A las 4,30 horas del día de hoy, 18 de octubre de 2011, aproximadamente 300 efectivos de la Policía Nacional Ecuatoriana incluidos miembros de las fuerzas de élite incursionaban en Río Grande (Chone) de manera violenta, ocasionando lesiones sobre mujeres, niños y el anciano líder de la comunidad campesina montubia que habita en este territorio.
El operativo policial estuvo comandado por el coronel Wilmer Cuellar, jefe de la Policía Rural de Manabí, y fue apoyado por operativos policiales llegados desde Quito y dotaciones militares, según denuncian las víctimas.
En la actualidad aproximadamente 500 efectivos, tanto militares como policiales, mantienen rodeado los territorios de Río Grande impidiendo el acceso a sus casas a la población local que se vio obligada a abandonar la zona, y habiendo dejado incomunicados en su interior a los pobladores que quedaron cercados. El único personal autorizado para entrar en la zona son los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)[1] y el personal de la compañía contratista de la obra, la empresa china Tiesiju.
Mientras los operarios de la empresa contratista entran y salen cabizbajos del territorio ocupado militarmente, y los funcionarios estatales se bañan públicamente en su ignominia, un millar de pobladores se agrupan en los entornos del territorio violentado. La tensión se mantiene y hay riesgos de que se desate un nuevo brote de violencia contra los moradores de la zona.
¿Por qué se desarrolló este operativo de las fuerzas represivas del Estado?
El territorio ocupado policial y militarmente será inundado por una represa que forma parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone, entendido por el gobierno de Correa como un “estandarte” para el desarrollo local de Chone (provincia de Manabí).
El Proyecto Propósito Múltiple Chone implica una represa en el río Grande que deberá almacenar 113,24 Hm3 de agua y tendrá una altura de 57,50 metros. El polémico proyecto cuenta con la oposición de los pobladores de Río Grande, campesinos montubios que cultivan una fértil tierra que produce para Chone cerca de 20 millones de dólares al año en productos agrícolas y da de comer a unas 1.700 familias.
El gobierno del presidente Correa a través de la SENAGUA puso en marcha este proyecto con la concesión definitiva de la obra el año pasado. La concesionaria, la empresa china Tiesiju, se encontró con la resistencia de la población local al proyecto de la represa, lo cual ha significado sustantivos retrasos en la ejecución de la obra.
El aparato de propaganda gubernamental falseaba la realidad el pasado mes de septiembre cuando indicaba que la resistencia local al proyecto había disminuido “y cada vez son más los choneros que ven al Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH), como un sinónimo de desarrollo y progreso”[2]. La realidad se plasmaba en esta violenta acción emprendida contra la población local, cuando ante la oposición de los moradores han sido las fuerzas represivas del Estado las encargadas de atemorizar, gasear, agredir y detener a pobladores locales con el fin de infundir el miedo entre los pobladores y desalentar la resistencia pacífica emprendida por estos desde hace más de un año.
La lógica economicista del régimen ha convertido la resolución de este tipo de conflictos en una dinámica que prioriza la violación de derechos humanos por encima de la justicia social. El socialmente cuestionado Proyecto Propósito Múltiple Chone es un ejemplo de ello. Justificado el proyecto por las inundaciones que se producen desde hace años en la zona, se prefiere agredir a los pobladores locales e inundar más de 5.000 hectáreas de tierras fértiles cultivadas por humildes campesinos montubios, antes que actuar sobre la fuente real de conflicto.
Las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de en los años 70 se desarrollara fuertemente la industria del camarón en la Costa ecuatoriana. La represa Simbocal, la cual se encuentra aguas debajo de la unión entre los ríos Carrizal y Chone, se ha transformado en un obstáculo para el desagüe rápido del río. Esta represa, la cual destruyó el entorno natural del humedal La Segua, está destinada al beneficio de criaderos de Chame río arriba manteniendo agua dulce represada, y de igual manera al beneficio de camaroneras situadas río abajo, controlando los desbordes crecientes del río.
La disminución de la zona de inundación, debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares generados a partir de dicha actividad, redujo de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las compuertas de las 12 compuertas del Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y prolongando estas inundaciones a la ciudad de Chone.
La SENAGUA priorizó la construcción de este proyecto hidráulico, cuestionados por técnicos y habitantes de la zona, antes de la eliminación de las camaroneras ubicadas en el estuario del río –verdaderos responsables de las inundaciones- y la correspondiente restauración de los manglares extinguidos por esta destructiva actividad productiva.
