miércoles, 28 de octubre de 2009

Roto el diálogo, se agudiza la tensión

HONDURAS SECTORES DE LA RESISTENCIA SE PLANTEAN LA OPCIÓN ARMADA ANTE LA NEGATIVA DE LOS GOLPISTAS A DEJAR EL PODER


Tras la ruptura de las negociaciones entre Zelaya y Michelleti, la Resistencia vuelve a la movilización. Ante el aislamiento, los golpistas reciben apoyos de los sectores más conservadores del planeta.

Decio Machado / Redacción (Tegucigalpa, Honduras)

Martes 27 de octubre de 2009. Periódico Diagonal Número 112


Luego de que se cumpla más de un mes desde que el presidente depuesto Manuel Zelaya regresara por sorpresa al país, la situación en Honduras no ha mejorado. El 18 de octubre, Zelaya rechazó la propuesta del presidente de facto Roberto Michelleti, suspendiendo el Diálogo de Guaymuras iniciado el pasado 7 de octubre bajo los auspicios de la OEA. Michelleti pretendía que fuese la Corte Constitucional –la misma que dirimió que la cuarta urna de consulta popular era inconstitucional– la que decidiese si Zelaya debe volver al poder. La discusión se centró sobre el órgano estatal que debía decidir el punto nº 6 del Pacto de San José, que habla de la restitución de Zelaya. Mientras el presidente derrocado insistía en que debe ser el Congreso Nacional el órgano que decida sobre este punto, Micheletti apostaba en un primer momento por la Corte Suprema de Justicia, para luego entregar una última propuesta que consistía en que la misma mesa negociadora decida sobre el retorno de Zelaya. Esta propuesta no encontró consenso y llevó a la ruptura de negociaciones.

Los candidatos presidenciales mejor posicionados según las últimas encuestas, Elvin Santos (Partido Liberal) y Porfidio Lobo (Partido Nacional), defienden que la resolución del conflicto se base en el reconocimiento de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Ambos postulantes están acusados de haber tenido relación directa con el golpe de Estado. Por su parte, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez, afirmaba el pasado 15 de octubre que el país estaba “casi al final” de la crisis política, discurso ampliamente repetido por diferentes sectores conservadores del país. Según declaran a DIAGONAL fuentes de la resistencia, “el diálogo fue una herramienta del Gobierno de facto para apaciguar cualquier acción de la resistencia o las repercusiones en la comunidad internacional, extender la permanencia del golpe en el poder y garantizar que las elecciones se realicen el 29 de noviembre”.

La dirigencia del Partido Unificación Democrática (UD), la tercera fuerza política del país, decidió el pasado 19 de octubre retirarse de la contienda electoral, por considerar que los comicios son inconstitucionales sin la restitución del presidente legítimo, por lo que exige su retorno al poder, al igual que la directiva central del Partido de Innovación y Unidad (PINU), quien subordinó su participación en el proceso electoral a esta misma condición. Ambos, adicionalmente exigen la instauración de un proceso constituyente.

Mientras tanto, Brasil presentó ante la ONU una denuncia por los actos de tortura que el Gobierno de facto se encuentra realizando de forma cotidiana contra las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil. Fuentes provenientes de la ONU indican que la opción brasileña estaría enmarcada en una intervención de ‘cascos azules’ similar a la realizada en Haití tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide.

Personalidades académicas de la Universidad de Tegucigalpa que pidieron anonimato en sus declaraciones indican: “Durante las noches hay fuertes movimientos en los puertos principales y carreteras del país. Al parecer llegan suministros tanto militares como de alimentos y otros enseres para apoyar la continuidad del Gobierno golpista. Estas mercancías estarían llegando desde EE UU, Panamá y Colombia, además de otros sectores privados vinculados con los sectores más reaccionarios del continente”.

¿Hacia un conflicto armado? DIAGONAL ha podido constatar que existe un fuerte movimiento interno por conseguir armamento en las fronteras de Honduras. Esta información fue confirmada por el presidente Daniel Ortega en declaraciones públicas, lo que permite adelantar una agudización de la crisis tras de la ruptura del diálogo. A esto, se debe sumar la denuncia de la ONU sobre la contratación de, al menos, 40 paramilitares colombianos para brindar seguridad a los grandes terratenientes del país.

