colombianos y peruanos -a quienes nunca se exigió una visa para entrar-, empezó a endurecerse la política migratoria.

Entre la ciudadanía se expande el rechazo a los extranjeros, visualizados en muchos casos rivales desde la disputa laboral, como responsables del incremento de la inseguridad en las calles, o como oportunistas que utilizan el país como plataforma para llegar a EEUU –muchos migrantes “saltan” desde Ecuador a Centroamérica en su ruta hacia territorio estadounidense-. La presión social llevó al gobierno a exigir, a partir del 3 de septiembre de 2010, visas de turismo a ciudadanos provenientes de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia; exigiendo a su vez a los ciudadanos chinos visitar el consulado ecuatoriano con su pasaporte vigente y su documento de residencia para que allá les fuera estampado un sello necesario para ingresar al país (este trámite está por desaparecer pues recientemente se ha renegociado esta condición en el marco de los cada vez mayores préstamos del gigante asiático al país andino, así como en la búsqueda de incentivar el fomento del turismo chino). Por su parte los colombianos ahora deben presentar un certificado de no poseer antecedentes penales, en clara violación del texto constitucional vigente[11] y las normativas entre países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Por su parte, los ciudadanos de cualquier otra nacionalidad ingresan a Ecuador sin visa, pudiendo permanecer por noventa días renovables, tras informe favorable de las instituciones públicas responsables.
Retomar la exigencia de requisitos para ingresar al país ha generado varios problemas de carácter administrativo por vulneración de los mecanismos reglamentarios impuestos, lo que ha significado deportaciones de inmigrantes que han sido previamente privados de libertad de forma ilegal. En agosto del 2012 la Dirección de Protección de Derechos del Ministerio del Interior, un curioso nombre para un organismo de perfil represivo, aseguraba la existencia de más de 10.000 extranjeros en situación irregular en el país, notificando de un mayor control policial y la conformación de albergues (improvisados centros de internamiento para extranjeros) donde retener a los migrante irregulares.

Bibliografía

Acosta, Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional. 3ra edición, 2012

Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2006

Gratton, Brian. Ecuador en la historia de la migración internacional. ¿modelo o aberración?. En: Herrera, Gioconda, Carrillo, María C. y Torres, Alicia Ed. La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades. Quito: FLACSO, ESPOL, PUCE, Univ. Cuenca, Contrato Social por la Educación y ODNA, 2005

Herrera, Gioconda. Género, familia y migración. Lo viejo y lo nuevo. En: Norma Fuller, Jerarquías en Jaque. Los estudios de género en el área andina. Buenos Aires: CLACSO-PUCP, 2004

Kyle, David. Transnational Peasants: Migrations, Networks and Ethinicity in Andean Ecuador. Baltimore: Jhons Hopkins University Press, 2000

Moncayo, Maria Isabel. Migración y Retorno en el Ecuador: entre discurso político y la política de gobierno. Tesis Maestría en Relaciones Internacional con mención en Negociación y Cooperación Internacional. Quito: FLACSO, 2011

Quiloango Tipanluisa, Susana. Políticas públicas migratorias en el Ecuador. Quito: Friedrich Ebert Stiftung. ILDIS. Documentos de Trabajo, 2011

Radcliffe, Sarah A. Race ande Domestic Service: Migration and Identity in Ecuador. En: Janet Henshall Monsen Ed. Gender Migration and Domestic Service. London: Routledge, 1999.

Ramírez, Jacques. La política migratoria en el Estado ecuatoriano. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito, 2013

Secretaría Nacional del Migrante.  Una política migratoria para el Buen Vivir. Informe de rendición de cuentas 2007- julio 2011. Gestión de Lorena Escudero Durán. Quito: SENAMI, 2011.

Wyman, Mark. Round-trip to America. New York: Ithaca. Cornell University Press, 1996



Notas


[1] El Estado español exigió visa a los ecuatorianos a partir del 3 de agosto de 2003, mientras la mayoría de los  países de la UE lo habían hecho a partir del 1 de junio de ese mismo año.
[2] Alianza PAIS, con el economista Rafael Correa a la cabeza, ganaría en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2006, asumiendo este la Presidencia de la República del Ecuador el 15 de enero de 2007.
[3] Decreto Ejecutivo No 150, Registro Oficial República del Ecuador No 39 de 12 de marzo del 2007.
[4] En América Latina se han implementado otras políticas de incentivo para el retorno de sus migrantes, como es el caso de Perú en 2005, Uruguay en 2008, Colombia en 2009; más allá del caso particular de México, donde esta política está mas vinculada a la seguridad que al retorno de los nacionales residentes en EEUU.
[5] Ecuador aparece como tercera nacionalidad en número de migrantes en España, superado por Rumanía (883.238 migrantes) y Marruecos (822.997), y por encima de Colombia (227.719) que queda en cuarto lugar.
[6] La SENAMI recibió como presupuesto para la ejecución de sus políticas un total de 35 millones de dólares acumulado durante los cuatro años anteriores al dato referenciado.
[7] La Directiva de Retorno fue aprobada en el Parlamento Europeo en 18 de junio de 2008, el Estado español aprobó el Plan Retorno Voluntario el 19 de septiembre de 2008, mediante el Real Decreto-Ley 4/2008 sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.
[8] De los 10.000 ecuatorianos residentes en Londres, el 25% de ellos llevan menos de dos años en el Reino Unido (datos de Cidalia, 2012).
[9] Siguiendo como lógica el concepto foucaultiano del análisis de “gobermentalidad”, el Estado se preocupa por “el conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que han permitido ejercer esa forma específica y muy compleja de poder que tiene por blanco la población” (Foucault, 2006)
[10] El Artículo 16 numeral 6 de la Constitución del Ecuador indica que se “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”.
[11] El artículo 413 de la Constitución del Ecuador indica en su numeral 5 la voluntad por parte del Estado de propiciar la creación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña y la libre circulación de las personas en la región.