El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, procedió el miércoles 18 de febrero a notificar la expulsión en las próximas 48 horas del adjunto civil de la embajada de los Estados Unidos en Quito, Mark Sullivan, por actuaciones ilegales de interferencia en la seguridad del Estado ecuatoriano.
Es el segundo diplomático norteamericano expulsado del Ecuador en los últimos 12 días, dado que el pasado 7 de febrero fue expulsado el agregado diplomático norteamericano de origen puertorriqueño, Armando Astorga, por un motivo similar.
En el caso de Mark Sullivan, este funcionario promovió la entrega de los archivos de seguridad nacional, por parte de los policías miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
La decisión de expulsión del funcionario estadounidense fue adoptada por el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, al enterarse este que a través de Sullivan, la embajada norteamericana procedió a llevarse los archivos de seguridad del estado nacional, pertenecientes a la inteligencia policial.
“La expulsión del funcionario norteamericano se dio por intromisión en asuntos internos de Ecuador. Tiene 48 horas para salir del país”, afirmó el canciller Falconí en conferencia de prensa realizada en la mañana del 18, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Ecuador (COSENA).
El empleado de la embajada norteamericana Mark Sullivan fue señalado por el mayor de policía Manuel Eduardo Silva Torres, jefe saliente de la UIES, como el funcionario que presionó y exigió la entrega de los archivos de seguridad, por lo cual habría cometido el delito de atentado contra la seguridad nacional.
Este acto incluyó una injerencia en las decisiones del mando policial y del Estado ecuatoriano, toda vez que la información que fuera sacada de los archivos de la UIES no estaba ligada al retiro de la cooperación norteamericana con la fuerza pública de Ecuador.
La ruptura de esta cooperación se dio el pasado 8 de enero, cuando el gobierno del Ecuador le indicó a la embajada de los Estados Unidos en Quito, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que los norteamericanos fuesen los que calificasen al personal de las unidades encargadas de lucha antinarcóticos y contra el tráfico de personas, de igual manera que tampoco se permitiría que fuesen los funcionarios estadounidenses quienes designasen al Comandante de dichas unidades policiales. Rafael Correa anunció en ese momento a la embajada gringa que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional, y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” (15 de enero de 2007) este tipo de lógicas habían cambiado.
En el trasfondo político de esta cuestión están las formas de intervención e injerencia interna estadounidense sobre los países del Sur, entre otras temáticas, en materia de lo que en EE.UU. se considera la “guerra global contra las drogas”, y una lógica clientelar desarrollada desde el Imperio hacia los países del Sur en las políticas antinarcóticos diseñadas desde la Drug Enforcement Administration (DEA).
Políticas antinarcóticos en el Ecuador.
Ecuador es un país de tránsito de estupefacientes, no existe producción o cultivos. Su situación como país de tránsito implica que organizaciones criminales operen en zonas del territorio ecuatoriano para el acopio, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como para actividades de lavado de activos y delitos conexos.
Al igual que en el resto del mundo, las políticas de mano dura en el Ecuador se han consolidado a partir de acuerdos y convenciones internacionales.
La Estrategia Nacional de Drogas desarrollada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, contemplada para el período 2004-2008, enfatizó en la necesidad de reducir y anular la demanda de drogas y combatir el delito en todas sus manifestaciones como son la producción de plantas ilícitas, el lavado de activos, el ingreso de precursores, entre otros. Para esto se establecieron canales de cooperación económica y colaboración estratégica con el fin de unificar procedimientos, acciones, intercambio de información y asistencia judicial recíproca, en un claro planteamiento subsidiario de la política antinarcóticos norteamericana.
En la actualidad, en el marco de la era Correa, la tendencia a nivel diplomático ha pasado a ser impulsar procesos de integración y compromiso entre varios actores para fomentar el desarrollo local. Una de éstas es el Plan Ecuador, que se creó para impulsar en la frontera norte un proceso de paz, desarrollo y seguridad fundamentado en los principios del “desarrollo alternativo” y del “desarrollo alternativo preventivo”. Con este Plan se buscó establecer un proceso distinto al de la “guerra contra las drogas”, mediante el impulso desde el Estado de proyectos agroforestales y de producción de diversos productos agropecuarios cómo leche, caña de azúcar, cacao y café, así como ciertos estímulos para la comercialización interna y eventual exportación.
Afectación en la frontera norte del Ecuador del Plan Colombia.
Durante la última década se intensificó el enfoque represivo para la producción. En la región, el Plan Colombia es el ejemplo. A continuación se describen algunas de las principales consecuencias que ha generado el plan en la frontera ecuatoriana:
- Agudización del conflicto militar en la frontera norte.
- Penetración de mafias y grupos irregulares (FARC y paramilitares) en las provincias fronterizas. Sicariato extendido en todo el país.
- Profundización de conflictos sociales y armados. Inseguridad. Pueblos colonos e indígenas en amenaza.
- Desplazamiento e incremento de refugiados colombianos.
- Destrucción de medios de vida de miles de productores.
- Las fumigaciones aéreas de “fusarium oxisporum” generaron severos impactos en la salud de la población de frontera y contaminación de recursos naturales.