Dentro de este contexto, se visualizan estrategias separadas por parte de la resistencia y el presidente Zelaya. Según declara a DIAGONAL Juan Barahona, uno de los líderes de la resistencia: “El presidente Zelaya ya ha dicho que está dispuesto a firmar el Acuerdo de San José y a renunciar a la Asamblea Constituyente durante el período que falta para que termine su mandato. Nosotros vamos a respetar esta posición. Sin embargo, como resistencia, no vamos a renunciar nunca a impulsar la Constituyente y seguiremos movilizándonos mientras esta condición no se dé”.

Escalada represiva tras el fin de la negociación La represión del Gobierno golpista continúa, y según nos indica Rafael Alegría, líder de Vía Campesina y de la Resistencia Nacional, “se registran 22 muertos de momento, entre ellos Jairo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional”.

Según relata a DIAGONAL el portavoz del comité de abogados de la Resistencia, “aunque se redujo la represión durante el diálogo, en la actualidad hay más de cien personas con resolución de prisión, acusados por sedición que podrían llegar hasta diez años de prisión”. Y prosigue: “Ya hay una denuncia presentada a la Corte Penal Internacional por una organización de prestigio internacional que inculpa al Gobierno golpista por los crímenes que está cometiendo”.

jueves, 22 de octubre de 2009

Los planes militares de Estados Unidos en Latinoamérica


LAS SIETE BASES EN COLOMBIA, MUESTRA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NORTEAMERICANA

La estrategia de EE UU en Latinoamérica encuentra en Colombia un fuerte aliado. Las siete nuevas bases asegurarían al Ejército estadounidense total operatividad militar en la región.

Decio Machado. Caracas (Venezuela)

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos enviaba una hoja informativa al conjunto de cancilleres de la UNASUR: “El 14 de agosto de 2009, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llegaron a un acuerdo provisional ad referendum sobre el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa (DCA). El acuerdo se encuentra ahora bajo revisión final para su posterior firma”.

Dicho episodio despertó en toda América Latina muchas voces críticas provenientes tanto desde espacios institucionales como desde la sociedad civil y su tejido asociativo. Dicha cuestión conllevó a que se organizara a finales de agosto la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la UNASUR en la turística ciudad de Bariloche (Argentina), así como la posterior Cumbre de Cancilleres y Ministros de Defensa en Quito a mediados de septiembre. En ambas citas, el Gobierno colombiano se quedó solo ante el resto de países miembros, defendiendo una posición de secretismo y falta de compromiso para asumir las medidas de confianza que le requieren el resto de Estados miembros de la UNASUR, presidida en este momento de forma temporal por el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Nueva doctrina militar
Según el informe Un Continente bajo amenaza, emitido en agosto por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, la política militar estadounidense ha pasado de preparar “escenarios entre bloques relativamente similares o equilibrados a guerras asimétricas en dos sentidos: a) Guerras entre Estados con enormes diferencias de potencialidad bélica, de movilidad y de manejo de otro conjunto de mecanismos de presión económicos y políticos; b) Guerras contra no-Estados, con reglas de juego inciertas que no se circunscriben a las establecidas en los códigos internacionales y sin restricciones fronterizas equivalentes a las de los Estados”.

Un funcionario de Defensa brasileño, el comandante de fragata Nelson Morantes, desde similar visión, indica: “La lógica militar estadounidense desarrollada tras el 11-S plantea la posibilidad de conflicto bélico por parte de los EE UU con los llamados ‘Estados fallidos’. Nuestro ejemplo en el continente sería Haití, si bien en la actualidad los norteamericanos lo enfocan más a Venezuela y Bolivia e incluso Ecuador; así como la posibilidad de conflictos con organizaciones tipo al-Qaeda, lo que en nuestro continente se traduciría en organizaciones populares, ecologistas o indígenas. Por hacer una correlación, la al-Qaeda de Afganistán serían las organizaciones mapuches del Sur de Chile”.

En contraposición a los riesgos indicados, la política militar de los EE UU para América Latina ha pasado a contemplar cuatro modelos de posicionamiento militar diferenciados en el continente.
El primero son las bases grandes, modelo Guantánamo, con instalaciones militares completas, equipo y un cuerpo de efectivos militares acompañados de familia y larga permanencia.

El segundo modelo son las bases de carácter mediano, modelo Soto Cano (Palmerola) en Honduras, con instalaciones que permitan misiones largas, pero con personal que se renueva cada seis meses.