¿Cómo se entiende una actuación militar y policial tan desmedida?
Han sido múltiples las ocasiones en las que el presidente Correa ha descalificado la resistencia de la población local de Río Grande, asociándola con políticos opositores a su gobierno, definiéndolos como socialmente violentos, y acusándolos de estar opuestos al progreso de la nación. Su última “perla” dialéctica tuvo lugar en el último Enlace Ciudadano –programa sabatino protagonizado por el presidente Correa- en el cual se volvió a amenazar con sacar por la fuerza a la población local opositora al proyecto. Apenas dos días y medio después se desencadenaba la represión en Río Grande.
La actitud presidencial vulnera el artículo 98 de la Constitución de Montecristi, en el cual se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
La presencia en el operativo de unidades de operaciones especiales de la Policía Nacionales es un sinsentido, como lo es también la utilización de operativos militares contra la población civil, máxime cuando los ministerios del Interior y Defensa son parte de un gobierno que se define a sí mismo como el “gobierno de la Revolución Ciudadana”.
La tendencia por parte de los poderes del Estado ecuatoriano hacia una lógica represiva es incuestionable, por poner tan solo unos ejemplos: cerca de doscientos líderes sociales –mayoritariamente indígenas- sufren acusaciones de sabotaje y terrorismo en un país donde el terrorismo no existe; en este mismo momento un estudiante, Édison Cocíos de 17 años, se debate entre la vida y la muerte fruto del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza consecuencia de los operativos policiales articulados ante la protesta social de los estudiantes de secundaria el mes pasado; o la existencia de siete defensores de los derechos humanos y de la Naturaleza que se han visto obligados a pasar a la clandestinidad por resistir a la empresa Minera Explosur SA –propiedad de la oligárquica familia Eljuri-, quienes realizaron una actividad de exploración extractiva sin contar con los permisos necesarios en el cantón Nabón –provincia del Azuay-.
Según las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos existentes en el Ecuador, dicha situación se verá agravada con la aprobación del nuevo Código Penal auspiciado por el Gobierno, en el cual se pretende sancionar con pena privativa de libertad (de uno a tres años) a actos tan pueriles como cortar una carretera o resistir la ejecución de una obra. En definitiva, el mal llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana” trata de neutralizar de forma definitiva el tan violentado artículo 98 de la Constitución de Montecristi.
La falta de autocrítica gubernamental
A diferencia de lo sucedido en Bolivia el mes pasado, donde tras violenta agresión de fuerzas policiales sobre los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el presidente Evo Morales pidió perdón a la nación entera y convocó un referéndum popular sobre las obras de infraestructura vial que afectarán gravemente a este territorio indígena, el caso ecuatoriano se convierte en su antítesis.
De la agresividad verbal, el presidente Correa ha pasado a imponer un régimen que cada vez genera más miedos. Miedos a los cooperantes internacionales que trabajan y colaboran con poblaciones indígenas locales, miedos a organizaciones sociales que desarrollan su labor en el marco de la defensa de los derechos humanos, miedo en las organizaciones que tienen como eje de intervención la defensa de la Pachamama, o miedo en las comunidades que cuestionan y ejercen resistencia pacífica contra los megaproyectos o la actividad extractiva auspiciada por el Gobierno bajo un criterio más que cuestionable de desarrollo.
Mientras en Bolivia la acción policial generaba la dimisión de varios altos funcionarios públicos, entre ellos algunos ministros; en Ecuador, acciones de similar envergadura generan tan solo la justificación de políticos mediocres que forman parte de las élites del poder en un régimen con tendencias cada vez más autoritarias.
Esta situación explica porque estratégicamente el aparato de propaganda del gobierno correísta insiste de manera “machacona” y demencial en calificar los sucesos del 30 de septiembre del año pasado como un golpe de Estado.
Que el 30-S fuese un intento por parte de las fuerzas reaccionarias ecuatorianas de tomar el poder ha pasado a ser lo de menos en la coyuntura actual. La estrategia oficialista consiste simplemente en erigir al Gobierno como el único defensor de la democracia ecuatoriana (tanto la derecha como la izquierda estaban involucradas en el golpe de Estado según la versión oficial), cuando en la práctica lo que realmente está sucediendo es precisamente lo contrario.