- Se generaron las condiciones para el tráfico ilícito de derivados.
- Conformación de redes de trata y tráfico de personas.
- Corrupción de las autoridades locales y jueces. Desestructuración y debilitamiento de las instituciones del estado.
Estos impactos son asumidos casi en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Los aportes obtenidos de la cooperación internacional se centraron en atacar los cultivos y muy poco se ha destinado al desarrollo e integración.
Sin embargo la evaluación de los datos es contundente: durante la ejecución del Plan Colombia, los cultivos de coca en la región andina se incrementaron en 16%, reduciéndose parcialmente en Perú y en Bolivia, mientras que en Colombia se expandía la superficie y mejoraban los rendimientos. En los últimos ocho años, la producción de Colombia se incrementó en 27% (datos del informe de la ONUDD, 2008).
En una evaluación sincera, habría que preguntarse: ¿para qué han servido la altísima inversión que se ha hecho en armamento y demás costos de orden militar y logístico en Colombia? Datos oficiales cifran en más de 5 mil millones la inversión desarrollada, y su único rédito ha sido incremento de la violación de derechos humanos en Colombia, deterioro de las instituciones del Estado a través de la “parapolítica” y fumigaciones a mansalva, lo que ha significado el desplazamiento de poblaciones residentes de los territorios fumigados, así como un incremento espectacular del número de refugiados especialmente hacia la frontera con el Ecuador.
Contexto internacional de la lucha antinarcóticos.
En las últimas décadas, la lucha antidrogas se ha constituido progresivamente como un eje fundamental de la política internacional de los EE.UU. y la UE en el continente Latinoamericano, y de forma especial en los países del eje andino.
La situación ha llegado a tal punto, que gran parte de las relaciones políticas, económicas y de cooperación están determinadas por los resultados que presentan anualmente la policía antinarcóticos de cada país.
Se ha desarrollado en el contexto mundial una lógica de protocolos internacionales, convenciones y tratados que han determinado la regulación, y esencialmente el control de la oferta de narcóticos diferenciando entre estos, actividades licitas e ilícitas, y estableciendo de acción, roles y funciones de instituciones del Estado para el control de la oferta y la demanda de estupefacientes.
En líneas generales, la evolución de las políticas de drogas a nivel mundial, ha estado enmarcada en tres etapas fundamentales en las que con el pasar de los años se ha intensificado gradualmente el enfoque de mano dura y “guerra contra las drogas” del Estado norteamericano.
La primera etapa se puede situar a inicios del siglo XX y estuvo caracterizado por el empuje que EE.UU. y China dieron para generar acuerdos mínimos a nivel internacional. Cabe significar que en aquel momento el tema no tenía un interés protagónico e incluso algunos países hasta veían con recelo este tipo de negociaciones. Sin embargo, se negociaron algunos tratados de carácter normativo que contemplaban la posibilidad de establecer restricciones administrativas a las exportaciones de opiáceos. Se destacan entre ellas la Primera Convención de La Haya (1912), la Convención Internacional sobre el Opio (1925) y la Convención de 1936. En esta última se acuerda por primera vez establecer prohibiciones pero con una participación de muy pocos países. Aún no existían las prohibiciones globales ni al cultivo ni al consumo.
La segunda etapa se caracteriza por la unificación y extensión de los acuerdos iniciales y la limitación del uso de plantas. Se dan las pautas para el abastecimiento de un sistema mundial de control y erradicación de cultivos, ahora llamados ilícitos, provenientes principalmente de países subdesarrollados. En esta etapa destacan: por un lado, la Convención Única de la ONU en 1961 y su enmienda por protocolo en 1972, donde se estableció un sistema universal para controlar el cultivo, producción, distribución, uso y posesión de sustancias narcóticas (se determina la prohibición y control de más de 100 sustancias clasificadas según su peligrosidad); por otro lado, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, donde se incluyen en esta lista más sustancias, esta vez farmacéuticas y anfetaminas.
La tercera etapa marca el inicio del proceso de intensificación y militarización de la “guerra contra las drogas” y se convierte en tema fundamental y visible de la agenda de seguridad de los países desarrollados. Las leyes y las penas se endurecen a nivel mundial y se inician distintas iniciativas de carácter general regional para diseñar sistemas de control y fiscalización. Estas políticas quedan enmarcadas en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes en 1988 –donde se establecen medidas de acción contra el narcotráfico, blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos (se establece la obligación de criminalizar las actividades de producción, tráfico y posesión en todo el planeta)-, y en la Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. sobre Drogas (UNGASS) de 1998.
Con el conjunto de acuerdos y legislaciones internacionales emanados de estos encuentros, se constituye el sistema mundial de control antidroga, se otorgan lineamientos generales para el diseño de políticas a nivel nacional y también para el diseño de iniciativas regionales. Este marco general contiene concepciones sobre el control de la oferta organizada que poco a poco han ido tomando un carácter más punitivo, justificados en base a principios como “países libres de drogas”, “tolerancia cero”, “lucha contra el flagelo de las drogas”, entre otros. Al mismo tiempo, estas consignas fueron trasladadas mecánicamente al control de la demanda o consumo de sustancias psicoactivas.