El tercero son las bases pequeñas, las llamadas FOL (Foreign Operating Locations), rebautizadas políticamente como Cooperative Security Locations (CSL). Se trata de bases como Manta, Curaçao o Comalapa, con muy poco personal pero con mucho desarrollo en materia de comunicaciones tanto para monitoreo como para garantizar las conexiones y el envío de información a los centros de acopio y procesamiento que hay en territorio estadounidense (Network, Centric Warfare). Son bases de respuesta rápida y articulación regional, sobre todo dirigida al entramado de las bases micro.

Y, por último, las bases micro: posiciones que permiten posarse para despegar (lily pads), a la manera de los saltos de rana –saltando para avituallarse y tener mayor radio de acción–, permitiendo que con una secuencia bien planeada de estas bases se pueda abarcar un área muy amplia, a manera de nodo para operaciones de respuesta rápida, y con mucho menos costo que las anteriores. Un ejemplo sería la base Iquitos en Perú.

Para los analistas Ana Esther Ceceña y Rodrigo Yedra, “el cambio en las características de las bases en América Latina se pone en marcha en 1999 con la instalación de las tres FOL (Manta, Curaçao y Comalapa) que sustituyen a la base de Howard en Panamá”. Y prosiguen: “No se trata de bases de EE UU, sino de bases de los países en cuestión en las que se aprueba el uso de las instalaciones por el personal estadounidense. Pero, por encima de la figura jurídica con la que se legaliza la ocupación, son bases supuestamente administradas por el personal local, que no conoce lo que ocurre dentro ni las operaciones que hace el personal situado en la base en los territorios de alrededor”.

En este sentido, el propio presidente Correa advirtió públicamente en varias ocasiones de la posibilidad de que algún avión estadounidense que operaba desde el FOL de Manta formase parte de la operación de ataque a Angostura, el 1 de marzo del año pasado, donde murió el entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, todo ello bajo el total y absoluto desconocimiento de las autoridades locales ecuatorianas.

Bases en Colombia Según la hoja informativa emitida por los EE UU, el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa con Colombia profundizará la cooperación bilateral en asuntos de seguridad en los temas de producción y tráfico de drogas ilícitas, terrorismo, contrabando de todo tipo, desastres humanitarios y naturales.

Sin embargo, según fuentes del Ministerio coordinador de la Seguridad Interna y Externa de Ecuador, esto es una falacia: “Bases de las características de las que se quieren articular en Colombia carecen de efectividad para los objetivos que se indican. Antes de que Ecuador recuperase la soberanía de la Base de Manta, suceso que se dio el mes pasado, en los últimos cinco años de control estadounidense se produjo un incremento del tráfico de drogas en el Pacífico, a pesar del patrullaje que diariamente se realizaba desde allí”.

El analista y profesor universitario argentino Gilberto Bermúdez explica a DIAGONAL: “Las naves, aeronaves y equipos superan largamente las verdaderas necesidades de control a grupos ilegales armados y narcotraficantes. Sobre los objetivos reales de estas bases hay varias interpretaciones. La mía es que, a pesar de que el presidente Uribe lo niegue, existen veladas intenciones de constituirse en bases para un control extraterritorial”.

“El problema real es Palanquero, madre de las bases colombianas, ya que es el centro operativo de las Fuerzas Armadas colombianas y pasará a ser el eje del control estadounidense en Sudamérica”, indica a este periódico Armando Acosta, miembro del Polo Democrático Alternativo y militante de los movimientos por la paz en Colombia.

Según Acosta, “Palanquero tiene una pista de más de tres kilómetros de longitud, desde ella pueden despegar tres aviones de combate al mismo tiempo cada dos minutos, tiene una infraestructura de hangares para centenar y medio de aviones y puede albergar a 2.000 efectivos militares”.

Para los expertos militares de los 12 países que componen la UNASUR, con excepción de Colombia, Palanquero es una “base expedicionaria, tiene la capacidad de albergar C-17, aviones de transportes, y para 2025 se prevé que esta base tenga la capacidad de movilizar a 175.000 militares con sus pertrechos en apenas 72 horas”. Es decir, una base para movilizar ejércitos enteros a cualquier punto del continente. Para Emilio Lopetegui, militante social chileno integrado en las redes antimilitaristas del continente, la situación es la siguiente: “Asistimos a una fuerte escala del gasto militar en la región. Brasil ha comprado en 2007 y 2008 un número importante de aviones caza, barcos y helicópteros, su presupuesto militar este año es de 24.000 millones de dólares, aproximadamente un 1,47% de su PIB. En este momento los brasileños desarrollan un programa importante en materia militar con los franceses. El programa incluye la fabricación de un submarino de propulsión nuclear y cuatro convencionales. De igual manera, los demás países de la zona, a su escala, incrementan su gasto militar. Colombia es cuatro o cinco veces más pequeño que Brasil, pero tiene un presupuesto este año de 10.000 millones de dólares, un 2,82% de su PIB, inigualable por ningún otro país latinoamericano”.

Lopetegui nos indica que el año pasado en Suramérica se gastaron 34.100 millones de dólares en adquisición de equipos militares, y concluye: “Este año será peor”.

El profesor Bermúdez explica: “Colombia es un Israel en nuestro continente. Con las siete nuevas bases, más los operativos ya existentes en la actualidad por parte de las fuerzas militares gringas en ese territorio, estamos hablando de que en pocos años Colombia puede tener una capacidad operativa similar o incluso mayor a la de Israel en Oriente Medio”.

LAS BASES DEL ACUERDO

El acuerdo militar entre EE UU y Colombia asegura el acceso continuado de EE UU a instalaciones colombianas específicamente acordadas: tres bases de la Fuerza Aérea (Palanquero, Apiay y Malambo), dos bases navales (Cartagena y Málaga), y dos instalaciones del Ejército (Tolemaida y Larandia). De igual manera, el acuerdo contempla la utilización de otras instalaciones militares colombianas previo común acuerdo.

Escalada militar en la región

Según el informe Military Balance 2009 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el gasto total en defensa de Latinoamérica aumentó 91% en los últimos cinco años. Todas las previsiones indican que 2009 cerrará con un gasto sustancialmente mayor. Uno de los países con mayores gastos es Brasil. El gigante latinoamericano mantiene una línea geopolítica orientada a consolidar su posición de primera potencia regional. Esto, sumado a su voluntad de formar parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como su papel protagónico en la misión de Cascos Azules en la isla de Haití, explican este incremento en su gasto militar. Otro país de enorme potencial militar es Chile. Recientemente, la presidenta Michelle Bachelet envió un pro yecto al Congreso para modificar la Ley Reservada del Cobre, que destina el 10% del ingreso por las ventas de cobre a las Fuerzas Armadas, lo que les ha permitido durante años una fuerte inversión tecnológica y renovación permanente de armamento. Este mismo año, Chile confirmó la compra de aviones antisubmarinos y ocho helicópteros de fabricación francesa, además de la adquisición de 18 aviones F-16 a Holanda, por un monto de 270 millones de dólares. De igual manera, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la compra de tanques rusos para contrarrestar la presencia estadounidense en Colombia. Entre 2007 y 2008, Venezuela compró armas por valor de 1.531 millones de dólares a Rusia.

51.000 MILLONES DE DÓLARES EN ARMAS
En 1994, América Latina gastó 17.600 millones de dólares. En 2003, la cifra había ascendido a 21.800 millones de dólares, en concordancia con el clima bélico post 11-S. Según el informe publicado por el centro de estudios argentino Nueva Mayoría, esta cifra se ha elevado en 2008 a 51.100 millones de dólares.

CHILE LIDERA EL GASTO PER CÁPITA
Chile lidera el gasto militar por habitante, que ascendió a 290 dólares per cápita en 2008, mientras Colombia gastó 115, Ecuador 89 y Brasil 80. Los militares chilenos se financian con un impuesto del 10% sobre las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre, establecido por la dictadura militar (1972-1990) en la llamada Ley Reservada del Cobre.

EL RÁNKING LATINOAMERICANO EN GASTO MILITAR
Brasil se dejó el año pasado 27.540 millones de dólares en gasto militar (55%), seguido por Colombia, con 6.746 millones (14%), y Chile, con 5.395 millones (6,5%). Venezuela, por su parte, es el cuarto país sudamericano en gasto militar y el segundo en inversión, con unos 5.000 millones de dólares en compras el último año, que consistieron en aviones caza Sukhoi, de origen ruso, helicópteros, sistemas de defensa aérea y fusiles de asalto.