Todo esto también generó voces discrepantes en algunos países de Europa y en especial en América Latina, con respecto a la escala de la militarización norteamericana en la lucha antinarcóticos y la injerencia interna.
A inicios de febrero del presente año, los EE.UU. resolvieron bloquear las negociaciones en caso de que se incluya el concepto de “reducción del daño” en la próxima declaración política. Este tema ha sido impulsado principalmente desde la UE y América Latina y el Caribe (ALC). El desenlace de esto está por verse y en las semanas previas a la reunión de la UNGASS (que tendrá lugar a mediados del mes de marzo).
Sin embargo, el principal argumento que sustentan las posiciones disidentes, y muy razonables por cierto, es que las reducciones de los cultivos de plantas ilícitas no se cumplieron con este tipo de políticas coercitivas y represoras. La marihuana y el opio han duplicado su superficie y la coca se ha incrementado en un 20%.
Las posiciones de los países son múltiples y responden a su propia realidad. Sin embargo, muchas se quedan en el discurso y finalmente la “guerra” continúa. Tal como están las cosas finalmente la cuestión en la reunión de la UNGASS el próximo mes está en la dicotomía de “reafirmar o replantear”.
Contexto regional andino.
En los países andinos se reproducen, en pequeña escala, los debates mundiales para enfrentar el tema de las drogas. Las posiciones de cada uno de los países responden a distintas realidades y por lo tanto las estrategias y objetivos nacionales difieren mucho entre sí.
La posición de Colombia y Perú está alineada en gran medida con la estrategia antidroga norteamericana, mientras que Bolivia sacó a la USAID y a la embajada americana acusándolas de intervenir en sus fuerzas armadas y de fragmentar al pueblo indígena.
La posición boliviana es una de las más vanguardistas en el mundo en lo que se refiere a la producción de droga ya que reclama la revalorización del cultivo de la hoja de coca y de las manos que lo hacen. La posición de Bolivia se fundamenta en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el hecho de que la hoja de coca no es nociva para la salud de ninguna manera (de hecho, un documento de la OMS de 2007, demuestra que la hoja de coca no es dañina para la salud y demuestra que además es una medicina muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades –los EE.UU. amenazaron con recortar sus aportes a la organización en caso de que este estudio se publicase, hecho que evidentemente no sucedió-), y que además constituye un elemento sagrado de su cultura. A pesar que la posición boliviana fue tradicionalmente minimizada, actualmente muchas voces e instancias a nivel internacional la reconocen y promueven. Lamentablemente, los principales opositores a sus tesis se encuentran en su propia vecindad.
La influencia norteamericana en la región andina llevó a que se inserte, en el seno de la CAN, un fuerte debate acerca del vínculo conceptual entre terrorismo y narcotráfico.
Tanto Bolivia como Ecuador se oponen a este enfoque ya que aceptar el “terrorismo” puede ser motivo para justificar la violación de la Carta de Derechos Humanos y la soberanía e integridad territorial de los países.
En el marco ecuatoriano, la ruptura de determinados convenios de colaboración en lucha antinarcóticos con los EE.UU. a partir de las expulsiones de funcionarios gringos por injerencia en la seguridad nacional de este país, abre una nueva crisis para los norteamericanos en la región, a la que hay que sumar la salida de los estadounidenses de la Base de Manta en este año (la base de Manta fue justificada por los EE.UU. como un centro de operaciones protagónico en la lucha antinarcóticos en la región en el contexto del desarrollo del Plan Colombia).
Mafias mexicanas toman el relevo de los cárteles colombianos.
El control del ciclo del alcaloide, es decir el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de la cocaína procedente de la frontera colombiana ha pasado paulatinamente de las manos de mafias colombianas hacia mafias mexicanas. En este sentido, los mexicanos se aliaron primero con las organizaciones de Cali y del Norte del Valle, pero luego los abandonaron e incluso los delataron ante autoridades, por lo que importantes capos de estos grupos fueron y extraditados a EE.UU.
Ejemplos de mafias mexicanas: el cártel de Sinaloa opera en 35 países del mundo y es considerada como una de las mafias más poderosas. Actualmente, éste grupo enfrenta una verdadera guerra con el ejército mexicano y con otras mafias como el cártel del Golfo. La cabeza de su líder “El Chapo” Guzmán está valorada en 5 millones de dólares.
La violencia de estas mafias es una epidemia en varias ciudades de Brasil, Colombia y México, así como de otros países. Son agrupaciones con un elevado nivel de organización y acceso a tecnología y armamento muy sofisticados. Además las repercusiones de la actividad criminal de los implacables carteles mexicanos se sienten desde hace un par de años incluso en ciudades como Atlanta y Boston.
La mayor parte del armamento de los narcos proviene de EE.UU., de donde también fluye hacia México más de $30.000 millones al año, como producto de la venta de narcóticos. La larga guerra contra las drogas no ha logrado acabar con el consumo ni con los crímenes ¿habrá llegado la hora de considerar en serio la legalización como medio para poner fin a la violencia?
Publicado en Wordlpress el 20 de febrero de 2009
